Escriben Agustín Gigli (Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha) y Nicolás Núñez (por la Dirección Nacional de Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha)

Lamentablemente, referentes del PO de Santa Cruz presentaron un proyecto de ley provincial de “Aporte extraordinario de la minería metalífera” que va en contra de las conclusiones que viene forjando el movimiento socioambiental, y a su vez, el propio programa del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad (FITU).

A través de sus referentes locales, el Partido Obrero salió a anunciar en los medios provinciales un proyecto de ley que perfectamente podría haber sido presentado por partidarios del peronismo o de Juan Grabois. Basta leer las dos carillas y medias del proyecto para ver que, como mínimo, las consideraciones del proyecto no articulan con los debates que se realizan en las distintas asambleas del movimiento ambiental que recorre el país y sus instancias de coordinación. 

Tampoco han tomado en cuenta el debate que ya habíamos mantenido en 2023 cuando equivocadamente la propuesta de PO (y PTS) era mantener la explotación megaminera de litio en los salares del norte argentino para apropiarse su renta como forma de solucionar la crisis económica y habitacional de Jujuy. Recomendamos leer los artículos Litio: un debate en la izquierda (https://www.ael.ar/debates/litio-un-debate-en-la-izquierda/) y Debates: el Litio, el PO y el acto divisionista del 17 de junio (https://www.ael.ar/debates/debates-el-po-el-litio-y-el-acto-divisionista-del-17-de-junio/). Y en general, recomendamos basarse en las opiniones por escrito de las corrientes y no presumir posiciones partidarias cómo ha hecho el PTS ante este nuevo debate a partir del proyecto santacruceño.

¿Un proyecto para el gobernador Vidal?

Es muy llamativo ver que la fundamentación del proyecto presentado se basa en el proyecto de Presupuesto 2026 del gobernador Claudio Vidal. No se hace eje en denunciar que se trata de rechazar de conjunto un presupuesto que es de ajuste, que es solidario con la motosierra de Milei, sino que se señala su inaplicabilidad por falta de ingresos al decaer la actividad petrolífera y la suspensión de la construcción de las represas hidroeléctricas, esas represas que afectarán, entre otras cosas al glaciar Perito Moreno. El proyecto no denuncia el presupuesto, sino que busca la forma de que sea viable. Un error colosal. Nos preguntamos ¿si se aprobara este proyecto, habría que manifestarse de acuerdo con el presupuesto 2026 de Vidal? Para que se entienda más claramente aún, ¿acaso Néstor Pitrola presentaría por el PO un proyecto en el Congreso de la Nación para pagar con regalías de megaminería las leyes de discapacidad y Financiamiento Universitario? Entendemos, por la declaración que han terminado por escribir lxs compañerxs del PO a través de Juan García, que la respuesta a esta pregunta es negativa.

Desde la izquierda y las asambleas ambientales denunciamos al código minero vigente desde el menemismo y las demás leyes que configuran el saqueo megaminero, entre otros aspectos, por el bajo porcentaje de regalías que deja la actividad. Pero no lo hacemos para luchar por un aumento de esas regalías, sino como parte de la denuncia global al saqueo. No hay controles estatales, no hay estudios de impacto ambiental científicos, no hay debates democráticos con poder resolutivo (audiencias públicas reales, libres y democráticas), no hay consulta a los pueblos originarios ni a las comunidades con poder de veto. Tampoco hay aportes a las economías regionales o nacional tanto por generación de trabajo, adquisición de insumos ni pagos de regalías, es más, hay competencia (eliminación) con otras actividades económicas. 

Una desviación parlamentarista

Otro error de este proyecto está vinculado al rol que debemos cumplir lxs militantes revolucionarios del FITU en los distintos cargos parlamentarios que con tanto esfuerzo militante logramos conquistar. Desde Izquierda Socialista creemos que no accedemos a estos cargos para proponerle a los diputados patronales como hacer “viables” sus planes de ajuste, ni tras el posibilismo de rebajar nuestro programa en pos de proyectos que sean “votables” por los partidos burgueses (mayoritarios en los parlamentos).

