Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Hay más de sesenta equipos en el mundo trabajando para crear una vacuna contra el coronavirus, pero van muy despacio. Una declaración de Bill Gates al New England Journal of Medicine explica esta lentitud: “Es necesario que los gobiernos pongan los fondos porque los productos para la pandemia son inversiones de muy alto riesgo; el financiamiento público minimizaría los riesgos para las empresas farmacéuticas y ayudaría a que se metieran en este tema con los dos pies”. Los capitalistas quieren que el Estado ponga los fondos y las empresas se lleven las ganancias. Para que el negocio sea completo, Gates remata: “Finalmente, los gobiernos deben financiar la compra y distribución de las vacunas a la población que la necesita”. Es decir, el Estado financia la producción y luego compra los productos a las empresas. La propuesta de Gates desnuda la verdad: no se avanza en las vacunas si no hay ganancia capitalista garantizada.

Los buenos negocios de la pandemia

La industria farmacéutica y de insumos médicos está viviendo un momento de esplendor. A mediados de marzo de 2020, mientras caían las Bolsas del planeta, los títulos de Alpha Pro Tech, fabricante de barbijos, se disparaban 232 por ciento. Co-Diagnostics subía sus acciones 1.370% gracias a su kit de diagnóstico del virus responsable de la pandemia. Cepheid, la principal fabricante mundial, vende su test a 19,80 dólares cuando su costo es de 3 dólares. Las acciones del laboratorio californiano Gilead trepaban 20% por las perspectivas del antiviral Remdesivir contra el Covid-19, investigación, a su vez, subsidiada por el gobierno norteamericano. El valor bursátil de Inovio Pharmaceuticals, apoyada por Bill Gates, escalaba 200% por su vacuna experimental INO-4800.

Otra forma de beneficiarse es con las inversiones públicas. “Cada molécula aprobada por la FDA (ente federal que autoriza las drogas e insumos médicos en los Estados Unidos) entre 2010 y 2016 fue objeto de investigaciones científicas financiadas por el Estado a través del NIH (ente federal que regula la actividad en salud)”, según el grupo de defensa de Pacientes para Medicamentos Accesibles. El gobierno norteamericano gastó más de 100.000 millones de dólares en ese período facilitando también que las empresas disfrutaran del monopolio de la producción mediante la vigencia de las patentes.

Patentes: una traba al desarrollo

Las patentes, que garantizan la propiedad de los productos y los mecanismos de producción para cada empresa, son al mismo tiempo una traba porque impiden su difusión. El conocido economista capitalista Joseph Stiglitz reconoce que “el control monopólico de la tecnología utilizada en la detección del virus obstruye la rápida introducción de más kits de testeo, como también son un freno las patentes que posee la empresa 3M para barbijos N95 y otros elementos de protección”. Pone como ejemplo, también, la PCV13, vacuna para la neumonía que, al ser propiedad monopólica de Pfizer, es inalcanzable por su costo para gran parte de la población mundial. En India, por ejemplo, todos los años se registran más de 100.000 muertes infantiles evitables por neumonía, mientras que la vacuna le genera a Pfizer ingresos anuales por alrededor de 5.000 millones de dólares.

En las últimas décadas las multinacionales farmacéuticas lograron, por medio de las patentes, ampliar su monopolio sobre la producción de remedios a casi todos los países, aunque con grandes contradicciones. En 1997 el gobierno sudafricano, en su necesidad de hacer frente a la epidemia de sida, promulgó una ley que permitió suspender las patentes necesarias para proveer los remedios requeridos a pesar de la cerrada oposición de los Estados Unidos y las multinacionales. En 2001, durante la llamada crisis del ántrax, los Estados Unidos hicieron lo mismo, suspendieron la patente de la ciprofloxacina que poseía Bayer para todo el mundo. Se dio, entonces, la paradoja de que el país abanderado de la defensa de las patentes monopólicas de la industria farmacéutica apeló al recurso soberano que combatía en el resto del mundo.

