Escriben Pilar Barbas, Consejera estudiantil de Artes -UBA y Nathaly Artaza, Papel Secundario - IS Santiago del Estero

Estos últimos meses reflejaron aún más la falta de derechos que atravesamos las mujeres. El contexto de pandemia nos golpea doblemente, porque además de la violencia de género creciente, somos el sector más precarizado entre la clase trabajadora y más pobre, también estamos a cargo de gran parte de las tareas de cuidados en nuestros hogares, que se expresa tanto en el estudio como en el trabajo. Además sufrimos la falta de acceso a la salud reproductiva, la educación sexual integral, y el derecho al aborto.

Por eso desde Isadora e Izquierda Socialista continuamos peleando por todos nuestros derechos y exigiendo al gobierno que deje las medidas cosméticas y el doble discurso y destine leyes y presupuesto real para garantizarlos.

Que se apruebe el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

El comienzo de año nos encontró en la calles, exigiendo que en el 2020 sea ley el aborto legal, seguro y gratuito. Desde Isadora Mujeres en Lucha e Izquierda Socialista participamos de la Campaña por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito, donde junto a más de 500 organizaciones fuimos parte de la redacción del proyecto presentado e impulsado por la movilización de miles de mujeres.

Es el proyecto que defienden millones en las calles. El gobierno de Alberto Fernández asumió diciendo que con su gobierno el aborto sería legal, pero con un proyecto propio que cuatro meses después sigue siendo un misterio, aunque ya adelantan que tiene acuerdos con sectores antiderechos. El aborto para el gobierno está lejos de ser una preocupación en este contexto de cuarentena, porque dice tener otras “prioridades” que atender.

En una coyuntura donde no solo se siguen practicando abortos clandestinos que ponen en peligro la vida de las personas gestantes, muchas veces ni siquiera se garantiza el acceso a las interrupciones legales del embarazo (ILE).

Durante la pandemia, en Santiago del Estero a una niña de doce años que fue violada se le negó la ILE y fue condenada a seguir su embarazo. Este caso refleja la realidad de miles, las enormes dificultades del acceso al aborto no punible que empeoran en el marco de la cuarentena. Y los miles de abortos que se siguen dando en la ilegalidad durante la cuarentena.

Por eso peleamos para que no se dilate más la aprobación de nuestro proyecto ni se negocien nuestros derechos con las Iglesias antiderechos , que se apliquen los protocolos de acceso a las ILE en todo el país y que ¡el Aborto sea Ley!.

Los Femicidios también son Pandemia

El gobierno sigue negociando el pago de la deuda externa y pagó USD 4.500.000.0000 en lo que va del años en el medio de una crisis sanitaria sin precedentes, pero las mujeres, travestis y trans no tenemos respuestas a nuestros reclamos. Desde que arrancó la cuarentena hubo un aumento del 40% de las denuncias por violencia de género y crecieron los femicidios; pero todavía el gobierno había destinado ni un peso más a combatir la violencia.

Recién, después de más de 100 días de cuarentena, el gobierno anunció un “Plan de acción contra la violencia de Género”, el mismo destinaría 18 mil millones de pesos en un plan de 3 años, totalmente insuficiente. Las medidas que tomaría el plan contempla la mejora de la línea 144, ampliando la coordinación con lineas nacionales e incluyendo más trabajadorxs, lo cual es correcto. Pero no dice nada sobre las condiciones en que se haría, tampoco hay un plan de mejoras para lxs trabajadorxs de la línea 144 que lo hacen actualmente de forma precarizada. Sobre la situación habitacional no parece haber soluciones de fondo, no hay un plan de construcción de viviendas para las víctimas de violencia de género, o un plan para que se destinen las viviendas ociosas. El plan contempla solamente la refacción y ampliación de los refugios. También un apoyo económico (de 16.875 pesos por 6 meses) a las personas que se encuentran en riesgo. Lo que en este contexto sigue siendo una miseria. Lejos está de ser un plan integral para solucionar y combatir la violencia de género.

