Cuatro comunidades mapuches fueron violentamente reprimidas mientras acampaban en la puerta de la Gobernación neuquina, reclamando que se cumpla el acta firmada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, el 17 de septiembre del año pasado. En ese documento el funcionario se comprometía a otorgar la personería jurídica a las comunidades en un plazo de quince días. La documentación que respalda dicho reconocimiento ya está completa y archivada en el escritorio del gobernador.

La personería jurídica es un paso fundamental para que sus tierras puedan ser relevadas conforme a la legislación vigente, y así garantizar los derechos de uso y usufructo comunitario. Pero el gobierno no solo incumplió el compromiso: también rompió el diálogo y profundizó la persecución y criminalización de las comunidades mapuches. “Es un manoseo institucional, el incumplimiento de la palabra oficial”, denunciaron las autoridades originarias. “A la política centrada en la explotación de nuestros territorios comunitarios, en la contaminación, los sismos y la destrucción territorial, se suma el trato discriminatorio por parte de empresas petroleras que nos consideran extraños en nuestro propio territorio”.

Para sostener su reclamo, las autoridades se encadenaron durante seis días en las puertas de la gobernación. Estaban acompañadas por sus familias, acampaban en condiciones extremas, con leña para soportar el frío de la noche, y llevaron también caballos y cabras, para cuidarlos y evitar que fueran robados de sus casas, que habían quedado prácticamente deshabitadas.

La respuesta del gobierno fue una represión brutal, en línea con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el presidente, Javier Milei: desalojaron violentamente el ingreso a la Casa de Gobierno, golpearon y dejaron heridos, incluso a niños, y detuvieron a veinte personas. Gracias a la presión social y la movilización, fueron liberadas después del mediodía.

Desde Izquierda Socialista estuvimos acompañando el acampe y, el día de la represión, colaboramos con las comunidades para rechazar el ataque policial. En los días siguientes, seguiremos participando de las acciones de repudio que se están organizando, como la jornada de lucha del jueves 24, bajo la consigna: ¡Unamos las luchas contra la represión y el gobierno de las petroleras!

Corresponsal

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora porteña Izquierda Socialista/FIT Unidad.

Trece meses después de la brutal represión del 12 de junio de 2024, cuando miles nos movilizamos contra la Ley Bases frente al Congreso, la Justicia confirmó lo que desde el primer día habían denunciado los organismos de derechos humanos: las 33 personas detenidas fueron víctimas de una cacería represiva y totalmente arbitraria.

Pese a que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, las tildó públicamente de “terroristas”, y el fiscal Carlos Stornelli las acusó de “golpistas”, la jueza federal María Servini terminó sobreseyendo a las últimas 16 personas que aún seguían imputadas. El fallo fue contundente: no hubo testigos que motivaran las detenciones, ni videos que respaldaran las acusaciones: un armado judicial para criminalizar la protesta.

El operativo del 12 de junio fue parte de una estrategia del gobierno de Javier Milei para sembrar miedo y disciplinar a quienes enfrentamos su plan de ajuste y entrega. De las 33 personas detenidas, 17 fueron liberadas al día siguiente. Las 16 restantes pasaron hasta una semana presas y cargaron con una causa abierta durante más de un año, a pesar de la inexistencia de pruebas en su contra.

Este paso adelante que implica la falta de mérito dictaminada por Servini no hubiera sido posible sin la lucha incansable de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas y sindicales, que desde el primer momento exigimos la liberación y el desprocesamiento de todas las personas detenidas.

Desde que asumió el oficialismo, se profundizó el ataque a las libertades democráticas. El protocolo antipiquetes de Bullrich, las detenciones arbitrarias de militantes como Alessia Abaigar o la concejala de Quilmes, Eva Mieri, la represión a jubiladas y jubilados que se movilizan cada miércoles, y la persecución a periodistas opositores son parte de un mismo plan represivo. Frente a este escenario, debemos seguir impulsando la máxima unidad de acción en las calles contra la avanzada represiva del gobierno, porque luchar no es delito.