Un mundo sin patentes sólo es posible sin propiedad burguesa

“Llevamos demasiado tiempo aceptando el mito de que el régimen de propiedad intelectual es necesario”, escribió recientemente Stiglitz. “Imaginemos un mundo en el que una red mundial de profesionales médicos monitorea la aparición de nuevas cepas de un virus contagioso, actualizan periódicamente la fórmula establecida de su vacuna y luego ponen esa información a disposición de compañías y países de todo el planeta… sin cuestiones de propiedad intelectual y sin monopolio farmacéutico…” Pero la norma es la realidad que él mismo denuncia, las leyes del capitalismo buscando aumentar la renta del capital, y que solo puede desaparecer con la desaparición de esas relaciones de propiedad.

El capitalismo es la traba que impide derrotar de un golpe a la pandemia. Hemos visto a la burguesía imperialista mundial implantar los planes de ajuste que destruyeron los sistemas de salud, incluso en sus propios países de origen; hemos presenciado su lucha contra las cuarentenas como en los Estados Unidos, Italia, Brasil y otros sin reparar en las muertes ni en la diseminación del virus; estamos viendo ahora cómo se realizan pingües negocios a costa de la necesidad de los pueblos y al mismo tiempo sigue recibiendo subsidios y privilegios del Estado con fondos que deberían ir al pueblo en cuarentena. Los trabajadores y el pueblo deberán avanzar hacia la estatización de los servicios de salud y la producción de insumos, remedios y vacunas. Bajo control de los trabajadores, deben ser puestos al servicio de la lucha contra la pandemia. Estas medidas, acompañadas con la suspensión de los pagos de la deuda externa y el impuesto a las grandes fortunas, permitirían acelerar la superación de la pandemia y liberar a la humanidad de la prolongación de estos horrores y sacrificio de vidas.

Escribe Mónica Méndez, secretaria de organización de la Cicop

En medio de una epidemia poco conocida, para la cual todavía no existen vacunas ni medicamentos comprobadamente eficaces, los trabajadores de la salud continuamos luchando, no solo contra el virus, sino para proteger nuestras vidas. A casi dos meses de iniciada la cuarentena, ni el gobierno ni las patronales de las clínicas privadas han prestado el debido cuidado a nuestra situación.   

Los pequeños avances conseguidos en cuanto a la provisión de elementos de protección para el personal obedecen al continuo reclamo de los trabajadores que sostienen una lucha permanente por sus derechos. Y donde son entregados nunca llegan en cantidades suficientes y continúan siendo de mala calidad, colocando en riesgo nuestras vidas. Hay denuncias concretas de estas irregularidades en municipios como Florencio Varela, Tigre y Lomas de Zamora y en muchas clínicas privadas. 

Tampoco hemos logrado los testeos masivos que venimos exigiendo para los trabajadores del sector. Y si bien hay más camas y respiradores, la cantidad de personal que ha entrado al sistema público de salud sigue siendo insuficiente. Por otra parte, el Ministerio de Salud continúa negándose a otorgar licencias a grupos de riesgo, como por ejemplo los mayores de 60 años, por lo que hemos tenido que lamentar víctimas innecesarias en nuestras filas y ver cómo continúa aumentando la curva del Covid-19 entre nuestros compañeros. 

La pandemia nos ha colocado en el centro de la escena. En este tiempo hemos recibido muchos gestos de solidaridad por parte de la población, sin embargo, ni el gobierno ni las patronales han demostrado el mismo reconocimiento. Ni en la provisión de elementos de protección ni mucho menos en recomponer nuestros bajísimos salarios. Solo la Cicop ha cerrado paritaria en la provincia de Buenos Aires y recibido el bono de 5.000 pesos, algo que todavía no se ha hecho efectivo al conjunto de los trabajadores de la salud.

Continuamos movilizados 

El 7 de mayo se realizaron diferentes actividades y expresiones de protesta en CABA y en algunas provincias como Córdoba, Santa Cruz y Chaco. El día 11 los compañeros del hospital Príncipe de Asturias, de Córdoba, repudiaron a la Secretaría de Salud por la ordenanza decretada por el intendente que recorta salarios y otros beneficios laborales. Ese mismo día los médicos municipales de La Matanza realizaron un “ruidazo” frente a la municipalidad por la recomposición salarial y contra la precariedad.  

