Escribe Guido Poletti

Se trata de una auténtica seguidilla de provocaciones patronales, con provocaciones, despidos e incluso negativas a cumplir con intimaciones judiciales. 

Envalentonados con lo que esperan será un vía libre para hacer cualquier cosa y quitarle todo derecho al movimiento obrero, estamos frente a un auténtico laboratorio de ataques contra nuestra clase.

En Lustramax la empresa continúa sin respetar los derechos laborales. Sigue sin retrotraer los despidos ilegales. Y los trabajadores denuncian que la patronal ni siquiera se comprometió a pagar el salario en tiempo y forma. Los trabajadores de la línea 148, por su parte, se encuentran en retención de tareas tras no recibir el pago de viáticos y aguinaldo. Nuevamente, la patronal de la Línea 148 (El Nuevo Halcón SA) ha roto los compromisos asumidos. Tras haber alcanzado un acuerdo en los primeros días de enero, luego de una dura retención de tareas que duró 18 días, la empresa volvió a incumplir el cronograma de pagos de viáticos y el aguinaldo en cuotas. En Mercado Libre, Marcos Galperín acaba de echar a 300 trabajadores, avisando descaradamente que le conviene reemplazarlos por inteligencia artificial. Hay otros 300 trabajadores despedidos por el cierre de la Cerámica Ilva. En Secco, tras ocho meses de conflicto, hace una semana los trabajadores le lograron torcer el brazo a la patronal y reincorporar 11 compañeros. Son apenas algunos ejemplo de lo que viene pasando en las últimas semanas.

El corolario es clarísimo: la reforma laboral no creará más puestos de trabajo, ni formalizará a los que hoy están precarizados. Por el contrario, las patronales están esperando su aprobación para lanzarse sobre los derechos de la clase trabajadora, echar más barato o gratis o cambiar las condiciones de trabajo llevándolas al extremo de la esclavitud. Debemos debatir esto con todos nuestros compañeros y compañeras de trabajo, saldar las dudas pendientes, dar a conocer lo que se viene. Porque es fundamental que todos y todas estemos en la calle oponiéndonos el día que se trate, como acaba de votar el plenario del sindicalismo combativo.

Tras el histórico triunfo de fines de 2025 donde las y los trabajadores lograron una importante recomposición salarial con un bono de entre 350 y 350 mil pesos y 61% de aumento, el gobierno vuelve a atacar al Hospital Garrahan, esta vez persiguiendo a las y los referentes de la lucha. Busca armar causas para cesantear a 11 trabajadores y suspender otros 30. Desde la Junta Interna de ATE Garrahan denuncian esta maniobra de disciplinamiento, que fue anticipada por el Jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni.Es una muestra de lo que buscan con la Reforma Laboral.

Un nuevo punto crítico en la pelea por defender al Hospital de Pediatría Garrahan. Referentes sindicales, trabajadoras y trabajadores del establecimiento denunciaron que, en el marco de un sumario administrativo iniciado hace dos meses contra 41 de ellos, se han solicitado formalmente once cesantías y treinta suspensiones, con penas que oscilan entre diez y veinte días.

En un comunicado, la Junta Interna de ATE Garrahan señalan que las sanciones recaen de manera selectiva sobre la dirigencia de ATE, APyT y activistas de diversos sectores que encabezaron el conflicto salarial de 2025; una lucha que culminó con una recomposición del 61%. “Es una causa completamente armada”, sostienen. Denuncian que el proceso administrativo carece de garantías básicas de imparcialidad. “Los sumarios son un fraude: las autoridades son parte y jueces, o sea que la sanción ya está escrita”.

Dentro de los pedidos de desafuero y cesantía (despido) se encuentran afectados el delegado general de ATE en el hospital Alejandro Lipcovich, la secretaria general de la APyT Norma Lezana y nuestro compañero Diego Saavedra, miembro de la Junta Interna de ATE y referente de Salud en Marcha y la corriente sindical A luchar!

