La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Apoyo al referéndum convocado para el 1 de octubre de 2017 en Catalunya. El pueblo catalán tiene todo el derecho a decidir libremente sobre su futuro y las relaciones que quiere establecer con el Estado Español. Rechazamos enérgicamente y exigimos que cesen las medidas represivas y de judicialización tendientes a amedrentar e impedir el libre ejercicio de la autodeterminación nacional del pueblo catalán.

Señor presidente:

Desde hace seis años el pueblo catalán se manifiesta masivamente por su independencia. El Parlamento de Catalunya aprobó el llamado a un referéndum de autodeterminación para que sea el propio pueblo catalán quien decida si quiere o no ser independiente, fijado para el próximo 1 de octubre.

El primer ministro español, Mariano Rajoy (Partido Popular), y el Tribunal Constitucional del Estado Español -con el visto bueno de la monarquía española- han advertido que no tolerarán el referéndum aprobado por el gobierno de la Generalitat y han anunciado una serie de medidas represivas para impedirlo, entre ellas, inhabilitaciones políticas de los principales cargos del Parlamento (por ejemplo, a su presidenta Carme Forcadell) y del gobierno de Catalunya; procesos penales contra quien colabore con el referéndum (sea instituciones o personas); suspensión e intervención de las instituciones de Catalunya, etcétera. Hechos completamente repudiables.

“Amenazan con arrestar a 712 alcaldes catalanes si no frenan el referéndum separatista” (Clarín, 14/09), los cuales ya fueron imputados por el fiscal general del Estado Español de “desobediencia, prevaricato y malversación de fondos públicos” -con posibles penas de 8 años de cárcel e inhabilitación hasta 20 años-; hablan de un “referéndum ilegal”, “fuera de la legalidad” y “totalitario”, y el gobierno del Estado Español dispone a tal fin la intervención del alto jefe de los Mossos (fuerzas de seguridad de Catalunya).

Los partidos del régimen surgido de la transición pactada con el franquismo, más allá de los matices, se oponen al referéndum, una posición que es compartida por el Partido Popular (PP), el PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida, el Partido Comunista Español e incluso Podemos. La izquierda radicalizada también critica la posición ambigua de la alcaldesa Ada Colau, que responde a una coalición en la que participa Podemos.

Alrededor de un millón de personas se movilizaron este 11 de septiembre en la Diada (tradicional día de fiesta nacional de Catalunya) en apoyo a la independencia del país y el establecimiento de una república. La contundente manifestación de apoyo constituye una clara respuesta al régimen monárquico que intenta por todos los medios impedir la consulta.

El precedente que desencadenó la situación actual se dio en junio de 2010. En esa fecha, el pueblo catalán rechazó masivamente la decisión del Tribunal Constitucional de derogar una parte sustancial del articulado que daba ciertas normas de autonomía, aunque limitadas. Además, prohibió que el idioma catalán sea la lengua de uso normal. La sentencia sale cuatro años después de que el nuevo estatuto fuera aprobado por el Parlamento de Catalunya, el Congreso de los Diputados y el Senado español, y el referéndum por el pueblo catalán.

El pueblo de Catalunya, y con él los partidos que son mayoritarios en el parlamento catalán, dieron por agotados los intentos de encajar en el estado de las autonomías y se presentaron a las sucesivas elecciones con el compromiso de dar los pasos para hacer posible una República catalana.

A tal punto es legítimo el reclamo del pueblo catalán que el derecho a la autodeterminación está reconocido por el derecho internacional. Las Naciones Unidas proclamaron en 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que entró en vigor en el año 1976 y fue ratificado por el Estado Español el 27 de julio de 1977, donde en su artículo 1º establece: “Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.

Defendemos el derecho de los pueblos y nacionalidades oprimidas a su autodeterminación y a independizarse si así lo deciden (Escocia, Kurdistán, Euskadi o Catalunya). Una República en Catalunya abriría el camino de otros pueblos y naciones por acabar con este anacrónico régimen impuesto al final del franquismo. Esta lucha democrática es parte de una pelea más de fondo, por la aplicación de un plan económico al servicio de los trabajadores y demás sectores populares. Junto a la suspensión de los pagos de la deuda externa para satisfacer las urgentes necesidades populares y la ruptura con los banqueros y multinacionales del Estado Español y la Unión Europea. Por eso, los socialistas revolucionarios lucharemos para que esa república sea de y para los/as trabajadores/as, en el camino de una Federación de Repúblicas Socialistas.

Defendemos entonces ese derecho democrático a que el 1° de octubre se realice sin ninguna interferencia del régimen y la monarquía, ni represión, el referéndum convocado para decidir libremente por la independencia. Vaya toda nuestra solidaridad desde Argentina en nombre de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda.

Por estos motivos, pedimos a los diputados y diputadas que acompañen este Proyecto de Declaración.