Escribe Ezequiel Peressini Candidato a legislador Izquierda Socialista/FIT

A menos de un mes de las elecciones provinciales del próximo 12 de mayo, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda seguimos desarrollando una fuerte campaña electoral.a pulmón y montada en el esfuerzo militante.

Recorrimos las ciudades más grandes del interior de la provincia como San Francisco, Villa María, Santa Rosa, Cosquín, Carlos Paz y las importantes Sierras Chicas. Acercamos la propuesta del Frente de Izquierda para salir de la crisis y enfrentar el ajuste de Macri, el gobernador del PJ Schiaretti y el FMI. Dialogamos con los medios de comunicación y repartimos miles de volantes. Visitamos la ciudad de Río Cuarto junto a nuestro precandidato a presidente, Nicolás Del Caño, y Soledad Díaz García, candidata a primera legisladora del Frente de Izquierda y militante del Partido Obrero. Río Cuarto es la segunda ciudad de la provincia y siempre está en el ranking de las comunidades con más desocupación y trabajo no registrado del país. Es por eso que impulsamos la prohibición de despidos y suspensiones, el reparto de las horas de trabajo con igual salario y un plan de obras públicas 100% estatal para terminar con la desocupación.

El domingo 13 de abril participamos en las elecciones municipales de varias localidades, como Deán Funes, Santa María de Punilla y otras que despegaron la fecha de las elecciones provinciales para disimular su complicidad con Macri o Schiaretti. Estas elecciones mostraron el crecimiento territorial del Frente de Izquierda y que Izquierda Socialista crece al ritmo de las luchas de los últimos años, como sucede en Embalse, donde con un nuevo equipo militante e Isadora, pusimos en pie una alternativa política para los trabajadores, las mujeres y la juventud que ya no se come las mentiras de los que gobiernan y buscan construir una herramienta para enfrentar el ajuste con una programa político obrero y socialista.

Los domingos visitamos distintas plazas de barrios populares como San Vicente, Villa El Libertador y otros de Córdoba Capital para dialogar con los vecinos sobre las problemáticas actuales y juntar la mayor cantidad posible de fiscales que nos ayuden a cuidar los votos del Frente de Izquierda y evitar el fraude al que recurren los partidos patronales.

Llamamos a los trabajadores, las mujeres y la juventud a sumarse a la campaña electoral en los lugares de trabajo, los barrios, escuelas y la universidad para poner en pie una alternativa contras las mentiras de los que ya nos gobernaron, por la ruptura con el FMI para resolver los urgentes problemas sociales. A votar al Frente de Izquierda porque la única salida es la izquierda.

El lunes 15 de abril se llevó a cabo una audiencia ante la Cámara en lo Criminal de Caleta Olivia contra tres dirigentes petroleros de Santa Cruz: Martín Oñate y Néstor Vibares, ex integrantes de la comisión directiva del Sindicato Petrolero y de Gas Privado, y Jorge Armoa, delegado de la empresa Bacssa. Están acusados de “coacción simple” y “entorpecimiento de la actividad productiva” a raíz de una lucha sindical en 2014. Una causa armada, por lo cual pedimos la absolución.

Escribe Eduardo Manzione

Acompañaron la jornada Pedro Cormack (secretario general Adosac provincial), nuestra diputada nacional Mónica Schlotthauer, quien viajó especialmente para solidarizarse participando junto a los compañeros de Izquierda Socialista de Santa Cruz, Adriana Astolfo (secretaria general de Adosac Pico Truncado), Eduardo Manzione (congresal provincial de Adosac), Luis Díaz (delegado de escuela Río Gallegos), Ileana Celotto (AGD-UBA), dirigentes del Sutna, Miguel del Plá (CTA Autónoma-PO) y familiares y amigos de los acusados presentes en una sala colmada.

