Desde el pasado jueves por la noche la realidad política se encuentra cruzada por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Un hecho político gravísimo que repudiamos y por el que exigimos una investigación a fondo (tema que desarrollamos en profundidad en "Repudiamos el atentado contra Cristina pero no fuimos a la marcha").

Todos los debates que se han generado y se seguirán generando al respecto en los próximos días no nos pueden hacer olvidar el drama económico y social que vive el pueblo trabajador, con una inflación que en septiembre superará el 6% y va camino al 100% anual. Con salarios y jubilaciones que ya perdieron un 30% de su poder adquisitivo en el último quinquenio y siguen en retroceso, sumiendo a millones en la pobreza. Con la mitad de la clase trabajadora en negro o tercerizada.

Desde hace un par de semanas, cuando se conoció la acusación del fiscal Diego Luciani a Cristina Fernández, el oficialismo del Frente de Todos y la oposición patronal de Juntos por el Cambio le dedicaron el 100% de sus declaraciones. Unos, negando la corrupción kirchnerista y diciendo que se trataba de un “ataque al peronismo”. Otros, buscando un aprovechamiento electoral y a la vez escondiendo la corrupción macrista. A esto le siguieron las discusiones por las vallas en la puerta de la casa de la vicepresidenta, la represión policial (hecho repudiable en sí) y los debates en Juntos por el Cambio entre Larreta y Patricia Bullrich (con esta última pidiendo más represión y mano dura). En este panorama se produjo el atentado a la vicepresidenta, el jueves pasado. Y todo lo que siguió de ahí en adelante.

Sin embargo hay algo que tiene que quedar claro: en medio de todo, el gobierno peronista del Frente de Todos sigue adelante con su feroz ajuste a medida de lo exigido por el FMI. Ya están en marcha los tarifazos, como se verá cuando lleguen las nuevas facturas a comienzos del mes que viene. Están los fuertes recortes a las partidas de educación, salud y obras públicas. Se recorta hasta las partidas para las personas con discapacidades. Los jubilados cobraron su “reajuste” de septiembre y una vez más perdieron contra la inflación. Y siguen las remarcaciones de precios, en particular en los productos de primera necesidad.
El superministro de Economía Sergio Massa viaja esta semana a los Estados Unidos. Antes de hacerlo anunció privilegios para los monopolios agroexportadores y las automotrices, quedando en agenda otros para las megamineras. A Cargill, Dreyfuss, Aceitera General Deheza, Cofco, ADM y Bunge y a los grandes terratenientes les garantizó un mes con retenciones cero, para que así puedan liquidar toda la soja que tenían acopiada.  Massa va a reunirse en este viaje con quienes deciden de verdad el destino de la economía argentina: Kristalina Georgieva y el staff del Fondo Monetario Internacional. Se ratificará el objetivo de la política económica del gobierno: alcanzar de acá a fin de año una reducción del déficit fiscal a 2,5% del PBI. Léase más y más ajuste y entrega al Fondo. A su vuelta, el equipo económico tendrá que presentar el presupuesto para el año próximo. Vendrá con recortes aún más profundos que los actuales.

