Dec 05, 2021 Last Updated 10:46 PM, Dec 3, 2021
PROYECTOS DE LEY

PROYECTOS DE LEY (36)

PROYECTO DE DECLARACIÓN

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 5011-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 127 Fecha: 15/09/2017

 

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

 

Apoyo al referéndum convocado para el 1 de octubre de 2017 en Catalunya. El pueblo catalán tiene todo el derecho a decidir libremente sobre su futuro y las relaciones que quiere establecer con el Estado Español. Rechazamos enérgicamente y exigimos que cesen las medidas represivas y de judicialización tendientes a amedrentar e impedir el libre ejercicio de la autodeterminación nacional del pueblo catalán.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

 

Desde hace seis años el pueblo catalán se manifiesta masivamente por su independencia. El Parlamento de Catalunya aprobó el llamado a un referéndum de autodeterminación para que sea el propio pueblo catalán quien decida si quiere o no ser independiente, fijado para el próximo 1 de octubre.
El primer ministro español, Mariano Rajoy (Partido Popular), y el Tribunal Constitucional del Estado Español -con el visto bueno de la monarquía española- han advertido que no tolerarán el referéndum aprobado por el gobierno de la Generalitat y han anunciado una serie de medidas represivas para impedirlo, entre ellas, inhabilitaciones políticas de los principales cargos del Parlamento (por ejemplo, a su presidenta Carme Forcadell) y del gobierno de Catalunya; procesos penales contra quien colabore con el referéndum (sea instituciones o personas); suspensión e intervención de las instituciones de Catalunya, etcétera. Hechos completamente repudiables.
“Amenazan con arrestar a 712 alcaldes catalanes si no frenan el referéndum separatista” (Clarín, 14/09), los cuales ya fueron imputados por el fiscal general del Estado Español de “desobediencia, prevaricato y malversación de fondos públicos” -con posibles penas de 8 años de cárcel e inhabilitación hasta 20 años-; hablan de un “referéndum ilegal”, “fuera de la legalidad” y “totalitario”, y el gobierno del Estado Español dispone a tal fin la intervención del alto jefe de los Mossos (fuerzas de seguridad de Catalunya).
Los partidos del régimen surgido de la transición pactada con el franquismo, más allá de los matices, se oponen al referéndum, una posición que es compartida por el Partido Popular (PP), el PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida, el Partido Comunista Español e incluso Podemos. La izquierda radicalizada también critica la posición ambigua de la alcaldesa Ada Colau, que responde a una coalición en la que participa Podemos.
Alrededor de un millón de personas se movilizaron este 11 de septiembre en la Diada (tradicional día de fiesta nacional de Catalunya) en apoyo a la independencia del país y el establecimiento de una república. La contundente manifestación de apoyo constituye una clara respuesta al régimen monárquico que intenta por todos los medios impedir la consulta.
El precedente que desencadenó la situación actual se dio en junio de 2010. En esa fecha, el pueblo catalán rechazó masivamente la decisión del Tribunal Constitucional de derogar una parte sustancial del articulado que daba ciertas normas de autonomía, aunque limitadas. Además, prohibió que el idioma catalán sea la lengua de uso normal. La sentencia sale cuatro años después de que el nuevo estatuto fuera aprobado por el Parlamento de Catalunya, el Congreso de los Diputados y el Senado español, y el referéndum por el pueblo catalán.
El pueblo de Catalunya, y con él los partidos que son mayoritarios en el parlamento catalán, dieron por agotados los intentos de encajar en el estado de las autonomías y se presentaron a las sucesivas elecciones con el compromiso de dar los pasos para hacer posible una República catalana.
A tal punto es legítimo el reclamo del pueblo catalán que el derecho a la autodeterminación está reconocido por el derecho internacional. Las Naciones Unidas proclamaron en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en el año 1976 y fue ratificado por el Estado Español el 27 de julio de 1977, donde en su artículo 1º establece: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.
Defendemos el derecho de los pueblos y nacionalidades oprimidas a su autodeterminación y a independizarse si así lo deciden (Escocia, Kurdistán, Euskadi o Catalunya). Una República en Catalunya abriría el camino de otros pueblos y naciones por acabar con este anacrónico régimen impuesto al final del franquismo. Esta lucha democrática es parte de una pelea más de fondo, por la aplicación de un plan económico al servicio de los trabajadores y demás sectores populares. Junto a la suspensión de los pagos de la deuda externa para satisfacer las urgentes necesidades populares y la ruptura con los banqueros y multinacionales del Estado Español y la Unión Europea. Por eso, los socialistas revolucionarios lucharemos para que esa república sea de y para los/as trabajadores/as, en el camino de una Federación de Repúblicas Socialistas.
Defendemos entonces ese derecho democrático a que el 1° de octubre se realice sin ninguna interferencia del régimen y la monarquía, ni represión, el referéndum convocado para decidir libremente por la independencia. Vaya toda nuestra solidaridad desde Argentina en nombre de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda.
Por estos motivos, pedimos a los diputados y diputadas que acompañen este Proyecto de Declaración.

