Escribe Martín Fú
 
Este 24 de marzo se cumple otro nuevo aniversario del golpe cívico-militar de 1976. La Junta Militar, encabezada por el general Jorge Rafael Videla, daba fin al gobierno de Isabel Perón. Detrás del llamado Proceso de Reorganización Nacional se encontraba el imperialismo yanqui y un conglomerado de empresarios nacionales y multinacionales con la bendición de la Iglesia Católica.
 
Hace 46 años se produjo el último golpe de estado en nuestro país. Una junta militar, encabezada por el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, de la Armada, Emilio Massera, y de la Aeronáutica, Orlando Ramón Agosti, derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón (también conocida como Isabel) y dió comienzo a una de las etapas más negras de la Argentina. Con el fin de implantar un programa económico de entrega, al servicio de las multinacionales, el capital financiero internacional y el imperialismo, se llevó a cabo un auténtico genocidio contra el pueblo, con el saldo de 30.000 detenidos-desaparecidos, centenares de niños nacidos en cautiverio y apropiados por los militares, miles de presos políticos y decenas de miles de personas que debieron emigrar. El terror, la prohibición absoluta de toda actividad sindical, estudiantil, o política, la represión a cualquier tipo de expresión cultural alternativa y un largo etcétera fueron la contracara de una dictadura militar que, al mismo tiempo, endeudó al país, dando origen a una deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta e impagable que aún hoy es la principal causa de nuestra decadencia.
 
Un objetivo: terminar con el ascenso obrero y popular abierto con el Cordobazo

Con la caída de Isabel, se profundizó la persecución contra los trabajadores que ya había iniciado el propio Perón en 1973 con la Triple A. Es que el proceso de luchas iniciado en mayo de 1969 con el Cordobazo, con los obreros y estudiantes a la cabeza, y continuado con los respectivos Choconazo, Rosariazo, Mendozazo y otros fenómenos de puebladas y grandes movilizaciones, no pudo ser detenido ni aún recurriendo a la figura y el prestigio del propio Perón, a quien se le levantó la proscripción y se hizo regresar al país para que “pusiera orden” en la clase trabajadora.
En los tres años de gobierno peronista siguieron las luchas. Más aún, muchas de ellas se radicalizaron, llegando en 1975 durante el llamado Rodrigazo a declararse por primera vez una huelga general contra un gobierno peronista. Las coordinadoras fabriles, ese mismo año, llegaron a disputarle fracciones del movimiento obrero a la otrora poderosísima burocracia sindical peronista. Todos estos fenómenos de lucha eran una preocupación para los gobiernos y las patronales. Los diferentes gobiernos peronistas entre 1973 y 1976 (Cámpora, Lastiri, el propio Perón e Isabel) no pudieron cumplir su objetivo de frenar el alza obrera y popular abierta a fines de los años sesenta.

La dictadura llegó así para frenar, derrotar a sangre y fuego ese ascenso y liquidar físicamente a la nueva vanguardia obrera y popular.

Decimos que fue un gobierno cívico militar, ya que tuvo el acuerdo del gran empresariado y los militares fueron los ejecutores de descargar sobre el pueblo trabajador el ajuste mediante una feroz represión, con el fin de implementar la agenda económica  del imperialismo y las patronales.
 
Deuda y dictadura

El plan económico de la dictadura fue implementado por el ministro de Economía de Videla, José Alfredo Martínez de Hoz. Se trató de un auténtico programa de guerra contra los trabajadores, que vieron sus salarios reducidos automáticamente en un 40%, y poco después, con el cierre de centenares de miles de industrias, empezaron a sufrir el flagelo del desempleo.