Como lo hacen nuestros compañeros Juan Carlos Giordano, Mónica Schlotthauer, Mercedes de Mendieta y tantos más ocupando bancas nacionales, provinciales o municipales, tomamos el compromiso de luchar junto a los trabajadores contra el ajuste capitalista, denunciando que la única salida es la construcción colectiva de la movilización y de una herramienta política con independencia de clase. Esto lo hacemos desde las bancas. Pero acá los referentes del PO presentan su proyecto de ley sin tener ningún diputado en la provincia. No lo tiene PO ni lo tiene ninguno de los integrantes del FITU. Es decir, que PO presenta el proyecto de ley para que, en el mejor de los casos, lo discutan los partidarios de Vidal, Milei y lxs Kirchner, sin tener ni un sólo diputado que pueda defender en la cámara el proyecto. Es una desviación parlamentarista grande, que lleva a los trabajadores a confiar no solo en la legislatura, sino en los bloques patronales. Lo que hay que hacer es enfrentar en las calles, exigiendo a la CGT y a las CTA que implementen un plan de lucha para derrotar a la motosierra de Milei y Vidal, no buscar fondos para que el gobernador pueda garantizar la aplicación de su presupuesto.

La “crisis” provincial

Los fundamentos del proyecto plantean que existe una “crisis” en la provincia y por eso se comenzó a pagar en forma escalonada los salarios, hay desocupación y los salarios no alcanzan para la canasta básica. Lo dice claro: “la crisis del estado provincial se debe a un recorte en los ingresos que el estado provincial percibía en cuanto a coparticipación federal de impuestos, a lo que se agrega la crisis planteada con la caída de la producción petrolera y la consiguiente merma de los ingresos por regalías hidrocarburíferas”. Nada del pago de la fraudulenta, ilegítima, ilegal e impagable deuda externa. Nada de la motosierra del propio Vidal. La crisis no es solo por políticas nacionales y por la caída de la producción petrolera, sino también por la propia política de ajuste de Vidal: las motosierras provinciales también son responsables de empujar a las economías locales al estancamiento, el desempleo, la caída del consumo y de los ingresos populares.

¿Qué debemos hacer con la megaminería?

Frenarla. La pregunta es cuál es la política correcta, ubicada en cada situación concreta, para avanzar en ese camino.

En Santa Cruz la megaminería está instalada a diferencia de otras provincias como Chubut que se la viene bloqueando desde 2002/2003, y en Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo (UCR), donde la pelea está ahora mismo en curso y con pronóstico abierto. Pulseadas que se enmarcan hoy en el orden nacional con el proyecto de Milei de modificar la Ley de Glaciares. El proyecto en cuestión nada dice contra la modificación de la Ley de Glaciares ni de la avanzada extractivista extrema que comenzó el gobierno peronista y profundizó Milei. Ni que hablar que omite el contexto de criminalización de la lucha contra la megaminería con un tendal de procesadxs, cárcel de activistas como Naum y Damián en Chubut, y recurrentes allanamientos y desalojos de comunidades. 

En primer lugar, el proyecto pero también el debate posterior que suscitó, adolecen de no diferenciar entre minería y megaminería, ni entre los proyectos en curso y los que podrían desplegarse si se modifican la Ley de Glaciares y/o aprovechando el RIGI. Sumado a un revoleo de chicanas inconducentes, han dificultado que del error -para nada minimizable- de la presentación de este proyecto en Santa Cruz el FITU pueda aprender y corregir hacia adelante. Es necesario clarificar, ante lxs miles que en el país ven a nuestro frente como una alternativa política, cuál es el programa de transición hacia dejar atrás y para siempre no solo al extractivismo como forma de depredación inseparable del capitalismo, sino también a las distintas técnicas que como la megaminería y el fracking son en sí intrínsecamente insostenibles, por ser destructivas de los territorios.

Tenemos que partir de que la izquierda socialista y revolucionaria no puede tributar a la ideología profundamente capitalista de que el antagonismo de clase resulta morigerable por la vía de una mayor destrucción de la naturaleza. No podemos sostener como una salida ante la crisis pagar salarios contaminando ríos. Nuestra perspectiva socialista implica pelear por un desarrollo armónico entre los polos que mediados por la técnica componen las fuerzas productivas: la naturaleza y la humanidad. De allí que buscamos que la reorganización de la sociedad que impulse un gobierno de lxs trabajadorxs y el pueblo abandone completamente técnicas que representan lo que el propio Marx dejó pistas para pensar como “fuerzas destructivas”. 

