Escribe Marcelo Brizuela

El 1° de julio se realizó una conferencia de prensa para denunciar despidos en la línea 60. DOTA viene haciendo negocios con Alberto Fernández y Kicillof, recibiendo subsidios millonarios mientras sigue restringiendo servicios y ajustando a los choferes sobre sus derechos y condiciones laborales, intentando liquidar a los luchadores que los enfrentan.

“No hay dudas que buscan debilitar a la organización gremial, los despedidos son activistas y delegados como el compañero Zaragoza” plantean los trabajadores.

La conferencia de prensa siguió con una reunión de organizaciones sindicales, políticas, sociales, que llevaron solidaridad. Delegaciones de distintos sectores, los directivos y delegados ferroviarios de la Bordó de la Unión Ferroviaria Oeste, de Ademys, municipales de Vicente López, diputados y concejales del Frente de Izquierda Unidad, del Plenario Sindical Combativo, entre otros.
Los choferes informaron las medidas votadas: realizar un paro por tiempo indeterminado hasta la reincorporación de los despedidos, con movilizaciones y cortes.

El 4 de julio a la mañana, trabajadores de la línea 60 pararon masivamente y subieron a la Panamericana en Maschwitz, contando con el acompañamiento de decenas de organizaciones, frente a un fuerte operativo policial. “El paro es un éxito, no bajemos la guardia, planchamos la línea”, se escuchaba.

Inmediatamente el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, con todos los compañeros adentro, mostrando la firmeza de los choferes. Pero cuando los trabajadores intentaron ingresar, la patronal DOTA no lo permitió, desoyendo la conciliación.

DOTA fue citada por el ministerio y no se presentó, manteniendo su postura intransigente. Está claro que tiene el aval de la burocracia de la UTA de Fernández que deja aislada la lucha y no convoca a ninguna medida de fuerza.

Para que la lucha triunfe, los choferes mantienen las asambleas y el plan de lucha. Hay que exigirle a UTA que convoque a un paro de todo el gremio, porque es un atropello a los derechos los trabajadores. ¡Todo el apoyo a los choferes de la 60!

Escribe Mariano Barba

Con un contragolpe judicial y persecutorio el gobierno nacional pretende acallar el reclamo de los movimientos sociales. En vez de dar trabajo genuino y mejorar sustancialmente el valor de los planes sociales y de Potenciar Trabajo, el gobierno del Frente de Todos acrecienta su política represiva. Además de las causas penales abiertas contra el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, se realizaron varios  allanamientos a los compañeros y compañeras de la CCC y la persecución en Jujuy con una serie de allanamientos a dirigentes y locales de otros movimientos sociales como el Frente de Organizaciones en Lucha, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, Frente Popular Darío Santillán - Corriente Plurinacional, el Movimiento Evita, el MTR 12 de abril, Nuestramérica y Tupac Amaru.
Esta ofensiva de criminalizar la protesta contra los movimientos piqueteros es impulsada también por los gobernadores y especialmente promovida por la propia Cristina Kirchner cuando pronunció su discurso exigiendo que los beneficiarios de los distintos planes sociales pasen a ser controlados por los intendentes peronistas y queden al servicio de su campaña electoral de cara al 2023. La denuncia con detalles de la persecución fue formulada en conferencia de prensa por las organizaciones de la Unidad Piquetera en el Obelisco el jueves 7 de julio, donde anunciaron también que volverán con los acampes en defensa de los reclamos. A su vez en el Congreso nacional hubo otra conferencia de prensa con la presencia de los diputados del FIT Unidad donde se repudió la criminalización a las organizaciones piqueteras. Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con las organizaciones piqueteras y nos sumamos a las acciones de denuncia que decidan realizar.

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el fallo Roe Vs. Wade y frente a las movilizaciones por el derecho al aborto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó un decreto en el que se puntualizan una serie de medidas para garantizar el derecho al aborto. ¿Qué dice el decreto? ¿Cuál es la salida para terminar con la clandestinidad?

