Escribe Silvio Schachter – publicado originalmente en http://silvioschachter.blogspot.com/

“Los latinoamericanos somos pobres porque es rico el suelo que pisamos”. Eduardo Galeano

Durante el gobierno Carlos Saúl Menem en la década de 1990, se  generaron las condiciones legales, institucionales, económicas y productivas para avanzar fuertemente en lo que hoy entendemos como agronegocios y megaminería.

Fue en su  gobierno  que otorgó a las provincias el control de los bienes comunes.  Es este desplazamiento  uno de los pilares de la expansión reciente del extractivismo. El boom minero argentino, relacionado con la falta de limitación para explotar a cielo abierto, tuvo su expresión legal en la Reforma de la Constitución de 1994 dónde se estableció para la minería, al igual que con los hidrocarburos (ley Nº 24.145/91), que las provincias eran propietarias de todos los recursos del subsuelo “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio” (Art. 124).

Tambien durante el menenmismo, el  25 de marzo de 1996, y solo a través de una resolución interna, Nº 167/96, del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Argentina, Ing. Agr. Felipe Solá, se aprobaba la liberación comercial de la soja HB4, genéticamente modificada por Monsanto, resistente al herbicida glifosato, Round-up.  El campo argentino comenzó a sustentarse en la soja y en el paquete tecnológico que la acompaña, a costa de la ganadería y la producción de otros cereales tradicionales.

Se trata de bienes que tienen nulo o escaso valor agregado y que son considerados materias primas. Se los convierte así en  “mercancías” o “recursos” que se venden al exterior del país a muy bajo precio. Usualmente se los denomina commodities.

La historia del saqueo colonial de nuestra tierra, se actualiza hoy con los nuevos métodos  de  producción y explotación. La  criminal conquista de América tuvo  esa impronta expoliadora básicamente oro y plata y luego tierras fértiles, estuvo amparada en el racismo europeo con su relato de superioridad, de progreso civilizatorio y evangelización cristiana. Hoy son  las corporaciones internacionales y nacionales y sus referentes políticos y mediáticos, los que   reproducen la racionalidad neocolonial, que nos habla de desarrollo, trabajo y bienestar.

Entre el glifosato y el cianuro, envenenando la tierra, el aire y el agua

La sojización ha transformado a nuestra producción agropecuaria en un monocultivo, hecho peligroso desde el punto de vista ambiental, económico y estratégico respecto de la estructura productiva del país. Con alrededor de 35 millones de hectáreas sembradas, que representan el 15 % de la superficie global de transgénicos, Argentina está posicionada como el tercer productor mundial de cultivos genéticamente modificados (GM), después de Estados Unidos y Brasil.

El objeto de nuestra producción agrícola no es producir alimentos para el consumo de nuestra población, exportando el remanente, sino que todo el sistema agrícola del país está puesto al servicio de producir materias primas para la exportación a los países industrializados.

La superficie sojizada crece año a año a costa de otras producciones de alimentos. De tal forma, entre 2002-2004 la superficie agrícola total era de 27 millones de has., hoy ya alcanza los  35 millones de has, equivalente al 12.5% de la superficie total del país. Mayor que el total de la superficie sembrada con todos los cultivos juntos en 1995, antes de la aprobación de la soja transgénica

Esto implica que para llegar al monocultivo de soja, de  los 35 millones de hectáreas actuales, se debió ocupar una enorme cantidad de tierras históricamente destinadas a la ganadería, a la lechería, al monte frutal, a la horticultura, al monte virgen, a la apicultura, a la producción familiar, y a otros cultivos que fueron desplazados por la soja como el girasol, el maíz, la batata y el algodón. El aumento del precio de los alimentos de primera necesidad como las hortalizas, las frutas, los lácteos y los diferentes productos cárnicos, tiene relación directa con la disminución constante del área destinada a su producción, ante el avance arrollador de la soja forrajera.

El uso masivo de agrotóxicos –principalmente herbicidas– en forma permanente, y no sólo glifosato, sino una larga lista de productos de altísima toxicidad, algunos prohibidos en los países centrales, como el  endosulfán, el diquat y el paraquat,  son productos altamente cancerígenos. Estudios del Instituto Curie francés confirman que el glifosato en su forma comercial más habitual, el Round-up, es disparador de los mecanismos formadores del cáncer. Hechos confirmados en múltiples zonas del país, entre los más conocidos el  caso del barrio Ituzaingó de Córdoba o el de Loma Sene en Formosa.

