El 4 de febrero decenas de personas comenzaron a llegar a distintos hospitales de municipios del Gran Buenos Aires sin poder respirar, en estado de coma o ya fallecidos. Horas después los médicos descubrieron que estaban envenenados por cocaína adulterada.

Escribe Guillermo Sánchez Porta, Izquierda Socialista/FIT Unidad

En menos de 24 horas habían fallecido por esta masacre narco más de 20 personas, casi 100 estaban internadas y muchas en terapia intensiva. Más allá de todas las operaciones mediáticas del gobierno, la policía, los ministros de seguridad de la nación (Aníbal Fernández) y de la provincia de Buenos Aires (Sergio Berni), para desviar y confundir sobre las verdaderas causas de esta masacre, se supo que se estaba vendiendo cocaína adulterada, causando una parálisis respiratoria y coronaria casi inmediata.

Aparentemente se habría hecho correr la voz de que se estaba vendiendo muy barato el sobre de dos (2) gramos de cocaína en un búnker de Puerta 8, Hurlingham, que se suele vender en Gran Buenos Aires a $6.000. La cocaína adulterada rápidamente llegó a más de 8 municipios, donde se registraron muertes e internados. No se sabe cuántas dosis de esta cocaína se repartieron ni hasta dónde llegó. Por eso no se pueden descartar nuevos casos.

Esta masacre, en sectores populares y pobres, ha desnudado de manera dramática la magnitud y la gravedad de las adicciones en nuestra sociedad y el impresionante negocio capitalista del narcotráfico en Argentina y en el mundo. Este negocio entrelaza las mafias integradas por funcionarios, policías, jueces, empresarios criminales; el abandono de los gobiernos patronales a los adictos y a sus familias, y la política cómplice de los gobernantes con el narcotráfico.

El propio Berni declaró que diariamente, sólo en el Gran Buenos Aires, se reparten 200.000 dosis de cocaína que, a 6 mil pesos cada una, generan 1.200 millones de pesos por día. Ese es el tremendo negocio narco del que son parte y defienden policías, funcionarios y jueces.

Estos números muestran que millones de personas de todos los niveles sociales consumen y que son los más pobres los que más riesgo corren, ya que mientras más adulterada y “cortada” está la cocaína, más barata se vende. Consumen una porquería que, en su máxima expresión, representa el “paco”, que se hace con los restos de toda la cocaína cocinada y adulterada y tiene un poder de destrucción física indescriptible.

Más allá de los verdaderos motivos por lo que se haya vendido esta cocaína adulterada, lo cierto es que unos asesinos han jugado con la vida de millones de consumidores, causando una masacre que debe ser investigada y castigados todos los responsables, de todos los niveles. Y en la investigación deben participar sectores independientes de los jueces y la policía (muchos sospechados de estar comprometidos con el narcotráfico), como los familiares de los muertos.

Berni y Aníbal Fernández tratan de tirar la pelota para otro lado, peleándose por si hay que aconsejar “tomar de la buena” (Fernández) o “legalizar el consumo” (Berni), tratando que la investigación de esta masacre pase al olvido y no haya clarificación ni castigos. O atrapando al tal “Paisa”, responsabilizándolo de todo y, encima, “expulsándolo a Paraguay”, como parte de un pacto de silencio. Mientras los dirigentes macristas de Juntos como Vidal o Bullrich, tratan de sacar rédito de esta masacre queriéndonos hacer creer que “ellos sí combatieron a los narcos” ¡Caraduras!

A ninguno de ellos les interesa desmantelar estas mafias de narcos que generan fabulosas ganancias, millones de consumidores y adictos, empujan a la marginalidad y a la delincuencia a jóvenes, muchos desesperados por volver a consumir. Ni les interesan las familias que destruyen sus vidas por las adicciones de algunos de sus integrantes.

Todos escuchamos a la madre que tenía su hijo internado denunciando que desde los 14 años era adicto, que ahora tiene 41 años y que nunca tuvo apoyo de los gobiernos para curarlo. Que no hay lugares para internar y tratar la adicción para superarla. Que la policía le decía que, si delinquía, robaba o agredía, ahí sí lo podían detener y ver si lo enviaban a algún sitio para delincuentes adictos. ¡Una barbaridad!

Hay lugares para internarse y superar las adicciones, pero son privados y carísimos. Palito Ortega le financió a Charly García su internación, de donde salió luego haber entrado casi muerto. O el músico Chano, que se trata en un centro de adictos privado y carísimo.

Las adicciones son enfermedades terribles, pero pueden ser superadas. Para eso hay que exigir al gobierno peronista de Alberto Fernández que sean consideradas como enfermedades públicas. Por eso debe haber lugares de internación gratuitos en manos del Estado que sean parte del sistema de salud pública. Hay que hacer verdaderas campañas de prevención, de clarificación y ayuda para evitar entrar a las adicciones, sobre todo para los jóvenes y sectores populares, principal centro de captación de los narcos.

Con la ilegalidad de la venta y distribución de drogas, no hay estadísticas públicas y oficiales sobre las personas que consumen y adictos y no se puede hacer un plan de salud pública científico para curarlas. Dejando claro que combatimos que jóvenes o trabajadores caigan en cualquier tipo de adicciones, sostenemos que la legalización sería un paso muy importante para ayudar a superarlas y desmontar el negocio de las mafias de narcos, policías, funcionarios, jueces, que viven de la ilegalidad y la convierten en uno de los mayores negocios del capitalismo, a un enorme costo en muertes y penurias sociales.

Llamamos a todos a apoyar a las familias víctimas de esta nueva masacre narco y exigir la clarificación, investigación y castigo de todos los responsables.