Tras su viaje por Ucrania, el diputado Giordano va a brindar una charla en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (Santiago del Estero 1029, aula a confirmar).

"Fuimos a Ucrania a llevar nuestro apoyo y solidaridad a la resistencia", señala el diputado de Izquierda Socialista/FIT-U. Quien, como parte de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores - Cuarta Internacional, conformó una delegación internacional que llevó apoyo material y político a la izquierda de Operación Solidaridad - ОПЕРАЦІЯ СОЛІДАРНІСТЬ en la resistencia ucraniana.

Te esperamos este sábado 14/5 a las 15hs para conocer más sobre la situación frente a la invasión de Putin a Ucrania y cómo apoyar al pueblo que resiste.

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Escribe José Castillo

Los precios siguen subiendo, comiéndose a los salarios. Los últimos acuerdos paritarios, que se presentan como de 60% anual, son en cómodas cuotas, no recuperan lo perdido y ni siquiera garantizan empatar en el porcentaje a una inflación anual que va a camino a terminar en el 65%.

Los números de la inflación son aterradores. El último registro oficial, del mes de marzo dio 6,7%, el mayor de los últimos veinte años. Se nos vendió que se trataba de apenas un pico, y que en abril habría un sustancial descenso. ¡Mentira! Este jueves conoceremos el número oficial, pero todos los pronósticos anuncian que terminará cerca del 6%. Y, como vino pasando los últimos meses, el valor será peor aún si focalizamos en cuánto subieron los alimentos y otros productos esenciales de la canasta familiar.

Encima, esto recién empieza. En los primeros días de mayo ya tenemos un nuevo salto en el precio de los combustibles, que acumulan en el año un alza del 30%. Vale detenerse en el detalle de cómo se dio esta vez la suba. Salieron primero las transnacionales Axion y Shell, subiendo un 12%. YPF, la petrolera con mayoría estatal, tendría que haber aprovechado para “disciplinarlas”, manteniendo el valor del combustible como estaba, y forzando, vendiendo más barato, a que las dos multinacionales tuvieran que retroceder. Hizo lo contrario: siguió el tren de Axion y Shell y acompañó aumentando también un 12%.

Este es un pequeño ejemplo de cómo el propio gobierno del Frente de Todos, en su afán de “hacer los deberes con el FMI”, es el que termina fogoneando o convalidando aumentos de precios, que luego son utilizados por las propias patronales como excusa de que “le subieron los costos” para aumentar sus propias listas de productos. Y así realimentar la inflación. Esto también se dará con el tarifazo en puerta de la luz y el gas (tal como explicamos en Audiencias públicas de la luz y el gas / Se vienen los tarifazos).

La pasividad del gobierno ante los aumentos de precios es atroz. Ninguna de las medidas anunciadas con toda la pompa hace un par de meses funciona (relanzamiento de precios cuidados, acuerdos de la carne, fideicomiso para garantizar el precio de la harina). El incumplimiento empresario de lo que ellos mismos firmaron es gigantesco: en las góndolas cada vez es más difícil encontrar los productos acordados. En algunos casos, como el aceite, es casi un milagro. Por supuesto, no existe una sola empresa sancionada.

¿Es que el gobierno “quiere pero no puede” controlar? ¿Es acaso como dice la oposición patronal, que sostiene que los controles de precios no sirven? Nada de eso. Digámoslo con todas las letras: al gobierno le conviene que siga la inflación, ya que es la manera más sencilla de licuar los salarios estatales, las jubilaciones y los gastos sociales en general. Para así cumplir con el ajuste exigido por el FMI.

¿Qué pasa con los aumentos de salarios?

Hace apenas un par de meses, la pauta de negociación paritaria para 2022 se venía proyectando en el 40% anual (por supuesto en cómodas cuotas). La burocracia sindical de la CGT y las CTA, en un apoyo desvergonzado al gobierno, ni mencionaba recuperar lo perdido en los últimos años. Luego, ante el desmadre inflacionario y la bronca creciente, tuvieron que empezar a hablar del 50%. Ahora con estos números récord de inflación, algunos gremios empiezan a cerrar en valores cercanos al 60%. Siempre, por supuesto, en cuotas que se terminan completando a fin de año o incluso en los primeros meses de 2023. El primer gremio que cerró con estos valores fue la Asociación Bancaria, que de esa forma desactivó un conflicto que se venía incubando por la bronca de las bases. La vicepresidente Cristina Fernández, aprovechando que el secretario general de dicho sindicato, Sergio Palazzo, pertenece a su sector interno, se apresuró a felicitar y celebrar el acuerdo. En los días sucesivos, algunos otros gremios firmaron por porcentajes similares.

Sin embargo, no debemos dejarnos engañar: esos valores no alcanzan. Primero y principal, porque no se trata de un 60% real, sino de una serie de pequeños aumentos en cuotas que “al final”, a fin de año o comienzos de 2023, sumarán el 60%. O sea que los salarios seguirán corriendo de atrás a la carestía de la vida. Segundo, porque la inflación de este año va a ser incluso superior al 60%, según todos los pronósticos. Y tercero, porque ni por asomo, siquiera se acercan a recuperar lo perdido en años anteriores.

El deterioro de los salarios no se arregla con los discursos de Cristina. Mucho menos con las declaraciones de Alberto y Guzmán, que anuncian una reactivación que no se ve por ningún lado. La salida es clara: se necesita un aumento de emergencia para que nadie gane menos que el valor de la canasta familiar (calculado por los trabajadores de ATE Indec en 145.456 pesos a fines de marzo). A partir de allí hay que reabrir todas las paritarias para recuperar lo perdido. Y reajustar mensualmente los ingresos de acuerdo a la inflación. A todo esto hay que complementarlo con un verdadero control de precios, fijando valores máximos a todos los productos de la canasta familiar y sancionando severamente, como autoriza la Ley de Abastecimiento, a todas las patronales que la violen. Este programa, que incluye la ruptura con el FMI y el no pago de la deuda externa para poner esos recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares, es el que planteamos, desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad. Hay que imponerlo con la lucha.