El otro aspecto de gravedad ambiental inusitada que alienta la sojización, es la selección de malezas resistentes y contaminaciones genéticas verticales y horizontales irreversibles, a través de transgenes y uso masivo de herbicidas, con efectos futuros apenas entrevistos.

Cada 500 has de soja RR se genera un solo puesto de trabajo, destruyendo 9 de cada 10 puestos de trabajo efectivo. Por el contrario 100 has destinadas a la agricultura familiar producen 35 puestos de trabajo reales, sin contaminación ambiental alguna y sin costos sociales. Este último proceso está vinculado también a uno de los efectos más graves producidos por la sojización, como es el arrasamiento del monte nativo, hasta prácticamente su eliminación total.

La megaminería es una explotación químico extractiva de los recursos minerales a gran escala. Consiste en dinamitar la corteza terrestre, amontonarla en pilas de tierra para echarle toneladas de químicos, como el cianuro, que facilitan la extracción del oro y otros minerales de la roca.

Utiliza toneladas de sustancias contaminantes, requiere una elevada cantidad de energía eléctrica y combustibles fósiles, utiliza grandes volúmenes de agua por largos períodos de tiempo, genera drenaje ácido,  y metales pesados que contaminan las aguas superficiales y subterráneas y todo lo que rieguen a su paso.

Una mina a cielo abierto, puede utilizar al día 9 toneladas de explosivos y 5 millones (5.000.000) de litros de agua. La cantidad de agua que necesita una familia por 20 años, la empresa minera la gasta en 1 hora. Se producen 18 toneladas de desechos tóxicos para extraer un solo anillo de oro.

Destruye completamente grandes extensiones de bosque con toda la biodiversidad de flora y fauna que en ellos habitaba. Destruye completamente grandes extensiones de bosque con toda la biodiversidad de flora y fauna que en ellos habitaba. Contamina el aire emitiendo miles de toneladas diarias de elementos químicos tóxicos, contaminantes y de polvo; y genera la lluvia ácida. Contribuye al cambio climático provocando el calentamiento del planeta.

 En todos los territorios donde avanza el extractivismo se vuelve imposible la vida,  allí no hay relación de lo humano  con la naturaleza solo el extractivismo depredador. Hay una relación directa de este cuadro con la distribución de la tierra cada vez más concentrada  y el hacinamiento en asentamientos pobres en las grandes ciudades.

Todos juntos para que nada cambie

Así lo expreso Alejandra Cardona,  directora ejecutiva de la Cámara de Empresarios Mineros (CAEM)  “Es la primera vez que pasa,  la minería se impuso en los discursos de los principales partidos políticos de cara a una elección presidencial. Todos hablan de minería, y ese es el dato que nosotros tomamos. Los candidatos de los  principales espacios hablaron a favor” y continuo  “Bolivia y Chile tienen un fuerte componente de presencia del Gobierno y ciertas normativas que vuelven menos atractivo el destino para el inversor, aun cuando las condiciones económicas puedan ser un poco mejores”  ”

Ningún gobierno desde la dictadura a esta fecha, cualquiera fuera su color, hizo nada para revertir esta situación de  expoliación de la naturaleza y sus consecuencias sobre la vida humana. Todos los candidatos presidenciables y quienes los sustentan,  Milei, Bullrich y Massa,  apuestan a  desarrollar aún  más la megaminería, el agronegocio y la extracción petrolera a base de fraking , entre otras explotaciones de la naturaleza. Un modelo que asegura violación de derechos humanos, autoritarismos, y más pobreza y dependencia.

El yacimiento Bajo la Alumbrera consume más del 80% de la energía que consume toda la provincia de Catamarca. Si prosperan los proyectos Agua Rica y Pascua Lama, como quiere el gobierno, entre los tres van a consumir el equivalente a toda la energía que genera la central nuclear Atucha. Mientras se llama a ahorrar energía y suben las tarifas,

Como señala  Guadalupe Oliviero:“ Entregamos todo: agua, petróleo, minerales, humedales, bosques (estamos entre los 10 países del mundo con más deforestación), gas, soja, animales…  sin embargo, tenemos el 43% de pobres y 8% de indigentes”

Son 87 los proyectos mineros en distintos estados de avance. Se destacan 17 minas en producción, 3 en etapa de construcción o ampliación. Los proyectos principales son 19, hay de litio, oro, plata, plomo, zinc, borato, carbón y canteras a lo largo de todo el país. Y después un listado de unos 30 con un grado de maduración avanzado. Los proyectos de litio en las provincias del norte son los que más están avanzando y hay muchos que para 2025 estarán en producción porque ya cerraron sus condiciones legales.