 

 

 

http://www.hcdn.gob.ar/proyectos/textoCompleto.jsp?exp=5011-D-2017&tipo=DECLARACION

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 5700-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 155 Fecha: 27/10/2017

 

La Cámara de Diputados de la Nación
 
RESUELVE:

 

Reconocer la República Independiente de Cataluña.
Repudiamos cualquier tipo de intervención por parte del régimen del Estado Español, el gobierno de Mariano Rajoy y la monarquía reaccionaria. Y, en caso de que se concrete la intervención exigimos que Argentina rompa relaciones diplomáticas y comerciales con el Estado Español y expulse a su embajador del país.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

 

El Parlamento de Catalunya, finalmente aprobó la independencia del Estado Español que ya se había manifestado en el triunfo del referéndum por la independencia del 1 de octubre. Luego de la declaración de independencia de Catalunya, el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular, prepara la intervención para seguir sometiendo al pueblo catalán al régimen opresor del Estado Español y de la monarquía reaccionaria, régimen continuador del franquismo.
Desde nuestra banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, saludamos al pueblo catalán que se mantuvo movilizado para que finalmente se concrete la independencia y repudiamos la intervención por parte del Estado Español. A su vez, denunciamos las posiciones de Pablo Iglesias de Podemos que se declaró contrario a la declaración de la independencia diciendo que es “ilegal e ilegítima” y también, la de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona quien sostuvo que la declaración no cuenta con el aval de la mayoría de los catalanes. Declaraciones de este tipo favorecen la intervención de Rajoy y la Corona.
Los socialistas revolucionarios defendemos el derecho de los pueblos y nacionalidades oprimidas a su autodeterminación y a independizarse si así lo deciden, como también lo ha expresado el pueblo Kurdo de Irak con el 92% de los sufragios. Una República en Catalunya abriría el camino de otros pueblos y naciones del Estado Español por acabar con este anacrónico régimen impuesto al final del franquismo.
Esta lucha democrática es parte de una pelea más de fondo, por la aplicación de un plan económico al servicio de los trabajadores y demás sectores populares. Junto a la suspensión de los pagos de la deuda externa para satisfacer las urgentes necesidades populares y la ruptura con los banqueros y multinacionales del Estado Español y la Unión Europea. Por eso, los socialistas revolucionarios lucharemos para que esa república sea de y para el conjunto de la clase trabajadora, en el camino de una Federación de Repúblicas Ibéricas Socialistas.
Por estos motivos, pedimos a los diputados y diputadas que acompañen este Proyecto de Resolución.

 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 6409-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 177 Fecha: 30/11/2017

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

 

Encomendar a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de esta Honorable Cámara de Diputados, constituirse en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, en forma perentoria, con el objeto de interiorizarse y relevar información sobre el operativo llevado a cabo por la unidad Albatros de la Prefectura Naval Argentina en Villa Mascardi, el pasado sábado 25 de Noviembre, oportunidad en la que resultó asesinado por la espalda el joven Rafael Nahuel, de 22 años de edad, y dos personas heridas con balas de plomo.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

 

