El tarifazo en el gas y la electricidad será mucho mayor al anunciado. Esto es obra del nuevo superministro del gobierno peronista del Frente de Todos, Sergio Massa, avalado por Cristina Kirchner.

Después de largas deliberaciones sobre si la discriminación se haría por zonas de domicilio o por ingresos y de que se lanzara el formulario para establecer quién quedaba sometido al aumento, llegó la hora de la verdad. Se anunció que habrá incrementos no sólo para las capas superiores de ingresos sino para todo aquel que supere el consumo de 400 megawatts. Y no es cierto que sólo superan ese límite los ricos. Muchas familias populares gastan mucho por el simple hecho de contar con artefactos más viejos (como las estufas a cuarzo), que gasta más energía. Hay zonas enteras del país -donde viven los sectores más postergados- que no llega la red de gas, por lo tanto la calefacción requiere de un mayor uso de la electricidad. Y la crisis que ya lleva décadas hace que crezcan las situaciones de familias ensambladas, donde los padres o abuelos con un terrenito detrás de la casa permiten que sus hijos o nietos construyan algo precario para tener un techo. Varias familias siguen teniendo un solo medidor siendo casi seguro que superen el mínimo establecido quedando sometidos al tarifazo.

¿Al servicio de qué y de quién está este nuevo tarifazo que se le suma al aumento del 40% en los trenes, subtes y colectivos en el AMBA? ¿Acaso va a servir para mejorar los pésimos servicios con los recurrentes cortes y las subas y bajas de tensión que arruinan artefactos?

Nada de eso. El tarifazo tiene el objetivo explícito de cumplir con el ajuste exigido por el FMI. Es parte de las medidas para intentar reducir el déficit fiscal a 2,5% del PBI de acá a fin de año, es decir, más ajuste. Poniéndolo en números, se trata de achicar el gasto público entre 500.000 y 800.000 millones de pesos. El gobierno de Alberto Fernández apuesta a que alrededor de 130.000 millones los podrá obtener de la reducción de subsidios, compensada con este tarifazo.

Esto nos lleva al segundo ganador del tarifazo. Si el primero es el FMI, el segundo son las propias empresas de servicios públicos privatizadas que verán reducidos los subsidios que reciben del gobierno pero serán compensadas con el mismo monto por el aumento del precio de las tarifas. O sea, privatizadas que a través de subsidios millonarios y tarifazos vienen haciendo grandes negocios con un servicio esencial como lo es la luz o el gas.

En el caso eléctrico, tenemos a los dueños de Edenor como grandes ganadores, “casualmente” grandes amigos del superministro Massa: el grupo Vila-Manzano (este último ex ministro del gobierno del peronismo menemista que entregó todas las empresas del Estado). No es casualidad que justamente en estos días la cotización en bolsa de su empresa haya tenido un alza notable. Los acompaña en el paquete accionario Mauricio Filiberti, “el rey del cloro”, también con fluidos contactos con Sergio Massa, un millonario que tiene un yate de 64 metros en el mediterráneo y viene siendo el proveedor de Aysa (la empresa de agua que tiene como titular a Malena Galmarini, la esposa de Massa). Edesur, por su parte, también le dará beneficios a la empresa multinacional ENEL, su actual dueño mayoritario.

Repudiamos este tarifazo como parte del ajuste del FMI. Y también decimos que hay que terminar con este círculo vicioso de empresarios que siempre ganan, sea con subsidios que les dan los distintos gobiernos o con tarifazos que paga directamente el pueblo. Hay que rescindir todas estas concesiones y proceder a reestatizar a todas las privatizados bajo gestión, administración y control de sus trabajadores y organizaciones de usuarios. Sólo así habrá servicios de calidad, con tarifa social para quién la necesite.