Escribe José Castillo

Se acaba de dictar un vergonzoso fallo contra la Argentina. El Ciadi condenó la estatización de Aerolíneas Argentinas producida en 2008, obligándonos a pagar la suma de 320 millones de dólares en concepto de indemnización. Los considerandos no toman en cuenta el fenomenal proceso de vaciamiento llevado adelante por los anteriores dueños españoles, tanto durante la gestión de Iberia como la posterior del Grupo Marsans. El escándalo es mayor si le agregamos que quien cobrará no será Marsans (hoy preso en el Estado Español por malversación de fondos), sino el estudio de abogados “buitre” Burford Capital, que “compró” la causa por apenas 12,4 millones de dólares.

No es el primer juicio que perdemos en el Ciadi. Ya durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se abonaron 5.427 millones de dólares por fallos adversos ante ese tribunal, entre ellos los 5.000 millones abonados a Repsol. Durante la gestión de Macri siguieron los fallos adversos, sumando otros 1.036 millones de dólares. A esto hay que agregar las sentencias aún no pagadas, como la citada de Aerolíneas y otras por más de 500 millones de dólares.

El hecho de que el Ciadi falle sistemáticamente contra el estado argentino envalentona a nuevos buitres. Así, ya hay presentada otra serie de demandas por 3.207 millones de dólares, destacándose las del mismo estudio Burford Capital por YPF (1.637 millones) y las de Orígenes y Metlife por la estatización de las AFJP (por casi 1.000 millones de dólares). De hecho, la Argentina es el país del mundo que enfrenta más denuncias en su contra en el Ciadi, con 51 reclamos.

La pregunta es por qué todos esos litigios terminan en dicho tribunal. Esto sucede porque la Argentina firmó entre 1992 y 2000 58 tratados bilaterales de inversión (TBI) con diferentes países, que establecen todos ellos que en caso de controversias se debe recurrir a este centro.

No es “obligatorio” para todos los países terminar en el Ciadi. Nosotros caemos en ese tribunal porque así lo firmamos en los citados TBI, que nunca fueron derogados por los gobiernos posteriores. La propia Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta, llegó a decir que dichos tratados “eran expoliatorios”, pero aun así los dejó vigentes. Por contraposición, Brasil no está en el Ciadi y Bolivia se negó a aceptar el arbitraje de dicho tribunal a partir del año 2007. Los propios Estados Unidos, a través de la llamada Trade Promotion Act de 2002, establecieron la supremacía de su propia legislación local en todo lo relativo a inversiones extranjeras, negándose de hecho a aceptar al Ciadi como tribunal en el hipotético caso de que fuera denunciado por alguna empresa de otro país. Por citar un ejemplo, hoy Huawei no podría recurrir al Ciadi para solicitar un fallo ante el conflicto desatado por el presidente Trump contra la empresa china.

El Ciadi se nos plantea así como un auténtico chantaje para impedirnos reestatizar las privatizadas, ya que inmediatamente lloverán juicios en nuestra contra. Por eso tenemos que romper inmediatamente con este auténtico tribunal proimperialista, suspendiendo los TBI que nos obligan a terminar en dicha jurisdicción. Y, a la vez, declarar de nulidad absoluta de sus fallos y repudiar el pago de los montos pendientes. Junto con romper con el FMI y dejar de pagar la deuda externa, son pasos absolutamente necesarios para recuperar nuestra independencia perdida frente al imperialismo.

¿Qué es el Ciadi?

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) es un tribunal que funciona en el seno del Banco Mundial para resolver controversias presentadas por empresas transnacionales contra estados nacionales. Solo puede actuar si el estado respectivo da el consentimiento explícito a través de un tratado bilateral de inversión (TBI) o un tratado de libre comercio (TLC). Ante cada caso se constituye un “jurado” de tres miembros, cuya decisión es inapelable. Como vemos, los fallos del Ciadi dan menos garantía al “acusado” (por ejemplo, el estado argentino) que nuestra propia justicia local.
Los fallos del Ciadi han sido sistemáticamente a favor de las empresas transnacionales, que siempre acusan a los estados de los países semicoloniales de “violar la seguridad jurídica de sus inversiones”.