La intervención directa del gobierno de Milei se delató cuando el ex-vocero y actual jefe de gabinete, Manuel Adorni, difundió públicamente en X el contenido de las sanciones antes de que los propios acusados fueran notificados legalmente, vulnerando el supuesto carácter reservado del informe. Esto es un acto de “revanchismo antiobrero” y un intento de disciplinamiento en la víspera de que el Gobierno pretende aprobar la Reforma Laboral esclavista.

El trasfondo es la criminalización del derecho a la protesta. Los sumarios apuntan específicamente a quienes participaron en movilizaciones —dentro y fuera de la institución— en rechazo a los descuentos salariales aplicados anteriormente por ejercer el derecho a huelga. Las y los trabajadores remarcan, además, que las autoridades nunca abrieron canales de diálogo para resolver el conflicto, obligando a desarrollar las medidas de fuerza.

Ante este ataque a la organización sindical y a todo el Hospital Garrahan, desde la Junta Interna han convocado a la más amplia solidaridad, a una conferencia de prensa el 4/2 a las 12hs y a una gran asamblea general en el hospital. El objetivo es avanzar en la organización para enfrentar a los despidos y a la reforma laboral, defendiendo las conquistas salariales logradas el año anterior. Desde Izquierda Socialista y Estatales y Salud en Marcha seguiremos siendo parte de la pelea por la defensa del Garrahan e invitamos a sumarse a todas las iniciativas de lucha.

A.F.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional (electa) – Izquierda Socialista/FIT Unidad

En sesiones extraordinarias, el oficialismo vuelve a instalar una agenda punitivista que criminaliza a las infancias y adolescencias. Organismos de derechos advierten que la medida no reduce el delito y profundiza la exclusión social.

Otra vez el gobierno ultraderechista pone en agenda la baja de la edad de punibilidad. En el marco de las sesiones extraordinarias, Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich impulsan una nueva Ley Penal Juvenil que pretende llevarla de 16 a 13 años, algo que no recomienda ningún organismo de derechos de las niñeces y adolescencias. Bajo el discurso de la “seguridad”, vuelve una receta conocida: más mano dura y criminalización de los pibes y pibas, sin dar respuesta al grave problema de la inseguridad, que crece al calor de la motosierra.

La discusión no es nueva. Desde 2024 el oficialismo instaló una cruzada mediática que presenta la baja de la edad de punibilidad como una solución mágica frente al delito. En 2025 el gobierno lo puso en debate en la Cámara de Diputados, pero no logró avanzar. Hoy vuelve a escena de la mano de Bullrich, junto con la reforma laboral esclavista. Pero lejos de atacar las causas estructurales de la inseguridad, la propuesta profundiza la criminalización de la pobreza y pone en la mira a los pibes y pibas de los barrios populares, que no son responsables de la inseguridad, sino sus víctimas.
Se trata de una estrategia punitivista de alto impacto mediático, que cumple un doble objetivo político: disciplinar a los sectores populares y desviar la atención de la crisis social, el ajuste y los recortes que golpean a millones.

Los datos son contundentes y desmontan el relato oficial. En Argentina, solo el 0,45% de los jóvenes de entre 12 y 17 años participa en algún delito. En la provincia de Buenos Aires, el delito juvenil representa entre el 2,25% y el 3,6% del total de las causas penales. De alrededor de 1.020.000 investigaciones penales que se inician por año, apenas unas 20 mil corresponden al fuero penal juvenil, es decir, el 2,5% del total de causas con autor conocido. La enorme mayoría de esos hechos son delitos contra la propiedad, con una incidencia muy baja en delitos contra las personas y sin evidencia alguna de aumento en la participación de menores de 16 años.

Entonces, ¿por qué el gobierno insiste en bajar la edad de punibilidad? Porque es más fácil castigar a los pibes pobres mientras dejan correr al gran delito organizado: el narcotráfico, los desarmaderos y las redes de trata, que no podrían funcionar sin complicidades policiales, judiciales y políticas. Infancias y adolescencias aparecen como el eslabón más débil.