Como es de público conocimiento, el 25 de noviembre pasado un joven de 22 años llamado Rafael Nahuel, fue asesinado en el marco de una persecución por parte de la unidad Albatros de la Prefectura Naval Argentina, en la comunidad mapuche de Villa Mascardi, 30 kilómetros al sur de Bariloche, Provincia de Río Negro.
La autopsia reveló que el joven murió de un disparo con una bala de 9 mm que ingresó a su cuerpo por el glúteo y afectó el intestino y el hígado. El calibre de dicha bala se corresponde con el de las armas de los efectivos de la unidad Albatros.
El jueves último anterior, el juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Villanueva, ordenó a la la Policía Federal un operativo de desalojo de los integrantes de la comunidad mapuche denominada Lafken Winkul Mapu del terreno que estaban ocupando. Dicho operativo contó con más de 170 efectivos y el apoyo de Prefectura y Gendarmería Nacional.
El mismo juez, luego del asesinato de Nahuel, ordenó el sábado el secuestro de las armas de todos los efectivos que participaron del operativo, e hizo lo propio con teléfonos celulares y todos sus dispositivos móviles de comunicación.
El desalojo se produjo el jueves a la mañana y en el lugar que había ocupado la comunidad mapuche había quedado una custodia de un grupo especial de Prefectura, que el sábado en un patrullaje participó del incidente en el que fue baleado Nahuel.
|Las falsas versiones oficiales describen un enfrentamiento con armas de fuego provenientes tanto de la fuerza de seguridad como de los integrantes de la comunidad indígena. Sin embargo, los integrantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) que visitaron el lugar al día siguiente, así como el propio Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Obispado de Bariloche y las distintas entidades institucionales locales, de variada representatividad gremial, social, cultural, y de otra índole locales, aseguran que “sólo hubo disparos” por parte de la prefectura.
Es por ello señor presidente, que consideramos de suma importancia, ante la gravedad de estos hechos, constituir la comisión de Derechos Humanos de esta honorable cámara en la ciudad de Bariloche, con el objeto de relevar información sobre los hechos denunciados, que ponen en alerta a la ciudadanía argentina.
En razón de lo expuesto, solicito a los y las legisladores, acompañen con su voto el presente proyecto.

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Iniciado en: Diputados Expediente Diputados: 6462-D-2017
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 179 Fecha: 04/12/2017

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

 

Expresar solidaridad con la Junta Interna y el cuerpo de delegados/as de ATE del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, y en particular con los delegados Martín de Azpiazu, Pablo Anino, Eduardo Viceiro y Pablo Almeida, quienes están siendo perseguidos mediante sumarios fraudulentos, basados en acusaciones falsas a fin de criminalizar las acciones colectivas que trabajadoras y trabajadores de esa cartera realizaron en el año 2016 contra los despidos llevados adelantes por el entonces Ministro Alfonso Prat Gay.
Rechazar las sanciones que se pretende aplicar a los delegados, advirtiendo que es preciso el desafuero de los delegados para hacerlas efectiva, poniendo en riesgo así la organización democrática de los trabajadores para luchar por sus derechos.
Exigir al Poder Ejecutivo Nacional y en particular al Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el fin de la persecución gremial, el cierre inmediato de los sumarios persecutorios, la anulación de las sanciones y el respeto irrestricto a la organización de los trabajadores y trabajadoras para defender sus intereses.

 

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

 

Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de resolución que tiene por objeto rechazar la persecución gremial a la Junta Interna y el cuerpo de delegados/as de ATE de los Ministerios de Hacienda y Finanzas de la Nación, a cuyos delegados mediante un sumario armado con falsos testimonios policiales se busca sancionar con suspensiones y apercibimientos.
Se pretende sancionar a cuatro delegados: a Martín de Azpiazu, delegado de Acción Social, con 20 días de suspensión sin goce de haberes; a Pablo Anino, delegado de la Secretaría de Política Económica, con 10 días de suspensión sin goce de haberes; a Pablo Almeida, delegado general, con 5 días de suspensión; y a Eduardo Viceiro, delegado general adjunto, quieren aplicarle un apercibimiento.
Los hechos que se imputan a los delegados ocurrieron durante el paro nacional de ATE del 24 de febrero de 2016 y en el transcurso de una movilización contra los despidos el 1º de abril del mismo año. De más está decir que los hechos no existieron. Este modus operandi de Cambiemos va de la mano de la destrucción del salario y el ataque a las condiciones laborales de todos los estatales, como ocurre con los ítems de presentismo y productividad aplicados este año en detrimento de conquistas contempladas en el convenio colectivo de trabajo.
Si bien se trata de hechos del año pasado, estas últimas semanas los funcionarios comunicaron la resolución del sumario, el cual recomienda la suspensión sin goce de haberes y apercibimiento a los delegados, aunque para hacerla efectiva, aclaran, deberían quitarles los fueros gremiales.Es decir, el sumario administrativo prepara el terreno para ir a la justicia contra los delegados para pedir la exclusión de tutela gremial.
Por otro lado, en el sumario consta una causa penal caratulada como “NN s/hurto”. No hay ninguna prueba contra los delegados, pero justamente por la ausencia de personas a quienes imputar se abre el camino para que las autoridades accionen directamente contra ATE mismo como organización gremial por llevar adelante las medidas de defensa de los puestos de trabajo.
 
