Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop e integrante de Izquierda Socialista/FIT Unidad

El decreto presidencial conocido el viernes 8 lejos de sentar reglas para enfrentar el rebrote, es una contradicción en sus términos: un “decreto” que no “decreta”, sino que “sugiere” medidas a los gobernadores y a los municipios que pueden o no tomarlas. Es la renuncia a una política centralizada para enfrentar el nuevo pico. De esta manera, cada jurisdicción podrá dictar las normas que vayan fijando los intereses económicos patronales locales.

Un rebrote de incierto futuro

El gobierno del Frente de Todos acaba de reconocer que a partir del 14 de diciembre pasado estamos viviendo un ascenso en el número de contagios diarios. Un estudio hecho por infectólogos de hospitales del conurbano sobre el AMBA muestra que desde esa fecha los contagios diarios han trepado hasta alcanzar la misma cantidad que a principios de agosto y continúan en crecimiento.

Si aumentan los contagios, aumentan las muertes. La cantidad de muertes diarias alcanzó el mismo nivel que había a principios de agosto. Los casi 45.000 decesos acumulados desde el comienzo son la misma cantidad de habitantes de una ciudad como Río Tercero. En esta ciudad, la explosión dolosa de una fábrica militar en 1995 dejó siete muertos y 300 heridos, lo que en su momento fue considerada una verdadera tragedia nacional. Cuánto más lo es ahora, en que debemos lamentar la muerte, no de siete, sino de una cantidad igual a la totalidad de los habitantes de esa ciudad.

Según el trabajo citado, el 85 % de la población sigue siendo susceptible al virus. “No aprendimos de la Europa actual […] Este invierno vamos a estar en el infierno con la segunda ola, si no conseguimos vacunar a un alto porcentaje de la población, especialmente a los que están en riesgo […]” Pero no basta la vacuna. Para estos infectólogos, además de la continuación de las medidas de cuidado, son importantes “los hisopados y el rastreo de contactos”, con lo que coincidimos. Veamos, entonces, que hace el gobierno peronista y la oposición patronal de Cambiemos.

La política del gobierno ante el nuevo auge de la pandemia

Fruto de los desaciertos del gobierno peronista de Alberto Fernández y de los gobernadores peronistas, radicales y de PRO, hemos llegado a la actual situación de ascenso de los contagios y las muertes. Para esto fue decisivo el levantamiento cada vez más irrestricto de las medidas de aislamiento y la casi nula actividad de testeo y rastreo que podría haber regulado el aflojamiento de las restricciones y detectado los focos de contagio. Lejos de eso, gobierno peronista y oposición patronal no buscaron satisfacer las necesidades de salud del pueblo trabajador sino los requerimientos de los grandes empresarios y multinacionales de volver a la “normalidad” para mantener sus ganancias. Así fue como la aglomeración en los lugares de trabajo sin prevención y el transporte público de la “nueva normalidad” ayudaron a diseminar el virus mucho más que las “juntadas” de los jóvenes, tan condenadas por todos los partidos patronales.

Al mismo tiempo, se desarrolla una importante campaña mediática contra los encuentros sociales a los que demoniza como causantes del contagio y oculta el papel que juega la “normalización” de la actividad económica. Hacen aparecer a las víctimas como los responsables de su propia enfermedad y enmascaran las verdaderas causas sociales de la extensión de la misma.

Lo que habría que hacer y no se hace

Una de las principales críticas de la comunidad científica internacional ha sido que en casi ningún país hubo un mando centralizado de la lucha contra la pandemia. Esa crítica le cabe al gobierno de Alberto Fernández. Es necesario centralizar una campaña nacional que incorpore los testeos y rastreos sistemáticos en función de criterios de salud pública. No puede ser que haya testeos para quienes puedan pagarlo y no alcance para las campañas públicas. Por eso, junto con la centralización de los recursos hospitalarios públicos y privados, deben serlo también los laboratorios clínicos y puestos al servicio de una campaña nacional, como por ejemplo hizo Irlanda.

El gobierno también debe sostener económicamente a los trabajadores y sectores populares (incluidas las ayudas económicas a los pequeños comerciantes, propietarios de restaurantes, bares, talleres, etcétera) que deban aislarse y pagarle un salario que les permita vivir. También debe proteger a los trabajadores de salud, no solo con el salario adecuado sino también completando y aumentando los planteles frente a la contingencia. 

El gobierno peronista ha hecho gran alharaca de la llegada de 300.000 dosis de vacuna Sputnik V. Asimismo, en los próximos meses arribarán la vacuna de AstraZeneca y la Pfizer. Para firmar los contratos, el peronismo y la oposición patronal de Juntos por el Cambio han aprobado una ley vergonzosa que otorga inmunidad legal a los monopolios farmacéuticos. Pero, que existan distintas vacunas no garantiza la cobertura contra el Covid-19. Por el contrario, la pelea entre los monopolios farmacéuticos por las ganancias de las vacunas conspira contra la producción masiva necesaria para que la reciba una gran mayoría de la población mundial y, consecuentemente, pueda ser erradicada la pandemia. La existencia de las patentes monopólicas impide que otros países produzcan las vacunas como así también los reactivos para análisis, medicamentos y otros insumos necesarios para enfrentar la pandemia. De esa escasa producción, los grandes países imperialistas ya tienen comprometido el 52%, a pesar de que nuclean solo a un 13% de la población del planeta.

Los medicamentos son patrimonio de la humanidad y, así como la penicilina y la vacuna para la poliomielitis nunca fueron patentadas, hay que suspender las patentes, en el camino de abolirlas, para poder producir todos los insumos necesarios.  El gobierno ha firmado, junto con 99 países encabezados por la India y Sudáfrica, un pedido de suspensión transitoria de patentes durante la pandemia. Obviamente los países imperialistas se han negado. Debemos reclamar que se tome esa medida en forma unilateral y encarar su producción local.

Desde Izquierda Socialista venimos peleando por el conjunto de estas medidas y reclamamos la abolición de las patentes farmacéuticas que junto con el no pago de la deuda externa y un verdadero impuesto a las grandes fortunas, como lo plantea el Frente de Izquierda Unidad, debe servir para sostener el esfuerzo de todo el pueblo trabajador para terminar con la pandemia.