Solidaridad con los choferes de Plusmar

Los 850 trabajadores de la empresa Plusmar, de media y larga distancia, no trabajan desde marzo y solo están cobrando la mitad de su sueldo básico a través del ATP. Los delegados de UTA no apoyaron los reclamos de los choferes y responden a la conducción burocrática y propatronal de Roberto Fernández. Por eso, desde abajo surgieron los autoconvocados que organizaron dos movilizaciones al Ministerio de Trabajo y al Obelisco para reclamar el pago de sus salarios. 

Durante tantos meses de reclamo, los choferes se mantuvieron organizados de manera independiente, tanto de la conducción de Fernández como de Bustinduy, actual opositor, pero que fue parte de la misma conducción burocrática en UTA durante años. 

Por eso los choferes empezaron a juntar alimentos que consiguen solidariamente entre las líneas de colectivos y distribuyen entre los trabajadores para seguir organizados y reclamando por su salario. En ese sentido, el 3 de agosto recibieron una gran donación de los mecánicos aeronáuticos nucleados en Ustara, que habían juntado mucha comida para bancar la ocupación del hangar de Latam durante dieciséis días, cuando frenaron el vaciamiento de la multinacional. 

Ese hecho de solidaridad entusiasmó a los choferes, que ahora definieron crear una cuenta en Mercado Pago (31123 20281) para recibir donaciones de otros trabajadores. Así se logró que el gremio docente Ademys aporte 5.000 pesos y la Lista Roja del gremio telefónico Foetra otros 5.000 pesos. Entre nuestros compañeros de Izquierda Socialista arrancamos con un primer aporte de 3.000 pesos y llamamos a redoblar la campaña de solidaridad con los choferes de Plusmar en la clase trabajadora.

Salta. Patronal azucarera no frena la producción por contagios masivos. El sistema de salud colapsó

El sindicato de azucareros responsabiliza a la patronal del Ingenio Seaborg, ex El Tabacal, por tapar información, por no querer detener la producción frente a un brote de contagios, por la falta de protocolos sanitarios y por exponer a los trabajadores fuera de convenio. La empresa negó todo desde el primer momento, pero los contagios no se detienen. La única verdad es que las muertes se siguen sumando y el sistema sanitario del departamento de Orán, de la provincia de Salta, colapsó. En el sistema de salud ya no hay lugar.

Un médico del hospital de Orán explicó: “Estamos realmente atropellados por esta situación. Independientemente de que no tenemos gente, ya estamos cansadísimos, agotados mentalmente, porque son todas malas noticias”. Continuó: “Ya no sé qué estamos haciendo. Necesitamos que venga gente, que nos den una mano, que vengan médicos, enfermeros capacitados. Nosotros no podemos hacer nada más, hasta acá llegamos”.

El gobernador peronista, Gustavo Sáenz, le permite a la patronal del Ingenio Seaborg continuar haciendo dinero a costa de la salud y la vida de los trabajadores mientras desconoce el desesperado pedido de auxilio del personal de la salud. 

Corrientes. Patronal textil se niega a aplicar protocolo 

En la planta industrial de la histórica textil Tipoití se registraron cincuenta y un casos positivos de coronavirus y al menos catorce entre los familiares de los trabajadores.  

De los cien obreros del primer turno, ingresaron solo diez ante el temor a los contagios. Expresaron que desconocen si se realizó la desinfección correspondiente y que no se comunicó el protocolo para evitar más contagios. Mientras tanto, aguardan la notificación desde la empresa.

La comisión interna afirma que la patronal no ha informado la totalidad de los resultados del segundo hisopado al personal. Tampoco se cumplieron los catorce días de aislamiento para determinar el alta.

La patronal textil ignoró los síntomas compatibles informados por los trabajadores y los obligó a seguir trabajando a dos turnos, aun cuando se conoció el primer caso positivo el 28 de agosto.

Desde la comisión interna advierten que no volverán a trabajar hasta tanto haya garantías de las condiciones  sanitarias y laborales para realizar las tareas.