Se trató de un plan económico al servicio de las multinacionales y el FMI, que dejó como herencia una impagable deuda externa que aún hoy seguimos arrastrando y ocupa la agenda central del actual gobierno, cuarenta y seis años después. Para tener una idea de qué hablamos, en 1976 la deuda externa argentina era relativamente baja, 7.800 millones de dólares. En 1983, luego de siete años de dictadura, había ascendido a 45.100 millones, en ese momento ya totalmente impagable, representando la deuda un poco menos de la mitad del PBI de ese año, unos 104.000 millones. La dictadura tomó préstamos para obras (como las del Mundial ‘78), para la compra de armas, para importar bienes o para que los bancos privados y las empresas hicieran sus negocios, lo que se conoció como “bicicleta financiera”. Para eso endeudó a empresas por entonces estatales como YPF. Como si todo esto fuera poco, ya en 1982, el entonces presidente del Banco Central Domingo Cavallo, procedió a “estatizar” la deuda de numerosas empresas privadas (locales y extranjeras) a cambio de que éstas “aceptaran” pagar esas deudas en pesos con el Estado nacional. Fue un negocio redondo para el gran capital y la ruina para millones de trabajadores. Los Martinez de Hoz, Perez Companc, Techint, Grupo Macri, Rocca, Blaquier, Ford, Mercedes Benz, etcétera, fueron algunos de los grandes holdings empresarios y de la oligarquía vernácula que más se beneficiaron con los militares, y muchos de ellos incluso fueron cómplices activos con el genocidio, habilitando centros clandestinos de detención en el interior de sus propias empresas.

Este enorme saqueo dejó como herencia la impagable, ilegítima e ilegal deuda externa que todos los gobiernos constitucionales que le precedieron han reconocido y pagado, a través de planes de ajuste.

Han pasado 46 años, pero la dictadura genocida no pertenece a nuestro pasado. Es parte de nuestro doloroso presente, por las consecuencias económicas y sociales que, con la deuda externa a la cabeza, siguen sumiendo en la pobreza y la marginación a porciones cada vez más grandes de nuestro pueblo. Pero también por la continuidad de la impunidad, con centenares de genocidas en libertad, y con juicios que, increíblemente, aún no han terminado. Con centenares de niños apropiados (hoy ya adultos) que aún no han recuperado su identidad. También con la impunidad que hoy existe ante las nuevas violaciones a los derechos humanos que suceden año a año.  

Es por ello que desde Izquierda Socialista seguimos diciendo ¡Juicio y castigo para todos los culpables!¡Basta de impunidad, tanto la de ayer como la de hoy! ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! Y este año, más que nunca: ¡No al pago de la deuda externa!
Este marzo es otro 24 de marzo en el que te invitamos a marchar, en lo que ya es una cita de honor, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

Escribe Martín Fú

Este 24 de marzo nuevamente nos movilizaremos en otro aniversario del golpe militar. Lo haremos con Izquierda Socialista, y nuestra columna estará encabezada por la bandera que representa al centenar de camaradas caídos del glorioso PST (Partido Socialista de los Trabajadores), del que nos enorgullecemos y somos continuadores.

El PST sufrió los embates del terrorismo de Estado, y continuó militando clandestinamente contra la dictadura. Por eso sufrió más de 100 detenidos-desaparecidos.

La represión contra nuestro partido ya había comenzado antes de 1976. Así tuvo asesinados durante el gobierno de Perón con las patotas de la Triple A. Esto se incrementó cualitativamente durante la dictadura genocida, hasta la última desaparecida del PST, Ana María Martínez, secuestrada y asesinada en febrero de 1982.

Cada una de nuestras compañeras y compañeros caídos vive en cada lucha donde Izquierda Socialista participa, levantando los mismos ideales y con un objetivo: la construcción del socialismo y un gobierno de los trabajadores.

Por ellos marchamos, repudiando a sus asesinos y torturadores, por justicia y castigo para todos los responsables militares y sus cómplices civiles. Contra la cúpula de la Iglesia delatora y torturadora, quienes bendijeron a los asesinos justificando sus crímenes de lesa humanidad.
Nuestros compañeros, que lucharon contra las patronales y el imperialismo, construyendo el partido y la internacional, hoy son un ejemplo para quienes continuamos sus tareas, enormes, inconclusas, necesarias y urgentes para tirar abajo el sistema capitalista y su opresión. Como dijo nuestro maestro Nahuel Moreno: “murieron por lo que eran: socialistas, revolucionarios e internacionalistas legítimos”.