En Posadas, Misiones, los trabajadores del hospital Madariaga repudiaron al ministro de Salud, Oscar Alarcón, por tratar de responsabilizar a los propios empleados de los contagios de Covid-19 en el sector. “Que se haga cargo de la falta de equipos de protección personal”, sentenciaron. Como si esto fuera poco, las empresas privadas de servicios médicos ya comenzaron a cargar el costo de la crisis sobre los profesionales de la salud. El sector privado avanzó en la última semana con recortes salariales y demoras en los pagos. El sanatorio Güemes es la prueba de esto, sus autoridades comunicaron que no abonarán de forma integral los sueldos de abril. 

Para el día 15 de mayo está marcada una nueva jornada de lucha. El gobierno no puede continuar mirando para otro lado y pensando que el “éxito” de su plan se resume al aislamiento social. Hay otro elemento determinante, que es el trabajo abnegado y silencioso que cumplimos los trabajadores del sector para apuntalar la salud pública. Nos mantendremos firmes en la exigencia por mejores condiciones de trabajo y salario y garantizando el funcionamiento de los comités de crisis para continuar aportando propuestas a esta complicada situación de la salud. 

El Socialista entrevistó a Marta Fernández, Dirigente de Cicop Hospital Estévez, Monovalente de Salud Mental para Mujeres sobre la situación en el hospital.

ES– ¿Qué características tiene un hospital monovalente de salud mental en esta pandemia? 

MF– Es una cuestión que venimos estudiando con los compañeros para tratar de caracterizar y ver cuáles eran las medidas más urgentes para la prevención. Como es un problema nuevo el que estamos enfrentando, estuvimos leyendo y hablando con infectólogos para prepararnos de la mejor forma. Llegamos a algunas conclusiones, nos parece que el hospital monovalente, que es un neuropsiquiátrico con una población que vive ahí de forma estable, es comparable con un geriátrico. Solo que sería un geriátrico gigante porque estamos hablando de seiscientas personas internadas. El monovalente atiende pacientes que viven ahí, que están internados, y hace consultas ambulatorias y tiene servicios de carácter ambulatorio, como hospital de día, servicio de niños, el IPAN, consultorios externos, o los grupos de prealta.

ES– ¿Tomaron algunas medidas a partir de esas constataciones? 

MF– Lo primero que se hizo fue suspender todo lo que era ambulatorio, y las visitas también. Pedimos que se formara un comité de crisis en el hospital para poder consensuar con otros dos gremios que actúan en el sector. Fue bueno porque el personal está dividido por dos leyes, una que nuclea enfermería, el personal de mantenimiento, administración, etcétera. Y otra ley que nuclea a los profesionales. Fue positivo juntarse con los otros gremios y poder formar el comité de crisis para plantear una serie de medidas.

ES– ¿Qué medidas de prevención han adoptado? 

MF– Desde la seccional de la Cicop, después de discutir y hablar con los otros compañeros, decidimos que había que aislar a la población. Siguiendo la comparación con un geriátrico, todo el cuidado y la prevención tenían que estar puestos en la gente que circulaba, o sea los trabajadores. Adoptamos medidas de prevención como la toma de temperatura. Todo eso salió del comité de crisis y de la organización de los trabajadores. Otro aspecto es sobre la rotación, algo que pudimos hacer junto con los otros gremios dentro del comité de crisis. La dirección del hospital estuvo a favor porque había que evitar la circulación de gente. Se dividió casi todo el hospital en dos grandes grupos de trabajo con una rotación semanal, una semana el equipo A y a la siguiente el equipo B. Organizar eso fue terrible porque además tenés que sumarle los problemas que aparecen. Afloran todas las falencias habidas y por haber ya desde antes de la pandemia, principalmente la falta de personal.

ES– ¿Hay algún otro problema de salud a tener en cuenta además del coronavirus? 

