Escribe Claudio Funes

La masacre de Once es uno de los capítulos más negros del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hace diez años, trabajadores y sectores populares pagaron con sus vidas el desguace del sistema ferroviario producto de las privatizaciones, la corrupción y los negociados bajo el peronismo. La reestatización bajo control de sus trabajadores es la única manera de volver a viajar seguros.
 
El 22 de febrero de 2012, el tren chapa 16 de la ex línea Sarmiento, chocó contra la plataforma de la estación Once. El saldo fue fatal: 52 muertos y 789 heridos. Ni siquiera funcionaba el paragolpes hidráulico instalado al final de la vía que debía absorber el impacto.

Este luctuoso suceso quedará registrado como uno de los capítulos más negros del gobierno peronista kirchnerista de Cristina Fernández. No fue un accidente, fue una masacre anunciada. El resultado predecible del largo proceso de privatización, fuente de negociados y corrupción. De este entramado participaban las primeras líneas del gobierno y empresarios que se enriquecían con los multimillonarios subsidios sin control, en este caso los hermanos Cirigliano (TBA).
 
El peronismo menemista remató los ferrocarriles

En la década de los ‘90 se produjo una de las mayores entregas del patrimonio nacional, la privatización del ferrocarril. Lo hizo el gobierno peronista de Carlos Menem con la complicidad de la burocracia sindical. Pasaron los gobiernos de De la Rúa, Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner. El sistema ferroviario continuó empeorando, mientras se incrementaban los subsidios que iban a los bolsillos de los empresarios a pesar del aumento de los accidentes.

En 1996, según la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), dos años después de haber obtenido la concesión, TBA ya había registrado 200 accidentes en las ex líneas Sarmiento y Mitre. El gobierno de Cristina Kirchner ignoró las advertencias del combativo Cuerpo de Delegados de la ex línea Sarmiento que a través de sus denuncias informaban sobre el deterioro creciente del ferrocarril. Varias fueron presentadas ante la propia CNRT, en febrero de 2003, marzo de 2004, enero de 2008, entre otras.

En mayo de 2005 fue enviada una denuncia al ministro de Planificación Julio de Vido; al Secretario de Transporte, Ricardo Jaime; al presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados de la Nación; al Defensor del Pueblo; a la Oficina Anticorrupción y al Secretario Nacional de la Unión Ferroviaria. En ella se remarcaba: “Esta carta lleva el objetivo de exponer que el servicio eléctrico ya está en colapso y las consecuencias pueden ser las pérdidas de vidas […]”. Los ferroviarios querían evitar el “Cromañón ferroviario”. Pero el inagotable afán de lucro a cualquier precio se impuso al valor de las vidas humanas.
 
Subsidios millonarios K a la patronal

La masacre de Once dejó al descubierto los millonarios subsidios que el kirchnerismo entregó a los hermanos Cirigliano, titulares de TBA. Los informes de la Auditoría General de la Nación y las pericias contables de la Justicia los mostraron. También quedó al descubierto los montos que se ocultaron durante más de ocho años.

La Secretaría de Transporte de la Nación reveló el monto de los subsidios desde 2003 a diciembre de 2011 (dos meses antes de la masacre) pero según la pericia contable ordenada por el juez Bonadío excedía 4,6 veces la declarada. Este es uno de los motivos que llevó al fiscal Federico Delgado afirmar que hubo connivencia entre los funcionarios del gobierno y los directivos de TBA para no mejorar el estado del sistema ferroviario. En su escrito calificó a la masacre no solo como estrago culposo (por negligencia, impericia o imprudencia) sino peculado, que significa utilizar fondos públicos para beneficio propio, delito no excarcelable. El fiscal dejó en claro que existió complicidad criminal.

El abandono del material rodante, vías y señales por parte de la empresa era evidente. Los Cirigliano utilizaban el dinero para llenar sus bolsillos, llevarlos a paraísos fiscales o invertirlos en otros negocios en el exterior. Solo cuatro formaciones contaban con todos los compresores. La mayoría tenían algunos que funcionaban y otros que no. Los paragolpes entre vagones no se reparaban porque no había resortes. Esto se sumaba a que las carrocerías de los coches estaban podridas. Pero el gobierno culpaba a los ferroviarios de saboteadores y los sancionaba cuando se negaban a sacar formaciones sin estar en condiciones.

Todos estos factores concurrieron aquel fatídico miércoles 22 de febrero a las 8.33 horas. El tren no frenó, chocó contra el paragolpes (que no funcionaba) y el segundo vagón se incrustó siete metros en el de adelante.

Ante el trágico hecho evitable el gobierno se vio forzado a quitarle la concesión a TBA, pero se la dieron a Metrovías (Roggio) y Ferrovías (Romero). Luego pasó al Estado, pero controlado por funcionarios del gobierno de turno.
Nada de esto era lo que exigían los ferroviarios del Sarmiento, que proponen la reestatización de todo el sistema ferroviario en una única empresa estatal dirigida y controlada por sus trabajadores y organizaciones de usuarios. La única forma de terminar con los negociados corruptos y lograr un transporte de calidad, seguro y accesible para el pueblo trabajador.
 
Lucha contra la impunidad

Entrevistada por Crónica TV en septiembre de 2019, Cristina Fernández de Kirchner dijo que el Estado no tuvo la culpa por la masacre de Once. Desligó de responsabilidades a De Vido y apuntó al maquinista. “No accionó los frenos”, dijo. El mismo argumento que utilizó Gregorio Dalbón, el abogado de 463 víctimas para salvar a De Vido en el juicio. Dalbón es hoy letrado de Cristina.

La movilización incansable de las organizaciones de familiares de las víctimas y usuarios, con el acompañamiento del Cuerpo de Delegados del Sarmiento encabezado por Sobrero, Reynoso, Ruiz, Schlotthauer y otros valiosos luchadores, obligó a la justicia patronal a investigar, imputar y condenar. Fue un hecho enorme. La lucha impidió parcialmente la impunidad. En 2015, 21 de los 28 acusados recibieron condenas. A la fecha ninguno está en la cárcel, algunos en prisión domiciliaria. El único que la cumplió fue el motorman.

El pasado martes 22-2-22 en la estación Once, a diez años de la masacre, los familiares homenajearon a las víctimas exigiendo castigo para todos los responsables. A su vez hacemos un llamado desde Izquierda Socialista para seguir luchando por la reestatización de todo el sistema ferroviario, para que este capítulo negro no se repita nunca más.