Escribe Guido Poletti

Desde aquel lejano abril de 1977, cuando un grupo de madres comenzó a girar alrededor de la Pirámide de Mayo, la lucha por los derechos humanos ya no se detuvo en la Argentina, hasta transformarse en una auténtica “marca” y en un ejemplo a nivel internacional.

En un movimiento que fue creciendo, con organismos viejos y nuevos y con generaciones de militantes que se fueron renovando, ni los militares genocidas, ni las maniobras de los distintos gobiernos posteriores, ni el negacionismo de ultraderecha de hoy lograron impedir que esa lucha siguiera creciendo y masificándose.

Ya en el último año de la dictadura, en medio de una auténtica revolución democrática, eran centenares de miles quienes se convocaban y marchaban contra los intentos de impunidad de los militares en retirada.

Así, multitudinarias marchas tiraron abajo la “autoamnistía” de Bignone, los intentos de impunidad mediante un falso “juicio” realizado por el propio Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas e impusieron el ya histórico Juicio a las Juntas, y todos los procesos que le siguieron. Miles declararon ante la Conadep y otros tantos fueron testigos en aquellos juicios de la década del ’80. También fueron centenares de miles quienes repudiaron las primeras leyes de impunidad, el Punto Final y la Obediencia Debida, impulsadas por el entonces presidente Alfonsín.

Luego vinieron los indultos de Menem, que también se dictaron mientras centenares de miles expresaban su repudio en las calles. En los ’90, cuando muchos apostaban a que la lucha contra la impunidad estaba derrotada, ésta resurgió con fuerza en la impresionante marcha del 24 de marzo de 1996, a 20 años del golpe. Allí nació el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y también aparecieron nuevos organismos, como HIJOS, que revitalizaron con una nueva generación esta lucha.

En una época marcada por la impunidad y por la imposibilidad de avanzar con los juicios, se generalizaron los escraches, yendo a buscar a los genocidas a sus propias casas. También se encontró el resquicio legal de las causas por apropiación de bebés y de los llamados juicios por la verdad, que, aun con limitadas herramientas jurídicas, siguieron sentando genocidas en el banquillo de los acusados.

Después del Argentinazo de diciembre de 2001, el reclamo se fortaleció y masificó aún más, logrando en poco tiempo la anulación de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y de los indultos. Se reanudaron los juicios. Las marchas multitudinarias de cada 24 de marzo continuaron creciendo, incluso a pesar de la crisis generada a partir de 2006 por la cooptación, por parte del gobierno kirchnerista, de un conjunto de organismos históricos.

Los centros clandestinos de detención fueron señalizados y transformados en sitios de memoria, visitados desde entonces por miles de personas, tanto del país como del extranjero. La ex ESMA, el más importante de ellos, llegó a ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Cada intento de avanzar con la impunidad fue repudiado masivamente y obligado a retroceder, como ocurrió con la gigantesca movilización contra el fallo del “2x1” de la Corte Suprema en 2017.

Durante todos estos años tampoco se dejó pasar ninguno de los nuevos casos de violaciones a los derechos humanos. Multitudinarias movilizaciones de repudio se realizaron frente a los asesinatos de Víctor Choque o Teresa Rodríguez en los años ’90; de Kosteki y Santillán en 2002; de Mariano Ferreyra en 2010; o de Santiago Maldonado en 2017, por citar algunos de los casos más resonantes. Lo mismo sucedió con la segunda desaparición de Jorge Julio López en 2006.

Pasaron 50 años. Hoy el gobierno de Javier Milei pretende dar vuelta atrás esta historia con su avanzada negacionista. No lo logrará. La lucha contra la impunidad, por la memoria, la verdad y la justicia, ya es un patrimonio multitudinario del pueblo argentino. Tal como se grita en las calles: ¡Cómo a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar!

Escribe Juliana García, militante de derechos humanos

El plan sistemático de apropiación de niñas y niños fue uno de los rasgos más brutales del terrorismo de Estado desplegado por la última dictadura cívico-militar. Se comprobó incluso judicialmente que existió una política organizada para apropiarse de las hijas e hijos de personas detenidas desaparecidas y criarlos bajo los valores del régimen. El propio Poder Judicial lo estableció años más tarde en el juicio conocido como “Juicio Plan Sistemático de Apropiación de Menores”.

El terrorismo de Estado asesinó, desapareció, saqueó bienes y, además, robó identidades. Muchas niñas y niños fueron secuestrados durante operativos junto a sus padres y otros nacieron en cautiverio.

