Escribe Laura Marrone, legisladora -mc- de CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Que el gobierno garantice los derechos de las personas con discapacidades

La población con discapacidades de nuestro país, alrededor del 10%, sufre un nuevo ataque por parte de un gobierno que está empeñado en aplicar un brutal ajuste al pueblo trabajador para cumplir con los dictados del FMI, mientras la CGT y CTA no llama a la lucha para defender a los que reclaman por sus justos derechos.

En esta oportunidad, aquellos que tienen obra social y, por tanto, acceso a prestaciones básicas, ven peligrar la continuidad de las mismas porque los prestadores que la atienden no cobran desde hace seis meses. En general se trata de personas que están tercerizadas con contratos basura vía asociaciones particulares, precarizadas, con salarios inferiores a los nomencladores de sus profesiones, insuficientes, que sostienen sus servicios hasta hoy sin los recursos más elementales para vivir. Por ello están realizando medidas en todas las provincias de visibilización de su realidad para hacerse escuchar (marchas, acampes) donde confluyen trabajadores, familiares y personas con discapacidades. Todas las familias tienen alguna persona en esta situación, viviendo la incertidumbre sobre qué harán mañana.

Tanto el gobierno del Frente de Todos, a través del ministerio de Economía, como las Obras Sociales y todo un entramado burocrático en que ambos se escudan, hacen oídos sordos a este reclamo cuando son los responsables de los fondos para proveer los recursos que sostienen estas prestaciones. Y la situación se agrava día a día. En ese marco, el gobierno prepara un DNU para crear un Fondo Nacional para la cobertura de las prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con discapacidad, previstas en la Ley 24901, donde se haría cargo de las prestaciones para toda la población, no solo aquellas que no tienen obra social. Aunque la propuesta pareciera responder a una necesidad imperiosa, -que es atender a todas las personas, con y sin obra social-, la propuesta no puede deslindarse del contexto en que se realiza. Los efectos prácticos de este decreto que rechazamos serán que las obras sociales se saquen de encima la responsabilidad de atender a los discapacitados y que el Estado dé unos míseros pesos que no alcancen para cumplir con la atención debida a estos pacientes.

Nosotros proponemos que de los montos para educación y salud, apropiados por el ministerio de Economía por subejecución del presupuesto, salga el dinero para un subsidio de emergencia, que normalice las prestaciones hasta tanto se encare una solución definitiva.  La solución de fondo requiere, no un fondo que luego terceriza servicios, sino la integración de las prestaciones a las personas con discapacidades, con y sin obra social, a un sistema único nacional de salud gratuito y que, además, integre al personal hoy tercerizado al régimen laboral del Estado en igualdad de derecho que el resto del personal de la salud pública, todo bajo control de las asociaciones de familias afectadas. En el camino de esa solución, debemos defender lo que ya tenemos, y es que no se reduzca ni un peso a los fondos que ya existen para pagar una deuda externa usurera y fraudulenta y cumplir las metas con el FMI, el pago inmediato a todas las personas que prestan servicios a las personas con discapacidades, equiparación salarial a las profesiones de los nomencladores del estado y el cumplimiento de la Ley 24.901.