Ante esta emergencia, las agrupaciones ligadas al gobierno nacional no denuncian esta situación y no llaman a la organización del movimiento feminista en este contexto. Reflejo de eso fue la concentración del 3J impulsada por las organizaciones de izquierda en Plaza de Mayo, donde el #niunamenos jugó un rol de desmovilización, no convocando a ninguna acción presencial que reclame al gobierno más presupuesto, y soluciones ya para las millones de mujeres que somos las más oprimidas en este contexto.

Seguimos exigiendo que se declare la ley de emergencia en violencia de género, que se garanticen espacios seguros para las mujeres que sufren violencia, cárcel efectiva a femicidas, violentos y abusadores, acceso a la salud sexual y reproductiva, a las interrupciones legales del embarazo y que sea ley el proyecto de la Campaña.

Vamos por la real implementación de la ESI y planes de estudios con perspectiva de género

Si bien en nuestro país hace 14 años que se sancionó la ley 26.150 de Educación Sexual Integral, aún hoy su aplicación es muy deficiente, o nula en muchas provincias. Ninguno de los gobiernos que pasaron la implementó efectivamente, no solo por falta de presupuesto, sino también por presión de la Iglesia Católica que obstaculiza su implementación. En el 2018 se pusieron en debate modificaciones a la ley, que no se llevaron a cabo por la injerencia de los sectores reaccionarios de las Iglesias. Como parte de la Cuarta Ola no solo creemos fundamental la implementación de una ESI, laica, científica y con perspectiva de género, también en esta pelea es fundamental la separación de la Iglesia del Estado. Nosotras necesitamos una ley de educación sexual integral que contemple la diversidad sexual y de género, basada en conocimientos científicos y laicos. Que incluya la articulación en sus contenidos de nuevos derechos como la ley de matrimonio igualitario o de identidad de género entre otros, que fueron ganados gracias a la movilización. Que en todo el sistema educativo se incorporen los contenidos del protocolo de los abortos no punibles y se desarrolle de forma remunerada la capacitación docente. En nuestros lugares de estudios necesitamos la reforma de  planes de estudios con perspectiva de género. Es una pelea fundamental para conseguir nuestros derechos.

Escriben Nicolás Núñez, Legislador porteño electo y Barbara Casiva, Presidenta del Centro de Estudiantes del ISFD 45 de Haedo

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático ha establecido la siguiente conclusión: a partir de calcular cuantas gigatoneladas de carbono podrían ser emitidas sin provocar un aumento de la temperatura global superior al 1,5°, se estipuló que nos quedan solo siete años y medio de emisiones si se sostiene el nivel de contaminación actual. Si la destrucción ambiental capitalista provoca un aumento de temperatura global por encima de ese punto de inflexión las consecuencias naturales, sociales, civilizatorias, se tornarán impredecibles, sino incontrolables. Al punto de que la inhabitabilidad de vastas zonas del planeta, o la propia extinción humana, no están descartadas.

Las medidas que se requieren para frenar  la  destrucción  ambiental  no  entra en el actual sistema económico y político, como ha señalado Greta Thunberg en un podcast recientemente publicado. La moda del “green washing” (el lavado de cara “verde” del mercado) y el “Green New Deal” no son una salida. Y generan la falsa ilusión de que sin medidas drásticas se puede resolver el problema, cuando lo ne- cesario es romper contratos de negocios a gran escala, atacar la ganancia capitalista y entender la crisis de la mano de dar lugar a las recomendaciones casi unánimes del mundo científico. Nuestra conclusión es: si el sistema económico y político capitalista es el freno a los cambios necesarios, el socialismo y los gobiernos de lxs trabajadorxs son el camino para su superación.