Para ello se montaron maternidades clandestinas dentro de centros clandestinos de detención. Las mujeres embarazadas secuestradas solían recibir un trato diferenciado: los represores buscaban que los embarazos llegaran a término. Después del parto, los bebés eran apropiados y las madres, en la mayoría de los casos, asesinadas.

La apropiación se concretaba mediante inscripciones falsas como hijas e hijos propios, con la complicidad de médicos o funcionarios que certificaban nacimientos inexistentes.

Frente a ese horror, la resistencia comenzó desde abajo. En 1977 surgieron las Madres de Plaza de Mayo y, ese mismo año, doce mujeres entendieron que además de buscar a sus hijas e hijos debían encontrar a sus nietas y nietos nacidos en cautiverio. Así nació la organización Abuelas de Plaza de Mayo en octubre de 1977.

Durante años la búsqueda fue casi artesanal: recorrer juzgados, seguir pistas y sostener la memoria en un país atravesado por el silencio y el miedo. En los años noventa el Estado creó la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) para acompañar esa tarea.

Hasta hoy se lograron 140 restituciones, aunque se estima que alrededor de 500 niñas y niños fueron apropiados. La cifra sigue siendo aproximada: varias mujeres embarazadas nunca fueron identificadas o no se sabía que estaban gestando al momento del secuestro.

Todavía hoy se siguen encontrando casos, pero el contexto político actual vuelve más difícil esa tarea. El gobierno de Javier Milei, que ha relativizado los crímenes de la dictadura y reivindicado la teoría de los dos demonios, recortó recursos destinados a las políticas de memoria y debilitó áreas del Estado dedicadas a la búsqueda de las y los nietos apropiados.

Organismos históricos como Abuelas enfrentan dificultades para sostener sus equipos técnicos, mientras la Conadi se encuentra reducida en personal y presupuesto. En un país donde todavía faltan cientos de nietas y nietos por encontrar, ese vaciamiento afecta directamente la posibilidad de restituir identidades.

La historia de las Abuelas demuestra que la búsqueda es también una construcción colectiva. Fue la persistencia de esas mujeres, acompañadas por trabajadores, estudiantes y organizaciones sociales, la que permitió que muchos nietos y nietas recuperaran su identidad.
Y mientras quede una sola nieta o nieto por encontrar, esa lucha seguirá abierta.

Escribe Mariano Barba

Mientras Estados Unidos perdía la guerra de Vietnam a comienzos de la década de 1970, en América Latina desplegaba la doctrina de la seguridad nacional. Esa estrategia luego se consolidó en el Plan Cóndor, un sistema de coordinación entre dictaduras para fomentar y organizar golpes de Estado en el Cono Sur. El golpe del 24 de marzo de 1976 en Argentina se inscribió en ese marco, con el objetivo de frenar las luchas populares e imponer planes económicos alineados con los intereses del imperialismo.

A comienzos de la década de 1970, las y los trabajadores y los pueblos protagonizaban acciones en distintas latitudes del mundo. Estados Unidos, con Richard Nixon como presidente, vivía grandes movilizaciones internas contra la guerra en Vietnam y sufría derrotas en el campo de batalla que culminaron con su retirada de ese país, lo que significó la primera gran derrota del imperialismo yanqui. Otros países coloniales africanos, como Guinea Bissau, Angola y Mozambique, tras largos años de lucha, conquistaron su independencia de las potencias europeas que los dominaban. Hacia el final de la década, en 1979, una gran revolución democrática en Irán derrocó al sha Reza Pahlevi; ese mismo año, en Nicaragua, se derrotaba a la dictadura de Anastasio Somoza en una guerra civil en la que participó nuestra corriente con la Brigada Simón Bolívar.

En América Latina también se desarrollaban grandes luchas en Chile, Argentina y Perú, que cerraban un período de derrotas marcado por el golpe en Brasil y el de Barrientos en Bolivia. En ese contexto, Estados Unidos avanzaba en la formación militar de los ejércitos latinoamericanos a través de la Escuela de las Américas, situada en la zona del Canal de Panamá. Allí se enseñaban doctrinas de contrainsurgencia, es decir, métodos para organizar golpes de Estado, coordinar la represión y formar escuadrones de la muerte. Estas políticas fueron las antesalas del Plan Cóndor, impulsado con respaldo y participación directa del gobierno estadounidense.

Durante las presidencias de Richard Nixon (1969-1974), Gerald Ford (1974-1977), Jimmy Carter (1977-1981) y Ronald Reagan (1981-1989), Estados Unidos prestó apoyo técnico, militar y político a los regímenes represivos del Cono Sur. A través de la CIA y el Pentágono se proporcionaban planificación, coordinación e instrucción en métodos de tortura y terrorismo de Estado.

