Este 20 de septiembre se realizarán las elecciones del sindicato municipal de Río Gallegos, donde la unidad en la lista Negra, dirigida por “la negra” Villegas, se presenta para terminar con más de veinte años de control burocrático de Mansilla. En la foto nuestro dirigente Guillermo Sánchez Porta, visitándolas, entregando todo el apoyo de A Luchar.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada en CABA por Izquierda Socialista/FIT Unidad  

“Se acabó el género, nuestro valor es la familia, nuestros valores tradicionales, la igualdad ante la ley. Rechazamos la diversidad de orientación sexual que no se alinea con la biología. Son inventos subjetivos” dijo el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en su paso por la  Comisión de  Mujeres y Diversidad en el Congreso. El funcionario había sido citado para dar explicaciones sobre el cierre del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, pero lejos de argumentar los motivos por los que disolvió el organismo, se dedicó a leer un texto cargado de odio hacia las mujeres y disidencias. El doctor Libarona falsea la realidad y desconoce, no solo los avances científicos sino también las legislaciones vigentes de nuestro país.

El ministro misógino, no acudió solo al edificio del Anexo del Congreso sino que lo hizo rodeado de personajes nefastos como los integrantes del Observatorio de Falsas Denuncias, organismo que niega la violencia de género, miembros de la Asociación de Padres alejados de sus hijos, que argumentan en favor del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y de abogadas como Patricia Anzoátegui, conocida defensora de pedófilos y violadores. Sin lugar a dudas, la visita a la Cámara de Diputados de Cúneo Libarona fue planificada por el gobierno ultraderchista para que sea una nueva provocación al movimiento feminista.
 
Un ministro de Justicia que niega las leyes vigentes

A pesar de los dichos de Cúneo Libarona, la identidad de género está reconocida por ley en nuestro país y de acuerdo a la normativa vigente es “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”. Así lo establece la Ley 26.743 sancionada en el año 2012 y que reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI de acuerdo al género con el que se autoperciben. Esa autopercepción debe ser respetada y no como sostiene el vocero presidencial Manuel Adorni, quien defendió al ministro diciendo que “pretendemos que el que se autoperciba como quiera no le exija a otro que reconozca esa autopercepción. Tenemos que ser más libres y no cuestionarnos tanto todo”.

Dos años antes de la Ley de Identidad de Género, en el 2010, fue sancionada la Ley 26.618 conocida como la del Matrimonio Igualitario. Una ley de avanzada para la región que modifica nuestro Código Civil y establece que: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. Es decir que desde hace catorce años, en Argentina las familias que se casan o “tradicionales” como le gusta decir al ministro, son integradas por personas independientemente de su género y esto es gracias a enorme lucha incansable de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, entre otras (LGBTQI+).

Párrafo aparte merece la negación de la violencia de género al sostener que “la violencia debe ser castigada sin importar el sexo del destinatario”. En una sociedad capitalista y patriarcal no existe la igualdad ante la ley que tanto pregona el ministro. Las mujeres y disidencias sufrimos las peores consecuencias del ajuste y la violencia de género se puede medir: tenemos los trabajos peores pagos, ganamos menos que los varones y nos matan todos los días por odio. Por eso, desde el movimiento feminista venimos peleando, independientemente de quien gobierne, por políticas públicas para combatir la violenica de género y el Estado debe garantizarlas con presupuesto. Desde Izquierda Socialista/FIT Unidad repudiamos los dichos de Cúneo Libarona y a este gobierno machista y misógino que ataca nuestros derechos.  

el 11, 12 y 13 de Octubre.
Vamos con Isadora y Disidencias en Lucha a organizarnos contra el ultraderechista, misógino y negacionista de Milei. Vamos por un plan de lucha para defender nuestros derechos de los ataques de los gobiernos y las iglesias.

Escribe Adolfo Santos

Después de una intensa campaña con la participación de partidos políticos, sindicatos, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, la jueza federal María Servini firmó la excarcelación de Daniela Calarco, integrante del MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, detenida durante la cacería policial del 12 de junio en las manifestaciones contra la Ley Bases. Después de casi tres meses de detención, donde sufrió todo tipo de maltratos e incluso ser considerada “terrorista” por Javier Milei, Patricia Bullrich y el propio fiscal Carlos Stornelli, la jueza acabó firmando su libertad.