No hay tiempo ni para otra decepción ni para andar sin rumbo

En su libro “Esto lo cambia todo: el capitalismo contra el clima”, la reconocida periodista e investigadora Naomi Klein señala que el movimiento ambientalista (estadounidense y europeo) habría alcanzado su “mayoría de edad” después de la Cumbre de la ONU sobre el clima de 2009 en Copenhague. Allí, las expectativas que había despertado en amplios sectores el gobierno de Barack Obama y sus promesas de compromisos estructurales para combatir el cambio climático, se disiparon abruptamente al no contemplarse ningún compromiso vinculante de reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. “Fue el momento en que finalmente [el movimiento ambientalista] se convenció de que nadie iba a acudir a salvarnos”, concluye Klein.

En América Latina podríamos también trazar un paralelo de decepciones a escala continental. El saldo ambiental de la etapa de los gobiernos llamados “progresistas” es categóricamente nefasto. En Bolivia, el período de “capitalismo andino” –como lo definió el ex vicepresidente Álvaro García Linera– implicó el avance del desmonte y la destrucción ambiental con iniciativas como la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Área Protegida Selvática (TIPNIS). Sostuvo un modelo de extracción dirigido por las multinacionales saqueadoras más allá de todo discurso. Al servicio del negocio de los agrocombustibles se avanzó en la destrucción de la Amazonia del lado de Bolivia. Esto también se produjo del lado brasilero donde Bolsonaro profundizó una serie de políticas que habían sido una constante durante los gobiernos del PT de Lula y Dilma. En Ecuador, Rafael Correa reprimió al movimiento campesino que se opuso a la continuidad un modelo económico de agronegocios y saqueo de recursos naturales por parte de las multinacionales. En Venezuela el chavismo entregó en 2016 el 11% del territorio nacional en concesiones de explotación megaminera a empresas como la Barrick Gold, y se estima que entre 2008 y 2018 se derramaron más de 800 mil barriles de petróleo. Al mismo tiempo, los gobiernos “bolivarianos” consagraron al país como uno de los de mayor tasa de deforestación anual del mundo: entre 2014 y 2019 de destruyeron casi tres millones de hectáreas de la Amazonía venezolana. En Argentina fueron los gobiernos kirchneristas quienes introdujeron al territorio nacional la megaminería, profundizaron cualitativamente la sojización del suelo, promovieron el desmonte al servicio de extender el agronegocio, y coronaron toda esa política con el pacto secreto con Chevron, y el megaproyecto de fracking de Vaca Muerta.

A los gobiernos de la “ola progresista” los sucedieron o suceden toda otra serie de gobiernos que desde ya no generan ninguna nueva expectativa desde el punto de vista ambiental, económico o social. Queremos discutir fraternalmente con quienes dentro del movimiento de lucha contra la destrucción de la naturaleza sostienen: a) que es indiferente quién gobierna, o b) que nuestros problemas se solucionan con la llegada al gobierno de nuevas expresiones relacionadas con aquellos gobiernos progresistas.

Nos parece un debate urgente y necesario, porque, como marcamos en el apartado anterior, la proximidad de puntos de no retorno de destrucción ambiental hacen que quede claro que no tenemos tiempo para depositar expectativas nuevamente en gobiernos del doble discurso, y mucho menos para andar sin rumbo. Las voces de protesta que hoy se alzan en el mundo corren el peligro de disiparse en innumerables combates asimilados o aplastados por las herramientas políticas y económicas del capitalismo, sus estados y sus gobiernos. Además de luchar necesitamos  levantar con claridad un programa político y construir la herramienta política para postular una transición social y ambiental.

La independencia política

Encontramos posiciones dentro del movimiento ambientalista en las que el problema de quién gobierna es subestimado. Y entonces el accionar político se orienta esencialmente a la crítica de alguna práctica contaminante, o a la denuncia de determinados métodos de producción y consumo, pero sin señalar las responsabilidades políticas detrás de la habilitación de estos crímenes ambientales. En nuestro país, vemos con preocupación que una parte de las agrupaciones ambientalistas que combaten el fracking, los agronegocios, la megaminería contaminante, depositan un alto nivel de expectativas y acciones en común con el gobierno de Alberto Fernández que es garante y promotor de cada una de esas actividades.

