Escribe José Castillo, dirigente de Izquierda Socialista (FIT-Unidad)
El gobierno ultraderechista de Milei avanza con el saqueo de nuestras riquezas. Con la nueva ley de Tierras, millones de hectáreas, las más ricas del país, muchísimas en áreas de frontera, pasarán a manos de empresarios extranjeros. Tenemos que evitarlo con la movilización, sin confiar un milímetro en los senadores que, como ya han demostrado otras veces, están dispuestos a negociar la soberanía por monedas.
El gobierno de La Libertad Avanza se apresta a dar un nuevo salto en la entrega y el saqueo de nuestras riquezas. Como ya lo hizo con el RIGI y luego con la modificación de la ley de Glaciares. Se trata de dar un “vía libre” para que los capitales imperialistas puedan quedarse con todo. En este caso lo que está en cuestión es el proyecto redactado por el ministro Sturzenegger llamado de “inviolabilidad de la propiedad privada”, uno de cuyos capítulos plantea la modificación de la ley de Tierras.
La actual ley de Tierras no es la mejor ni de lejos, impulsada por el gobierno de Cristina Kirchner y votada en 2011. De hecho, ya permitió a cuantiosos capitales extranjeros quedarse con porciones enormes de nuestro territorio. Como anécdotas conocidas tenemos los millones de hectáreas en manos de Benetton o la virtual “privatización” de Lago Escondido por parte de Joe Lewis. Yendo a números, tenemos el espectacular trabajo del observatorio de tierras (ver www.observatoriodetierras.ar ) que demuestra que el límite actual (la suma de propiedades extranjeras por provincia no debería superar el 15% de cada una) es superado escandalosamente en más de 30 departamentos: Campana, en provincia de Buenos Aires, con su puerto, tiene extranjerizado el 50,27% de su territorio; General Lamadrid, en La Rioja, cerca del Parque Nacional Talampayo, el 56,7%; Lacar, en Neuquén, sobre la frontera cordillerana, 54,17%; en Salta, tenemos los departamentos San Carlos (59,82%) y Molinos (57,79%); y, en la frontera con Brasil y Paraguay, en Misiones, el departamento de Iguazú, con una extranjerización de la tierra del 39,95%.
A pesar de todo esto, el gobierno va por más. Eleva el límite actual del 15 al 25% (encima lo muestra como una “concesión a las provincias, ya que el texto original no fijaba límite alguno). Pero además afirma explícitamente que esos límites figuran a nivel nacional o provincial, no municipal, que es justamente donde se están dando estas apropiaciones escandalosas. El proyecto además elimina el actual límite de 1.000 hectáreas para un mismo titular extranjero en la zona núcleo de la Pampa Húmeda (la más rica del país). También elimina la actual prohibición de comprar tierras que contengan o limiten con cuerpos de aguas importantes (ríos o lagos, ya violado actualmente con artilugios como “abrir un camino de acceso intransitable por Joe Lewis) o que limiten con áreas de seguridad de frontera. También se elimina otro límite: que personas de una misma nacionalidad puedan poseer más del 30% del total.
Es un escándalo total, una entrega absoluta de tierras y aguas. Irónicamente el proyecto, cuyo nombre pomposo es de “inviolabilidad de propiedad”, pasa por encima de los territorios de las comunidades originarias, y destruye el acceso y propiedad de bienes comunes.
Miles de organizaciones ambientales, de pueblos originarios, sindicales, de derechos humanos se han pronunciado en contra. También lo ha hecho, unánimente, el Frente de Izquierda Unidad (cosa que no sucedido con el peronismo, donde hay gobernadores que aún “deshojan” la margarita, a la espera de unas monedas para vender sus votos). Ya se han realizado acciones en muchos lugares del país. Ese enorme y creciente repudio popular, unido al despertar del sentimiento antiimperialista que generó la bandera de “las Malvinas son argentinas” en el Mundial, ya provocó que cayera una sesión en senadores. Y que ahora el gobierno no tenga seguridad en los números para aprobarla. Pero no podemos confiar ni un milímetro en los senadores de la oposición patronal (que muchos de ellos responden directamente a sus gobernadores). Ya vimos lo que pasó hace poco con la modificación de la ley de Glaciares.
Se puede ganar y hacer retroceder al gobierno. Pero depende pura y exclusivamente de la fuerza de la movilización. Por eso este jueves tenemos que ser decenas de miles en Plaza Congreso. Y en las demás plazas del país, donde también habrá distintas acciones. La CGT, que formalmente se ha pronunciado y dice que “apoya” la movilización, tendría que garantizar que todos puedan asistir rompiendo su pacto con el gobierno y llamando a un paro general. Se lo seguiremos exigiendo hasta último momento. Pero lo central, tal como lo manifestamos desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, es garantizar una masiva manifestación el jueves frente al Congreso. ¡Porque las Malvinas son argentinas, pero el agua y la tierra también! ¡No a la extranjerización!
