Escribe Pablo Montenegro, cuerpo de delegados del Sarmiento

El viernes 13 de junio, delegados del ferrocarril Sarmiento nos hicimos presentes en la conferencia de prensa convocada por las y los trabajadores del Hospital Posadas, tras conocerse el despido de 110 nuevos profesionales y trabajadores de la salud, entre ellos representantes gremiales de Cicop. Con estos nuevos despidos, ya son 250 los cesanteados en lo que va de la era mileísta.

Este ataque a los puestos de trabajo se sostiene sobre la precarización laboral que padecen las y los profesionales del Hospital Posadas, muchos de los cuales llevan más de treinta años con contratos temporales renovados año tras año y gobierno tras gobierno, sin que se haya efectivizado a nadie. Milei va aún más lejos. Desde hace más de un año no se firman renovaciones de contrato, y el personal continúa trabajando sin certezas sobre su situación laboral, expuesto a todo tipo de abusos, como descuentos injustificados.

La pérdida de puestos de trabajo no es lo único que debe lamentarse, ya que forma parte de un ataque brutal a la salud pública que no se limita al Hospital Posadas. Tanto trabajadores como pacientes enfrentan la falta de insumos, la escasez de personal y el cierre de servicios, producto del ahogo presupuestario y de una política deliberada orientada a destruir el sistema público de salud.

Este ataque es resistido por sus trabajadoras y trabajadores, con el apoyo solidario de pacientes y de distintos sectores gremiales. Sin embargo, el Posadas sufre una absoluta orfandad debido al abandono por parte de las conducciones nacionales de los gremios, que terminan actuando como cómplices de las políticas nefastas del gobierno.

Para enfrentar esta situación, desde el cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento y desde la corriente sindical A Luchar acercamos nuestro abrazo y solidaridad. Propusimos avanzar en la unidad y coordinación de los sectores en lucha, especialmente en el ámbito de la salud, como forma de romper el aislamiento impuesto por las dirigencias sindicales y derrotar la motosierra del gobierno.

Industrias Juan F. Secco es una empresa que, entre otros servicios, se dedica a generar energía eléctrica con centrales térmicas a partir del biogas producido en los basurales del CEAMSE del Gran Buenos Aires. Desde el año pasado viene despidiendo y persiguiendo a trabajadores de sus centrales de Ensenada y San Martín, quienes se están organizando y reclaman la reincorporación. El Socialista entrevistó a Juanjo, uno de los trabajadores despedidos en lucha.

ES: ¿Cómo comenzó el conflicto?

Juanjo: El 3 de mayo de 2024 la empresa Juan F. Secco avanzó con siete despidos de la central de biogas de Ensenada-La Plata. Ese fue el comienzo del conflicto. Los trabajadores y sus familias en asamblea decidieron tomar acciones contundentes para reclamar la reincorporación de los técnicos despedidos. Tal es así que se realizó una toma simbólica de la central eléctrica que la empresa pretendía desmantelar. Esta acción nos llevó a varias reuniones con la empresa, Ministerio de Trabajo y otras instancias, pero sin llegar a ninguna conclusión favorable. El CEAMSE de Ensenada prometió a las familias afectadas puestos de trabajo similares o acordes a la capacidad técnica de los compañeros, pero eso nunca sucedió.

Desde entonces hasta la fecha la empresa quitó toda voluntad de diálogo para solucionar el conflicto. A su vez, comenzó con una persecución en principio verbal, luego se traduciría en retiros voluntarios y más tarde en treinta despidos más, que para la sorpresa de nadie son todos contra los compañeros de la Agrupación de Trabajadores de la Energía Móvil (ATEM). Desde el 3 de mayo hasta la actualidad los compañeros agrupados no dejaron de reclamar sus puestos de trabajo, que son estratégicos para una sociedad que sufre los cortes de luz y los excesivos aumentos de tarifas.

ES: ¿Cómo se vienen organizando para dar esta pelea?

