Como parte de esta campaña, la diputada bonaerense por Izquierda Socialista/FIT Unidad e integrante del Cuerpo de Delegados del ferrocarril Sarmiento denunció que la falta de fondos para el mantenimiento de los trenes significa un riesgo para la seguridad de los usuarios.
Entrevistada por Radio 750, dijo: “El Gobierno no está enviando la plata necesaria para los recambios de partes necesarias para la vida útil de las unidades. La lógica que se sigue es igual que con los autos: cada determinado kilometraje, hay elementos que se deben revisar y cambiar para evitar accidentes. Al no garantizar este mantenimiento, la empresa deja sin servicio a las unidades o recurre a lo que llamamos la ‘canibalización’, es decir, desarma algunas unidades para mantener otras. Entonces, si no reparás las unidades y tenés problemas en las vías, el resultado es el aumento de los descarrilamientos. Una cosa es un descarrilo con carga, que es grave porque tiene costos para el Estado, pero el problema es que transportamos gente”, advirtió.

Además, denunció la situación de las y los trabajadores que sufren bajísimos salarios. “La gente se va y se va mano de obra muy calificada que podría resolver estas situaciones críticas”, afirmó.

“Se decretó una emergencia ferroviaria y la plata que se prometió no llegó donde debía llegar. Mientras tanto, sabemos que se están investigando sobreprecios en el ferrocarril San Martín. No nos sorprende, tratándose de un gobierno totalmente corrupto. Una corrupción que, en este caso, se puede cobrar vidas por no garantizar la seguridad de los usuarios”, agregó.

* Como diputada nacional, presentó un proyecto de ley de reestatización del conjunto del sistema ferroviario bajo control de las y los ferroviarios y organizaciones de usuarios. 

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Escribe José Castillo

Flybondi nació en 2016 durante el gobierno de Macri, cuando se vendía que la “modernización” aerocomercial vendría de la mano de las low cost. Durante varios años fue, junto con Jet Smart, quien intentó competir contra Aerolíneas Argentinas, nuestra empresa de bandera. Su propietario actual es COC Global Enterprise, un fondo de inversión privado con base en Estados Unidos, liderado por el argentino Leonardo Scatturice.

El discurso de que “lo privado funciona mejor que lo público” tuvo un claro y rotundo mentís. Flybondi se fue convirtiendo en un paradigma de ineficiencia: jamás llegaba a horario, miles de vuelos cancelados, hasta hacer popular el dicho: “si no querés llegar nunca, sacá un pasaje por Flybondi”. En los últimos meses, funcionaba con un solo avión, dejando un tendal de pasajeros varados.

Por si todo esto fuera poco, ofreció un plan de retiros voluntarios a sus trabajadoras y trabajadores, y quienes lo aceptaron nunca cobraron. Ahora llegó el final anunciado: con su último avión roto, terminó cancelando la totalidad de sus vuelos. Hay cientos de pasajes vendidos que nadie sabe quién va a pagar. Del mismo modo, todo el personal de la empresa no sabe qué pasará con sus salarios.

Así termina otra aventura “privada”. ¿Cómo justificará Milei este desfalco?
    

Escribe Pilar Barbas, dirigenta nacional de la Juventud de Izquierda Socialista y secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA)

La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar dictada en el marco del proceso impulsado por las autoridades universitarias. La resolución ordena al Poder Ejecutivo Nacional garantizar la recomposición salarial del personal docente y no docente, así como la actualización de las becas estudiantiles y de las demás partidas contempladas en la Ley de Financiamiento Universitario, en los términos allí previstos. 

Durante estos casi tres años de gobierno de Javier Milei y su plan motosierra contra las universidades, fueron las movilizaciones masivas, como las cuatro Marchas Federales en defensa de la educación pública, las actividades de visibilización, los paros, las asambleas y las ocupaciones, las que lograron que hoy estemos ganando una nueva pulseada.

Mientras el gobierno atraviesa una crisis política, ahora con la renuncia de Manuel Adorni ante las causas de corrupción, las conducciones sindicales y un sector de los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional apostaron a un acuerdo con el gobierno. Firmaron un acta que significó una traición a todo el movimiento universitario. Salvaron al gobierno de Milei por un acuerdo menor en salarios y becas, cuando podíamos conquistarlo todo.

Quienes peleamos por la universidad pública debemos sostener esta lucha hasta que se cumpla efectivamente la Ley de Financiamiento Universitario. Esta ley incluye el aumento retroactivo de lo perdido en salarios y la convocatoria a paritarias para negociar de forma permanente los salarios y las condiciones de trabajo. También contempla el aumento de los gastos de funcionamiento para obras de infraestructura, servicios y mantenimiento, la actualización de las becas de estudio y las partidas presupuestarias para proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.

La defensa de la educación pública está en nuestras manos. Por eso es clave la participación activa en asambleas, exigiendo continuar con el no inicio, los paros y un plan de lucha si el gobierno sigue sin cumplir la Ley de Financiamiento Universitario conquistada en las calles. Exigimos a las conducciones sindicales y estudiantiles que convoquen a medidas de lucha.

Mientras tanto, seguimos impulsando las autoconvocatorias que se fueron realizando, junto con iniciativas de petitorios y distintas medidas de lucha. En ese camino se ubica el ejemplo del Conicet, que viene reclamando por la defensa del sistema científico nacional, y el de los gremios combativos que rechazaron los acuerdos con el gobierno.

Toda esa fuerza debe avanzar hacia una mayor organización independiente de todas las variantes patronales del radicalismo y del peronismo. La lucha sigue y le podemos ganar al gobierno ultraderechista de Milei.

