Escribe Miguel Lamas

Con el apoyo unánime de varios gobiernos europeos y de regímenes árabes y de Turquía, el pasado 29 de septiembre Donald Trump y Benjamín Netanyahu lanzaron un ultimátum exigiendo el desarme de Hamas. Con el hambre y la destrucción como crimen de guerra, buscan la rendición incondicional de la resistencia palestina. Dicen que es un plan de paz: implicaría una retirada parcial de las tropas israelíes, pero con el control de Gaza por tropas extranjeras, aparentemente incluyendo fuerzas de países árabes aliados de Estados Unidos. Ese plan (al que ellos llaman de “paz”) surge en un momento de creciente aislamiento de Israel por la presión de la movilización popular mundial y porque, pese a los bombardeos, la heroica resistencia palestina impidió que Netanyahu tomara la ciudad de Gaza.

Por otra parte, gobiernos imperialistas de Europa como los de Gran Bretaña y Francia dicen ahora reconocer al Estado palestino; China hizo lo mismo, y la propuesta obtuvo una amplia mayoría en la Asamblea de la ONU. Pero esto también es tramposo, porque vuelve a poner en el centro la teoría de los “dos Estados”, dejando al Estado sionista de Israel con la mayor parte del territorio de la antigua Palestina y con las armas que posibilitan el genocidio.

Por eso denunciamos este falso plan de paz que, aún si cesara temporalmente el fuego (y eso sería, por supuesto, un alivio para el pueblo de Gaza sometido a bombardeos y hambre por los bloqueos israelíes) pretende mantener al Estado genocida de Israel que, desde su fundación en 1948, viene asesinando palestinos y a pueblos árabes para asegurar un control imperialista en Medio Oriente. Israel no es un país en sentido igualitario, sino un enclave imperialista creado desde 1948 por colonos venidos de distintas partes del mundo para colonizar a los países árabes y apropiarse de sus riquezas, en primer lugar los hidrocarburos.

Este lunes 6 de octubre se iniciaron negociaciones en Egipto entre delegaciones de Hamas, Israel y Estados Unidos, en base a esa propuesta de Trump. Pero, más allá de algún acuerdo temporario que podría concretarse, la lucha del pueblo palestino va a continuar contra el Estado genocida de Israel, como sucede desde hace 77 años. La lucha de hoy por derrotar a Israel sionista, por recuperar la Palestina histórica, como es la consigna por “Palestina libre del río hasta el mar”, es la lucha histórica del pueblo palestino y es hoy una lucha central de la humanidad oprimida.  

Una masiva columna cruzó el centro porteño este último martes 7 para reclamar el fin del genocidio en Palestina y exigir la libertad de las y los detenidos de la Flotilla Global Sumud. La convocatoria, efectuada por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, se realizó a dos años del comienzo de la criminal ofensiva sionista sobre la población de la Franja de Gaza.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA por Izquierda Socialista y candidata a senadora por el FIT-Unidad

Brenda, Morena y Lara fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela. Tenían veinte y quince años y eran de La Matanza. Sus nombres quedarán en nuestra memoria como víctimas de un triple narcofemicidio, donde el cuerpo de las mujeres se convierte en territorio de disputa y castigo en las guerras del narcotráfico.

Mientras el gobierno nacional y el provincial se tiran la pelota de un lado al otro de la General Paz, hay tres familias destrozadas que, junto al movimiento feminista, exigimos justicia. Hay detenidos. Hay sospechosos. Pero no alcanza.

De ellas sabemos todo: cómo vivían, qué hacían, qué publicaban. De ellos (los presos y los prófugos) apenas conocemos los apodos, el país de origen y que formaban parte de una banda narco. No son perejiles, pero tampoco los capos. Por eso, tampoco alcanza.

Sobrevivir en la marginalidad y la crisis social

En los márgenes no hay libertad para elegir. La falta de trabajo, la violencia económica y el abandono estatal empujan a miles de jóvenes a circuitos en donde la prostitución, las drogas o las apuestas online aparecen como salidas rápidas a la pobreza pero no lo son. 

La ausencia de políticas públicas es responsabilidad de los gobiernos. La avanzada punitivista de Javier Milei y Patricia Bullrich, que ahora buscan reformar el Código Penal aumentando las penas y bajando la edad de punibilidad, va camino al fracaso.

Milei estafó con la criptomoneda $Libra, Karina Milei cobraba coimas en la Andis y el PAMI, y José Luis Espert aparece vinculado a dinero narco. Un gobierno que ajusta al pueblo trabajador mientras se hunde en su propia corrupción. ¿También para ellos vale el “El que las hace las paga”?

Narcotráfico y Estado: una sociedad que mata

El narcotráfico no es exclusivo de nuestro país ni de este gobierno. A nivel mundial se lo considera uno de los tres negocios ilegales más rentables, junto con la trata de personas y la venta de armas. Argentina hace tiempo dejó de ser un país de tránsito para convertirse en un país de producción.
El triple crimen de la efedrina, en 2008, lo mostró con crudeza. En 2022, la cocaína adulterada con fentanilo mató a 24 personas en Tres de Febrero. Ahora, el triple femicidio de Florencio Varela vuelve a exponer la trama del negocio con una nueva sustancia: la tusi, la llamada “cocaína rosa”, que no es cocaína sino una mezcla de ketamina, MDMA y cafeína. Es una droga sintética que llegó desde Colombia en 2013 y hoy circula en las fiestas de Buenos Aires.

Un dato para analizar: según un editorial de Clarín del 2 de octubre de 2025, las avionetas con cocaína bajaban hace veinte años en Salta; hace diez, en Santiago del Estero; hace cinco, en Entre Ríos; y hoy lo hacen en la provincia de Buenos Aires. Nada de eso sería posible sin la complicidad de políticos patronales, jueces y policías. El narcotráfico no avanza solo: lo hace con el aval del Estado.