Sin dudas la excarcelación de Daniela, detenida en el Complejo Penitenciario Federal 4 de Ezeiza, es un triunfo de la movilización y de la amplia solidaridad que rodeó esta causa por la que aún continúa detenido el compañero Roberto de la Cruz Gómez. “No planeen todavía ninguna fiesta porque mañana tengo que estar temprano en el juzgado”, dijo Daniela al recuperar su libertad, indicando que el proceso continúa abierto. Es la dura pelea abierta entre un gobierno de ultraderecha y represivo contra los que luchan. Apalean a las y los jubilados, encarcelan activistas, retiran derechos y atacan el nivel de vida de la clase trabajadora, por eso no vamos a bajar los brazos.

Daniel Vázquez, defensor de Calarco e integrante del Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) nos decía: “Cambió el contexto político desde que la Justicia resolvió que el Senado quede afuera de la querella, la interna del Gobierno, el escándalo de Lourdes Arrieta, los fondos reservados de inteligencia, todo eso que les salió mal y abrió una brecha a nuestro favor. Pero todavía queda un detenido de la represión del 12 de junio, el compañero Gómez y tenemos que sumar todas las fuerzas para conseguir su libertad”.

Hay una campaña orquestada por el gobierno, las fuerzas represivas al mando de Bullrich, los servicios de inteligencia y una justicia al servicio de los ricos que se propone desmoralizar a los que luchan para vulnerar el derecho a la protesta y a las libertades democráticas. Protestar no es un delito, por eso continuaremos manifestando contra el brutal ajuste perpetrado por este gobierno ultraderechista. Ellos necesitan de la represión para pasar sus planes, nosotros de la más amplia unidad de acción contra la criminalización de la protesta social.

Escribe Federico Novo Foti

El 20 de septiembre de 1984, la Conadep presentó al entonces presidente Raúl Alfonsín (UCR) su informe relativo a la desaparición de personas bajo la dictadura. Publicado como libro con el título “Nunca Más”, fue uno de los primeros logros de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, ya que reconoció la existencia del “terrorismo de Estado” y aportó pruebas en el juicio a las Juntas Militares. Hoy el gobierno negacionista de Milei busca salvar a los genocidas, pero la lucha continúa.

La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) fue creada  por el presidente Raúl Alfonsín (UCR) el 15 de diciembre de 1983. Respondía así al reclamo del movimiento popular y las organizaciones de derechos humanos, especialmente las Madres de Plaza de Mayo, que en 1977 habían comenzado sus rondas en busca de sus hijos. El decreto de constitución de la comisión establecía que su objetivo sería “esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país”.¹ Fue presidida por el escritor Ernesto Sábato.

El 20 de septiembre de 1984, la “Comisión Sábato” presentó su informe final al presidente, cuya síntesis sería publicada en forma de libro bajo el título “Nunca Más”.² El informe aportó pruebas utilizadas en el juicio a las Juntas Militares, realizado en 1985. Expuso el “terrorismo de Estado”, la existencia de un plan sistemático perpetrado por la dictadura para perseguir, torturar, asesinar y desaparecer a activistas y disidentes políticos. Sin embargo, la tarea de la Conadep y los alcances de su informe fueron limitados por la política de impunidad del gobierno de Alfonsín.
 
Alfonsín y la “teoría de los dos demonios”

La caída de la dictadura, tras la derrota en la Guerra de Malvinas, fue un colosal triunfo revolucionario de la movilización obrera y popular, que conquistó amplias libertades democráticas y abrió una nueva etapa en el país. El 16 de junio de 1982, el general Leopoldo Fortunato Galtieri debió renunciar, y durante cinco días no hubo gobierno. Luego, los militares, con el aval del PJ, la UCR y los partidos burgueses unidos en la Multipartidaria, decidieron que asumiera el general Reynaldo Bignone, tratando de desviar la movilización revolucionaria hacia el terreno de las elecciones, para sostener el sistema capitalista.³ En octubre de 1983 se realizaron las elecciones, en las que resultó ganador Alfonsín (UCR) con el 51,7% de los votos. Millones de trabajadores y otros sectores populares, incluyendo a muchos peronistas, le dieron su voto. Alfonsín captó los anhelos de libertad y progreso surgidos de la lucha contra la dictadura, usando consignas como: “con la democracia se come, se cura y se educa”.

La anulación de la “Ley de Autoamnistía”⁴, con la que los militares buscaban exculparse de sus delitos, y la creación de la Conadep fueron los primeros logros obtenidos por la lucha obrera y popular que derrotó a la dictadura. Sin embargo, Alfonsín no buscaba iniciar un verdadero proceso de verdad y justicia. Días antes de la creación de la comisión expresó por primera vez su “teoría de los dos demonios”, en la que afirmaba que durante la década de 1970 el país había estado atravesado por el terror, que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda.⁵
Así intentó equiparar los crímenes del terrorismo de Estado con el accionar de las organizaciones guerrilleras y ocultar que la dictadura tuvo por objetivo liquidar a toda una generación de activistas obreros y populares.