La causa fue iniciada para criminalizar un reclamo gremial del año 2014 en la empresa Bacssa, de la localidad de Las Heras. Los dirigentes llevados a juicio exigían que se cumpla con el convenio colectivo del sector, pagos por desarraigo y la reincorporación de un trabajador. Lucha que surgió desde la propia base obrera a través de asambleas. El burócrata Claudio Vidal, secretario General del Sindicato Petrolero de la provincia, no acompañó la lucha, siendo funcional a la empresa y al gobierno kirchnerista.

En palabras de Vibares, la empresa se ensañó con ellos porque había muchas ganas de luchar y se eligieron delegados combativos que peleaban por los compañeros. Esta criminalización, sostuvo, busca descabezar un sindicalismo de clase y la resignación de los trabajadores para que no salgan a pelear.

Martín Oñate denunció el odio patronal hacia los trabajadores, ya que ni pidió la conciliación obligatoria, sino que inició directamente una causa penal “desconociendo” que en nuestro país existe el derecho a huelga. Los compañeros a los que se quieren condenar armaron la lista Roja qué enfrentó a Vidal.

A través de los testigos quedó claro que esta es una causa armada y que el kirchnerismo junto a la patronal de la empresa Bacssa intentan criminalizar a los que luchan. Los mismos testigos que presentó el fiscal de la causa, Ariel Candia, hicieron agua.

La empresa afirma que los petroleros impedían el ingreso y la salida de camiones causando graves pérdidas económicas. Pero sus testigos “no recordaban” ninguna supuesta actitud delictiva de los acusados y el gerente de Bacssa ni siquiera pudo presentar las filmaciones que decía tener porque afirma que “no las resguardó”.

En todo momento quedó claro que toda la lucha se votó y decidió en asambleas. Incluso dirigentes del petróleo de otras empresas se acercaron a ofrecer su solidaridad.

El juicio debería haber culminado con la absolución de los compañeros, pero habrá otra audiencia el próximo 29 de abril. La diputada Schlotthauer resumió: “Todo esto prueba lo que venimos diciendo desde la izquierda, que el ajuste y la represión son tanto de Macri como de los gobernadores, en este caso la peronista kirchnerista Alicia Kirchner”.

Nuestro partido, junto al sindicalismo combativo, estará presente nuevamente el 29. ¡Absolución ya a Vibares, Armoa y Oñate!

Escribe Martín Fú

AGEA, la empresa editora del diario Clarín y las publicaciones Olé, Ñ, Viva, entre otras (el conglomerado de medios más poderoso del país), despidió la semana pasada a 65 trabajadores. El llamado “avance digital” y la “reestructuración de la empresa” anunciada pomposamente en dos páginas del diario Clarín en papel del pasado 14 de abril, se cristalizaron en la madrugada del pasado 17 cuando los trabajadores encontraron un cerco policial dispuesto por el gobierno al servicio de la patronal sobre la calle Tacuarí. Ahí se les notificó a las trabajadoras y a los trabajadores quién entraba y quién había sido despedido.

Compañeros con más de veinte años de antigüedad, algunos de los mejores reporteros gráficos, quedaban del lado de afuera. Los trabajadores respondieron con un contundente paro total de actividades, lo que obligó al personal jerárquico a garantizar la salida del diario Clarín. En 2017, la misma empresa, en un año electoral como este y con acuerdo del gobierno, cerró su planta de AGR, que fue ocupada durante meses en una heroica resistencia de gran parte de sus trabajadores hasta su violento desalojo. Ese año, el Ministerio de Trabajo dijo que no podía hacer nada “porque se trataba de un conflicto entre privados”. Ahora vuelve a hacer lo mismo.

Desde un primer momento la lucha se llenó de solidaridad. Este sábado se llevó a cabo el festival “Pascuas en las calles” frente al diario, se creó un fondo de lucha y se seguirán realizando actividades de difusión. Nuestras compañeras diputadas Mónica Schlotthauer y Laura Marrone, junto a Juan Carlos Giordano, Jorge Adaro y Pablo Almeida, en nombre de Izquierda Socialista, se hicieron presentes llevando el apoyo de nuestro partido.