Miles de asesinados y desaparecidos

Hacia 1978, la Operación Cóndor abarcaba ocho de los trece países de América del Sur y había establecido un área de represión e impunidad sin fronteras. El intercambio de información entre las dictaduras permitió operativos conjuntos de grupos de tareas integrados por agentes del país donde se encontraba la víctima y por sus contrapartes del país de origen. Estas operaciones muchas veces terminaban con traslados clandestinos de personas detenidas hacia su país de origen, algo habitual entre las dictaduras de Argentina, Uruguay y Chile.

La Comisión de Verdad y Justicia de Paraguay confirmó en 2003 que los documentos hallados en diciembre de 1992 en la comisaría de Lambaré, en Asunción, prueban la existencia del acuerdo entre las dictaduras para el intercambio de información y prisioneros. Según esos archivos, este plan asesinó a unos 50 mil opositores políticos en América Latina, dejó decenas de miles de detenidos desaparecidos y encarceló a alrededor de 400 mil personas. Esos documentos, conocidos como los “Archivos del Terror”, detallan el destino de miles de latinoamericanos secuestrados, torturados y asesinados por los servicios de seguridad de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

La atroz dictadura argentina

El Cordobazo de 1969 y las luchas obreras y populares que continuaron hasta 1976, con picos muy fuertes como la huelga general de 1975 conocida como el Rodrigazo, llevaron a que la burguesía y las Fuerzas Armadas planificaran el golpe en nuestro país en el marco del Plan Cóndor. Un documento desclasificado del FBI de septiembre de 1976 afirma que “los miembros del Plan Cóndor que habían demostrado más entusiasmo hasta la fecha eran Argentina, Uruguay y Chile”.

Quien condujo y orientó políticamente el siniestro Plan Cóndor fue Henry Kissinger, que ejercía simultáneamente como asesor de seguridad nacional y secretario de Estado de Estados Unidos. Desde allí monitoreaba directamente a los militares y gobiernos de América del Sur y fue un impulsor clave del golpe militar en Chile encabezado por Augusto Pinochet, que derrocó al gobierno de Salvador Allende e inauguró una sangrienta represión contra las y los trabajadores y el pueblo chileno. Reunido con Pinochet en junio de 1976, Kissinger le dijo: “En Estados Unidos, como sabe, simpatizamos con lo que está usted intentando hacer aquí [...] Mi opinión es que usted es víctima de todos los grupos izquierdistas del mundo”.

Sobre Argentina, Kissinger se reunió en octubre de 1976 con funcionarios de la dictadura y alentó al canciller argentino a que “hicieran lo que tuvieran que hacer lo más rápido posible”. Según el historiador Jon Lee Anderson, documentos desclasificados del Departamento de Estado muestran que dos días después del golpe Kissinger declaró que al nuevo gobierno militar “tendremos que apoyarlos en todas las posibilidades con que cuenten”. Más adelante, invitado por Videla a presenciar los partidos del Mundial 1978, Kissinger “aplaudió los esfuerzos de la Argentina en la lucha contra el terrorismo”.

Este derrotero muestra cómo el golpe militar en nuestro país fue planificado entre distintas fuerzas políticas y militares con el impulso de Estados Unidos y el Pentágono. Tanto dirigentes del radicalismo, como Balbín, como sectores del peronismo, como el empresario Jorge Antonio, y la cúpula de la Iglesia Católica fueron fervientes defensores del golpe genocida argentino.

A cinco décadas de aquellos hechos, la memoria sigue siendo una herramienta de lucha frente a los intentos de negacionismo y los gobiernos de derecha en América Latina. La historia del terrorismo de Estado demuestra hasta dónde pueden llegar las clases dominantes para frenar las luchas populares. Por eso, la defensa de la memoria, la verdad y la justicia sigue siendo parte de una pelea que continúa hasta hoy.

Escribe José Castillo

La dictadura genocida tuvo un objetivo económico preciso: profundizar la semicolonización del país al imperialismo yanqui e incrementar cualitativamente la superexplotación del pueblo trabajador. Por medio del terror, con desapariciones y detenciones (que mayormente se dieron entre activistas, delegados, miembros de comisiones internas y directivos sindicales) y prohibiendo la actividad sindical, el ministro de Economía de Videla, José Alfredo Martínez de Hoz, logró ya en los primeros meses reducir en un 40% los salarios. Le siguieron cierres de empresas, una apertura importadora brutal y una bicicleta financiera que enriqueció a las patronales nacionales y extranjeras “amigas” de la dictadura genocida.