El movimiento ambientalista debe tomar nota de que ya es parte del ADN del Partido Justicialista bancar a la Barrick Gold, a Chevron, a Bayer, a Monsanto así como sostener la altísima concentración del campo, y la propiedad en manos de monopolios extranjeros de los puertos de nuestro país.

A este gobierno es necesario enfrentarlo en las calles como lo hicimos cuando Alberto  recién  asumido salió a bancar la megaminería en Mendoza (gobernada por radicales) y Chubut (gobernada por peronistas).

Es necesario poner en pie una gran coordinación para la movilización de las organizaciones ambientalistas, políticas, culturales, juveniles, para golpear como un solo puño. El criterio de este agrupamiento tiene que ser, en primer lugar, levantar un programa de reivindicaciones urgentes: como ser, la declaración de la emergencia climática; NO a la megaminería; Rechazo al proyecto de Ley de Hidrocarburos del gobierno que viene a profundizar el fracking y el saqueo de nuestros recursos naturales; fuera Bayer-Monsanto, no a la “Ley de Semillas”; en defensa del agua y los hu- medales; freno al desmonte; respeto de los pueblos originarios agredidos por la voracidad del agronegocio; apoyo a cada uno de los reclamos ambientales de nuestro país, defender la autoridad de los pueblos para vetar instalaciones productivas contaminantes.

Al calor de esas luchas debemos ir creando un programa de transición ecológica, transformar a nuestro país en vanguardia de esa perspectiva a nivel mundial.

Esa orientación requiere una independencia, pero no la “apolítica”. Dentro de ese movimiento debemos estar quienes somos parte de partidos políticos y quiénes no lo son; quienes peleamos por un gobierno distinto a éste, pero también quienes lo votaron y aún sostienen expectativas, y quienes no tengan posición al respecto. Pero se requiere un único criterio de delimitación organizativo: que a su lucha nadie pueda ponerle ni un veto ni un freno. Que vaya hasta el final. Y que para eso sea independiente, en su programa y sus acciones, del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Es este horizonte de movilización y lucha, también, la mejor vacuna contra los permanente intentos de cooptación del movimiento ambientalista por parte de los gobiernos.

Nuestra invitación dentro del movimiento ambientalista

Dentro de ese movimiento que entendemos necesario impulsar con fuerza en nuestro país, desde Izquierda Socialista nos proponemos intervenir sin sectarismo para ganar toda pelea que tengamos por delante. Pero al mismo tiempo explicando que las petroleras, las multinacionales del agronegocio, Bayer-Monsanto, etcétera, no van a entregar sus mega-ganancias dentro de los márgenes de las reglas de juego del capitalismo. Solo la movilización revolucionaria puede imponer los cambios bruscos que la realidad ambiental requiere. De ahí que sea ineludible la búsqueda de la unidad del movimiento ambientalista con el conjunto de los explotados y oprimidos.

Por eso es estratégico dar cuenta de que las medidas para frenar la catástrofe ambiental, son similares a las que se necesitan para terminar con el hambre y la pobreza. Terminar con el sometimiento de la deuda externa para poner todos los recursos económicos del país al servicio de las necesidades populares y la transición ecológica. Frenar el saqueo contaminante de nuestros recursos naturales, re-estatizándolos para ponerlos bajo control de sus trabajadorxs y en colaboración con los organismos científicos estatales.

Terminar con la voracidad del agronegocio y la concentración de la tierra y la producción de alimentos, para desarrollar un plan alimentario que sea realizable bajo parámetros de armonía con la naturaleza. Desarrollar una unidad cooperativa entre los distintos países para planificar la economía al servicio de las necesidades populares, terminando con la competencia entre países que imponen las fronteras de los estados capitalistas.