Mientras tanto, el verdadero drama social sigue intacto: más de un millón de chicos y chicas se van a dormir sin cenar. El mismo gobierno que habla de “mano dura” recorta becas Progresar, desfinancia la educación pública, la salud, el deporte y las políticas de niñez y juventud. Para quienes quedan fuera de esos derechos, la respuesta es la represión y la cárcel.

Nuestros pibes no son peligrosos: están en peligro. Los delitos juveniles, en su gran mayoría, están organizados por adultos. Una parte importante está asociada al consumo problemático de drogas. Miles de jóvenes son utilizados para robar o como “soldados” por bandas narcos amparadas por la policía. Estas poderosas redes criminales cuentan, además, con protección judicial.

Contra la recomendación de todos los organismos de las niñeces

Las experiencias internacionales también son claras. Estudios de Unicef, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la propia Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU muestran que reducir la edad de imputabilidad no baja el delito: lo aumenta. En Ecuador, donde la edad es de 12 años, el índice de delitos pasó de 6 a 46 cada 100 mil habitantes. En países como Brasil y Uruguay, donde la punibilidad comienza a los 12 y 13 años respectivamente, los niveles de violencia no disminuyeron. Dinamarca y Georgia, incluso dieron marcha atrás luego de comprobar los efectos regresivos de estas políticas.

En Argentina, el régimen penal juvenil vigente, heredado de la dictadura pero con modificaciones posteriores, fija la edad de punibilidad en 16 años. La propuesta de Milei es más regresiva que la normativa de 1980: la propia dictadura genocida, ya en su crisis final, elevó la edad de 14 a 16 años en 1983. Hoy, en nombre de la “libertad”, se pretende retroceder aún más.

El encarcelamiento temprano no reinsertó nunca a nadie. En nuestro país, un juez puede establecer la internación de menores de 16 años en institutos, aun cuando no hayan sido condenados. Estos espacios funcionan, en muchos casos, como cárceles encubiertas, con malas condiciones de detención, violencia institucional y vulneración sistemática de derechos. Lejos de reducir la violencia, la multiplican. Es echar nafta al fuego.

Para combatir la inseguridad, que afecta particularmente a las y los trabajadores y sectores populares, las respuestas represivas y la mano dura solo significan más criminalización y no resuelven, sino que empeoran el problema. Lo que se necesita es terminar con las mafias que organizan el delito al amparo del poder político, judicial y policial. Y también terminar con el plan motosierra de Milei y el FMI, garantizando presupuesto para políticas integrales que fortalezcan el sistema de protección integral de la niñez y la adolescencia.

Escribe José Castillo

El Grupo Techint quedó afuera de una licitación para proveer los caños de los 500 kilómetros del gasoducto que unirá Vaca Muerta con la costa de Río Negro. 

El negocio fue adjudicado a la empresa india Welspun. Esto desató un conflicto en el que Javier Milei llamó “don Chatarrín” a Paolo Rocca y le deseó “la quiebra” a la empresa.

En estos días asistimos a una escalada verbal del Presidente contra el empresario. El ministro Federico Sturzenegger apoyó sus dichos. Todo sigue el libreto principal del gobierno: no importa que nuestro país pierda capacidad de producción de acero, ni que se destruyan miles de puestos de trabajo. Para La Libertad Avanza (LLA), toda la industria es un gran “error histórico”. El país debe transformarse en una factoría para el saqueo de sus recursos naturales por parte de las multinacionales.

El gobierno ultraderechista lo dice con todas las letras. Que en una obra central para el negocio de Vaca Muerta, como este gasoducto, el ganador sea una empresa de la India que proveerá caños chinos es un ejemplo de lo que ya habilitó el RIGI: una puerta abierta a los pulpos transnacionales, que ni siquiera tienen que considerar proveedores locales para sus insumos.

Milei y Techint: unidos contra la clase trabajadora en la reforma laboral y el saqueo

Paolo Rocca buscó poner paños fríos y evitó responder el exabrupto presidencial. El ministro Luis Caputo salió a decir que ya habrá “nuevas oportunidades” para Techint, refiriéndose incluso a la próxima licitación de la construcción del gasoducto, más allá de que ya se hayan adjudicado los caños. El mensaje de fondo del gobierno es que Techint deje de apostar al acero en la Argentina y se especialice en gas y petróleo a través de Tecpetrol.