No docentes reclaman asambleas

La agrupación No Docentes en Lucha, trabajadores universitarios, difundió un volante reclamando asambleas a las conducciones de Fatun y Apuba por aumento de salarios y la reapertura de paritarias. A su vez, también exigen condiciones de teletrabajo (computadoras, internet, etcétera), protocolos sanitarios, jardín materno/paternal, recategorizaciones y pase a planta permanente de contratados y trabajadores de seguridad y limpieza, entre otros reclamos. 

www.facebook.com/NodocentesEnLucha

Santa Cruz. Municipales denuncian represión

El lunes 7 de septiembre se presentó en el Juzgado de Pico Truncado una denuncia por la represión sufrida el último 21 de mayo por parte de miembros de la policía de Santa Cruz, infringida a manifestantes que se encontraban en el frente del municipio tras haber sido despedidos por el intendente Osvaldo Maimo, del Frente de Todos.  

Se trata de 208 municipales que incluyó el intendente saliente Omar Fernández, del Partido Socialista Santacruceño, y que la nueva gestión decidió desconocer y despedir en diciembre de 2019. El 21 de mayo se encontraban aguardando los resultados de una supuesta reunión a la que funcionarios municipales habían convocado, cuando fuerzas de infantería comenzaron a reprimir con balas de goma y a perseguir a los trabajadores por las calles de la ciudad. El saldo fue de diecisiete detenidos, varios que ni siquiera estaban en la manifestación. Estuvieron demorados dieciocho horas y no intervino la Justicia. Fueron aprehendidos, esposados, golpeados, violentados durante horas, sin dar lugar a las visitas de familiares, abogados ni representantes sindicales.

Luego de más de tres meses, las víctimas nunca fueron recibidas por la Defensoría, no les devolvieron sus objetos personales, no actuaron funcionarios judiciales de oficio por la represión sufrida ni fueron los damnificados llamados a declarar en la causa que les armaron cuando los dejaron en libertad en la tarde del 22 de mayo. Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con el reclamo de los municipales.

El pasado martes 8 de septiembre, la policía colombiana mató en Bogotá, con descargas de una pistola Taser, a Javier Ordóñez, abogado de 46 años. Al día siguiente se generó una ola de fuertes protestas en la capital colombiana, que luego se extendieron a otras ciudades, como Cali, Medellín, Popayán, Pereira y Manizales.

Por las redes sociales circularon los videos cuando los policías sometían a Ordóñez, colocándole sus rodillas sobre el cuello, y por lo menos durante dos minutos le daban choques eléctricos con la pistola. En los videos se puede oír cuando el abogado les decía a los policías: “Ya, por favor, ya, no más. Por favor, no”, y a las personas que filmaban exigirles a los policías que lo dejaran tranquilo, que estaba pidiendo “por favor” que no continuaran con las descargas eléctricas.

Se repetían así, con mucho parecido, las imágenes del asesinato en los Estados Unidos de George Floyd a manos de la policía. Un nuevo caso de brutalidad policial que se repite una y otra vez en el marco capitalista.

Al día siguiente del asesinato, la indignación causada por estas imágenes estalló en todo el país. Miles de manifestantes arremetieron contra patrullas de la policía y los llamados Comandos de Acción Inmediata (CAI), módulos de la policía ubicados en distintos lugares de la ciudad. Hasta ahora ya han sido asesinadas unas trece personas por las fuerzas de seguridad del Estado y habría más de doscientos heridos como consecuencia de la represión del gobierno de Iván Duque.

Este asesinato fue precedido de cincuenta y cinco masacres de jóvenes en distintas partes del país en las que han muerto 228 personas, todo con la complicidad del uribismo y el gobierno de Duque, que trató de minimizar estos hechos diciendo que no eran masacres sino homicidios colectivos.

En Colombia es habitual la violencia policial y militar, situación que se ha agravado en el marco de la cuarentena establecida para evitar los contagios del Covid-19.

El pasado año, en el marco del paro nacional de noviembre, fue asesinado el joven Dilan Cruz a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), unidad de elite de la policía que reprimió brutalmente las protestas, lo que llevó a que muchas organizaciones sociales y de derechos humanos solicitaran la eliminación del Esmad. En mayo también fue asesinado por la policía Anderson Arboleda, joven afrodescendiente.