Por un lado, el decreto insta al Departamento de Salud a tomar diferentes acciones para garantizar el acceso a los anticonceptivos y píldoras abortivas para quienes deciden interrumpir sus embarazos. Y por el otro, busca aumentar la protección del cuerpo médico que realiza las práctica. Asimismo el texto intenta proteger a las clínicas móviles que realizan los procedimientos en las fronteras de los estados, donde está prohibido, y la confidencialidad en internet de las personas que elijan abortar como por ejemplo los datos vinculados a la geolocalización o la información recopilada por las aplicaciones para monitorear los ciclos menstruales. Según un comunicado de la Casa Blanca, el objetivo del decreto es “proteger la información de salud sensible” y “combatir la vigilancia digital” relacionada con el aborto.
La medida presidencial llega dos semanas después de que la Corte Suprema eliminará el fallo Roe vs Wade que desde 1973 era utilizado como recurso legal en todo el territorio federal. Desde el viernes 24 de junio, fecha en la que se conoció la decisión del máximo tribunal de justicia, al menos nueve estados han instituido prohibiciones casi absolutas al derecho al aborto, solo con la excepción de peligro a la vida de la madre en algunos de ellos. En contraste, otros estados están buscando proteger el acceso al aborto en medio de una infinidad de retos legales para resguardar a las clínicas donde se practican abortos. Todo indica que las consecuencias del retroceso que implica haber eliminado el fallo Roe las sufrirán las mujeres y disidencias de los sectores más empobrecidos del país.

El electoralismo de Biden no es la salida

El presidente Biden declaró que la única manera de “ejercer y restaurar” el derecho de las mujeres de acceder al aborto es “ejerciendo el poder del voto”. “Déjenme explicarles: necesitamos dos senadores que estén a favor del aborto adicionales, además de una Cámara pro-aborto para poder codificar Roe como ley. Su voto puede hacer esto una realidad”. De esta manera, deja en evidencia que su verdadera preocupación no es la pérdida de derechos para millones sino juntar los votos para ganar en las próximas elecciones.

Tal como lo venimos señalando en las declaraiones de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional (UIT-CI) solo confiamos en la fuerza de la movilización feminista independiente de los gobiernos, de los partidos patronales y de la justicia patriarcal para defender cada uno de nuestros derechos. Con la potencia de la #MareaVerde que trasciende fronteras y se expande por todo el continente, exigimos de inmediato el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Escribe Mercedes Trimarchi, legisladora electa (CABA) por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Lesly Ramírez es una mujer joven integrante de una familia salvadoreña dedicada a la agricultura. En junio de 2020, tras ir al baño en una letrina de su casa, sin saberlo comenzó un trabajo de parto precipitado. Ella entró en pánico, se descompensó y tras la emergencia, fue hospitalizada. Luego de recibir tres transfusiones de sangre fue detenida.

Dos años después, el pasado 29 de junio, la justicia patriarcal de El Salvador emitió un fallo condenatorio basado en prejuicios de género como: “Las madres son la fuente de protección de los hijos en cualquier circunstancia de la vida y usted no lo fue”. Por primera vez en la historia desde la penalización total del aborto- hace veinte años atrás- se otorga la pena máxima a una mujer por un aborto involuntario: cincuenta años de prisión.

Así como en 2019 logramos la libertad de Evelyn Hernández, joven salvadoreña condenada a treinta años de prisión tras un aborto espontáneo, debemos rodear de solidaridad internacional a Lesly para revertir este fallo que es una amenaza para todas las mujeres salvadoreñas.                

Escribe Estefanía Uchiha, presidenta CE del ISFD Nº 45

En la semana del 4 al 8 de julio se realizaron las elecciones para el Centro de Estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente Nº 45 “Julio Cortázar”, Haedo (partido de Morón). Con una lista conformada por estudiantes de todas las carreras obtuvimos una importante victoria: 59% de los votos para Estudiantes en Marcha (Izquierda Socialista + Independientes), 28,4% para Acción y Construcción (PO-Tendencia e independientes) y 10,6% para No Pasarán (PTS), entrando nuestra lista completa a la comisión directiva. El estudiantado nos volvió a elegir como conducción ratificando un rumbo basado en la democracia estudiantil, con asambleas y el impulso permanente del cuerpo de delegadxs, que pelea por el segundo ala del edificio de la sede Laiacona, por el boleto educativo gratuito, para que funcione el ascensor para las personas con movilidad reducida y contra la reforma en las carreras de educación superior. Conducción que lucha también por la implementación efectiva de la ESI en los establecimientos educativos y por una ludoteca en el terciario para que las compañeras puedan llevar a sus niñes mientras cursan y las estudiantes de inicial puedan hacer sus prácticas allí. Hemos defendido la educación pública frente a los ataques de los distintos gobiernos que han pasado y hoy lo hacemos contra el ajuste del gobierno de Alberto Fernández, peleando para que la plata se destine a un mayor presupuesto educativo y no al FMI.

Agradecemos una vez más el apoyo y la confianza brindada por el estudiantado y los convocamos a sumarse a la lucha por nuestras demandas y organizarse en Estudiantes en Marcha.