Escribe José Castillo

Esta semana se realizarán las audiencias públicas que exige la ley como paso previo a aumentar las tarifas eléctricas y del gas. Si esas audiencias siempre terminan siendo meramente formales (solo se cumple en convocarlas, ya que son “consultivas” y no obligan a nadie), esta vez serán más truchas que nunca. Ni siquiera se realizarán en forma presencial. Se tratará de una puesta en escena virtual, a la que el propio ministro Guzmán ni siquiera se asomará.

En concreto, se trata de cumplir con una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional: la de reducir los subsidios a las privatizadas para cumplir con los pagos de deuda externa. Claro que, para cumplir con esto, ni por asomo se piensa en que las empresas reduzcan sus ganancias. Por el contrario, todo se resolverá haciendo que los usuarios paguen más.

El gobierno del Frente de Todos anunció todo un plan de “segmentación”, supuestamente para que el pueblo trabajador no sufra el tarifazo. ¡Mentira! Ahora que llegó la hora de la verdad, los números están a la vista: al 20% que ya se aumentó en marzo, hay que sumarle otro tanto para la mayoría de los usuarios. El incremento promedio será de 42%. Y, como ya se viene rumoreando, no se descartan nuevos aumentos en el año si con eso no se alcanza al ajuste requerido por el Fondo.

Obviamente que la salida es, antes que nada, romper las cadenas de ese acuerdo infame con el FMI. Pero a eso tenemos que sumarle la inmediata reestatización de todas las privatizadas bajo gestión de sus trabajadores o usuarios. Porque la alternativa no puede ser más subsidiar a los monopolios privados, o tarifazos, sino, por el contrario, servicios públicos de calidad con tarifa social para quien la necesite.

Escribe Guido Poletti

Sri Lanka se suma a la lista de países donde estallan rebeliones populares como repudio a los planes de ajuste. En esta isla, ubicada al sudeste de la India, el gobierno de Gotabaya Rajapaksa venía hambreando al pueblo para cumplir con los vencimientos de una deuda externa de 54.000 millones de dólares (el 102% de su PBI). Una combinación de deudas con China, India, Japón y el Banco Mundial, llevó al país a su peor crisis económica desde la independencia de 1948. Se llegó al extremo de que el país ya no tenía cómo pagar sus importaciones de combustibles, alimentos y medicinas.
El pasado 28 de abril estalló la huelga general, acompañada de gigantescas manifestaciones que llevaron a la renuncia del primer ministro Mahinda Rajapaksa, hermano del presidente. Ello sucedió luego de que una enorme movilización llegara a copar la residencia presidencial en la Capital, Colombo, donde se habían refugiado el hasta entonces primer ministro y su familia, que terminaron siendo prácticamente “rescatados” por un operativo militar.

Sin embargo, la movilización continúa, exigiendo la renuncia del propio presidente, cabeza del clan de gobierno, la familia Rajapaksa, símbolo de la corrupción, los negocios capitalistas de la isla y la entrega a las transnacionales extranjeras, principalmente chinas.

El gobierno desplegó decenas de miles de tropas y las autorizó a disparar sin previo aviso, tras declarar el toque de queda. Incluso envió matones que atacaron a los manifestantes, asesinando a ocho de ellos. Pero, hasta ahora, las movilizaciones multitudinarias continúan. “No nos vamos”, es la consigna que se escucha en las calles.

Sri Lanka, una pieza fundamental en la expansión imperialista china, donde el gobierno de Xi Jinping tiene inversiones por 10.000 millones de dólares y es una de las principales estaciones de la llamada “Ruta de la Seda”, está sacudida por esta enorme rebelión popular. Esto ha obligado al gobierno a tener que declarar la suspensión del pago de la deuda y a aceptar la dimisión del primer ministro. Ahora tambalea toda la estructura del gobierno y el régimen político. Esta isla del océano Índico se acaba de transformar en un nuevo ejemplo de cómo la implementación de feroces planes de ajuste para cumplir con los pagos a los acreedores terminan en insurrecciones que tiran o ponen en crisis extremas a los gobiernos.

Escribe Eli Rodríguez

La Anses informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales aumentarán 15% a partir del 1° de junio.

Con este aumento, el haber mínimo de 32.630 pesos recibirá 4.894,50 pesos más por mes, pasando a 37.524,50 pesos. La Pensión Universal para Adulto Mayor (Puam) pasa de 26.104 pesos a 30.020 pesos. Las pensiones no contributivas de 22.841 pesos a 26.267 pesos. Y el haber máximo de 219.572 pesos a 252.508 pesos.

Este aumento se aplica sin tomar en cuenta el bono de 6.000 pesos de abril ni el de 12.000 pesos de mayo.

Hay que tener en cuenta que la actual fórmula de movilidad no contempla la inflación para la actualización de los haberes. En el primer trimestre de este año, el promedio de la misma fue del 16,1%. Y se estima que la del segundo trimestre será superior.

Al 1° abril, según datos de la Defensoría de la Tercera Edad, la Canasta Básica de los Adultos Mayores valía 97.238 pesos. Con este incremento, el nuevo haber mínimo no llega cubrir el 40% de ese monto.
Hoy, son más de 4,6 millones las y los jubilados-pensionados que perciben hasta 38.630 pesos. Con el aumento no llegarán a 45 mil pesos y seguirán en condición de pobreza.

Aunque diga lo contrario, nuevamente el gobierno del Frente de Todos les roba a los jubilados.