Esta es la “agenda” del actual gobierno, de acá hasta el final de su mandato. Por eso es importante resaltar la lucha de los que hoy están enfrentando el ajuste. Ahí tenemos, entre otras, la enorme pelea docente en Córdoba, la que se dió conjuntamente entre docentes y el resto de los estatales en Santa Fé, la lucha de los trabajadores y familiares de personas con discapacidades contra los recortes o la que continúan los obreros del Sutna contra las patronales del neumático. Son todos conflictos concretos contra las consecuencias del ajuste, que tenemos que seguir apoyando y fortaleciendo para que triunfen. Más aún ante el vergonzoso silencio de la CGT y las CTA, cuyas conducciones son muy rápidas para salir a apoyar al gobierno pero no dicen una palabra antes los justos reclamos de las y los trabajadores. Por eso nos oponemos a quienes quieren aprovechar el correcto repudio al atentado a Cristina con llamados a la “paz social”, que en la práctica va a terminar siendo utilizada para deslegitimar luchas como las arriba mencionadas.
La oposición patronal de Juntos por el Cambio, mientras tanto, sigue inmersa en sus internas. Pero lo destacable, más allá de los nombres involucrados, es cómo compiten: lo hacen por mostrar quiénes serán capaces de ajustar más y más rápido si acceden al gobierno a fin del año que viene, o quiénes tendrán más capacidad para reprimir. Patricia Bullrich, en este aspecto, llegó al extremo de negarse a repudiar el atentado contra Cristina.  Lo mismo que hicieron Milei, Espert y los liberfachos, que lo tildaron de mero “hecho policial”.
 
Esta realidad de crisis, degradación social, miseria y marginación para el pueblo trabajador, no puede ser resuelta ni por el actual gobierno peronista del Frente de Todos ni por la oposición patronal de Juntos por el Cambio. O, mucho menos, por los “libertarios” de Milei.

Por eso es necesario postular, una vez más, otra alternativa política, la que venimos construyendo desde el Frente de Izquierda Unidad. Planteamos que es necesario otro programa económico, obrero y popular, que comience por dejar de pagar la deuda y romper con el FMI, para desde ahí priorizar salarios y jubilaciones dignas, por arriba del valor de la canasta familiar; trabajo genuino para los desocupados, y plata para salud, educación y vivienda. Una alternativa política que dice que es hora de que gobiernen los que nunca lo han hecho, los que no tienen responsabilidad ni complicidades con la crisis actual: los trabajadores y la izquierda, en el camino a una Argentina socialista.

Para escuchar estas propuestas y debatirlas es que desde Izquierda Socialista estamos realizando en estas semanas en todo el país distintos eventos, para que tengas la oportunidad de conocernos y acercarte a participar. Te esperamos.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad
 
Izquierda Socialista junto al Frente de Izquierda Unidad reitera su repudio al gravísimo atentado que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, exigiendo una profunda investigación y castigo a todos los culpables. A su vez, señalamos que no fuimos a la marcha a Plaza de Mayo convocada por el gobierno por hacer uso de este grave hecho en beneficio propio con un acto, como lo mostró la declaración leída por la actriz Alejandra Darín. Fue un acto de apoyo a un gobierno que aplica un brutal ajuste contra el pueblo trabajador.

El gravísimo atentado ya tiene sus ribetes, atento a las noticias que señalan la ineficiente actuación de la custodia, la posible pérdida de pruebas fundamentales del celular del atacante por desmanejos entre la Policía Federal y otros organismos de “investigación”, según ya observaron calificados peritos sobre el tema.
 
Debacle política y social

El atentado dio para todo tipo de debates. El gobierno dice que fue motivado por un “discurso de odio” por parte de los medios, la justicia y sectores de la oposición, que fue un “atentado a la democracia”. Otros sectores dicen que fue “un circo montado por el gobierno”. Y muchos se preguntan si con esto se viene un avance del fascismo.

Nosotros rechazamos que el gobierno justifique lo ocurrido por “el discurso de odio” (ver nota aquí), sino que lo inscribimos como una expresión más de la tremenda degradación social y política a las que nos viene llevando el peronismo del Frente de Todos en el gobierno, como antes el macrismo. El atentado se da, por un lado, ante un caos social imperante por el crecimiento del hambre, la pobreza, la marginalidad y la mayor desigualdad entre ricos y pobres, llevando por ejemplo a asesinatos cotidianos como en Rosario a manos del narco, y a la creciente inseguridad. Y por otro, ante los discursos extremos de un verdadero “vale todo”, tanto por parte de la oposición patronal como del gobierno peronista, apelando ambos a un discurso violento del “sálvese quien pueda” para llevar agua para su molino ante sus evidentes crisis políticas y posicionarse para las elecciones de 2023. Este caos político y social actuó como un cóctel explosivo para que se de este hecho aberrante, sea de un fascista individual o no, o pueda ser el detonador de otros aunque no sean de la magnitud del intento de magnicidio.
 