El ministro de medio ambiente  durante el gobierno de Mauricio Macri, Sergio Bergman, en un acto de cinismo explícito, ante la pregunta  de un periodista ambientalista : ¿Podemos ponerle a la minería el adjetivo de sustentable? declaró “ No, porque es una actividad extractiva y sabemos cómo usa sus  insumos.  Decir que es sustentable  es una aspiración”. Y agregó en relación a los agrotoxicos  “Una ley que todavía está pendiente,  es la ley de fertilizantes. Al no estar regulado su uso y su aplicación, tenemos una deuda con la salud”. Por algo el  hecho más recordado de su  gestión, basada en el dejar hacer, fue su disfraz de vegetal.

Si no es sustentable, ¿qué tiene que ser? ¿Responsable? No, es otro slogan. Minería, regulada por la ley es un paraguas agujereado.  Como tantas otras leyes y reglamentaciones caen en la trampa  burocrática, recorren   instancias formales que precisan cumplirse para que los extractivismos avancen. El control está en manos de  funcionarios que son testaferros de las propias mineras.

En 2008 el entonces gobernador de San Juan, José Luis Gioja, presionó para que  no se  promulgará la norma sobre glaciares que haría caer una millonaria inversión de la canadiense Barrick Gold en la provincia. Su hermano, el senador César Gioja, y al secretario de Minería Jorge Mayoral, son parte de empresas de explotación y exploración minera.

 Al llegar a la presidencia, Mauricio Macri, hizo honor a su compromiso electoral con los empresarios y  eliminó todas  las retenciones a la minería, una regalo con pocos precedentes en el mundo,  quitando  además los pocos controles existentes en una de las actividades más contaminantes y destructivas de los bienes comunes.

Entre los días 12 y 13 de septiembre de 2015, se produjo la peor catástrofe ambiental por derrame de efluentes mineros de la historia argentina. Fue en la mina Veladero, en San Juan, operada por la empresa canadiense Barrick Gold(BG) y contaminó cinco ríos con cianuro y mercurio, entre otros metales pesados. Este tipo de episodios en su Proyecto Veladero no fueron aislados, sin embargo la empresa alargó el período de sus actividades extractivas por una década más, exponiendo a los habitantes de la región. A ocho años de aquel desastre, todavía nadie rindió cuentas. En su momento fueron procesados  los ex secretarios de Minería de la Nación Jorge Mayoral y de Ambiente Sergio Lorusso, durante el  gobierno de Crisitina Fernandez  pero ningún empresario de la BG paso por la justicia.

Derribando el mito de la megaminería como principal generadora  de trabajo, el dato  en  San Juan es que  las zonas mineras tienen las tasas de desempleo más altas de la provincia.

El maridaje  entre instituciones públicas  y empresas es ominoso. Los proyectos buscan generar mercancías para demandas privadas y el Estado es el proveedor de servicios y personas. Actualmente científicos y técnicos de YPF realizan trabajos a pedido de  las empresas que se quedarán con las concesiones.

El ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, de quien  aún se intenta saber qué hizo o cuál es su preparación para estar ahí, sigue en  la línea  del presidente ausente y como el rabino verde,  su política es dejar hacer. Cero controles a las mineras, ninguna política ante la deforestación, se suceden feroces incendios  en el todo el país, se multiplica el uso  de agrotoxicos, se privatizan las costas de ríos y lagos, se destruyen humedales,  aumenta la sequía y  avanza la crisis hídrica, el ministro  no sabe no responde, a pesar de las  sesiones espiritistas para invocar su presencia.

