Por falta total de garantías el 21 de mayo la defensa de Laura Villalba reclamó la suspensión del juicio por el que se la acusa de terrorismo. Laura está presa en Asunción del Paraguay desde 2020. Luego de no haber aceptado los testigos presentados por la defensa y de haberle realizado a la acusada la toma compulsiva de un mechón de cabellos para un estudio de ADN en su celda, sin mediar la información previa a sus defensores ni su consentimiento, violando toda la legislación vigente, la jueza María Luz Martinez, titular del tribunal pretendió dar comienzo al juicio. La verdadera causa de su encarcelamiento es que es testigo del secuestro de su hija y sobrina de 11 años en ese país por las fuerzas militares de Paraguay que aparecieron luego asesinadas. Además, su detención se produjo cuando buscaba a su sobrina Lichita de 14 años que está desaparecida desde ese mismo año.
El gobierno de Milei y la justicia argentina se han involucrado en esta aberrante persecusión a la familia Villalba cuando recientemente en un operativo violatorio de toda la legislación vigente en relación a la institución internacional de refugio de perseguidos políticos, la ministra Mondino dio curso al pedido de extradicción de Paraguay en lugar de rechazarlo, la justicia ordenó el allanamiento a la madrugada de las casas donde habitaban la madre de Laura, dos de sus hermanas y sus sobrinos, todos menores, para su supuesta extradicción a Paraguay. La actuación del ejecutivo, la justicia y la policía argentina mereció la condena de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, lo que motivó que no fueran extraditadas y se respetara su condición de refugiados. La persecusión a la familia Villalba es una represalia contra miembros de su familia que pertenecen a organizaciones armadas que reivindican derechos de campesinos que están siendo expulsados de sus tierras por el avance de empresas agrícolas.
Ante la negativa de la jueza de suspender el juicio, Salvador Sanchez, el abogado defensor recursó al tribunal. Desde Argentina, en una conferencia de prensa realizada en la sede de la CTA autónoma en Buenos Aires, una serie de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales, Ademys y del Partido Obrero e Izquierda Socialista, reclamaron por la libertad de Laura Villalba y de Carmen Villalba, (esta última permanece presa luego de haber cumplido una condena de 20 años), justicia para las niñas asesinadas y aparición con vida de Lichita.
Corresponsal