Escribe Diego Martínez

Hace pocos días se estrenó Menem, la serie, que retrata la presidencia del peronista riojano. Durante la década del 90, su gobierno aplicó un feroz ajuste que disparó la desocupación y la pobreza, en un contexto de corrupción generalizada y “relaciones carnales” con el imperialismo yanqui 
y el FMI.

Con el foco puesto en su personalidad siniestra e inescrupulosa, el guión de la serie, autorizado por el propio Carlos Saúl, destaca por sus grandes actuaciones, que recrean con precisión a los personajes de su entorno familiar y político.

El doble discurso de sus inicios

La intención del programa no es hacer un racconto completo de la trayectoria política de Carlos Menem, sino centrarse en algunos momentos clave de su primera presidencia.

En el primer capítulo aparece en su etapa como gobernador de La Rioja, retratado como un caudillo que emula la figura de Facundo Quiroga, el líder federal que proclamó a la provincia como el “primer territorio libre de América” y prometió la reforma agraria. Una imagen muy distinta a la práctica real del mandatario, quien pocos años antes se había alineado con el peronismo de José López Rega e Isabel Perón.

En un segundo momento, se lo muestra sorpresivamente ganador de la interna peronista frente a Antonio Cafiero, prometiendo “salariazo” y “revolución productiva”. Pero una vez en el poder, otorga el indulto a los jefes militares de la dictadura, en claro contraste con la imagen que había construido hasta entonces como preso político del período anterior.

De privatizaciones y corrupción

Otro capítulo destacado de la serie está dedicado a las privatizaciones. Allí se muestra cómo Menem, María Julia Alsogaray y otros funcionarios del gobierno peronista rifaban el patrimonio nacional al mejor postor, privilegiando el alineamiento con el imperialismo norteamericano. Fue el entonces canciller Guido Di Tella quien sintetizó esa política con la frase: “relaciones carnales”.

Esto se expresó, entre otras cosas, en la participación argentina en el bando yanqui durante la Primera Guerra del Golfo en 1991, siendo el nuestro el único país latinoamericano en intervenir en ese conflicto, hecho que la serie menciona brevemente.

La serie también refleja la resistencia obrera frente a las privatizaciones, a pesar de la traición de buena parte de la burocracia sindical peronista. Se recrea la más emblemática de estas luchas: la ferroviaria, que quedó en la memoria popular por una frase amenazante de Menem que resumía su política: “Ramal que para, ramal que cierra”.

El trasfondo de la entrega menemista fueron los escándalos de corrupción, algunos de los cuales aparecen retratados en la serie: la sospechosa construcción de una pista de aterrizaje en Anillaco, su pueblo natal, y casos vinculados a la familia de su exesposa, Zulema Yoma. Con el paso de los años, estos hechos se multiplicarían.

El legado político del peronismo menemista 

Con el ocaso político del menemismo, los distintos sectores de la política patronal intentaron despegarse de la figura del riojano. Sin embargo, durante su mandato, el peronismo en su conjunto cerró filas detrás de Menem, quien además contó con la colaboración de la oposición patronal. El “Pacto de Olivos”, celebrado en 1994 entre Raúl Alfonsín y el propio Menem, permitió su reelección al año siguiente.

En 1999 triunfó el gobierno de la Alianza, conformado por la UCR y la centroizquierda del Frepaso, con un fuerte discurso contra la corrupción menemista. No obstante, mantuvo la convertibilidad 1 dólar = 1 peso, pilar económico del peronismo menemista, lo que desembocó en el caos social de 2001.

Dentro del peronismo, Néstor y Cristina Kirchner adoptaron luego un discurso muy crítico del menemismo. Sin embargo, durante la presidencia de Menem le brindaron apoyo político y fueron acérrimos defensores de la privatización de YPF, haciendo incluso lobby parlamentario a favor de la venta de la petrolera estatal. Para asegurar la votación de la ley, pusieron a disposición el avión de la Gobernación de Santa Cruz para que el diputado Rafael Flores (quien estaba enyesado) pudiera viajar y votar afirmativamente.