La Corte Suprema declaró constitucional la Ley de Glaciares contra una causa iniciada en 2011 por la minera Barrick Gold, que quería que se declare ilegal porque limita la actividad de la empresa. La decisión del tribunal es un triunfo de los pueblos y las organizaciones ambientalistas que vienen resistiendo las explotaciones mineras que envenenan el agua y destruyen el medio ambiente.

Escribe Gabriel Massa

La Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo (16.078 en la cordillera y 890 en las islas del Atlántico Sur). Ocupan 8.484 kilómetros cuadrados.

La ley que protege los glaciares y las zonas que los rodean (periglaciares) fue votada por el Congreso en 2008. Aunque el gobierno de Cristina Kirchner la vetó (ver recuadro) a los tres años el Congreso logró ratificarla e inmediatamente, en 2011 Barrick Gold inició la causa en contra de la norma. Según la empresa –que cuenta con el apoyo tanto del kirchnerismo como del gobierno de Macri– la ley, al proteger los glaciares y prohibir la actividad minera que podría afectarlos, está impidiendo inversiones que calculan en 18.000 millones de dólares en 44 proyectos en seis provincias (Santa Cruz, Chubut, Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca).

El gobierno de Macri impulsó en 2017 un acuerdo federal minero que establece que las empresas solo deberán pagar 3% de sus ingresos a las provincias en regalías y 1,5% más a Nación por impuestos. De esta forma se pretende autorizar la actividad minera en glaciares y periglaciares, violando la ley.

Esto que sucede en las “alturas” del gobierno, el Congreso y la Justicia, tiene su contraparte en una batalla que se ha vuelto permanente entre los pueblos que defienden su geografía y su agua, por un lado, y las mineras por el otro que, con apoyo no solo de Macri y el kirchnerismo, sino de los gobernadores involucrados, pretenden imponer su negocio a sangre y fuego.

En toda América latina se han producido más de 120 conflictos entre mineras multinacionales y las poblaciones locales que defienden el ambiente. En nuestro país se dan desde los tiempos de Menem, cuando se impulsaron con una ley de 1993 los primeros proyectos de entrega de las riquezas del suelo, pasando por los Kirchner, estrechamente vinculados a los contratos con las mineras desde sus tiempos en la gobernación de Santa Cruz, hasta la actualidad con Cambiemos.

Una de las luchas con más repercusión fue la del pueblo de Famatina, en La Rioja en 2012 contra la explotación de la mina. Las movilizaciones y bloqueos de rutas contra los camiones de la minera se extendieron a las provincias circundantes.

Otro caso fundamental es el de la mina de oro Pascua Lama, en San Juan, cercana al río Jáchal. Los continuos derrames de agua con cianuro –que la empresa y el gobierno del gobernador peronista Gioja intentaron ocultar–, se convirtieron en un desastre ecológico y un grave peligro para la población de la provincia. La movilización de la población fue duramente reprimida pero logró paralizar la actividad por el momento.

La decisión de la Corte de sostener la vigencia de la Ley de Glaciares es un avance y un triunfo para la lucha contra la explotación de las riquezas del país por las mineras y contra la destrucción del medio ambiente. Para seguir avanzando es necesario unificar esa lucha levantando un programa con medidas de fondo como las que plantea el Frente de Izquierda: nacionalización de los recursos naturales, estatización de su conservación y explotación bajo control de los trabajadores y los pueblos de los territorios involucrados, expropiación sin indemnización de todos los recursos y activos de las mineras que saquean el país y prohibición de la megaminería contaminante.

Ver: http://www.izquierdasocialista.org.ar/index.php/periodicos-ediciones-anteriores/el-socialista-n-427/8998-proyecto-de-ley-de-juan-carlos-giordano-por-la-expropiacion-de-barrick-gold

Cristina vetó la ley

Durante la presidencia de Cristina Kirchner se le hicieron todo tipo de favores a la Barrick Gold: no solo se vetó la Ley de Glaciares, proponiendo otra que facilitaba la actividad de la minería a cielo abierto, sino que se firmaron decretos secretos que daban exenciones impositivas a la empresa. La propia Cristina se reunió en Canadá con el entonces CEO de la Barrick, Peter Munk, al que trataba cariñosamente como Peter.

El diputado Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista/FIT, presentó en 2017 un proyecto de ley que en sus fundamentos decía: “El pasado 28 de marzo se produjo el tercer derrame en un año y medio de la mina Veladero, propiedad de la multinacional Barrick Gold. Frente a este nuevo episodio, las asambleas de vecinos de la provincia siguen exigiendo el inmediato cierre de la planta y la remediación de los daños ambientales ocasionados por dicha empresa”.