Con nuestra militancia, nuestra juventud, con las mujeres, con el activismo por el ambientalismo y las disidencias, cuarenta y seis años después, desde Izquierda Socialista y la Unidad Internacional de los Trabajadores (UIT-CI)seguimos luchando como nuestros mártires del PST, por un mundo sin explotadores ni explotados: por un mundo socialista.

1976  /  A 46 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA  / 2022

30.000 detenidas y detenidos desaparecidos ¡presentes!
No al acuerdo gobierno-FMI

Concentramos en Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 12 • CABA

Escribe Claudio Funes

La masacre de Once es uno de los capítulos más negros del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hace diez años, trabajadores y sectores populares pagaron con sus vidas el desguace del sistema ferroviario producto de las privatizaciones, la corrupción y los negociados bajo el peronismo. La reestatización bajo control de sus trabajadores es la única manera de volver a viajar seguros.
 
El 22 de febrero de 2012, el tren chapa 16 de la ex línea Sarmiento, chocó contra la plataforma de la estación Once. El saldo fue fatal: 52 muertos y 789 heridos. Ni siquiera funcionaba el paragolpes hidráulico instalado al final de la vía que debía absorber el impacto.

Este luctuoso suceso quedará registrado como uno de los capítulos más negros del gobierno peronista kirchnerista de Cristina Fernández. No fue un accidente, fue una masacre anunciada. El resultado predecible del largo proceso de privatización, fuente de negociados y corrupción. De este entramado participaban las primeras líneas del gobierno y empresarios que se enriquecían con los multimillonarios subsidios sin control, en este caso los hermanos Cirigliano (TBA).
 
El peronismo menemista remató los ferrocarriles

En la década de los ‘90 se produjo una de las mayores entregas del patrimonio nacional, la privatización del ferrocarril. Lo hizo el gobierno peronista de Carlos Menem con la complicidad de la burocracia sindical. Pasaron los gobiernos de De la Rúa, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner. El sistema ferroviario continuó empeorando, mientras se incrementaban los subsidios que iban a los bolsillos de los empresarios a pesar del aumento de los accidentes.

En 1996, según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), dos años después de haber obtenido la concesión, TBA ya había registrado 200 accidentes en las ex líneas Sarmiento y Mitre. El gobierno de Cristina Kirchner ignoró las advertencias del combativo Cuerpo de Delegados de la ex línea Sarmiento que a través de sus denuncias informaban sobre el deterioro creciente del ferrocarril. Varias fueron presentadas ante la propia CNRT, en febrero de 2003, marzo de 2004, enero de 2008, entre otras.

En mayo de 2005 fue enviada una denuncia al ministro de Planificación Julio de Vido; al Secretario de Transporte, Ricardo Jaime; al presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación; al Defensor del Pueblo; a la Oficina Anticorrupción y al Secretario Nacional de la Unión Ferroviaria. En ella se remarcaba: “Esta carta lleva el objetivo de exponer que el servicio eléctrico ya está en colapso y las consecuencias pueden ser las pérdidas de vidas […]”. Los ferroviarios querían evitar el “Cromañón ferroviario”. Pero el inagotable afán de lucro a cualquier precio se impuso al valor de las vidas humanas.
 
Subsidios millonarios K a la patronal

La masacre de Once dejó al descubierto los millonarios subsidios que el kirchnerismo entregó a los hermanos Cirigliano, titulares de TBA. Los informes de la Auditoría General de la Nación y las pericias contables de la Justicia los mostraron. También quedó al descubierto los montos que se ocultaron durante más de ocho años.

La Secretaría de Transporte de la Nación reveló el monto de los subsidios desde 2003 a diciembre de 2011 (dos meses antes de la masacre) pero según la pericia contable ordenada por el juez Bonadío excedía 4,6 veces la declarada. Este es uno de los motivos que llevó al fiscal Federico Delgado afirmar que hubo connivencia entre los funcionarios del gobierno y los directivos de TBA para no mejorar el estado del sistema ferroviario. En su escrito calificó a la masacre no solo como estrago culposo (por negligencia, impericia o imprudencia) sino peculado, que significa utilizar fondos públicos para beneficio propio, delito no excarcelable. El fiscal dejó en claro que existió complicidad criminal.