Una vez en el gobierno, tras la gran rebelión popular de 2001 y en una coyuntura económica internacional favorable, el pueblo trabajador logró algunas conquistas, y los Kirchner otorgaron ciertas concesiones. Pero en lo esencial, el modelo económico siguió siendo el mismo que durante el menemismo, heredado de la dictadura: alto endeudamiento externo (la propia Cristina definió su gestión como la de un “pagador serial”) y beneficios para el capital financiero y los sectores concentrados.

Fue también Cristina quien reconoció: “Las empresas y los bancos nunca ganaron tanta plata como con nuestro gobierno”. Aunque Néstor y Cristina sostuvieron un discurso distinto en relación al imperialismo, el saqueo de los recursos naturales continuó, a través de la megaminería y otras actividades extractivas.

La salida para el pueblo trabajador

A diferencia del peronismo kirchnerista, el gobierno ultraderechista de La Libertad Avanza reivindica abiertamente la década menemista. Tal es así que Javier Milei definió a ese período como “el mejor gobierno de la historia” y colocó a un integrante del clan familiar al frente de la Cámara de Diputados.

Al igual que en los ‘90, Milei se presenta como el mejor alumno de los Estados Unidos y del FMI. Con su plan motosierra busca ajustar drásticamente los “gastos” del Estado mediante despidos masivos, cierre de áreas públicas y la privatización de lo poco que aún queda sin privatizar.
Lo hace con un gobierno mucho más débil desde sus orígenes y con un creciente desgaste político entre la clase trabajadora y los sectores populares. Prueba de ello son los tres paros generales y las enormes movilizaciones que ya enfrentó su plan de ajuste.
Hoy como entonces, luchamos contra los planes de hambre del FMI, contra la entrega cipaya de nuestro patrimonio nacional y contra el saqueo imperialista de nuestros recursos.

Tanto en los noventa con Menem, como hoy con Milei, y con todos los gobiernos (sean del PRO, la UCR o el peronismo) denunciamos la corrupción, transversal a todos los gobiernos capitalistas, como una herramienta de la que se sirven los grandes empresarios para ganar los favores de los políticos patronales de turno.

Ayer y hoy luchamos contra la desocupación, la pobreza y los salarios de miseria, que son consecuencia directa de los planes de ajuste aplicados por gobiernos serviles a los intereses del imperialismo desde la dictadura hasta hoy.

La pelea contra el ajuste capitalista pasa hoy por luchar con fuerza para derrotar a la infame motosierra, construyendo una alternativa política junto a Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, para que de una vez por todas gobiernen los trabajadores y no gobiernos lacayos que aplican planes políticos para beneficiar siempre a los mismos: los grandes empresarios y el imperialismo, que se enriquecen a costa del sudor y el sufrimiento del pueblo trabajador.

Escribe Diego Martínez

Javier Milei llegó a la presidencia denunciando a la “casta corrupta”, pero con el tiempo comenzaron a aparecer cada vez más casos de corrupción en su propio gobierno. En ese sentido, parece seguir el ejemplo de su admirado Carlos Menem.
No es casual que haya elegido a la empresa Tech Security, propiedad de la familia de Martín Menem, para brindar servicios de seguridad al Banco Nación mediante un contrato por 4.000 millones de pesos por un año, prorrogable por dos más.
Pero no se trata del único caso. Global Protection Service (GPS), otra firma de los Menem, lleva facturados casi 3.000 millones de pesos en contratos con el Estado para tareas vinculadas a la seguridad privada.

GPS heredó contratos de Tech Security, como el de la seguridad del Teatro Cervantes o de las instalaciones de Enargas. Uno de esos contratos fue adjudicado por la propia Cámara de Diputados, que dirige Martín Menem. Un verdadero escándalo.
Como si esto fuera poco, el gobierno también está involucrado en la criptoestafa de $Libra y en una causa por presunto contrabando.