En el comunicado difundido desde la Junta interna se denunció que “como trabajadores y trabajadoras del Estado no escapamos a las generales de la ley, el planteo de fondo es introducir una profunda reforma laboral que barra con nuestros derechos. Por eso este verdadero montaje tiene el fin de atacar a la organización gremial que se planta frente a los atropellos que sufrimos todos los días.”
El rechazo a la persecución a los delegados es el primer paso para poder ejercer la defensa frente a futuros ataques al conjunto de los trabajadores y trabajadoras que prepara el Gobierno Nacional para después de las elecciones de octubre, reforma laboral mediante.
Entendemos que debemos acompañar el pedido de los trabajadores de exigencia al Poder Ejecutivo Nacional y en particular al Ministro Dujovne del fin de la persecución gremial, el cierre inmediato de los sumarios persecutorios, la anulación de las sanciones y el respeto irrestricto a la organización de los trabajadores y trabajadoras para defender sus intereses.
Por las razones expuestas, y las que brindaremos oportunamente es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.

 

WhatsApp Image 2017 10 27 at 3.04.58 PM 1El gobierno quiere instalar anualmente las evaluaciones externas, como el Operativo Aprender y ahora el Operativo Enseñar. Como ya alertamos, son parte del ajuste a la escuela pública y busca responsabilizar a los docentes de la crisis del sistema educativo.

El bloque del Frente de Izquierda, integrado por la Legisladora Laura Marrone (Izquierda Socialista) y Marcelo Ramal (PO) presentó en la Legislatura porteña un Proyecto para anular el "Operativo Enseñar".

 

Descargar Proyecto de Resolución

 

 

Contacto:
Laura Marrone: 11-6882-9255
Twitter: @Laura_Marrone
https://www.facebook.com/Laura-Marrone

WhatsApp Image 2017 10 12 at 12.25.41 PMRESOLUCIÓN

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires insta al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires a

 

Artículo 1.: No adherir al decreto 908, llamado Cobertura Universal de Salud (CUS) por:

1) Sentar las bases del hospital de autogestión, autofinanciado en base al cobro de las prestaciones y con funcionamiento de empresa comercial. En consecuencia, el Estado se correrá de su responsabilidad en el financiamiento del Sistema de Salud.

2) Ser una política que tiende a la privatización del sistema de salud y que favorece a las clínicas privadas.

3) Establecer una diferenciación entre quienes tienen cobertura de salud y quienes la carecen. Estos últimos, obtendrán un “credencial inteligente” que resulta estigmatizante. Esto habilitará las llamadas “canastas de servicios”, las cuáles varían se acuerdo a la capacidad de pago. Con esta credencial, las prestaciones de los hospitales públicos y alguna clínica privada que podría utilizarse, serán limitadas. Es decir, la posibilidad de acceso al derecho a la salud no será en base la situación de salud de cada uno, sino que se establecerá según el cupo de estas canastas de servicios.

4) Profundizar y consolidar la fragmentación e irracionalidad del sistema de Salud y generar mayor desigualdad e inequidad al establecer el “carnet de pobre” y las “canastas de servicios” de acuerdo a la capacidad de pago.

Artículo 2: Comuníquese.

 

FUNDAMENTOS

Es de público conocimiento que el sistema de salud público padece una crisis creciente, evidenciada por los constantes y legítimos reclamos de la población y los trabajadores del sector. Desde la transferencia de los hospitales y principales efectores de salud de nuestro país a las provincias en la década del 90 se pasó de una inversión anual como gasto consolidado nacional de 4,95% del PBI a 2,65% en 2014 según  datos del Banco Mundial. Solo en el último año, el presupuesto nacional para salud fue la tercera parte de lo que se dedicó a pago de intereses de la deuda externa. El proceso ha sido de creciente desentendimiento del estado nacional del financiamiento de la salud con el consecuente deterioro de las condiciones sanitarias de nuestra población. Pero mientras el hospital público está cada vez más desmantelado para atender a millones, crece el negocio de la  medicina privada (prepagas y obras sociales, por la cuales hay que pagar).

           

El Decreto 908/2016 de necesidad y urgencia emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, bajo el título de “Cobertura universal de salud” (CUS), ha sido presentado como un ambicioso proyecto cuyo objeto sería hacer llegar los beneficios de la salud a toda la población resolviendo las carencias actuales del sistema sanitario. Una lectura atenta de sus considerandos y articulado,  permite ver objetivos más modestos: por un lado, la devolución de fondos de las obras sociales que arbitrariamente retenía el gobierno nacional, hecho que en estas circunstancias es prenda de negociación de la reforma laboral. Y por otro lado, la asignación de parte de esos fondos, unos $8.000 millones de pesos, “por única vez” destinada “a la financiación de la estrategia de la Cobertura Universal de Salud”. El Decreto establece que esta importante suma quedará bajo el control compartido del gobierno nacional y los dirigentes sindicales de la CGT. A tal efecto se creará un Fideicomiso de Administración cuya Unidad Ejecutora estará integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo, dos de la Superintendencia de Salud y dos de la CGT.