Y en los artículos del proyecto proponía:
Art. 2°: Procédase a expropiar todos los activos económicos y financieros de Barrick Gold Corporation (la cual ha vendido el 50% de sus acciones en Argentina a la compañía de origen chino Shandong Gold) para que con esos fondos se inicie la remediación ambiental del daño que la multinacional ocasionó.

Art. 3°: La quita de la concesión se llevará a cabo sin pago de indemnización alguna por parte del Estado nacional y provincial argentino, quienes procederán de manera inmediata a embargar e incautar todos los activos de las empresas a fin de reparar el daño causado.

Art. 4°: Créase una empresa 100% estatal a los fines de que se encargue del cierre de Veladero y de la remediación efectiva de los daños económicos y ambientales ocasionados por Barrick Gold, la cual será controlada, administrada y gestionada por los actuales trabajadores de la empresa juntamente con técnicos especializados y las asambleas de vecinos de las localidades afectadas. Los actuales operarios de Barrick Gold pasarán a prestar servicios en la nueva empresa con todos los derechos y salarios actuales, eliminando los contratos y cláusulas de precarización y flexibilización laboral que hubiere en contra de los mismos.

Ver http://www.izquierdasocialista.org.ar/index.php/periodicos-ediciones-anteriores/el-socialista-n-427/8996-la-corte-suprema-declaro-constitucional-la-ley-de-glaciares-un-paso-adelante-contra-la-megamineria

Ana Zabaloy fue símbolo de otra de las batallas que libran las docentes en nuestras escuelas rurales de la provincia de Buenos Aires. Ex directora de la escuela Nº 11 de San Antonio de Areco, pagó con su vida los efectos de venenos como el 2,4-D, un herbicida altamente tóxico utilizado en el campo para controlar la maleza. Ana devino en otro ejemplo de cómo el modelo agrotóxico llega hasta las escuelas, los docentes y nuestros niños.

Ella denunció en una carta pública los efectos de los agrotóxicos utilizados por los pools sojeros y las multinacionales agroexportadoras. “Paren de enfermarnos, paren de matarnos” fue el título de su denuncia, donde expresaba: “Nadie nos lo contó, no lo leímos en ningún diario, nos pasó, lo vivimos, como una cotidianeidad inevitable”. Ana formaba parte de los espacios de organización contra el uso de agrotóxicos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Las escuelas rurales son habitualmente blancos de las fumigaciones y Ana había denunciado esta realidad.

En Entre Ríos se logró delimitar el área de riesgo gracias a recursos presentados ante la Justicia. En Buenos Aires, apenas un mes después de la puesta en funcionamiento de una resolución que limitaba el uso de agrotóxicos en proximidad de las escuelas, las presiones de las multinacionales la desactivaron ante la pasividad de la gobernadora Vidal. Hasta Macri había criticado cualquier intento de regulación de áreas, justificándolo con que “bajaba la producción agrícola”, sin importarle las vidas humanas.

En un escrito Ana llamaba a que “nos acompañen en esta lucha por la defensa de nuestros derechos como trabajadores de la educación expuestos constantemente a riesgos de salud por el solo hecho de concurrir a nuestro lugar de trabajo diariamente, además de la imposibilidad de proteger en estas circunstancias la seguridad e integridad de nuestros alumnos, con todo lo que ello implica. En nombre de nuestros niños, de sus familias y de nosotros mismos, una vez más exigimos: paren de fumigar las escuelas y poblados rurales. Paren de enfermarnos. Paren de matarnos”.

Nos comprometemos a continuar su lucha denunciando implacablemente a las multinacionales que destruyen nuestro ambiente, la salud y los gobiernos cómplices.

Podríamos escribir páginas de frases de Massa despotricando contra Cristina y denunciando al kirchnerismo, como que “nunca más me juntaría, es una etapa terminada”. Ni hablar de los dichos de Cristina y los kirchneristas contra Massa, acusándolo de cómplice de Macri y Cambiemos. Ahora, unidos, no serán solución para los trabajadores.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Otra novedad del cierre de las alianzas fue el acuerdo de Massa con el kirchnerismo. Finalmente, todo lo dicho sobre “grietas”, “tercera vía”, “corrupción K” quedó borrado y sellaron un nuevo acuerdo, el “Frente de Todos”. ¿Todo vale con el argumento de ganarle a Macri? ¿Es el Frente de Todos una solución para los grandes problemas del país, los trabajadores y los sectores populares?