Bajo esta concepción, el gobierno impuso a la Conadep enormes limitaciones. La Comisión no incluyó en su composición a los organismos de derechos humanos. No tuvo atribuciones para citar a declarar ni juzgar a los militares. Tampoco para abrir los archivos de “inteligencia” de la dictadura. Por el contrario, Alfonsín promovió la reforma del Código de Justicia Militar para que los genocidas fueran juzgados en tribunales militares, con la idea de que no se enjuiciara al conjunto de las fuerzas armadas, sino sólo a quienes habían cometido “excesos”.⁶

Contra la política de impunidad del gobierno radical, el Movimiento al Socialismo (MAS), partido antecesor de Izquierda Socialista, reclamó la creación de una comisión bicameral, juicios por jurados populares (integrados por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, familiares, representantes de partidos políticos y organizaciones obreras víctimas de la dictadura) y planteó “que al ser el genocidio cometido por la dictadura un verdadero crimen de lesa humanidad, debe aplicarse el principio de reversión de la prueba” porque “son los que ejercieron funciones represivas los que tienen que probar su inocencia”.⁷

La lucha por memoria, verdad y justicia continúan

La continuidad de las luchas obreras y populares, y del movimiento de derechos humanos en especial, obligaron en 1985 al gobierno y a la burguesía a aceptar la realización de un juicio civil a las Juntas Militares, no en un tribunal militar. Un hecho para entonces inédito, desde los juicios de Nüremberg de 1945-1946 contra los jerarcas nazis. En el juicio fueron condenados a perpetua los generales Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, un triunfo importante pero parcial de la lucha.

Los partidos patronales han intentado una y otra vez proteger a los genocidas, porque ir contra ellos es ir contra los intereses económicos y políticos de ajuste, sometimiento y entrega del país que sus gobiernos mantienen. En 1986 y 1987 Alfonsín impuso las “leyes de impunidad” (Obediencia Debida y Punto Final) que buscaron exculpar a los mandos medios y frenar los juicios. Carlos Menem (PJ) indultó a los militares. Bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (PJ) primó el doble discurso y, mientras descolgaban el cuadro de Videla, nombraban al genocida César Milani al frente de las Fuerzas Armadas y desaparecía Jorge Julio López. Mauricio Macri (PRO) intentó meter el 2x1 para liberar a los genocidas presos.

Hoy, la búsqueda de impunidad ha pegado un salto bajo el gobierno ultraderechista de Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, defensora de genocidas. Quieren restaurar la “teoría de los dos demonios”, niegan el genocidio y el terrorismo de Estado. La visita de diputados a genocidas presos y el acto en el Senado por “las víctimas del terrorismo” expuso su plan para liberarlos (ver nota en página 4). En el marco del plan motosierra también quieren reforzar el aparato represivo, con el protocolo antipiquetes y la restauración de la siniestra Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Pero, en abierta oposición, el pueblo trabajador nunca perdonó a los genocidas, y cada 24 de Marzo ha sido una multitudinaria demostración en reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Gracias a ello se anularon en 2003 las leyes de impunidad, se logró que los militares volvieran al banquillo de los acusados por el robo de bebés, y la reapertura de causas de lesa humanidad. Desde Izquierda Socialista/ FIT Unidad seguimos exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices. Sostenemos la importancia de la inversión de la carga de la prueba para delitos de lesa humanidad.

Decimos: ¡Son 30.000! No fue una guerra, fue un genocidio. Reclamamos la apertura de los archivos de la dictadura y la restitución de la identidad de los bebés apropiados. Mientras damos todas esas peleas, también nos abocamos a la tarea de construir una alternativa política que termine con el modelo de hambre, saqueo y entrega capitalista que apuntaló la dictadura y aún perdura, gestando y fortaleciendo un partido socialista y revolucionario que luche consecuentemente por castigar a los genocidas y por una salida de fondo: conquistar un gobierno de las y los trabajadores y el pueblo, por el socialismo.


1. Decreto del PEN 187/1983 Disponible en www.argentina.gob.ar
2. “Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional…”. Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1984.
3. Ver Miguel Sorans. “Debates en la izquierda revolucionaria. PTS e IS: dos visiones opuestas desde la caída de la dictadura…”. Disponible en www.izquierdasocialista.org.ar
4. Ver “El Socialista” Nº 568 (13/09/2023). Disponible en www.izquierdasocialista.org.ar
5. www.archivorta.com.ar
6. Ley 23.049/1984
7. “Semanario Socialista” Nº 80 (20/09/1984).