El abandono del material rodante, vías y señales por parte de la empresa era evidente. Los Cirigliano utilizaban el dinero para llenar sus bolsillos, llevarlos a paraísos fiscales o invertirlos en otros negocios en el exterior. Solo cuatro formaciones contaban con todos los compresores. La mayoría tenían algunos que funcionaban y otros que no. Los paragolpes entre vagones no se reparaban porque no había resortes. Esto se sumaba a que las carrocerías de los coches estaban podridas. Pero el gobierno culpaba a los ferroviarios de saboteadores y los sancionaba cuando se negaban a sacar formaciones sin estar en condiciones.

Todos estos factores concurrieron aquel fatídico miércoles 22 de febrero a las 8.33 horas. El tren no frenó, chocó contra el paragolpes (que no funcionaba) y el segundo vagón se incrustó siete metros en el de adelante.

Ante el trágico hecho evitable el gobierno se vio forzado a quitarle la concesión a TBA, pero se la dieron a Metrovías (Roggio) y Ferrovías (Romero). Luego pasó al Estado, pero controlado por funcionarios del gobierno de turno.
Nada de esto era lo que exigían los ferroviarios del Sarmiento, que proponen la reestatización de todo el sistema ferroviario en una única empresa estatal dirigida y controlada por sus trabajadores y organizaciones de usuarios. La única forma de terminar con los negociados corruptos y lograr un transporte de calidad, seguro y accesible para el pueblo trabajador.
 
Lucha contra la impunidad

Entrevistada por Crónica TV en septiembre de 2019, Cristina Fernández de Kirchner dijo que el Estado no tuvo la culpa por la masacre de Once. Desligó de responsabilidades a De Vido y apuntó al maquinista. “No accionó los frenos”, dijo. El mismo argumento que utilizó Gregorio Dalbón, el abogado de 463 víctimas para salvar a De Vido en el juicio. Dalbón es hoy letrado de Cristina.

La movilización incansable de las organizaciones de familiares de las víctimas y usuarios, con el acompañamiento del Cuerpo de Delegados del Sarmiento encabezado por Sobrero, Reynoso, Ruiz, Schlotthauer y otros valiosos luchadores, obligó a la justicia patronal a investigar, imputar y condenar. Fue un hecho enorme. La lucha impidió parcialmente la impunidad. En 2015, 21 de los 28 acusados recibieron condenas. A la fecha ninguno está en la cárcel, algunos en prisión domiciliaria. El único que la cumplió fue el motorman.

El pasado martes 22-2-22 en la estación Once, a diez años de la masacre, los familiares homenajearon a las víctimas exigiendo castigo para todos los responsables. A su vez hacemos un llamado desde Izquierda Socialista para seguir luchando por la reestatización de todo el sistema ferroviario, para que este capítulo negro no se repita nunca más.

Escribe Claudio Funes

Los familiares de las víctimas hicieron un reconocimiento a todas aquellas, organizaciones y personalidades que acompañaron su pelea, a quienes les entregaron estatuillas.

En nombre de los ferroviarios del Sarmiento recibió la mención nuestra compañera Mónica Schlotthauer, la primera en denunciar públicamente que había víctimas fatales del choque, cuando todas las autoridades trataban de ocultarlo.
En el acto de aniversario los familiares destacaron en su documento: […]“No olvidamos que el mantenimiento de la red ferroviaria es el eje central para que no haya más tragedias ferroviarias. Ni en este ramal ni en ningún otro.

Como cada año instamos a las autoridades competentes a mantener un diálogo responsable y fluido con los trabajadores. Ellos viven el día a día en las unidades y los talleres. Saben lo que falta, lo necesario para mantener los trenes con el mejor mantenimiento y conocen como nadie el real estado de las líneas. Son quienes avisaron de la probabilidad del desastre de 2012 y en lugar de ser escuchados fueron perseguidos y señalados como conspiradores.
Por ello, su lugar debe ser valorado en todas las instancias[…]”.

La delegación ferroviaria aplaudió y apoya el reclamo de los familiares por su reparación histórica.