Por su parte, el presidente Mauricio Macri en una carta abierta publicada por el diario El Tribuno de Salta (7/8/2016) dijo con claridad a qué actividad se dedicará esta multimillonaria suma. Anunció el Presidente que se van a “destinar $8000 millones a los hospitales y vamos a mejorar el sistema para que puedan cobrarles a las obras sociales de una manera rápida y fácil”.

En este mismo sentido, el ministro de Salud de la Nación, Dr. Jorge Lemus en declaraciones recogidas por el diario La Nación de Buenos Aires el 4/8/16, afirmó que para que el sistema de Cobertura Universal de Salud tenga éxito “es absolutamente necesario” complementarlo con dos herramientas de las que el Estado carece. La primera es que el sistema de atención pública sea capaz de facturar sus prestaciones. Con el carnet de la obra social, en el caso de los que tienen cobertura y la credencial inteligente que se propicia para los carentes de cobertura. La segunda herramienta, será un organismo designado por el Poder Ejecutivo que defina los tratamientos y procedimientos médicos para determinar su utilidad y la relación entre el costo y la efectividad y si ingresan o no a la CUS. De cumplirse lo preconizado por el Ministro Lemus, el Decreto 908/2016 consolidaría la desigualdad en el goce del derecho a la salud al establecer la identificación de la población carente –con el estigmatizante “carnet de pobre”- y habilitaría el establecimiento de las llamadas “canastas de servicios”, las cuales varían de acuerdo a la capacidad de pago de los presuntos beneficiarios.

En el Anexo I del presente Decreto se enumeran las múltiples acciones que eventualmente se realizarán con esta suma. El primer lugar lo ocupa la “Identificación, nominalización y documentación de beneficiarios de la Cobertura Universal de Salud”. La lista es muy ambiciosa: se habla desde “Mejoramiento de los condicionantes sociales de salud” hasta “Acciones de Atención Primaria en Salud” pasando por “Fortalecimiento y modernización del sector público de salud” y tantos otros ítems que uno se pregunta: ¿cómo podrán resolverlos con tan magra suma?

Este decreto revela todo su sentido cuando se lo considera en conjunto con la Ley 17.102/66 llamada Ley SAMIC. Promulgada por el Dictador Onganía en 1966, esta ley sienta las bases del hospital de autogestión, autofinanciado en base al cobro de las prestaciones y con funcionamiento de empresa comercial. Esa ley, que ningún gobierno constitucional derogó, habilita, en combinación con el Decreto 908, la privatización del sistema público de salud.

Quienes impulsan esta política privatista esconden al pueblo que en aquellos países en que logró aplicarse, como Chile o Colombia, llevó a un deterioro nunca visto del sistema de salud. Pero sobre todo eluden mencionar el ejemplo paradigmático de esta política: los EE.UU. Hoy mismo, en el país más poderoso del planeta, donde esta política se generó, planificó y aplicó, se cuentan por decenas de millones los que no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de salud.

Desde el Frente de izquierda creemos que la salida para superar la crisis actual en el sistema de salud sólo podrá solucionarse por medio de la creación de un Sistema Nacional Único de Salud dependiente del Ministerio de Salud de la Nación que reúna la totalidad de los establecimientos sanitarios estatales, incluyendo los provinciales y municipales, los cuales pasarán a la órbita del estado nacional. Esta medida deberá incluir las instalaciones, recursos físicos y tecnológicos. Lo mismo será para todo el personal que presta servicios en estas dependencias que pasarán a ser empleados de planta permanente del Estado Nacional. Esta propuesta permitirá preservar el derecho del pueblo a tener una atención sanitaria universal, gratuita y de excelencia para todos mediante un sistema nacional de salud igual para todos, con consultas tratamientos y medicamentos gratuitos pagados por el estado y administrado por los usuarios, médicos, trabajadores y profesionales del sector.

Por todo lo expuesto, este proyecto de resolución insta al Poder Ejecutivo de la Ciudad a no adherir al Decreto 908 del Poder Ejecutivo Nacional ya que se aleja de una solución integral de los problemas de nuestro sistema de salud.  En realidad, profundiza y consolida su fragmentación e irracionalidad y genera mayor desigualdad e inequidad al establecer el “carnet de pobre” y las “canastas de servicios” de acuerdo a la capacidad de pago. Es deber del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazar la llamada Cobertura Universal de Salud que propicia el Poder Ejecutivo Nacional.