Probablemente ninguna tarea en la historia de la humanidad haya tenido tanta trascendencia como la que cobra hoy en día construir la herramienta política que pueda aportar a dirigir este proceso. Nuestra invitación final es hacia toda persona que quiera sumarse a compartir con nosotrxs la satisfacción moral de no gastar la vida en el usufructo de los últimos tiempos de un planeta plagado de pobreza y camino a su colapso, si no en entregarla a la difícil batalla por construir un porvenir socialista de plena libertad que termine con la opresión y la explotación de la mano de establecer una relación armónica con la naturaleza.

Escriben Diversidad Izquierda Socialista

 El 15 de julio de 2020 se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario,  como  resultado de años de lucha de la diversidad, que año a año fue creciendo y peleando contra la discriminación y los crímenes de odio. El proyecto de ley del Matrimonio Igualitario es una adaptación del trabajo realizado por Carlos Jáuregui, un importante activista que impulsó las luchas de la comunidad diversa durante las décadas del 80’ y 90’, dando el puntapié para que el movimiento crezca y se organice por sus derechos.

Dentro de la comunidad de la diversidad hay un fuerte debate sobre esta cuestión: muchas organizaciones fueron, en esos años, cooptadas por el kirchnerismo y su doble discurso; desde allí surgió que esas conquistas no habían sido fruto de nuestra organización y lucha, sino “gracias a Cristina”. Es mentira, el peronismo kirchnerista votó tan dividido como los demás bloques patronales en la aprobación de ambas leyes. Sólo la izquierda apoyó plenamente, en las calles y en su programa, todas y cada una de las reivindicaciones de la diversidad, a pesar de no tener bancas en el Congreso. Esta conquista fue gracias a la lucha en la calles, contra los movimientos reaccionarios orquestados por la Iglesia y Bergoglio (actual Papa Francisco); lucha que más tarde conquistaría la ley de identidad de género.

Ley de Identidad de Género, una lucha que sigue

En 2012 se aprobó la Ley 26.743 de Identidad de Género. La ley fue un hecho histórico que abrió la puerta a otras conquistas como el cupo laboral travesti-trans en varias provincias, y la figura legal de travesticidio y transfemicidio en los crímenes de odio. Entre otras cosas, la misma permite el correcto registro de nombres e identidad de género en el DNI pero también en otros registros sin la necesidad de esa modificación. Sin embargo, prácticamente ninguna institución nos permite inscribirnos con nuestro nombre si no hicimos la rectificación en el DNI, y no podemos ver reflejada nuestra identidad por fuera del binarismo “M/F” dentro de los documentos.

Quienes logramos acceder al sistema educativo sufrimos las consecuencias de esto.Hay estudiantes que son desregularizades por no coincidir los registros internos de la facultad con su identidad, y la rectificación de estos datos nos es negada, sobre todo cuando no está hecha previamente en el DNI. Esto es un reflejo más del marco social expulsivo que sufrimos constantemente: muches no cuentan con la posibilidad de terminar los estudios, habiendo sido echades de sus casas en la adolescencia, viven en condiciones precarias, no tienen acceso al sistema de salud, y no consiguen laburo; la expectativa de vida de la comunidad travesti-trans es de 33 años, y más del 80% de elles está en situación de prostitución (sin la posibilidad de elegir una salida laboral), y los travesticidios, transfemicidios y crímenes de odio van en aumento.

En este marco, el año pasado redactamos un proyecto que fue presentado en el Consejo Superior de la UBA, para que se efectúen los trámites de rectificación de la identidad de género de acuerdo a lo expresado en la ley en todas las facultades; pero sabemos que con eso no alcanza, y por eso llamamos a todes a organizarnos en todos los espacios educativos y de trabajo para dar la pelea contra la violencia heterocispatriarcal que nos oprime cotidianamente, y exigir que de una vez por todas las instituciones cumplan con la Ley de Identidad de Género.