Detrás de las protestas que se desataron contra la violencia policial y en repudio al asesinato de Ordóñez está el fantasma de la desigualdad y la pobreza que crecen en Colombia, agravadas por los efectos del coronavirus en la economía. No es casual que los manifestantes hayan arremetido contra las sedes bancarias, a las que muchos colombianos hacen responsables de la situación social del país, junto al gobierno uribista de Iván Duque, cada vez más desprestigiado y sumido en una profunda crisis política.

La movilización popular fue de tal magnitud que el gobierno se vio obligado a pedir perdón a los familiares de Ordóñez. Sin embargo, buscan minimizar el hecho diciendo que se trata de hechos aislados, de “manzanas podridas” que habría en la policía, cuando en realidad se trata de un aparato represivo que, mediante la violencia, intenta frenar el gran descontento popular que se viene acumulando en Colombia y que se puso de manifiesto en 2019 con el masivo paro nacional de noviembre. A este aparato represivo se suman los cuerpos paramilitares, amparados por el Estado, responsables de las masacres que han recrudecido en los últimos meses.

Desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI), repudiamos el asesinato de Ordóñez, exigimos juicio y castigo para los policías responsables del asesinato y llamamos a impulsar una amplia y unitaria solidaridad internacional con el pueblo y los trabajadores colombianos. En tal sentido, nos sumamos a través de nuestros compañeros de Colectivos Unidos a las marchas del próximo lunes 13 en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades, convocadas por el Bloque por el Paro Indefinido, la Coordinadora Nacional Sindical, Social y Popular y otras organizaciones, en el marco de la conmemoración del paro nacional del 14 de septiembre de 1977.

Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

12 de septiembre de 2020

Francia. Otra vez los “chalecos amarillos”

Los “chalecos amarillos” retomaron sus protestas en Francia. Casi dos años después de sus primeras movilizaciones, salieron a las calles este sábado con acciones en París y ciudades como Marsella, Toulouse, Lyon, Lille, Nantes, Niza, Burdeos o Estrasburgo. Las fuerzas de seguridad emplearon gas lacrimógeno contra los manifestantes y detuvieron a doscientos. La policía publicó fotografías en redes sociales de cuchillos, máscaras y un arco incautados durante los enfrentamientos. Entre las actuales demandas reclaman un aumento del salario mínimo y la rebaja de impuestos a los jubilados, confrontando, en general, contra el plan económico del primer ministro Macron. 

Perú. ¡Fuera Vizcarra! ¡Fuera el modelo corrupto, antiobrero y explotador!

El Congreso peruano resolvió iniciar un proceso al presidente Martín Vizcarra, acusado de corrupción por la contratación de un cantante. El proceso podría culminar en destitución la semana próxima si logra una mayoría de ochenta y siete votos. Como denuncia Uníos (UIT-CI): “El caso es una gota en el océano de la corrupción capitalista […] se escandalizan por S/. 175 mil que recibió el impresentable ‘Richard Swing’ pero esconden los S/. 23,297 millones que el corrupto modelo se robó solo en 2019 entre los gobiernos y empresas contratistas que negocian las obras públicas”.

La crisis y el proceso expresan una pelea entre fracciones capitalistas corruptas. Por eso, Uníos en el Frente Amplio, llama a “unificar las luchas por un plan económico alternativo” […] por una salida anticapitalista contra el gobierno de Vizcarra y las maniobras del Congreso”.

Ver declaración completa de Unios en https://www.facebook.com/847627571980059/posts/3291946724214786/

Estado español. Médicos anuncian paros por sobrecarga de trabajo

Los médicos convocan a una huelga indefinida en los centros de salud de Madrid, a partir del 28 de septiembre, ante el “límite inasumible” de trabajo. En las próximas semanas se irán sumando anuncios de paros en el resto de los sectores sanitarios.

“No podemos seguir trabajando en estas condiciones precarias. Somos médicos y nos debemos a nuestros pacientes, ya que somos los principales garantes de su seguridad y salud. Los ciudadanos merecen una atención sanitaria digna y de calidad que en estas circunstancias no les podemos prestar”, subrayan desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts), de Madrid.