Escribe Graciela Calderón, directiva de Suteba La Matanza

El miércoles 24 de junio se presentó la lista Multicolor para las próximas elecciones de Ctera, que se realizarán el 2 de septiembre. Habrá tres listas, la Multicolor, la Celeste-Violeta y la Azul y Blanca (PCR).

La Multicolor y la docencia combativa, en estos cuatro años, hemos logrado grandes conquistas. Recuperamos sindicatos provinciales como Adosac Santa Cruz y Unter Río Negro, y seccionales muy importantes como UEPC Córdoba Capital. Hicimos una muy buena votación en las elecciones provinciales de ATEN Neuquén, renovando el mandato en Capital y otras seccionales, y recientemente recuperamos Suteba La Matanza, además de ganar en las seccionales que ya se dirigían, entre otras.

Son provincias y seccionales donde la docencia viene peleando, con sus sindicatos a la cabeza, contra el ajuste educativo de todos los gobernadores, y donde el rol de Ctera y de sus sindicatos de base ha sido vergonzoso. Ctera, además de no haber llamado a organizar consecuentemente ningún plan de lucha contra la motosierra de Milei y el FMI, ha dejado aisladas a las provincias que pelean contra sus gobernadores, que además atacan a los gremios docentes combativos. Y donde la Multicolor dirige seccionales, los sindicatos de base de Ctera son sostén político de los gobiernos y sus ajustes educativos. Debido a esta entrega, el salario docente a nivel nacional es pésimo. En ninguna provincia siquiera se acerca al valor de la canasta familiar.

Por eso, la unidad de la docencia combativa es fundamental, y la lista Multicolor a Ctera lo refleja.

Se lograron presentar más de catorce mil avales para presentar la lista, que será encabezada por César Alegre, Secretario General de Adosac; Laura Ortiz, Secretaria General de Unter; Romina Del Plá, Secretaria General de Suteba La Matanza; con decenas de dirigentas y dirigentes de distintos sindicatos. Desde Docentes En Marcha, aportamos a la lista candidaturas muy importantes: Olga Ortigoza, Secretaria Adjunta de La Matanza y candidata a la Sec. Administrativa, y compañeras y compañeros dirigentes de ATEN Capital, UEPC Córdoba, Adosac Santa Cruz, Suteba Tigre y Amsafe.
La lista Multicolor refleja el avance del sindicalismo combativo a nivel nacional, y tendremos la responsabilidad de armar una gran campaña denunciando la entrega de Ctera ante el brutal ajuste de Milei y el ajuste educativo de los gobernadores, y para fortalecer la Coordinación Nacional Docente de oposición y las peleas en defensa de nuestros salarios y de la escuela pública.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Jorge Macri intenta vender una Ciudad “ordenada” con operativos represivos, desalojos y una campaña millonaria bajo la consigna reaccionaria de “Ley y Orden”. Detrás de esa puesta en escena crecen la pobreza, la crisis habitacional y la cantidad de personas en situación de calle, a quienes el gobierno porteño criminaliza y estigmatiza.

La Ciudad más rica del país lleva casi dos décadas gobernada por el PRO. Sin embargo, lejos de garantizar los derechos elementales a la vivienda, la salud, la educación y el trabajo, el Ejecutivo local profundiza un modelo diseñado exclusivamente para los negocios inmobiliarios. Mientras se rematan tierras públicas y se favorece la especulación de los grandes constructores, cientos de familias trabajadoras son desalojadas.

El informe elaborado por la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público de la Defensa muestra que entre diciembre de 2023 y los primeros meses de 2026 se llevaron adelante 621 desalojos que afectaron a 4.482 personas, entre ellas 1.409 niñas, niños y adolescentes.

El propio gobierno de la Ciudad tuvo que reconocer, el año pasado, que las personas en situación de calle aumentaron un 23,2%, pasando de 3.286 a 4.049. Sin embargo, el Tercer Censo Popular, realizado por más de treinta organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, relevó a 11.892 personas, casi el triple de la cifra oficial. Esta enorme brecha no es un error técnico. Expresa la decisión política de invisibilizar una emergencia social aberrante.

La respuesta de Jorge Macri frente a esta catástrofe no es ampliar los paradores ni fortalecer la asistencia, sino profundizar la lógica punitiva. Incluso la ONU cuestionó estas medidas, advirtiendo sobre la existencia de un “patrón de criminalización” en la Ciudad.

Cada procedimiento que el gobierno exhibe en sus redes sociales como un triunfo es, en realidad, un ataque con toda la violencia estatal contra los sectores más vulnerables. Los trabajadores de la venta ambulante y los feriantes sufren el decomiso diario de su mercadería, multas y persecución policial.
A esto se suma una fuerte impronta xenófoba. La persecución golpea con saña a las comunidades migrantes en los barrios populares. Los discursos oficiales asocian deliberadamente pobreza, migración e inseguridad para justificar el hostigamiento cotidiano y el control de la Policía de la Ciudad, instalando el discurso racista de que “migrante es igual a delincuente”.

Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad denunciamos esta política de hambre, persecución y exclusión. Exigimos el cese inmediato de los operativos represivos contra los que menos tienen.

Frente a la crisis habitacional, planteamos un vuelco total de los recursos de la Ciudad. Plan urgente de construcción de viviendas populares, urbanización real de las villas, impuesto progresivo a las miles de viviendas ociosas que se usan para especular y créditos a tasa cero para las familias trabajadoras.

Te invitamos a organizarte con nosotres para enfrentar este modelo de ciudad para pocos.