J.: Funcionamos en asamblea. En estos momentos estamos funcionando de manera permanente porque todos los días sufrimos ataques desde todos los sectores. El CEAMSE nos envía la Policía a la puerta de la central para tratar de amedrentar a los compañeros que hoy realizan una permanencia pacífica y un paro de brazos caídos en reclamo de los puestos de trabajo en la central eléctrica de San Martín biogas, dentro del predio del CEAMSE de dicha localidad. El viernes 13 de junio nos concentramos en la puerta del Ministerio de Trabajo de San Martín, donde se iba a hacer la reunión  para definir las reincorporaciones de los trabajadores despedidos. Pero la empresa no se presentó.

No obstante todos los miércoles acompañamos a los jubilados. Creemos que la solidaridad y la unión de todas las luchas darán por resultado el fortalecimiento de la clase trabajadora, que es atacada por el gobierno represor de Javier Milei. Así como el apoyo a la salud, educación y discapacidad. Marchamos con trabajadores y trabajadoras del Hospital Garraham, Pepsico, Ema, Georgalos, AGR (Clarín), Gráfica Morvillo, Madygraf y muchos otros. Estuvimos en defensa de EPEC en Córdoba y en la reincorporación de compañeros despedidos de Aguas de Balcarce y en defensa de Atucha. Somos una agrupación que se pone a la cabeza de la organización, pero también que pone el hombro a las luchas.

ES: ¿Qué mensaje final quieren dar?

J.: Hoy llamamos a todos los actores políticos, sindicales y organizaciones sociales a que nos acompañen a defender un servicio eléctrico de calidad y los puestos de trabajo de quienes vamos a las emergencias a iluminar las casas de los usuarios, vecinos y amigos. ¡Basta de despidos! ¡Reincorporación ya de los despedidos!

Una delegación de Izquierda Socialista y de la corriente sindical A Luchar estuvieron presentes el viernes 13 en la convocatoria realizada por el Sindicato Ceramista de Neuquén en el anfiteatro de ATE Nacional. Allí, compañeros de Cerámica Zanón (Fasinpat) y Cerámica Neuquén expusieron en detalle la grave situación que atraviesan los trabajadores, ya que el gobierno provincial les cortó el suministro de gas. Como consecuencia, la producción se encuentra paralizada y, de no encontrar una solución, 200 trabajadores quedarían sin salario. Hasta ahora, la única respuesta del gobernador Rolando Figueroa fue el despliegue de fuerzas represivas, al mejor estilo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante cada acción en defensa de las gestiones obreras.

Mariana Scayola, secretaria general de Ademys, expresó la solidaridad y el apoyo de la docencia porteña, remarcó la necesidad de avanzar en la coordinación de las luchas en curso en el marco del sindicalismo combativo, y anunció un aporte del sindicato de 300 mil pesos. Nuestra delegación también destacó el acompañamiento sostenido que Izquierda Socialista viene brindando a las acciones impulsadas por los ceramistas en Neuquén, así como el aporte de 600 mil pesos realizado por nuestras bancas legislativas provincial y municipal en esa provincia.

Se asumió el compromiso de apoyar las medidas propuestas por los ceramistas, que incluyen: impulsar el fondo de huelga, realizar una audiencia pública en el Congreso y llevar adelante una acción en la Casa de Neuquén en CABA. Finalmente, se hizo extensiva a los activistas y delegados presentes la invitación al Plenario Nacional que nuestra corriente sindical A Luchar realizará el próximo 5 de julio en el Club Comunicaciones, con el objetivo de avanzar en la coordinación y organización de los sectores en lucha para seguir enfrentando el Plan Motosierra de Javier Milei.
 
Corresponsal

El jueves 19 a las 14:30 en hall de la estación de Once, el Cuerpo de delegados y la Comisión de reclamos vamos a estar en una mesa de denuncia, informando a las y los usuarios los motivos del mal servicio de trenes. 

Esta situación es producto de la desinversión y el ajuste que lleva adelante el gobierno nacional de Milei. Por eso, rechazamos la política de motosierra, que en los últimos meses provocó colapsos en el sistema de señales, con tecnología inglesa de 1926, francesa de 1980 y parches con otras características técnicas, de Alemania, Japón y China. Todo como resultado de la profunda desinversión. 

La incompatibilidad de estas tecnologías produce que se active el “hombre muerto” llevando automáticamente a las formaciones y circular a 12 km por hora, convirtiendo los viajes en un calvario de trenes repletos de pasajeros entre Floresta y Once. 