Sería incorrecto pensar que Techint se pasó a la “oposición”. El gobierno libertario tiene un número importante de funcionarios provenientes del holding de Rocca en puestos clave. Entre ellos se cuentan el presidente de YPF, Horacio Marín, el vicepresidente de Infraestructura Gustavo Gallino, los gerentes financiero y de Exploración y Producción Federico Barroetaveña y Matías Farina, el subsecretario de Hidrocarburos Luis Ridder y el director de la Unidad Ejecutora de Gasoductos Horacio Amartino. Y lo más importante: el secretario de Trabajo Julio Cordero, uno de los escribas de la reforma laboral esclavista que el gobierno se juega a aprobar este mes. Fue Rocca quien direccionó a la Unión Industrial Argentina (UIA), central empresaria que controla, hacia un apoyo casi acrítico al gobierno de Milei, a pesar de los desplantes reiterados del presidente a todo lo que “oliera” a industria.

Por eso no hay que confundirse. Techint fue oficialista de todos los gobiernos cuando le convino para sus negocios y para afianzar privilegios. A la vez, como holding, también tuvo roces puntuales con varios de ellos.

En este caso, además, el conflicto roza una pelea interpatronal. El consorcio dueño del gasoducto a construir, Southern Energy, está integrado centralmente por Pan American Energy (PAE), Pampa Energía e YPF. PAE es propiedad de Carlos Bulgheroni, gran competidor de Techint en el negocio del gas y el petróleo. Además, está vinculado, a través de su esposa, al oscuro mundo de Karina Milei.

¿Paolo Rocca defiende los puestos de trabajo y la industria nacional?

Es absolutamente hipócrita la actuación teatral de Techint mostrando “preocupación” por los puestos de trabajo. El holding siempre se destacó por su política antiobrera, tanto en sus propias empresas como en su rol de conducción del empresariado.

En Ternium-Siderar, la planta de San Nicolás que produce chapas de acero para caños de gasoducto, hubo una huelga de 14 días en septiembre de 2025 por salarios, que estaban entre 700 y 800 mil pesos, y contra las paupérrimas condiciones de vestuarios y comedores. La respuesta patronal fueron 200 despidos.

En Siderca, donde los salarios oscilan entre 1 millón y 1.200.000 pesos, en el segundo semestre del año pasado hubo 300 despidos con la excusa de “baja de productividad”. Además, desde hace años la patronal utiliza contratos temporales renovados mes a mes o cada tres meses, sometiendo a las y los trabajadores a una precarización permanente.

En SIAT, donde la empresa afirmó que había tomado a 400 trabajadores para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, en realidad se trató de personal reasignado desde otras plantas. Para peor, una vez terminada la obra, todos fueron despedidos.

Como vemos, no hay ningún actor progresista en este conflicto interpatronal. Milei y Sturzenegger avanzan con su cruzada antiindustrial y entreguista. Bulgheroni, a río revuelto, busca descontar distancia entre su grupo y Techint. Y Rocca, viejo zorro, llama a “desescalar” mientras cuida sus otros negocios: Tecpetrol en Vaca Muerta, las licitaciones que se vienen, incluida la propia construcción del gasoducto. Al mismo tiempo, es vanguardia en promover la aprobación de la reforma laboral esclavista.

El desarrollo de la industria en nuestro país, incluida la estratégica producción de acero en todas sus formas, y las grandes obras públicas deben ser un pilar de cualquier proyecto alternativo. Pero eso solo podrá ser llevado adelante por un gobierno de las y los trabajadores, en el marco de una planificación económica que priorice resolver las grandes necesidades populares y no las superganancias empresarias.

Escribe José Castillo

Paolo Rocca, dueño de Techint, es el segundo empresario más rico de la Argentina, con una fortuna estimada en 5.700 millones de dólares, apenas detrás de Marcos Galperín (datos de la revista Forbes).