Pero, sin duda, la herencia más macabra fue la deuda externa. Cuando asumió Videla el endeudamiento ascendía a 4 mil millones de dólares. En 1983 era de 46 mil millones. La mitad la habían asumido los propios militares con la excusa de obras faraónicas (como las del Mundial ‘78), compra de armas o directamente para el robo y su enriquecimiento personal. La otra mitad correspondía a deuda de empresas: grupos nacionales como Pérez Companc, Macri, Techint, Fortabat, Madanes, Galicia o incluso filiales de transnacionales que se endeudaron en esos años. Domingo Cavallo, presidente del Banco Central en 1982, “estatizó” esa deuda externa privada, cargándola al Estado argentino.

Lo más escandaloso es que todos los gobiernos posteriores (Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y ahora Javier Milei) la reconocieron y pagaron, aceptando el juego de infinitas refinanciaciones, “quitas”, capitalizaciones y múltiples mecanismos donde los intereses se sumaban, se tomaban nuevos préstamos para pagar los anteriores y así la deuda crecía como una bola de nieve hacia el infinito. Hoy, medio siglo más adelante, debemos más de 500 mil millones de dólares.

La deuda externa fue una estafa en toda la línea. Inmoral, porque la pagó y sigue pagando con hambre, pobreza, miseria y saqueo el conjunto del pueblo trabajador para el enriquecimiento de unos pocos buitres. Ilegítima, porque nació de una dictadura genocida. Ilegal, porque muchos de los fondos originales ni siquiera se pudo probar que existieron como un crédito normal o nunca llegaron al país. Y fraudulenta, como lo demostró el juez Ballesteros en un fallo ejemplar en el año 2000, después de una investigación exhaustiva de Alejandro Olmos (padre). Ese fallo, que declaró culpable a Martínez de Hoz y otros personeros de la dictadura, no tuvo efecto penal alguno porque la causa “había prescripto”. En cuanto a la recomendación, que figura en el propio fallo, de enviar sus resultados al Congreso Nacional, terminó cajoneada y allí duerme desde entonces.

No hay salida para el pueblo trabajador ni posibilidad de desarrollo para nuestro país si no se comienza por dejar de pagar esa deuda, herencia infame de la dictadura. A 50 años de la dictadura genocida, debemos recordar más que nunca que el origen de esta estafa (esa sangría que nos sigue hundiendo) estuvo en las políticas de la dictadura genocida, apoyada por el imperialismo, el FMI y las grandes patronales nacionales y extranjeras.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada electa CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Javier Milei es un negacionista de la última dictadura militar. ¿Qué significa esto? Que pretende instalar una versión falsa de la historia, negando los hechos, relativizando los crímenes de lesa humanidad y, lo que es peor, reivindicando el terrorismo de Estado. Desde que asumió viene atacando a los organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, desmantelando sitios de memoria (ex centros clandestinos de detención y tortura) y recortando el funcionamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, organismo clave para la búsqueda de bebés apropiados durante la dictadura.

Entre sus mentiras, intenta imponer (con todo el aparato estatal) la idea de que no fueron 30 mil las y los desaparecidos. Sin embargo, existe un informe del propio gobierno de Estados Unidos de 1978 (apenas dos años después del golpe) que ya registraba 22 mil desapariciones, cuando aún faltaban los años más sangrientos del terrorismo de Estado.

Ahora, a 50 años del golpe, lanza una nueva provocación: pretende perdonar a militares condenados por delitos de lesa humanidad. Los mismos genocidas que cumplen condena en cárceles comunes y que fueron visitados por diputados libertarios, a quienes Martín Menem incluso les facilitó una combi del Congreso. Para avanzar, el gobierno tiene dos caminos: una amnistía aprobada por el Congreso o un indulto presidencial. La primera borra el delito; la segunda perdona la pena. Ambas opciones serían gravísimas.

El antecedente más cercano son los indultos dictados por el presidente peronista Carlos Saúl Menem entre 1989 y 1990, que beneficiaron a cientos de militares y civiles responsables de crímenes de la dictadura. El repudio popular fue tan fuerte que la Corte Suprema terminó declarándolos inconstitucionales en 2007. Actualmente está vigente la Ley 27.156, que prohíbe indultar o amnistiar delitos de genocidio y lesa humanidad. Pero Milei ya demostró que no tiene reparos en atropellar consensos básicos institucionales o judiciales.

Sin embargo, la historia también demuestra que cada intento de garantizar impunidad a los genocidas chocó con la lucha popular. Frente a los avances negacionistas del gobierno, la respuesta debe ser más movilización para defender las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Porque en nuestro país no hay lugar para la impunidad: fueron 30 mil y fue genocidio.