Escribe Adriana Astolfo, Secretaria general Adosac Pico Truncado

El fuerte ajuste que impone el gobierno de Alicia Kirchner en los salarios y condiciones laborales de docentes y estatales, activos y pasivos, va de la mano de la criminalización de la protesta que, por otro lado, cuenta con una larga historia en los gobiernos peronistas kirchneristas de la provincia.

Hace pocos días se conoció la decisión de la Justicia de Santa Cruz de llevar a indagatoria el 16 de agosto a diez jubilados agrupados en Jubilados Unidos en Acción, quienes habían sido denunciados por el estado provincial de provocar daños en edificios públicos cuando protestaban en defensa del cobro de sus jubilaciones en tiempo y forma en 2018, reclamo que aún no fue satisfecho. La demanda es económica y supera los 300.000 pesos.

Asimismo, la jueza Rosana Suárez imputó a tres docentes: Juan Manuel Valentín, dirigente de PO-Tribuna Docente; Diego Barrionuevo, entonces parte de la Comisión Directiva Provincial de Adosac; Claudio Wasquin, dirigente de Alternativa Docente-MST, y dos trabajadores estatales, Hugo Jerez y Gabriela Ance, por daños y perjuicios durante la protesta por el reclamo de pagos de salarios frente a la Casa de Gobierno en el año 2017.

La persecución del gobierno de Alicia Kirchner incluye además la intervención en las juntas de clasificación docente, separando del cargo a los tres vocales electos en la junta de inicial y especial, por no avalar los listados truchos con la incorporación de los tres puntos de presentismo e iniciar sumarios administrativos a dos compañeras dirigentes de la filial de Adosac Río Gallegos por manifestarse con “cornetas” durante los actos públicos de ofrecimientos de cargos, precisamente porque el Consejo Provincial de Educación pretendió realizarlos con estos listados que rechaza toda la docencia.

Como quedó demostrado el 15 de abril en el juicio a los petroleros de Las Heras, el único objetivo es acallar las voces de quienes salen a luchar para hacer pasar el ajuste y la precarización laboral. La unidad y solidaridad de los sectores gremiales y políticos hará que estas causas caigan.

Escribe Gabriel Massa

Por si alguien tenía dudas de lo que es esta justicia para ricos que ampara a los corruptos, la decisión de dejar libres de culpa y cargo al primo de Macri, Angelo Calcaterra, ex CEO de la empresa familiar Iecsa, y a Paolo Rocca, mandamás de la mayor empresa industrial del país, Techint, deja las cosas totalmente en claro. Es como esos referís que “no ven” un penal flagrante delante de sus ojos.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi procesó este martes al detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido y sus ex colaboradores Roberto Baratta y José López en la causa por el pago de coimas para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Pero al mismo tiempo declaró la falta de mérito para los empresarios, Calcaterra y Jorge “Corcho” Rodríguez. Esto a pesar de que se sabe que el consorcio que integraban estos patrones –junto con la brasileña Odebrecht y otras empresas-, depositó 4.495.250 dólares en un banco de Andorra para los funcionarios coimeros. Y también a pesar de que otros empresarios no directamente ligados al gobierno, Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa SA, y Héctor Castro Sirerol, de Comsa SA, sí son procesados por coimeros.

Por el lado de Rocca, la Cámara Federal revocó el procesamiento y dictó la falta de mérito, luego de que el juez Claudio Bonadio lo incluyera en la causa de los “cuadernos” del remisero Oscar Centeno, chofer de Roberto Baratta. En esa causa los ejecutivos de Techint Héctor Zabaleta y Luis María Betnaza reconocieron haber pagado coimas a Baratta en 2008 para que el gobierno kirchnerista facilitara negociaciones con el gobierno de Venezuela. Chávez terminó pagando una fuerte indemnización por la nacionalización de Sidor, la planta siderúrgica de Techint en ese país.

A pesar de que los altos ejecutivos reconocieron haber coimeado al gobierno, la cámara sobreseyó a Rocca, CEO de Techint, diciendo que no hay pruebas de que él supiera de las coimas. ¡Penal referí! ¿Cómo que no lo vio?