 Líder histórico en la fabricación de tubos con y sin costura, Techint pasó en la última década a encabezar también la producción de gas y petróleo no convencional a través de Tecpetrol. Con gobiernos civiles y militares, el grupo creció ganando licitaciones estratégicas, pero tuvo dos momentos de grandes saltos: el primero con la dictadura militar, dónde se consolidó como uno de los líderes de la obra pública, y el segundo con las privatizaciones menemistas.

Siempre existieron (y existen) los que buscan embellecer a Techint y a Paolo Rocca (la “T” como se la conoce en los ámbitos empresarios) como los grandes ejemplos de “burguesía nacional”. Pero, en realidad, se trata de un holding internacional de empresas cuya sede central está en Milán y su residencia jurídica en Luxemburgo. 

Para contar su historia hay que retroceder a su fundador, el capitán de artillería Agostino Rocca, nacido en 1895, y figura central de la siderurgia del Estado fascista italiano. Bajo Benito Mussolini dirigió Dálmine, industria estratégica del esfuerzo bélico del Eje, con 60.000 empleados. Tras la caída del Duce y el fin de la guerra, fue sometido a juicio y absuelto en 1946, en el marco de los grandes acuerdos de “unidad nacional” que buscaban “limpiar” del cargo de colaboración con el fascismo a los grandes empresarios de entonces. Agostino Rocca, en ese momento, reunió capitales italianos y alemanes no alcanzados por las requisas aliadas y se trasladó a la Argentina.

En 1948, instaló en Campana la Sociedad Argentina para la Fabricación de Tubos de Acero (Dálmine Safta), origen de un polo industrial que incluyó Siderca y Cometarsa. Desde allí se construyó el gasoducto Comodoro Rivadavia–Buenos Aires.

Roberto Rocca sucedió a su padre en 1978 y reconoció que la mayor parte del capital del grupo provenía de inversores extranjeros radicados en paraísos fiscales. Dividió el holding entre sus hijos varones: Agostino, a cargo de los aceros planos, y Paolo, responsable de los tubos sin costura. Tras la muerte de Agostino en 2001, Paolo quedó al frente de todo el grupo. 

En ese momento Paolo Rocca  constituyó Tenaris y Ternium, con sede en Luxemburgo, estructura que permite evitar impuestos sobre dividendos. Desde allí controla cerca de cien empresas, operando en 40 países, con un total de 40.000 empleos directos. De esa totalidad, solo cuatro empresas relevantes están radicadas en la Argentina, representando un tercio del total de los puestos de trabajo del holding. Más del 80% del valor agregado y más del 90% de las utilidades de las distintas empresas (que suman en total entre 30 y 35.000 millones de dólares) corresponden a firmas con participación extranjera.

La estructura financiera del grupo se apoya en sociedades radicadas en paraísos fiscales, como Curaçao y las Islas Vírgenes Británicas, desde donde se controlan Tenaris, Ternium, Tecpetrol y otras empresas. No es una novedad de la gestión de Paolo Rocca. Ya en los años ochenta, todavía bajo la conducción de Roberto Rocca, Techint participó en consorcios que realizaron pagos ilegales para habilitar grandes obras energéticas.

Con las privatizaciones de los años noventa, Techint adquirió SOMISA y Propulsora Siderúrgica a precios  muy inferiores a los de mercado y se convirtió en líder absoluto en la fabricación de tubos con y sin costura, a la vez que expandió su presencia en petróleo y gas. En este siglo, Tecpetrol se convirtió en el principal productor de Vaca Muerta, reduciendo la dependencia del grupo de la exclusividad del negocio del acero. Así, hoy Techint combina ganancias industriales por el acero y renta energética por el gas y petróleo.

Esta es la verdadera historia de la “T” y su familia propietaria, que siempre vivieron de la connivencia con los negocios de los distintos gobiernos, adaptándose y apareciendo como “oficialistas” de todos, sea Perón, Videla, Alfonsín, Menem, los Kirchner, Macri o incluso Milei, al que le ha prestado una larga lista de funcionarios. Que sobreexplota a sus trabajadores y que no tiene empacho en fugar sus ganancias a los paraísos fiscales donde residen legalmente sus distintas empresas.