Continúa la pelea

A pesar de las conquistas, la lucha por nuestras reivindicaciones sigue.  El  ajuste sistemático que se viene desarrollando hace años en el sistema de salud afecta directamente a la comunidad diversa. Si bien cargamos con el estigma de ser portadores de HIV, mientras son las personas heterosexuales quienes encabezan los ranking de ser seropositivos, somos nosotres les que nos vemos en la pelea diaria de poder tener una vida más digna. Tanto quienes somos visibles y quienes no de nuestro estado serológico, sufrimos los ajustes. En el gobierno de Macri, la degradación del Ministerio  de  Salud  representó  el  ajuste en los tratamientos retrovirales y reactivos para test en todo el sistema público, dejándonos a la merced de los negocios de las prepagas y sistema privado de salud, poniendo en riesgo la calidad de vida de miles de personas.

Con el cambio de gobierno y el retorno del Ministerio de Salud, esto no ha cambiado. La crisis sanitaria se sigue profundizando con Alberto Fernandez. Los faltantes en los hospitales siguen y se profundiza más en las zonas más alejadas del interior del país. Mientras, el gobierno destina miles de millones de pesos al pago de la deuda externa y se niega a implementar un impuesto a las grandes fortunas. Necesitamos urgente presupuesto para el sistema de salud y para los tratamientos retrovirales para mejorar nuestra calidad de vida.

La diversidad y las dos pandemias

Con la cuarentena la limitación de la circulación de personas produjo el cese de una gran cantidad de actividades y empleos en el sector informal, que representa alrededor de un 40% de les trabajadoris, dejando sin sustento a miles. Esta situación afecta particularmente a la comunidad diversa, ya que la mayoría vivimos de changas, trabajos informales, oficios mal remunerados o un 80% de compañeras travestis y trans se encuentran en situación de prostitución.  Sumado a la  discriminación  laboral que sufrimos por nuestras orientaciones sexuales e identidades de género, somos les primeres en ser echades como variable de ajuste ante la crisis. Esto provoca que nos veamos afectades en nuestra calidad de vida, miles quedaron en la calle por no poder pagar alquileres, o tuvieron que volver a la casa de sus familias donde son violentades constantemente. Incluso muches fueron desalojades violentamente por los arrendatarios y la policía.

Para hacerle frente al hambre, se comenzaron a hacer colectas y repartir bolsones de alimentos por parte de algunas organizaciones diversas. La escala de violencia a aumentado desde el inicio de la pandemia, alcanzando 21 travesticidios y transfemicidios, hasta abril. Esto no se aguanta más, tanto les trabajadoris, los sectores populares, las mujeres y la comunidad diversa, merecemos pasar una cuarentena bajo techo, sin represión ni violencia, y con acceso a la salud.

El pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) dejó a fuera a una gran cantidad de compañeres diverses, de la misma forma que las ayudas alimentarias y programas de trabajo ejecutados por el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, son manejados por el sistema punteril característico del peronismo, dejando a fuera a muches que necesitan de un sustento económico real.

Hoy más que nunca debemos poner en pie el movimiento de la diversidad sexogenérica, elaborar un plan de lucha amplio que empalme con la lucha de les trabajadoris para exigir una cuarentena sin hambre, con dinero para salud y trabajo y no para salvar a las ganancias capitalistas.

Necesitamos de manera urgente que se deje de pagar la deuda externa y se cree el impuesto a las grandes fortunas, para que toda esa plata vaya para trabajo, salarios, salud y a combatir la pandemia. Garantizar el acceso a la salud a todes, para tratamientos hormonales, reactivos y retrovirales para combatir el HIV, la inclusión laboral travestitrans y la legalización del aborto para personas gestantes.