Quienes pregonan “destruir el Estado por dentro” se benefician con grandes negociados, precisamente con el Estado, es decir, pagados por todas y todos. Mientras un sector de la élite empresarial disfruta de la “fiesta mileísta”, las y los trabajadores sufrimos el ajuste, los tarifazos, la rebaja salarial, el ataque a las jubilaciones y el vaciamiento de la salud y la educación públicas. 

Escribe Diego Saavedra, delegado Junta Interna ATE Garrahan

La movilización del 17 de julio en apoyo al Hospital Garrahan fue un claro ejemplo de solidaridad con la salud pública. Miles se volcaron a las calles para respaldar a este hospital emblemático, único en el país por su alta complejidad en pediatría, y para exigir respuestas a las demandas de sus trabajadoras y trabajadores.

El inmenso apoyo popular que se expresa desde hace meses por salarios dignos y contra el desfinanciamiento del hospital se volcó a las calles con una gran movilización, del Congreso a Plaza de Mayo. Fue un reconocimiento al rol clave del Garrahan en la atención pediátrica de alta complejidad y en la formación de profesionales de la salud. La marcha fue un fuerte respaldo a la lucha que sostenemos las trabajadoras y trabajadores de todos los sectores.

La jornada contó con la participación de pacientes, familiares y organizaciones sociales, sindicales y políticas, y personalidades del arte y la cultura. Marcharon y realizaron distintas actividades para visibilizar la situación y reclamarle al gobierno ultraderechista de Javier Milei respuestas concretas. También hubo concentraciones y actos en distintas ciudades del país.

En este contexto de gran solidaridad, se escuchó con fuerza el reclamo de las y los residentes del Ministerio de Salud de la Nación, quienes enfrentan una situación de extrema vulnerabilidad. En las últimas semanas, fueron blanco de ataques y descalificaciones por parte del gobierno. Además, intentan avanzar sobre sus condiciones de trabajo, reemplazando sus contratos por un sistema de becas aún más precario.

La marcha fue una muestra de la necesidad de organización y lucha de quienes trabajamos en salud. Venimos denunciando la falta de salarios dignos, la precarización laboral y los recortes en todos los niveles del Estado: nacional, provincial y municipal. Esto afecta directamente la calidad de atención que recibe el pueblo. La movilización en defensa del Garrahan, hoy símbolo de la resistencia frente a la motosierra de Milei, fue también un rechazo a esas políticas y un llamado urgente a defender la salud pública, los salarios y los derechos laborales.

Tras la gran movilización del 17, la lucha en el Garrahan sigue más firme que nunca. En los próximos días realizaremos una asamblea para decidir los pasos a seguir. Reclamamos la recomposición salarial urgente, para que ningún trabajador o trabajadora cobre menos de 1.869.000 pesos, el monto mínimo que necesita una familia para vivir, según la junta interna de ATE Indec.

Desde Estatales y Salud en Marcha, integrantes de la corriente A Luchar, creemos que esta movilización plantea una posibilidad real de lucha unificada en todos los sectores de la salud pública, como ocurrió el 4J en apoyo a las y los jubilados produciendo una gran movilización. Por eso reclamamos a las conducciones sindicales que participaron (ATE, CTA, Cicop, Fesprosa, entre otras) que sigan dicho ejemplo. Que convoquen a asambleas conjuntas en cada centro de salud para discutir democráticamente un plan de lucha. Para derrotar el ajuste del gobierno y conquistar los reclamos más urgentes.

También exigimos el máximo apoyo, sin mezquindades, a la lucha del Garrahan. Es hora que la CGT, ausente sin aviso, rompa el pacto con el gobierno y convoque a un paro de 36 horas y un plan de lucha. Si ganan las y los trabajadores del hospital, será un triunfo de todo el pueblo frente al gobierno de Milei.