Legalizar para terminar con el negocio narco

El prohibicionismo fracasó: el consumo crece en los barrios y el comercio ilegal se fortalece. Milei eliminó 32 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario, dispositivos fundamentales de la Sedronar para atender consumos problemáticos, condenando a miles de personas en contextos vulnerables a vivir sin apoyo.

La justicia hipócrita llena las cárceles de perejiles pobres (en su mayoría mujeres, trans y travestis) mientras protege a los verdaderos narcos. Por eso sostenemos que la salida no es represiva, sino la legalización de todas las drogas.

Solo así se puede golpear el negocio narco, terminar con la corrupción que une a policías, jueces y políticos patronales, e impulsar campañas públicas de información y reducción de daños desde una perspectiva de salud pública y comunitaria.

El Frente de Izquierda Unidad es la única fuerza política que no tiene vínculos con el narcotráfico y, a la vez, la única que plantea una salida de fondo. El 26 de octubre, votá para que en el Congreso haya más bancas del FIT-U.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA por Izquierda Socialista y candidata a senadora por el FIT-Unidad

Alexandra Sabio tuvo que viajar a Buenos Aires desde Neuquén para romper el cerco mediático que le impuso el secretario de Prensa de la provincia, Claude Staicos, quien ahora se tomó una licencia como funcionario del gobierno de Rolando Figueroa.

Tras una reunión con diputadas, asesoras parlamentarias y diversas organizaciones de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y feministas, se lanzó una campaña nacional amplia para que el niño “M” este con su mamá. En el comunicado se explica: “Las organizaciones participantes coincidieron en que este caso no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un patrón de decisiones judiciales y operativos estatales que revictimizan a las madres protectoras y a sus hijos e hijas, constituyendo una forma de violencia institucional que el Congreso de la Nación no puede soslayar.”

Recordemos que el niño “M” fue arrancado de los brazos de su madre el 21 de agosto de 2025, en la puerta del Jardín N.º 65 de Neuquén, durante un operativo violento e irregular que involucró a policías armados dentro de una institución educativa. Toda esa violencia fue desplegada para secuestrar a “M” y entregarlo a su progenitor, Staicos, quien goza de total impunidad, amparado por el poder político, judicial y mediático de la provincia. Desde aquel día, Alexandra no sabe dónde está su hijo ni bajo qué condiciones de cuidado se encuentra. “M” no volvió a su jardín y tampoco fue inscripto en otra institución educativa, por lo que actualmente es un niño desescolarizado.

Desde Isadora te invitamos a seguir fortaleciendo esta lucha y con ella, la defensa de los derechos de las niñeces y de las madres protectoras. Debemos lograr que el niño “M” vuelva con Alexandra y ponerle fin a tanta impunidad.
           

Escribe Jorge Adaro

El lunes 6 de octubre se realizó una audiencia pública en el Congreso, convocada por la banca del Frente de Izquierda Unidad a iniciativa de la diputada nacional Mercedes de Mendieta, de Izquierda Socialista/FIT Unidad, en apoyo a Mónica Gurina y Leandro Sánchez, docentes perseguidos por el gobierno de Misiones, encabezado por Hugo Passalacqua, por haber participado junto a otros sectores estatales en las jornadas del Misionerazo de mayo de 2024.

La audiencia tuvo como objetivo nacionalizar la denuncia por la judicialización de ambos dirigentes del sindicato docente UTEM-CTA, a pocos días del inicio del juicio oral en el que enfrentan los cargos de “desobediencia judicial” y por el acampe realizado en el centro de Posadas.

Luego de las palabras de bienvenida de Mercedes de Mendieta, Mónica Gurina y Leandro Sánchez recordaron la lucha salarial que dio origen al Misionerazo y la confluencia con otros sectores estatales. Fue la primera gran pelea bajo el gobierno ultraderechista de Javier Milei, con un fuerte repudio al gobierno provincial de la Concertación y a su jefe político, Carlos Rovira. Leandro relató además las condiciones hostiles en las que se desarrolla la actividad escolar, tanto para la docencia como para estudiantes, producto del abandono de los distintos gobiernos.

A continuación, expresaron su solidaridad la diputada y el diputado del FIT-U Vilma Ripoll (MST) y Cristian Castillo (PTS), el dirigente Néstor Pitrola (PO), así como Claudio Lozano, de Unidad Popular, y Hugo “Cachorro” Godoy, de la CTA. También lo hicieron Adriana Astolfo, secretaria adjunta de Adosac; Mecha Sosa, secretaria general de Cedems (Jujuy); Mariana Scayola, secretaria general de Ademys (CABA); Angélica Lagunas, secretaria general de ATEN Capital; Alfredo Cáceres, de la directiva de Suteba Tigre; Ana Contreras, docente de La Pampa sancionada por tratar el genocidio al pueblo palestino en el aula; y Franco, secretario general de UEPC Capital, entre otras y otros dirigentes y activistas.

Más de treinta sindicatos, seccionales y agrupaciones docentes combativas enviaron su adhesión a la audiencia. En las distintas intervenciones, además del apoyo a la docencia misionera, se denunció el carácter ajustador y represor del gobierno de Milei, y cómo los gobernadores (en este caso Passalacqua) actúan como correa de transmisión de esas políticas en sus provincias: ajustando la educación pública y persiguiendo a las y los que se enfrentan al ajuste.

El 15 de octubre debemos rodearlos de solidaridad cuando comience el juicio. ¡Por la absolución de Mónica Gurina y Leandro Sánchez! ¡Protestar no es delito!