Escriben Lautaro Tochi, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista de la UNC procesado por luchar y Judith Barbona, Estudiante de Derecho UNLZ

No puedo respirar” fue la última frase que se escuchó de George Floyd.  La presión ejercida sobre su cuello, de parte del ahora ex policía Derek Chauvin, expresa la permanente opresión que padecen millones de negros, migrantes y pobres en todo mundo.

El asesinato racista pudo dejar sin aire a Floyd pero retumbó como un grito de guerra desencadenando un enorme movimiento que oxigenó las calles de Minneapolis, al punto tal de prender en llamas la ciudad, la comisaría y cuánto auto de la policía se ponía por delante de la movilización. Pero no terminó allí, la furia antirracista encabezada por el movimiento Black Lives Matter provocó movilizaciones en más de 600 ciudades de EEUU, enfrentando a la policía, desafiando y tirando abajo los toques de queda.

Se trata de las movilizaciones más grandes desde las marchas contra la guerra de Vietnam o del asesinato de Martin Luther King en la década del ’60. Trump amenazó con movilizar al ejército y no solo dio luz verde a una represión brutal sino que también dio vía libre para actuar a grupos paramilitares neonazis y supremacistas blancos. Con el acuerdo de los gobernadores y alcaldes (muchos de ellos de la oposición demócrata) declaró el estado de sitio y desplegó la guardia nacional en las principales ciudades del país. Pero las movilizaciones se siguieron desarrollando. Lxs trabajadorxs y jóvenes del mundo expresan su solidaridad con la rebelión popular yanqui contra su gobierno y su régimen político racista.

Este crimen atroz volvió a poner en escena el carácter racista del régimen de la mayor potencia imperialista del mundo, así como la farsa sobre la que se monta la democracia burguesa. Un tercio de lxs niñxs negrxs viven en la pobreza, el ingreso per cápita de lxs negrxs es diez veces menor que el de lxs blancxs. El desempleo, de más del 10% en la población negra, es más del doble que entre lxs blancxs. La probabilidad de que un hombre negro de bajos ingresos sea encarcelado es mayor al 50%. En 2016 la tasa de asesinatos a manos de los cuerpos represivos fue de 10,13 por millón entre la población indígena, 6,6 por millón entre lxs negrxs, 3,23 entre lxs latinxs, 2,9 entre lxs blancxs.

El racismo es una lacra inherente al capitalismo, el tráfico de esclavos fue uno de los mecanismos de la acumulación originaria. En el marco de las relaciones de explotación capitalista el odio racista es impulsado por las burguesías para dividir a la clase trabajadora y perpetuar la superexplotación de los sectores más marginados y oprimidos, los negros, indígenas e inmigrantes. De ahí la importancia de tomar la lucha contra el racismo como parte de la lucha del conjunto de la clase trabajadora mundial y como una manifestación anti capitalista.

Racismo y represión en la Argentina

En Argentina Alberto Fernández asumió como presidente haciendo gala de un discurso en favor de los sectores populares. De hecho, su primer acción como presidente electo fue la de recibir a Brian, un pibe de barrio que, siendo presidente de mesa en una escuela de Moreno, fue discriminado y estigmatizado por su vestimenta. “Todos somos Brian” dijo Alberto al tiempo que se ponía la gorra del joven. Gestos como estos pueden caer bien y generan entusiasmo en comparación a las atrocidades que vivimos bajo el gobierno de Cambiemos. Es una realidad que con Macri y la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich se avanzó en medidas represivas para pasar el ajuste. Pero, ¿el gobierno del Frente de Todos plantea una salida superadora? Llamamos a ver la realidad tal cual se nos presenta.

Lamentablemente,  el  gobierno  peronista no tiene nada que envidiar de este accionar represivo. Para muestra basta un botón: días después del asesinato de Floyd la policía tucumana, que dirige el gobernador Manzur (conocido como el “armador político” de Alberto), actuó como un calco de la de Minneapolis. Persiguieron al trabajador Walter Nadal por sospecha de robo y terminaron reduciéndolo en el piso poniendo la rodilla sobre su cuello. “Me falta el aire”, repetía Nadal, el policía le gritaba “no seas cagón”. La autopsia reveló muerte por asfixia.