Por los motivos expuestos, se pide la aprobación de este proyecto de resolución.

repudioHonorable Cámara de Diputados de la Nación (Descargar PDF)

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

 

DECLARA

Repudio a la visita a nuestro país del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en nombre del estado genocida de Israel. La visita a Argentina tiene el objetivo de profundizar las relaciones políticas y comerciales entre Israel y el gobierno de Cambiemos encabezado por Mauricio Macri, que va a contramano del repudio mundial y del pueblo palestino a este representante del sionismo internacional.

Netanyahu resume el accionar terrorista y colonialista del estado sionista de Israel contra el pueblo palestino desde hace casi 70 años.

Asimismo, expresa su solidaridad y apoyo incondicional con la lucha del pueblo palestino, invadido y expulsado por imposición de un “estado” artificial, el de Israel, asentado en el genocidio y la ocupación racista y militar de su territorio.

 

FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

Desde nuestra banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda (FIT) repudiamos la visita a Buenos Aires del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La misma fue anunciada desde el próximo 11 de septiembre de 2017 por el gobierno de Cambiemos (Macri) como un hecho “histórico”, ya que sería la primera vez que un primer ministro israelí viene a Argentina desde la ilegítima fundación del estado israelí en 1948. La repudiable visita se plantea como continuidad de la política trazada en la reunión que tuvieron ambos mandatarios en Davos, en la que firmaron acuerdos de cooperación tecnológica, de aviación civil y de agroindustria.

Somos categóricos: estamos en contra de mantener relaciones políticas, comerciales, culturales, académicas, deportivas, sindicales o de cualquier otro tipo con el estado genocida de Israel.

Consideramos que esta vista no es solo un insulto al pueblo palestino, sino también al pueblo argentino, que cuenta con 2.000 detenidos-desaparecidos judíos en nuestro país como parte de los 30.000, a manos de la última dictadura militar, que recibió apoyo armamentístico, por supuesto, del estado de Israel.

Netanyahu cuenta con un largo prontuario de crímenes que reflejan la trayectoria del Estado de Israel. Participó en la guerra de los Seis Días en 1967 donde fueron anexionados Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán y la península del Sinaí. Netanyahu es parte del partido de extrema derecha Likud, ejerciendo el gobierno israelí en cuatro mandatos, durante los cuales ha ordenado todo tipo de bombardeos y ataques indiscriminados contra la población palestina en Gaza. Es un aliado directo del presidente de Estados Unidos, el derechista, millonario, xenófobo y racista Donald Trump.

Viene el representante de un estado colonial considerado genocida por sus prácticas de limpieza étnica durante más de medio siglo, que han forzado a la mayoría del pueblo palestino a vivir en campamentos de refugiados y a estar disperso por el mundo. Se trata de un estado genocida desde el punto de vista de la definición vigente en la legalidad internacional.

Organizaciones de derechos humanos estiman que alrededor del 40% de los hombres palestinos que viven en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania pasarán en algún momento de sus vidas por las cárceles sionistas. Como ha resaltado el historiador israelí Ilan Pappé en una reciente visita a Buenos Aires: “Israel es un proceso en desarrollo permanente al cual es más apropiado referirse como de colonización que de ocupación, pues su objetivo final no es ocupar Palestina sino extinguirla”.

Bajo el actual gobierno de Cambiemos, Argentina e Israel firmaron un acuerdo sobre servicios aéreos lo que permitirá un “alto nivel de seguridad” en el transporte aeronáutico (Infobae, 15/03/ 2017). Nos preguntamos: ¿Cómo se van a hablar de “seguridad” al pactar con un estado terrorista? La renunciante canciller Susana Malcorra llegó a decir:  "Vamos a profundizar la conexión de culturas afines. Esto es parte de nuestra estrategia de vincularnos con el mundo" (Idem). Nos preguntamos: ¿Cómo puede haber “culturas afines” entre nuestro pueblo -que viene luchando contra el genocidio de 1976/1983- con el sionismo de Israel, que masacra al pueblo palestino?

A tal punto es la complicidad por parte de los políticos patronales argentinos con Israel, que se ha conformado el Grupo de Amistad Argentina e Israel con diputados y senadores de nuestro país. Y los legisladores del PRO recientemente aprobaron nombrar a Netanyahu “huésped de honor” de la Ciudad de Buenos Aires, con la abstención del kirchnerismo y el voto negativo, por supuesto, de los legisladores del FIT.