Por todo ello, Amyts requiere el “dimensionamiento de las plantillas en base a las necesidades reales” y cobertura inmediata con interinidades de médicos de las vacantes estructurales y del 100% de las bajas. Asimismo, reclaman que se pueda garantizar un mínimo de diez minutos por paciente, con un máximo treinta pacientes al día, para la medicina familiar, y de veintiuno en pediatría, “tal y como marca la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid”.

Colombia. Dos semanas de huelga de los mineros

En el complejo minero de Cerrejón, en La Guajira colombiana, los mineros de Sintracarbón están en huelga por la negativa patronal a negociar la convención colectiva de trabajo. El sindicato denunció que la empresa se niega a negociar los turnos de trabajo que están perjudicando a los trabajadores y que intenta eliminar 1.250 empleos directos. Denuncian también que la patronal “chantajeaba con quitarle las ayudas humanitarias, y en particular el derecho al agua que reparte a los vecinos”.

El crecimiento de la pandemia y el riesgo real de un colapso del sistema sanitario es la mayor preocupación que hoy recorre al pueblo trabajador. Hay contagios por todos lados. Ya prácticamente no hay nadie que no conozca a un compañero de trabajo, de estudio, familiar o vecino que haya dado positivo. 

Pasamos los 10.000 muertos y estamos en la parte de arriba de la tabla de posiciones mundial de casos por habitantes. El gobierno peronista de Alberto Fernández y los de las provincias estén en manos del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio siguen echándole la culpa a la gente, a “la falta de responsabilidad”, como si no tuvieran nada que ver con la autorización a las patronales para la apertura de actividades. O con la falta de infraestructura y personal sanitario que se empieza a sentir en todo el país.

Cumplidos seis meses desde el inicio formal de la cuarentena, la pandemia social estalla por todas partes. Detrás de las masivas tomas de terrenos, y de las particularidades políticas que tiene cada una, se vislumbran las historias de miles de familias que perdieron sus viviendas en estos meses, por no poder pagar el alquiler (en muchos casos ni siquiera de piezas en hoteles o en los mismos barrios populares). Es que a los millones que vivían de changas, hay que sumarle los casi 400.000 que perdieron sus trabajos en blanco (y muchos más en negro). Los 10.000 pesos por familia del IFE (que en la práctica, al cobrarse bimestralmente, se transforman en 5.000 por mes), no alcanzan para nada. Y encima ahora existe la duda si habrá un nuevo cobro. También los pequeños comerciantes sufren esta crisis.

Mientras tanto, la respuesta del gobierno, en la voz del secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, alienta la mano dura. Lo hace mientras dirige la misma policía de la provincia responsable de la desaparición seguida de muerte de Facundo Castro. O ahora de la inacción ante el femicidio de Ludmila Pretti.

Esa “maldita policía”, con todo un historial de casos de gatillo fácil y represiones al pueblo trabajador, es la que se protesta reclamando aumento de salario y más equipamiento. No se trata de ninguna “desestabilización de la derecha”, como agitan algunos periodistas del gobierno. Pero sí es cierto que sus voceros ni siquiera aceptan que no se debe reprimir más a los trabajadores o terminar con los casos de gatillo fácil. Y que, increíblemente, recibe por parte del gobierno de Kicillof y Berni, la respuesta inmediata de que sus reclamos son “justos” y el compromiso de recibir un incremento salarial. ¡El mismo gobierno que tiene congelados los salarios de todo el pueblo trabajador!

Esto causó un profundo malestar en Cicop, ATE y AJB (judiciales), los principales gremios que agrupan a los trabajadores estatales de la provincia de Buenos Aires. Es que para ellos los salarios siguen congelados, mientras los precios de los productos de primera necesidad y las tarifas (como se vio en estos días con las boletas del gas) siguen subiendo. Similar congelamiento salarial vive la inmensa mayoría de los trabajadores de todo el país. Sólo el 19% de los asalariados en blanco recibieron algún tipo de aumento, y en todos los casos en cuotas y por debajo de la inflación. Para la inmensa mayoría no hubo ningún aumento. Peor aún: muchos tuvieron el descuento del 25% acordado entre la burocracia de la CGT y la UIA. Otros tantos vienen cobrando el aguinaldo en cuotas, o directamente recibiendo su salario “de a pedazos”. Por eso resulta fundamental la exigencia de un aumento de emergencia y la reapertura inmediata de las paritarias.