Pero, por otro lado, empieza a practicarse el desguace, desarmando una formación para usar los repuestos (usados obviamente), en otras, todas estas prácticas terminaron muy mal en otros años. El ajuste incluye la reducción de personal podría llevar a la paralización del servicio.

Por esto, las y los ferroviarios creemos que defender el ferrocarril es con un sistema estatal, que unifique en una sola empresa el servicio de carga con el pasajero y administrado por trabajadores y usuarios.

Comunicado de prensa

Escribe Ana Valverde, referenta de Utjel

La incansable lucha de las y los jubilados continúa. Es cotidiana, pero cada miércoles, alrededor del Congreso, se convierte en una batalla. Se trata de un problema arrastrado durante años, pero que el gobierno ultraderechista de Javier Milei ha profundizado con crueldad, sostenido por la violenta represión ordenada por su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en obediencia a lo exigido por el FMI.

Lejos de hacernos retroceder, la aplicación del nefasto “protocolo antipiquete” no ha hecho más que consolidar la convocatoria de cada miércoles, en el marco de una movilización que no se detiene. No sólo crece la presencia de nuevos grupos de jubiladas y jubilados, sino que la movilización despertó una simpatía generalizada en el conjunto de la población. No podría ser de otro modo: en cada familia hay una o más personas que pertenecen a este sector y padecen las consecuencias de una política de ajuste especialmente ensañada.

La jubilación mínima, hoy en 304.724 pesos, más un bono fijo de 70 mil pesos (congelado desde marzo de 2024 y que, si se actualizara, debería alcanzar los 145 mil), nos condena a una situación de indigencia y privaciones inaceptables.

El haber que recibimos no llega ni al 30% de lo necesario para cubrir la canasta básica de las y los jubilados, calculada por la Defensoría de la Tercera Edad en 1.200.523 pesos. Este cálculo se hace a partir de un estudio en centros urbanos como la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, y las ciudades de Mendoza, Córdoba y Rosario. La medición contempla gastos propios de la tercera edad, incluyendo vivienda, alimentación, medicamentos, higiene, vestimenta y otros rubros esenciales.

Los medicamentos, un rubro esencial para nuestro sector, aumentaron muy por encima de la inflación, sin que el gobierno tome medidas frente a la voracidad de los laboratorios. La medicación para la tercera edad, que abarca tratamientos para diversas patologías, insume en promedio 260 mil pesos, incluso con el descuento según la obra social. Esto representa más del 70% del total de los haberes percibidos. La situación se agravó desde que el PAMI amplió el listado de medicamentos de venta libre (sin descuento) y redujo los porcentajes de cobertura sobre los recetados. Exigimos, más que nunca, el 100% de descuento en los medicamentos recetados, que hoy se llevan buena parte de nuestras jubilaciones.

Nuestra movilización también rechaza la reforma jubilatoria impulsada por el gobierno, que propone aumentar la edad para acceder al haber. Exigimos la restitución de la moratoria, eliminada por el gobierno ultraderechista el pasado 23 de marzo. La falta de aportes no es responsabilidad de las y los trabajadores, que desde hace décadas se ven obligados a aceptar empleos informales y precarizados, sin registro en la Seguridad Social ni acceso a los derechos laborales correspondientes. También es consecuencia de la evasión patronal: los empleadores descuentan los aportes al trabajador, pero no los depositan en las cajas previsionales ni cumplen con su propia obligación como aportantes.

Junto a estos reclamos, y en repudio a la brutal represión ordenada por la ministra Bullrich, desde la Unión de Trabajadoras y Trabajadores Jubilados en Lucha (Utjel) decimos: no a la supresión de las pensiones por discapacidad y por viudez. Defendemos los regímenes especiales y las trece cajas provinciales, y rechazamos la llamada “armonización”. También decimos: ¡No a la jubilación privada! Exigimos que Anses y PAMI vuelvan a manos de sus legítimos dueños: las y los trabajadores activos y jubilados. Para resolver de fondo estos problemas, sostenemos con firmeza: no al pago de la deuda externa con el FMI. Esa plata, que hoy va a parar a los cofres del sistema financiero usurero, debe destinarse a salud, educación, salarios y jubilaciones.