Los medios informan: “Netanyahu vendrá con empresarios israelíes, esto se enmarca en los acuerdos de compra de armas por más de 200 millones de dólares de Argentina a Israel. Patricia Bullrich también confirmó la compra de 4 lanchas equipadas con armas de guerra por 50 millones de dólares y sistemas de vigilancia por 34 millones de dólares, en forma directa y sin licitación” (Resumen Medio Oriente, 5/9/2017). También se reveló que “Mauricio Macri, mientras era Jefe de Gobierno de Buenos Aires, visitó Jerusalén en 2014 para entrevistarse con Netanyahu. Allí expresó su “compromiso en la lucha contra el terrorismo”. Este hecho inédito convierte al representante de Argentina en el primer presidente del mundo en reconocer Jerusalén como capital del estado israelí, algo que siquiera Donald Trump, presidente de EE.UU. realizó” (Idem).

Denunciamos que Macri ha invitado a Netanyahu para seguir pactando con este verdugo del pueblo palestino. Su viaje y los acuerdos que se firmen van a contramano de la campaña de boicot, desinversión y sanciones contra Israel (BDS), que crece en el mundo. Más de 700 artistas de distintas latitudes anunciaron su apoyo al BDS en una carta abierta publicada en The Guardian ya desde febrero de 2015. Roger Waters, vocalista y bajista de Pink Floyd, dijo: “Me dirijo a ustedes hermanos y hermanas de la familia del rock and roll para pedirles que se unan a mí y a miles de otros artistas de todo el mundo para declarar un boicot cultural a Israel”.

Hasta la propia ONU emitió una Resolución (N° 2.334) el año pasado en la que se le exige a Israel poner fin a los asentamientos judíos en territorios palestinos, ya que los mismos violan los tratados internacionales.

Mientras Israel invadía El Líbano en 2006, los gobiernos del “falso progresismo” de Brasil, Argentina y Uruguay lo premiaban con la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) Mercosur-Israel. Tratado que entró en vigencia en el 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (peronismo kirchnerista). Bajo el gobierno kirchnerista, a su vez, el ex jefe del Ejército, César Milani, según Adelanto 24, efectuó “una importante compra de elementos de control de comunicaciones y espionaje electrónico” a Israel (11/8/2016). La operación costó “más de 350 millones de dólares” autorizada por Oscar Parrilli y Carlos Zannini. Los mismos permiten “controlar y manejar” los contenidos de correos electrónicos, SMS, mensajes de voz y WhastApp, compra que se habría hecho por medio de la firma israelí TraceSpan Communications y triangulado vía París “para que no quedaran rastros”. Además, el gobierno kirchnerista había firmado un acuerdo de cooperación por parte de Israel en la modernización de 74 unidades del llamado Tanque Argentino Mediano (TAM), que tienen una antigüedad de casi 40 años, firmada por el ex ministro Agustín Rossi.

Con nuestra declaración no solo queremos repudiar la visita de Netanyahu, sino también denunciar la política de exterminio que lleva adelante el estado de Israel contra el pueblo palestino. Pueblo heroico que resiste desde hace 69 años la imposición de un estado artificial, asentado en la ocupación racista y militar sobre el territorio de Palestina. Actualmente, los palestinos constituyen una de las naciones con más refugiados en el mundo. Se estima que 5 millones, más de la mitad de su pueblo, están bajo esa condición.

Desde 1967 han sido detenidos 800 mil, el 40% de la población masculina, y más de 200 presos políticos fueron asesinados en las cárceles por parte del régimen fascista israelí.

Antes de la creación del Estado de Israel, en Palestina, durante muchos siglos, convivieron pacíficamente una mayoría de población árabe con una pequeña minoría judía. El sionismo[1] hizo trizas esa situación desde que comenzó a poner en práctica su plan de “colonización” y ocupación militar de ese territorio. Con la ayuda directa del imperialismo británico, amo y señor de la región, difundió la falsa “historia” de tierras vacías que debían retornar a manos de sus legítimos pobladores desde los tiempos bíblicos (“una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”).

En 1947, y utilizando los justos sentimientos de solidaridad por la persecución a los judíos por parte del nazismo, lograron “legalizar” en las Naciones Unidas la ocupación de una parte del territorio (con la complicidad del stalinismo soviético). Hubo grandes protestas entre los palestinos, masivamente obligados a emigrar a los países árabes vecinos.

El 14 de mayo de 1948 se funda el Estado de Israel, fecha en la que culminaba la invasión de Palestina por parte del movimiento sionista, apoyada por los distintos imperialismos. Desde ese día comienza un plan sistemático de limpieza étnica, expulsando a 750 mil palestinos, destruyendo poblados para que no puedan regresar y asesinando a más de 15 mil palestinos.