Es más urgente que nunca poner los recursos necesarios para atender las dos pandemias: la sanitaria y la social. Y la plata está, hay que buscarla en las grandes fortunas de los Galperin (Mercado Libre), Rocca (Techint), Sigman (Grupo Insud), Bulgheroni (Panamerican Energy), Pérez Companc (Molinos) y en las superganancias de las empresas (de los bancos, de los monopolios agroexportadores, de las petroleras y gasíferas). Ya mismo debe imponerse un impuesto a las grandes riquezas. Pero un impuesto de verdad: porque después de la injustificable demora de meses, el gobierno de Alberto Fernández presentó un proyecto que no incluye a las empresas, y que incluso solo alcanza a los millonarios “con domicilio fiscal en el país”, por lo que algunos de los más importantes, como Galperin, Sigman o Bulgheroni no estarían contemplados. Por eso cobra cada vez más importancia el proyecto presentado por el Frente de Izquierda Unidad: el que sí propone que paguen todos los grandes multimillonarios y las grandes empresas, para poder recaudar 15.000 millones de dólares y, urgentemente, volcarlos a la emergencia. Para poner plata para atender las necesidades de la salud. Y también para darle 30.000 pesos de IFE a todo el que lo necesite.

A todo esto hay que sumarle la necesidad de dejar de pagar la deuda externa y romper con el FMI. No sólo por el dinero que este año se pagó a los pulpos acreedores (y que volverá a pagarse el año próximo), sino porque las exigencias de la negociación con el Fondo, hacen que el gobierno ya haya reconocido que, al ajuste actual, se le sumará uno mayor el año que viene. Lo dijo el propio ministro Guzmán: van a bajar el déficit fiscal al 4,5% del PBI el año que viene. ¡Eso es reducir los gastos del estado en un monto más grande de toda la plata que se puso este año para la pandemia!

Tenemos que seguir peleando contra las consecuencias del ajuste. Apoyando todas las luchas por aumento de salario o para enfrentar los despidos. No dejándolas solas, como hacen la burocracia de la CGT y las CTAs. Coordinando las luchas y fortaleciéndolas para que ganen. Como venimos planteando desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, que se apresta a realizar el próximo 17 una jornada nacional. Y al mismo tiempo, postulando el programa de emergencia alternativo que explicamos más arriba, para que la crisis la paguen los ricos, los grandes empresarios, los banqueros y los buitres de la deuda, no el pueblo trabajador. Esto es lo que venimos planteando desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad.

Escribe Guido Poletti

Durante todo el día martes se lanzó una protesta, que tomó forma de amotinamiento, por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los voceros del motín exigen recomposiciones salariales, elementos de protección contra el coronavirus y también más “equipamiento”. El reclamo comenzó en el Gran Buenos Aires y, a lo largo del día, se fue extendiendo por toda la provincia. Al momento de escribir esta nota la protesta continuaba y podía extenderse a otras provincias.

Ante este reclamo, la reacción del gobierno peronista de la provincia, de su gobernador Axel Kicillof, y del secretario de Seguridad, Sergio Berni, fue dar una respuesta inmediata, anunciar que le conceden un aumento a la policía, aunque sin dar más detalles sobre el porcentaje.  

La “celeridad” de la respuesta de Kicillof y Berni llaman poderosamente la atención. Una velocidad que no tuvieron frente a los reclamos de los trabajadores de la salud, de los docentes, de los judiciales o del conjunto de los estatales de la provincia, que siguen con salarios de hambre y congelados.

Esto demuestra la política ajustadora del gobierno y la necesidad de, para esto, tener siempre aceitado y dispuesto el aparato represivo. Ante la crisis social global que recorre todo el país, tanto el gobierno nacional como los gobernadores provinciales desnudan su política, continuar y profundizar el ajuste, lo que requiere tener plenamente “alineado” al aparato represivo para mantener a raya los reclamos de los trabajadores y demás sectores populares. Y esto no es “para el futuro”, basta recordar en estos mismos meses de cuarentena la represión de la propia bonaerense contra los trabajadores del frigorífico Penta. O la predisposición al desalojo ante las tomas de tierras realizadas por sectores desesperados ante las consecuencias de la crisis social.