En ese camino, el conjunto de las propuestas y consignas que levantemos son tácticas y dependerán de su potencial para desarrollar la movilización y clarificar sobre la necesidad de esa salida de fondo. Por eso, resulta sumamente correcto que basado en un sinfín de luchas y asambleas territoriales -y por más que ahora el PO pareciera renegar de eso- el programa de constitución del Frente de Izquierda sostenga desde el 2011 el rechazo a la megaminería, el fracking y la prohibición de distintas prácticas contaminantes. 

El PO hoy rechaza estos planteos porque “la prohibición no es una salida en sí misma” si no está llevada adelante por un gobierno revolucionario. Como señalamos ya en el debate en torno al litio, este criterio es profundamente equivocado: niega la posibilidad de que aún bajo gobiernos capitalistas lxs trabajadorxs, asambleas y comunidades locales puedan obtener triunfos por la vía de la movilización. Los 22 años de freno a la megaminería en Chubut no son una “salida en sí misma” pero sí un triunfo popular enorme, y de ahí los recurrentes intentos de distintos gobiernos patronales por enterrar el triunfo del 2003. Lo propio podemos decir de la Ley 7.722 en Mendoza. Estos logros han protegido por décadas al agua de las comunidades locales de la depredación extractivista y mostraron el camino para derrotar a las multinacionales. 

Citamos lo que ya señalamos en el debate del 2023:
“Nunca va a dejar de ser cierto que aisladamente, la estatización de los minerales estratégicos bajo control de sus trabajadores y las comunidades, no resulta en sí una salida definitiva, ni ante el problema económico, ni ante la transición energética.  Ahora, lo propio podríamos plantear ante cualquier problemática (ambiental, económica, salarial, de derechos democráticos, etcétera, todas), que nunca va a poder resolverse en sí misma y definitivamente mientras no terminemos con el poder político de la burguesía. Y por eso, siempre nuestros programas y campañas electorales deben tener la consigna del gobierno de lxs trabajadores y la izquierda. Ahora bien, si fuéramos hasta el final con el planteo de PO, no habría ninguna consigna intermedia, ninguna consigna transicional, en vez de buscar puntos de movilización junto a la clase trabajadora, los movimientos de lucha, las asambleas territoriales, y las comunidades, deberíamos únicamente hacer agitación del gobierno de trabajadores, porque ninguna otra consigna en sí misma resulta una ‘salida”.” 

¿Qué hacer?

Ante lo que plantea Juan García por parte del PO nacional, frente al hecho de que en Santa Cruz “no ha habido grandes movilizaciones contra sus consecuencias ambientales y en general existe una adaptación de un gran sector de la población a este tipo de explotación”, creemos que hay que ratificar el camino de haber buscado en los últimos meses llevar al seno del movimiento obrero y sus organizaciones las problemáticas ambientales, en particular, impulsando las campañas contra el RIGI y ahora contra la modificación de la Ley de Glaciares tal como se ha impulsado desde la nueva conducción combativa de Adosac (Asociación de Docentes de Santa Cruz). De la mano de eso, tenemos que explicar pacientemente porqué estamos por el fin de la megaminería, y que incluso ante conflictos salariales muy duros, criminalizados, reprimidos y extendidos por meses sin respuesta de los gobiernos, hay que rechazar el “atajo” de buscar sacar una tajada de la destrucción de los territorios, lo cual no representa ni siquiera pan para hoy y si es falta de agua para mañana. Para todo eso, entendemos desde Izquierda Socialista, que sería pedagógico que sea retirado el proyecto de regalías presentado en la legislatura provincial.

Hacer confluir a las organizaciones de la clase trabajadora con los espacios de defensa territorial socioambiental, más allá de los episodios puntuales de estallidos populares  como el “Chubutazo” del 2021, se ha demostrado una tarea compleja, trabajosa y lenta, pero que resulta hoy más necesaria que nunca. Tener enfrente un proyecto de ultraderecha de motosierra y extractivismo extremo que a todas luces tiene en su ADN al mismo tiempo reventar los territorios y reventar los derechos laborales nos tiene que, al menos, ayudar a que cada vez más sectores saquen la conclusión de que la lucha anti-extractivista y la lucha de la clase trabajadora son una sola. Que, como se ha dicho del otro lado del Atlántico: “el fin del mundo y el fin de mes son la misma pelea”. Hoy son una y la misma lucha la pelea contra la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares y todos los esfuerzos del FITU deben estar al servicio de ganar esa batalla.