La violencia viene de arriba

El macrismo de Juntos viene diciendo que “los piqueteros son el caos social”, no el pacto mafioso con el FMI. Juntos por el Cambio, por ejemplo, dejó correr las marchas con bolsas mortuorias frente a Plaza de Mayo. El gobernador radical Gerardo Morales embiste en Jujuy contra organizaciones sociales que luchan por comida y trabajo, acusándolas de delincuentes. Patricia Bullrich, quien no repudió el atentado contra Cristina, dijo: “el que quiera andar armado que lo haga”. Un diputado de PRO pidió la pena de muerte. El legislador de derecha conocido como el marido de Pampita propuso demoler el ministerio de Desarrollo Social para facilitar el tránsito. Y Milei, quien tampoco repudió el atentado, postula propuestas de extrema derecha que venimos combatiendo, al que consideramos como peligroso personaje neofascista.

Frente a esto el gobierno no se queda atrás. ¿Acaso el Frente de Todos no enarboló un violento discurso ante el fallo de un fiscal? Habló de persecución y proscripción política contra Cristina y del peronismo; la vicepresidenta hizo referencia a un “pelotón de fusilamiento” en su contra, o la frase “espero que no se suicide el fiscal” de Alberto Fernández. Máximo Kirchner dijo: “están viendo quién mata al primer peronista”. Otros referentes kirchneristas dijeron que la causa de Vialidad es parecida a un “Plan Cóndor” (genocidio), que hay un golpe de los mercados, mientras el ministro de Kicillof y represor Sergio Berni se pavoneó por los medios diciendo “el que corta una calle es un delincuente”. ¿Todo esto no estuvo como trasfondo de lo ocurrido?
 
No fuimos a la marcha y llamamos a enfrentar el brutal ajuste

Respetamos a los trabajadores y jóvenes que simpatizando con el peronismo decidieron el viernes pasado participar de la movilización a Plaza de Mayo y de las que se dieron en el resto del país. Pero decimos claramente que el gobierno usó el atentado para victimizarse una vez más, afirmando que “peligra la democracia” o justificándose por “el discurso de odio” (del cual es parte), mientras redobla la aplicación de un brutal ajuste hasta recortando partidas a personas con discapacidades. El gobierno transformó la marcha a Plaza de Mayo en un acto en su propio apoyo. Por eso Izquierda Socialista y los demás partidos del FIT Unidad decidimos no participar.

No vemos que a pesar de la gravedad del atentado haya un “peligro de la democracia” (golpe de estado) o que haya bandas fascistas que pongan en peligro las libertades democráticas, como ocurrió años atrás. Esto no quiere decir que no haya ataques contra movilizaciones, como ocurrió en Córdoba ante una marcha contra el FMI por parte de encapuchados que dispararon al aire y acuchillaron a un joven, o los ataques vandálicos a locales partidarios de la izquierda, entre ellos Izquierda Socialista, o la reivindicación del atentado contra Cristina por un ultraderechista en La Plata, entre otros, a los cuales llamamos a repudiar.  

El gobierno ahora pide por la tan mentada “paz social” mientras sigue engordando las ganancias de las mineras, petroleras y el agronegocio. ¿Paz social con el FMI? ¿Paz social redoblando el ajuste? Una paz social que siempre va contra el pueblo trabajador, para amordazar a los que luchan contra el saqueo capitalista.

