Diputada Mónica Schlotthauer junto a la bancada del Frente de Izquierda - Unidad

Proyecto de ley

Art 1: Dispóngase de manera inmediata la reapertura completa de PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A., la que deberá ser puesta a funcionar junto a todo el personal actuante anterior al 9 de octubre del presente año, fecha en que la empresa decretó un lockout patronal provocando los despidos ilegales, perjudicando a decenas de familias trabajadoras.

Art. 2: Reincorpórese a los 125 trabajadores injustamente cesanteados por las medidas arbitrarias tomadas por la patronal PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A. De la misma manera se procederá con las 60 desvinculaciones de la UOCRA como consecuencia de aquellas medidas, como así también de los 60 retiros voluntarios de Fabricaciones Militares.

Art. 3: En caso de que la empresa PETROQUIMICA RIO S.A. continué en su proceder ilícito y no cumpla con la presente ley, procédase a la estatización de la misma, poniéndose a producir con todo su personal reincorporado, bajo control obrero.

Art. 4: Dispóngase la nulidad de la Resolución 1130/2024 del MINISTERIO DE ECONOMÍA de la Nación emitida con fecha 1 de noviembre de 2024 y publicada en el Boletín Oficial el 4 de noviembre de este año, atento a que elimina ciertas restricciones antidumping para la importación del insumo Diisocianato de Tolueno.

Art. 5: De forma.

FUNDAMENTOS

El pasado miércoles 9 de octubre de 2024 la patronal PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A. anunció públicamente el cierre de su planta de hidrocarburos de producción de TDI (Diisocianato de tolueno), ubicada en Río Tercero, provincia de Córdoba. Desde esa fecha los trabajadores químicos y petroquímicos nucleados en el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero están junto a sus familias en las puertas del establecimiento llevando adelante un justo reclamo, exigiendo recuperar sus fuentes de trabajo.

Petroquímica Rio Tercero posee la única planta de TDI de Latinoamérica, materia prima principal para la industria automotriz y colchoneras, entre otras. La empresa empezó a funcionar en 1981 y es parte del grupo económico Piero.

La planta de Petroquímica Río III ha producido TDI de manera ininterrumpida durante más de 40 años. En los últimos años, la planta ha mantenido una producción de 1.500 toneladas mensuales, cercana a su capacidad total de 2.000 toneladas mensuales, sin perder ni un solo mercado de consumo ni afectar la calidad o cantidad de la producción en el país.

Es importante destacar que el mercado nacional para este insumo no se ha perdido, y la mayor parte de la producción se destina a la fabricación de colchones, con la propia empresa como principal compradora. Esta situación evidencia que, de seguir adelante con esta medida de cierre, no solo se reemplazaría el insumo local por importaciones, sino que también se incentivaría la importación de productos terminados, destruyendo una cadena de valor que ha sustentado a la región y al país por décadas.

La decisión unilateral de la empresa, tomada sin previo aviso, no solo implica la pérdida de 125 puestos de trabajo, sino también un grave impacto en las industrias del polo químico al que pertenece, como Fabricaciones Militares y Atanor. Existe una amplia gama de prestadores de servicios que dependen de la actividad de esta empresa, viéndose afectados compañeros de la UOCRA con 60 cesantías y Fabricaciones Militares, proveedor directo de Petroquímica, ya anunció 60 retiros “in-voluntarios”.

Las razones que aduce la empresa para el cierre de la planta se vincula, según dice, con “la falta de competitividad”, debido a la indiscriminada apertura de importaciones, a los elevados costos operativos relacionados a los servicios y cargas impositivas. Todos argumentos que solo hace valer para atacar a sus trabajadores ya que, es fundamental subrayar, que la empresa no ha alegado pérdidas financieras ni sobrecostos que comprometan la continuidad de las operaciones. Por eso es que a su vez repudiamos la Resolución emitida por el Ministerio de Economía de la Nación, que hace referencia el artículo 4 de la presente ley, la cual ante un pedido de la patronal Petroquímica Río Tercero S.A. dispuso “la revisión por cambio de circunstancias de la medida antidumping establecida por Resolución Nº 526 del ex MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO de fecha 6 de septiembre de 2021” en relación a la exportación hacia la República Argentina de Diisocianato de Tolueno 80:20, originarias de los Estados Unidos de América. Es decir, en abril de 2024 la empresa suspendió la producción de TDI y a mediados de octubre anunció el cierre de su planta y a que actualmente el negocio es inviable, conforme desarrolló en sus argumentaciones, con lo cual a la empresa le resulta más beneficioso traer ese insumo de Asia que producir en Argentina. Toda una maniobra para importar en vez de producir, con el único fin de abaratar costos, perjudicando a sus trabajadores.

La ciudad de Rio Tercero hoy está transitando tal vez la crisis laboral económica y social más fuerte que solo se puede comparar con aquella sucedida posterior al 3 de noviembre de 1995 (explosiones Fabricaciones Militares de Rio Tercero). Desde hace más de 70 años, con la llegada del polo químico, Río Tercero tuvo un gran crecimiento a nivel económico y educativo, incorporando escuelas técnicas para la formación y desarrollo de la juventud riotercerense, que luego formó parte de estas industrias, lo cual hoy se encuentra en peligro.

En relación a lo ambiental, el abrupto cierre de la planta de TDI genera un riesgo alarmante. En estos momentos la empresa dejó la planta en manos de personal no idóneo, lo que conlleva a un serio riesgo para la población.

Ya el 28 de octubre de 2024 el Ministerio de Trabajo de Córdoba intimó “a la empresa Petroquímica Río Tercero SA para que disponga el cese inmediato de los despidos, motivo por el cual debía restituir de manera efectiva a todos los trabajadores a sus tareas normales en un plazo de 48 hs., intimando también a la empresa para que proceda acompañar los últimos 3 balances, informe económico financiero y en caso de contar con subsidios, exenciones, créditos o beneficios promocionales de cualquier especie otorgados por organismos del estado nacional, provincial o municipal, debía acompañar copia certificadas de los mismos”. En distintos tramos la resolución ministerial señala: “se advierte mala fe negocial por parte de la empresa”, “conducta desleal”, “falta de transparencia”, “ocultamiento de información”, etcétera. Disposiciones que la empresa ha desoído sistemáticamente.

El sindicato y sus representados han presentado múltiples propuestas para mantener la actividad productiva, tanto ante el Ministerio de Trabajo de la provincia como en la Secretaría de la Gobernación, sin que hayan sido consideradas ni abordadas por la empresa. Atento a ello es que, desde el Frente de Izquierda Unidad, haciéndonos eco del pedido del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero, presentamos el presente proyecto.

Por todas estas razones expuestas y en función de la necesaria preservación de las fuentes de trabajo es que solicitamos a las y los diputados aprobar el presente proyecto de ley.