Primero Alberto y los gobernadores

El kirchnerismo se presenta como “la izquierda peronista”. Les gusta hablar “contra el FMI”, “la oligarquía”, “la dependencia”, “el neoliberalismo”. Así tratan de ganar a honestos luchadores, trabajadores, jóvenes y mujeres que repudian el brutal ajuste y entrega de Macri y el FMI. Las ganas de terminar con el macrismo llevan a que, incluso, se olviden muchos de los padecimientos que vivimos con Cristina y hasta justifican o niegan la enorme corrupción de sus gobiernos.

Pero Cristina y su alianza van a contramano de estos deseos. Ella explica que deberá renegociar para seguir pagando al FMI y que será necesario “un contrato social” de todos los sectores políticos, sindicales y empresariales para sostener el ajuste que deberán aplicar.
En las elecciones provinciales, abandonando a quienes enfrentaban los ajustes de los gobernadores, Cristina llamó a apoyarlos. Así hizo campaña por Manzur en Tucumán, Bertone en Tierra del Fuego, Uñac en Entre Ríos y hasta por Schiaretti en Córdoba. Luego sumó a Alberto Fernández, que tiene buen “diálogo” con los grandes empresarios y con el tan “demonizado” Grupo Clarín. Lo ubicó de candidato a presidente al servicio de empezar a pactar desde ahora y “ampliar” la coalición electoral “uniendo al peronismo”. Ahora se sumaron a la alianza Sergio Massa y su Frente Renovador, uno de sus principales “enemigos” electorales.

Massa, sostén de Macri y Vidal

La historia de Massa tiene una única “coherencia”. Empezó en la juventud liberal, fue dirigente de la UCD (del gorila Álvaro Alsogaray) donde sembró excelentes relaciones con la embajada yanqui y el Partido Demócrata. Se sumó a los gobiernos de Menem, Duhalde y Néstor Kirchner, quien lo nombró director de la Anses. Con Cristina fue jefe de Gabinete en 2008 y rompió en 2009 denunciando la corrupción K. La enfrentó electoralmente junto con De Narváez y armó el Frente Renovador (FR), logrando diputados nacionales y bonaerenses.

Massa fue denunciado como sostén de las principales medidas de ajuste de Macri y Vidal. Con los votos del FR aprobaron el acuerdo con los fondos buitres, la reforma jubilatoria, el endeudamiento con el FMI, los presupuestos nacionales y provinciales y demás medidas antipopulares.

Ahora Massa vuelve a pactar con el kirchnerismo. ¿Es que Alberto Fernández, Massa y los gobernadores se convirtieron en “antiimperialistas”, “nacionales y populares”? Claro que no.

Aquí también se junta “el club de los traidores”: Daer, Pignanelli, Moyano, Baradel, Yasky, Caló y todos los burócratas que dejaron pasar el ajuste de Macri. Un verdadero “Frente de Todos”.

El “Frente de Todos” no es solución para los trabajadores

Alberto Fernández, Cristina y Massa nos plantean que lo único importante es “ganarle a Macri” y que, para eso, “todo suma”. Es el ya famoso y fracasado “voto útil” a una variante patronal. Así se votó a Menem, a De la Rúa, a Kirchner y hasta a Macri contra los gobiernos anteriores. “Peor no podemos estar”, nos decían, y la realidad demostró que siempre pudimos estar peor, como ahora con Macri.

El problema no es solo derrotar al gobierno. Sino derrotar su plan de ajuste y al FMI e implementar otra política económica opuesta. El Frente de Izquierda dice con claridad que si se sigue pagando la deuda externa se profundizarán la miseria social y la crisis del país y propone romper al acuerdo con el FMI, suspender los pagos y utilizar todo ese dinero para invertir en obras públicas, trabajo, educación, salud, salarios y jubilaciones.

La alianza del kirchnerismo con Alberto Fernández, Massa, los gobernadores y las distintas variantes de la burocracia sindical no traerá ninguna solución para el pueblo trabajador. Llamamos a los honestos luchadores a no caer en esta nueva trampa y sumarse a la campaña del Frente de Izquierda.