MF– Todavía no tenemos casos de Covid-19, sí tenemos dengue. Igualmente los protocolos son dinámicos, esto es otra cosa que tuvimos que armar nosotros. En los monovalentes los trabajadores armamos los protocolos porque desde el ministerio no se bajó nada, y era una gran preocupación. El otro problema era la actitud de la dirección, que decía: “No, acá no va a pasar, no va a entrar, vamos a hacer todo lo posible, pero no va a entrar”. Y nos parecía que eso era errado, desde Cicop entonces colocamos en el comité de crisis todos los escenarios posibles frente a la pandemia. Lo discutimos entre los trabajadores y lo pudimos plasmar en propuestas. Así logramos ser escuchados y que empiecen a pensar en escenarios posibles, y de ahí salieron los cortes, que vamos a evitar la circulación, la organización de los equipos de trabajo para que roten y la sala de aislamiento, que tampoco tenían prevista. Todavía falta mucho y ahora estamos trabajando con los protocolos de dengue. 

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Eclipsada por la pandemia del nuevo coronavirus, la epidemia de dengue sigue sin embargo acumulando casos en nuestro país. El virus del dengue no se contagia en forma directa sino a través de un vector, el mosquito de la especie Aedes aegypti. Como tampoco se ha logrado crear una vacuna, se combate la epidemia impidiendo la propagación del mosquito. El Aedes se ha acostumbrado a nuestra zona, es endémico, pero el virus del dengue llega cada tanto, cuando hay epidemias en la región, como ahora en Paraguay.

En la Argentina, en la presente temporada 2019/2020, se notificaron 52.594 casos con sospecha de dengue, según el último Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación. Se registraron entre confirmados y probables 22.320 casos autóctonos, otros 1.475 con antecedente de viaje y hay 1.969 casos en investigación. Se trata del brote más importante desde 2016. 

La provincia de Misiones registra la mayor incidencia acumulada del período con 236,5 casos por cada 100.000 habitantes, seguida por Jujuy, La Rioja y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con tasas de 225,8, 198,5 y 158 respectivamente. Los registros de la Ciudad de Buenos Aires permiten saber que el 8 de mayo se registraba un total de 6.498 infectados y que los barrios con mayor tasa cada 100.000 habitantes eran los que correspondían a las zonas sur y sudoeste de la ciudad.

Estos números, aparentemente áridos, en realidad están mostrando una conclusión social: la mayor concentración de casos está en los barrios más modestos de la ciudad, los que tienen menor proporción de servicios e infraestructura. Son los barrios olvidados del gobierno de Larreta y donde es más necesaria la higiene urbana y el saneamiento ambiental para impedir la proliferación de mosquitos. La acción preventiva debe empezar en la temporada fría y “no en el verano, cuando ya hay dengue”, dicen los especialistas. Una epidemia invisible que hace visible el desinterés del gobierno por los problemas que complican aún más la vida de los trabajadores.

Escribe Claudio Funes

Millones de trabajadores están cobrando este mes con rebajas salariales. En la mayoría de los casos se trata de una reducción de 25%, acordada entre el gobierno, la burocracia de la CGT y la UIA. Incluso hay quienes tienen reducciones aún mayores, con la excusa de que no se paga “presentismo”, “premios” u otros adicionales.

Las patronales vienen chantajeando, desde el comienzo de la cuarentena, de que se trata de elegir entre “rebaja salarial” o despidos masivos. La cúpula de la CGT, y también en algunos casos la CTA, les hacen el juego machacando con el fantasma de los despidos.

Muchos compañeros, por eso, se preguntan si no queda otra y efectivamente tenemos que resignarnos a las rebajas de sueldos.

Vamos por parte. La pregunta es ¿es verdad que a los empresarios no les queda otra que recortar salarios?

Nosotros respondemos enfáticamente que no. Las grandes patronales no están perdiendo dinero, a lo sumo, algunas ganan menos. Algunas, y por estos meses después de amasar superganancias año tras año. Y encima están recibiendo millones en subsidios, entre otras cosas para pagar salarios.

La realidad es que las grandes empresas y multinacionales se aprovechan de la pandemia para hacer realidad sus viejos anhelos de rebaja salarial y flexibilización laboral. Una miserable extorsión que aceptan el gobierno y la CGT.