El FIT Unidad señaló en una declaración pública: “Nuestro repudio a este atentado reaccionario no implica ninguna solidaridad política con un gobierno que está llevando a cabo un profundo ajuste […]  Rechazamos los llamados a la “unidad” y a la “concordia” con las cámaras empresariales que promueven el ajuste y la pulverización de los salarios, y con los partidos políticos del ajuste. Por eso hemos decidido no marchar en el día de la fecha”. A su vez, denunciamos nuevamente que la CGT y las CTA se la pasan apoyando al gobierno y no llaman a luchar por un inmediato aumento de salario.

Conclusión: repudiamos el atentado, exigimos investigación y castigo. Y llamamos a seguir apoyando las luchas obreras y populares contra el brutal ajuste. Postulando un plan económico alternativo, obrero y popular. Y peleando por una salida de fondo, que pasa por conquistar un gobierno de las y de los trabajadores y de la izquierda, y una Argentina socialista, que nos libere del FMI y termine con la decadencia, el hambre y la pobreza a la que nos han llevado todos los gobiernos capitalistas, sean de centroderecha o supuestamente “nacionales y populares”.

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

“La convivencia democrática se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos”. Esto dijo el presidente de la Nación cuando decretó el feriado y convocó a la marcha a Plaza de Mayo. El ministro Wado De Pedro dijo: “No es un loco suelto: son tres toneladas de editoriales en diarios, televisión y radio”.

Victoria Donda (Inadi), la misma que tenía a su empleada doméstica de manera irregular, señaló que “a las armas de los odiadores las cargan los Macri, Bullrich, Milei”. Luis D´Elía dijo algo similar contra distintos periodistas. Hasta el historiador peronista Mempo Giardinelli propuso aplicar la Ley Antiterrorista a medios y periodistas no oficialistas.

Lo que cabría preguntarse en todo caso (siguiendo el hilo de Donda), es por qué la gente se dejaría llevar por esos personajes repudiables que ella menciona. Es que si el pueblo trabajador repudia al gobierno es por el ajuste, la pobreza y la inflación.

Una reciente encuesta habla de un récord de pesimismo sobre el presente y el futuro del país. El 56% dice que lo peor está por venir; la gente no ve que las elecciones puedan mejorar su situación y haya más entre quienes se perciben de clase baja que años atrás, entre otras consideraciones. ¿Culpa de la campaña del odio o de un gobierno que prometió combatir a la derecha y aplica el ajuste del FMI?

Desde ya estamos lejos de respaldar a periodistas sesgados o a políticos repudiables de la oposición patronal. Recordamos que a los cuatro años de ajuste bajo el gobierno macrista (2015/2019) los combatimos las y los luchadores, el sindicalismo combativo y la izquierda, no el peronismo que le votaba las leyes y la CGT le jugaba de cómplice. Sin embargo, hay que despejar la paja del trigo, como dice el dicho popular.

El “discurso de odio” como concepto fue pensado desde organismos de derechos humanos para proteger a las minorías vulneradas, para colectivos en riesgo como migrantes y refugiados, nunca para que sean usados por los gobiernos de turno contra quienes los critican.

Algunos parlamentarios oficialistas hasta promueven una ley “contra el odio”. Nicolás Maduro impuso en Venezuela una similar para perseguir a los que luchan contra su ajuste dictatorial.

El mote “de odio” (que ahora el gobierno emprende contra medios, periodistas y jueces), irá rápidamente contra los que reclaman a diario como las y los docentes, pasibles de ser acusados de “odiadores seriales”. Mote que le imputarán a las y los jubiladas y jubilados que repudian sus ingresos de indigencia, contra los movimientos sociales combativos y la izquierda, apuntando directamente contra el legítimo derecho a la protesta. Algo muy peligroso. Discurso y política que llamamos a rechazar.  