El proyecto consensuado  de la ley de Humedales, fue presentado infructuosamente  cuatro veces para su tratamiento parlamentario, por primera vez hace casi  10 años. El ministro Cabandie, que previamente a las legislativas de 2021 se había comprometido a apoyar la propuesta, presentó el 11 de julio de 2022 ante el COFEMA, un nuevo proyecto que borra las principales normas del original y tal como denuncia la Multisectorial, “es funcional a los lobbys,  del extractivismo y el agronegocio y la especulación inmobiliaria. Utilizó las herramientas burocráticas para cooptar el proyecto de ley de humedales consensuado y busca satisfacer intereses de los poderes económicos concentrados «Todos tuvimos la sensación de que esta resolución fue la crónica de una muerte anunciada del proyecto señaló Patricia Pintos geógrafa y miembro de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu) y agregó : “fue una gran desilusión para todo el colectivo de organizaciones socio-ambientales y referentes del mundo académico que tanto habíamos apostado por la ley.  Desde la promulgación de la ley de bosques nunca se cumplió con el presupuesto que debería ser destinado al fondo de conservación

Juan Cabandié, despegó al Gobierno nacional de la sanción de la Ley 7.722 en Mendoza, que permite el uso de sustancias químicas en la minería, y expresó su “preocupación” por los incidentes ocurridos tras las multitudinarias protestas en la provincia cuyana.

Para cumplir con las metas fiscales del FMI, el Gobierno relanzó el programa Dólar Soja. Pequeños y medianos productores reiteraron sus críticas a una medida que beneficia a las empresas exportadoras y altera los precios internos. La agricultura campesina y cooperativa sigue a la espera de respuestas, con cinco proyectos de ley pendientes en el Congreso. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) cuestionó la medida y llamó al Poder Ejecutivo a dejar de fortalecer al “campo concentrado, a las multinacionales del agrotóxico y a los sectores financieros” y a apoyar, en cambio, a quienes luchan para que “el alimento sea un derecho y no una mercancía”. “El dólar soja muestra que el Gobierno piensa el campo con las patronales y quienes se beneficiaron acumulando granos, chantajeando y  especulando   con la devaluación”.

Si alguna duda queda como se piensa el medio ambiente desde el gobierno, fue l el nombramiento de  Antonio Aracre, ex CEO durante décadas  de Syngenta,  como jefe de asesores. La empresa de origen suizo es parte de un grupo  integrado por miles de empresas liderado por China con presencia en más de 100 países .Tiene en Argentina unos 389 productos registrados y unos 166  con principios activos autorizados. En 2022 el mercado más grande fue América Latina. Syngenta fue clave en la sojización transgénica que tanto daño hizo en el corrimiento de la frontera agroecológica. Es el segundo grupo que más agrotoxicos produce y  vende en el mundo,  después de Monsanto- Bayer. En pocos días se recogieron 17.000 firmas reclamando su renuncia con el encabezado “ Syngenta y el negocio de envenenar” La porosidad entre el gobierno y la oposición quedó expuesta cuando Aracre renunció como jefe de asesores del presidente y pasó a apoyar la campaña de Bullrich . En su lógica de CEO, es el pase de una empresa a otra.

Las comunidades que en estos 40 años se han manifestado de manera persistente en contra del modelo extractivista, han sido víctimas de reiteradas y diferentes formas de represión, carcel persecución. Son innumerables los incidentes y crímenes de las corporaciones y sus referentes políticos,  desde el repudio al plan Arcioni en Chubut y a su respuesta represiva,  gobernador provincial y miembro  calificado del partido Renovador de Massa, hasta la barbarie desatada por Gerardo Morales en Jujuy contra los pueblos originarios que defienden  la tierra ante la voracidad de las mineras y la corruptela política que aprobó la reforma constitucional. Su candidatura a vicepresidente junto a Rodriguez Larreta fue toda una señal avaladora. Por su parte el gobierno, Ministerio del Interior incluido, como en otros casos de violación de los DDHH, se abstuvieron intervenir. Queda claro como con el FMI, cuando  los grandes intereses se ponen en juego la mentada grieta se esfuma. Allí solo la izquierda política y social puso el cuerpo, tanto en la denuncia como acompañando el reclamo.

Sostiene Guillermo Folguera : “El extractivismo es una cosmovisión y práctica colonial vinculada con este tipo de democracia, con sus límites y características principales. Entonces, se hace imposible revertir las bases extractivistas sin cambiar las prácticas de fondo de esta democracia”.

En tiempos donde la humanidad, irracionalmente amenaza su propia existencia y la de todo el planeta, caminando inconscientemente hacia una catástrofe ecológica que ya está en curso, ignorar desde la política, quienes están a favor o en contra de defender la vida por encima del negocio, es un crimen que no deberíamos ni podemos permitir.

Agosto 2023