¿Impulsado por “la derecha”?

Sectores que apoyan al gobierno, en particular de los medios de comunicación afines, y de la burocracia sindical, han salido a afirmar que este amotinamiento está impulsado por el macrismo. Algunos incluso lo relacionan con el posible “golpe de Estado” del que habló Duhalde la semana pasada.

Rechazamos totalmente que este motín policial sea parte de un “intento de desestabilización antidemocrático”. No tenemos que confundirnos. Sí ratificamos, desde ya, que la policía y el conjunto del aparato represivo (las policías Federal y provinciales, Gendarmería, Prefectura, etcétera) están al servicio de todos los gobiernos de turno y sus políticas antipopulares y propatronales.

El reclamo policial es una parte más de la crisis social que se vive en el país, que sin duda abarca también a los policías. Crisis social provocada por el gobierno peronista de Alberto Fernández que, frente a la pandemia, favorece a las patronales, a las multinacionales y a la banca mientras que crece la desesperación de los sectores populares.

No se trata de un “plan desestabilizador”, sin duda. Lo que sí es cierto es que la respuesta “inmediata” de Kicillof y Berni, el reconocimiento de todos los periodistas afines al gobierno de la “justicia de los reclamos”, lo que generó fue el envalentonamiento de las jefaturas de los policías amotinados. Así, durante el martes 8 de septiembre hemos visto a Luis Tonil, presidente de la Defensoría Policial, teniendo cámara en todos los medios de comunicación para defender el accionar de la bonaerense en el caso de Facundo Castro y quejándose de los policías que van presos porque la izquierda denuncia los casos de gatillo fácil.

¿Qué es la policía bonaerense?

Esta pregunta descubre el problema de fondo, la policía bonaerense siempre ha sido un aparato corrupto, vinculado a la trata, la prostitución, el narcotráfico y las bandas de piratas del asfalto. Fuerza de choque contra los trabajadores ante los centenares de conflictos que recorren la provincia, se destaca también por su “gatillo fácil” contra los sectores populares.

Hoy está más cuestionada que nunca por el terrible crimen de Facundo Castro, donde algunos de sus miembros están bajo total sospecha de haber perpetrado el asesinato y otros tantos de haberlo encubierto. Y no es un caso aislado, las historias de los casos de gatillo fácil de la bonaerense se cuentan por centenares. Por eso no podemos dejar de destacar que, detrás del reclamo salarial y por elementos de protección contra el Covid-19, hay un intento de presionar para que no se avance con la investigación del caso de Facundo Castro y, en general, con el conjunto de los casos de gatillo fácil. Varios voceros destacaron el rol de Sergio Berni, incluso llegando a decir que “se sacaban el sombrero” ante lo bien que, según ellos, había estado el secretario de Seguridad ante lo que denominaban, cínicamente, “el caso de Bahía Blanca”.

En sus declaraciones, sus voceros están muy lejos de reconocer los casos de gatillo fácil ni el papel que ha cumplido siempre la bonaerense reprimiendo huelgas y manifestaciones populares.

Lo más probable es que el gobierno peronista de Kicillof y Berni va a terminar otorgando, a la policía bonaerense, un aumento salarial, el mismo que se le niega a los trabajadores de la salud y de toda la provincia, mostrando que la política del gobernador y su ministro de Seguridad es fortalecer el aparato represivo, sea como en este caso la bonaerense, o también la Federal, la Gendarmería y las otras fuerzas armadas y de seguridad.

Por eso esto no está desligado con el anuncio de un nuevo plan de seguridad, tal como desarrollamos en otra nota de este mismo periódico.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad seguimos denunciando al aparato represivo y exigiendo su desmantelamiento, en particular el rol nefasto de la policía bonaerense, con su historia de gatillo fácil y represión al pueblo trabajador. En estos días, denunciando su rol en el crimen de Facundo Castro, exigiendo que se investigue hasta el final y se castigue a los culpables, como reclaman la propia madre de Facundo y los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Exigiendo que se vaya Berni y se conforme una comisión investigadora independiente para que se vaya a fondo y se termine con los cómplices encubridores. ¡Basta de policía represora y gatillo fácil!