¿Por qué afirmamos esto? El 20 de abril el gobierno resolvió que el Estado se haría cargo del 50% de los salarios del sector privado. Es el denominado Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), un fabuloso subsidio a las patronales. Sin embargo, posteriormente, junto con la UIA y la CGT, en un acuerdo tripartito, Alberto Fernández avaló la rebaja salarial de 25 por ciento. El gran capital y las multinacionales, entonces, son los grandes ganadores con el recorte salarial y el ATP.

Las grandes empresas no esperaron el acuerdo para rebajar salarios. Ya lo venían haciendo de hecho en los días previos. Un primer antecedente del abuso capitalista en la pandemia se dio con las multinacionales de comidas rápidas (que tuvieron que retroceder por la resistencia de los jóvenes precarizados), que en marzo bajaron los sueldos hasta 50 por ciento, ¡cuando la cuarentena se estableció el 19 de marzo! En solo doce días las patronales utilizaron la pandemia para rapiñar el salario a sus trabajadores. Estamos hablando de McDonald’s y Burger King, multimillonarias empresas que sin duda tienen la capacidad de pagar salarios completos por largo tiempo.

Mucho más pueden pagar el 100% de los salarios las grandes multinacionales automotrices, petroleras y metalúrgicas. Ford, General Motors, Fiat, Renault y otras que facturan fortunas en el mundo recortan salarios gracias a los acuerdos con el Smata de Ricardo Pignanelli. Peugeot le pagó a los trabajadores que no están bajo la categoría de suspendidos apenas el 65% del salario, y al resto menos. Las autopartistas, por su parte, pretenden lo mismo, pero con un recorte salarial aún mayor, de 50 por ciento.

Las petroleras, sinónimo de riqueza, como Exxon, Shell, Vista Oil & Gas, Chevron, Pluspetrol y Total, entre otras, firmaron un acuerdo con el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, que les permitió suspensiones masivas de trabajadores que pasaron a cobrar un promedio de 30% de sus ingresos habituales.

Antonio Caló salió corriendo de la reunión tripartita en la que se pactó la rebaja salarial  para avisarles a sus amigos de Techint, Aluar y Acindar que ya  podían proceder al 25% de recorte.

Entre tanto, los empresarios textiles negociaron con la Asociación Obrera Textil (AOT) el pago de una suma fija de entre 17.000 y 20.000 pesos para los trabajadores suspendidos. Son sumas de indigencia.

Nunca debemos olvidar que a estas dramáticas podas hay que agregarle que los salarios ya vienen perdiendo poder adquisitivo, el 8,4% durante 2019, al que se suma la inflación acumulada de 2020 (7,8% para el primer trimestre).

El alza de precios en el rubro alimentos tiene como promotores, entre otras, a Arcor, Molinos, Mondelez y Unilever, que continúan, con total impunidad, amasando fortunas durante la pandemia. ¿Dónde está la crisis para estas empresas? Sin embargo, la cámara de la industria alimenticia, Copal, presidida por Daniel Funes de Rioja, fue una de las que más insistió para que se rebajen los salarios.

El dilema rebaja salarial o despido es falso. Eso es lo que quieren los empresarios y los burócratas sindicales que le hacen el juego. De hecho, aún esta rebaja no impidió que siguiera habiendo despidos. Por eso no tenemos que caer en la trampa. Hay que discutir con los compañeros de trabajo que lo que están haciendo las patronales es aprovecharse de la pandemia para meter la baja de salarios como excusa, de la misma forma que tratan de ir por la flexibilización laboral. Ese es el debate que hay que meter en fábricas, oficinas y talleres, en los cuerpos de delegados, las comisiones internas o, incluso, en las discusiones de todos los días. Allí donde sea posible hay que proponer asambleas para discutirlo.

Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad y el sindicalismo combativo planteamos que hay que pelear contra los despidos y suspensiones y al mismo tiempo exigir que se pague el 100% de los salarios, rechazando cualquier tipo de rebaja salarial o pago fuera de término.

El acuerdo gobierno-CGT-UIA nos muestra también la necesidad de llevar adelante otra tarea: pelear por echar a la vieja burocracia traidora, apoyando y fortaleciendo a las nuevas conducciones y apostando por una nueva dirección para la clase trabajadora. Esa es la tarea que nos planteamos desde el sindicalismo combativo.