Israel se desarrolló y siguió expandiendo con el apoyo económico y militar directo del imperialismo yanqui, sirviéndole como una especie de “portaaviones” terrestre enclavado en el mundo árabe, un gendarme de la contrarrevolución imperialista en Medio Oriente, como lo fue el Estado del apartheid sudafricano para África. Su propia economía es artificial, basada por un lado en el despojo permanente a los árabes y en la enorme ayuda económica y militar norteamericana. Israel se desmoronaría en meses sin el sostén de los yanquis.

Los fracasos de los “dos estados” provienen de las raíces irreconciliables del conflicto. Hay un pueblo, el palestino, invadido, expulsado y empobrecido. Y existe un “estado” artificial, Israel, asentado en el genocidio, la ocupación racista y militar de un territorio ajeno.

Aunque los sionistas se retiraron de la Franja de Gaza en 2005, mantienen desde entonces al territorio sitiado por tierra y mar: Gaza se ha convertido en la mayor prisión al aire libre del mundo. Un muro impide a su población circular libremente por tierra a otras áreas geográficas y tienen prohibido el paso al resto de Palestina. En Cisjordania, el sionismo expande cada día más sus enclaves: actualmente 600 mil colonos israelíes ocupan tierras palestinas, resguardados por el régimen de ocupación militar de 1967.

El historiador israelí Ilan Pappé, un referente que cuestiona la historia oficial sionista, señaló: “Soy judío y no entiendo el judaísmo como el derecho a ejercer la limpieza étnica”. Y afirma: “La solución de los dos Estados lleva muerta más de veinte años, las opciones son una solución de un Estado con igualdad de derechos o un Estado de apartheid, no hay tercera opción (...) Una solución justa debe contemplar los derechos de los palestinos que viven dentro del actual estado israelí, los derechos de los palestinos en Gaza y Cisjordania, y los derechos de los palestinos en los campamentos de refugiados en otros países”. Solo puede haber paz en la región con un estado único, laico, democrático y no racista en Palestina -lo que incluye al territorio que Israel actual considera suyo más Gaza, Cisjordania y Jerusalén-, con derecho al retorno de millones de refugiados y la devolución de sus tierras históricas. Esto significa un estado en el que no exista supremacía racial ni religiosa, donde ateos, judíos, cristianos, islámicos y otros credos convivan en igualdad de derechos culturales y políticos, y sean castigados los militares y políticos genocidas de Israel.

La reciente visita del presidente yanqui Donald Trump a Israel ha envalentonado al sionismo. Pero el triunfo en mayo de 2017 de la huelga de hambre de los presos políticos palestinos, acompañada de huelgas generales y grandes movilizaciones, demuestra que la causa palestina está más viva que nunca. “Los palestinos siguen rechazando la idea básica de la existencia de un Estado judío”, reconoció recientemente la vicecanciller israelí Tzipi Hotovely (El País, 1/6/ 2017). Ese es el fracaso fundamental del sionismo y la base de su futura derrota.

A los trabajadores, jóvenes, mujeres, organizaciones sindicales, sociales y políticas nos toca repudiar la visita de Netanyahu. El Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino llama a marchar el próximo 12 de septiembre. Allí estaremos.

Por estos motivos, pedimos a los diputados y diputadas que acompañen este Proyecto de Declaración.

 

[1] El sionismo nació como un movimiento de extrema derecha judío a fines del siglo XIX. Era muy minoritario entre los judíos. Pero llegó a un acuerdo con el imperialismo inglés para colonizar Palestina. Fue el imperialismo anglo yanqui, y el genocidio nazi, lo que posteriormente le dio respaldo para concretar su objetivo colonialista. Centenares de miles de judíos europeos sobrevivientes del holocausto fueron utilizados como carne de cañón para dominar Medio Oriente aplastando al nacionalismo árabe. El sionismo se propuso desde su origen expulsar a los palestinos.

Capitulo 1

Alojamiento de emergencia

Artículo 1º: Apruébese la creación de una Casa-Refugio por comuna en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la atención y albergue de mujeres víctimas de violencia, conforme a lo previsto en la Ley N° 26.485.

Artículo 2º: Las casa-refugios serán espacios de contención y protección para mujeres y sus hijas e hijos, en los casos en que la continuidad en su domicilio o residencia conlleve una amenaza a su integridad física, psicológica o sexual.

Ya salió la Correspondencia Internacional N48: Afganistán una nueva derrota del imperialismo
La escasez de vacunas y el negocio capitalista / Correspondencia Internacional Nº 46 - La Revista de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores (Cuarta Internacional)
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