El cristinista y titular del bloque del Frente de Todos del Senado, José Mayans, dijo: “¿Queremos paz social? Bueno, comencemos a parar este juicio vergonzoso. En el juicio de Vialidad estuvo el germen que generó la violencia extrema”. Linda frase para encumbrarla como de alta calidad democrática. O sea que para Mayans los políticos de turno pueden parar o hacer seguir causas judiciales si son o no en su provecho. Esto prueba lo que decimos desde la izquierda, que a los jueces los manipulan los políticos patronales de acuerdo a su conveniencia. Mayans es sinónimo de impunidad, para los de arriba, llevando a pensar que podría darse lo contrario, que el peronismo frene causas contra el macrismo si se trata de “generar la paz social”. 

Escribe Claudio Funes

Juntos por el Cambio profundizó su crisis y sus propuestas reaccionarias frente a los nuevos hechos de la semana. Entre la represión a quienes se manifiestan y negar el repudio al atentado a la vicepresidenta, compiten por quién es más reaccionario, de cara a las elecciones del 2023.

El pasado 3 de septiembre se realizó una sesión especial en la Cámara de Diputados. En ella se votó por mayoría un texto de repudio al atentado contra Cristina Kirchner. La decisión del macrismo de no participar en el debate posterior volvió a agudizar, aún más, las internas en Cambiemos. Cuando Cristian Ritondo, jefe de los diputados de PRO, dio la orden a los suyos de retirarse del recinto, el resto de la bancada de Juntos por el Cambio permaneció imperturbable.

La interna de la principal fuerza patronal de oposición se tensa aún más por las circunstancias. Se enfrentan por las candidaturas y por el perfil político, entre reaccionario y muy reaccionario. No quieren despegarse de su base social más de derecha que les disputa Javier Milei.

La presidenta de PRO, Patricia Bullrich, apoyándose en este sector, es una de las que más duro juega. En esa línea eligió las redes sociales para cuestionar el feriado decretado por Alberto Fernández. Alentó a que quien quiera andar armado, lo haga. Llegó al punto de no condenar el atentado contra la vicepresidenta. Sus aspiraciones a candidata presidencial la hacen atacar a cualquiera que pueda ser un rival.

Fue blanco de las críticas de Bullrich el accionar del gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta (otro “presidenciable”), por no sostener el operativo represivo en el barrio de Recoleta ante las movilizaciones contra la condena solicitadas por la vicepresidenta. “Cuando tomás una decisión de cercar la casa de la vicepresidenta para cuidarla a ella y a los vecinos, la tenés que mantener”. También señaló que Juntos por el Cambio se ve débil porque la ciudad de Buenos Aires siempre está con las calles tomadas, atacando a toda movilización y reclamo.

Desde aquel “fuego amigo” de Lilita Carrió, la interna de Juntos por el Cambio está que arde. Cada dirigente hizo lo que más le convenía. Macri mantuvo silencio porque había salido bien parado. Además, el ex presidente tiene una coincidencia central con Carrió: no quiere que la alianza de Juntos por el Cambio sume los sectores peronistas con los que hablan Larreta y Morales. Patricia Bullrich y Cristian Ritondo respondieron con fuerza a la líder de la Coalición Cívica dentro de PRO. Sospechan de los escrúpulos de Carrió para elegir sus objetivos, que dejaron afuera a los candidatos de Rodríguez Larreta.
De no ser por lo que representan, la interna se parece a una clásica comedia de enredos, sin treguas y con una escenografía de abundantes puertas. Cada sector intenta averiguar quién está del otro lado. Quién fue el que alentó las denuncias de “Lilita”. Ritondo y Bullrich sospechan de Larreta y Santilli. El Larretismo de Macri debido a su silencio. Otros, en cambio, opinan que Carrió está jugando a dos puntas. Mantiene sus acuerdos con Larreta, pero le pone una ficha a Macri por si se candidatea.

En definitiva, todos sospechan de todos y se miran con recelo. Exageran sus diferencias, y las que tienen con el Frente de Todos, porque apoyan el ajuste del gobierno peronista y el pacto con el FMI pero quieren mostrarse como alternativa electoral. Esto es Juntos por el Cambio, un sainete de la más vieja y rancia política patronal y ajustadora.