Pero no se trata de un hecho aislado. Las fuerzas policiales son parte de un sistema de disciplinamiento que va desde el abuso de autoridad hasta la muerte. Por más gorra que se ponga Alberto Fernández, la realidad sigue mostrando que la persecución y las muertes por gatillo fácil son cosa de todos los días en los barrios humildes. Tal es el caso de Facundo Scalzo, un pibe de 17 años baleado por la gendarmería en barrio Rivadavia; o la desaparición  de  Facundo  Asturdillo Castro que al día de cerrar esta nota lleva 75 días desaparecido luego de haber sido detenido por un patrullero de la maldita bonaerense; o la desaparición forzada seguida de muerte del jornalero Luis Espinoza que “por violar  la  cuarentena”  fue  asesinado por la policía tucumana que ocultó su cadáver bajo el silencio cómplice del gobierno nacional; o la detención ilegal y tortura a una familia Qom en la provincia del también peronista Capitanich, que es parte de una violencia sistemática contra los pobres y los pueblos originarios.

Nada distinto de la violencia racista y clasista de la policía estadounidense que se ensaña con negros, pobres y luchadores.

Durante la cuarentena se viralizaron múltiples escenas de abuso policial donde efectivos humillaban y forzaban a personas demoradas a hacer flexiones y repetir frases como en los tiempos del servicio militar; y de repartidorxs siendo detenidxs por la policía en Buenos Aires, Córdoba y Rosario. En contraposición Gustavo Nardelli, directivo de la fraudulenta Vicentín, fue demorado por romper la cuarentena para pasear en su yate sin recibir ningún agravio policial.

Las fuerzas represivas no nos cuidan, actúan siempre defendiendo intereses de clase.

De ahí que ante los despidos en el frigorífico Penta, en vez de hacer cumplir el decreto “antidespidos”, el gobierno de Kicillof mandó a los efectivos del represor Berni a repartir balas de gomas sobre los obreros que reclamaban por recuperar su trabajo.

De ahí que en vez de destinar plata para so- lucionar la miseria estructural que se vive en los barrios populares, el gobierno nacional los militariza mandando al ejército “hijo de la democracia” para sostener el control y persecución sobre los sectores más vulnerables.

De ahí que en vez de garantizar la autonomía sobre los territorios de los pueblos originarios, la policía de Capitanich hostigue, persiga y torture desde hace años a las comunidades Qom de Chaco.

De ahí que en vez de intervenir para que los mineros de Andacollo cobren los salarios adeudados y recuperen su fuente laboral, Alberto Fernández y la Ministra de seguridad Sabina Frederic intervinieron instrumentando, por medio de la Gendarmería, el espionaje ilegal a través de escuchas en los celulares de los trabajadores.

De ahí  que  esta  nueva  ministra,  por  más que sea antropóloga y no militar o policía, actúa igual reprimiendo y hostigando las luchas obreras y populares.

Por ello es fundamental intervenir de forma independiente de los gobiernos, siendo capaces, como decía el Che Guevara, “de temblar de indignación cada vez que se comete una injusticia en el mundo” pero también –agregamos– ante cualquier gobierno.

Por el desmantelamiento del aparato represivo

La única justificación de la represión es el hecho de que estos gobiernos responden a los intereses de los grandes empresarios, multinacionales, terratenientes y banqueros.

Desde Estados Unidos a Chaco, pasando por los carabineros de Chile disparando a los ojos de quienes protestan en ese país, todos los gobiernos capitalistas utilizan la represión para poder imponer planes de ajuste y sometiendo a la clase trabajadora a mayor explotación y opresión.

Cuando las condiciones de vida de las grandes mayorías se tornan inaguantables se producen enormes movilizaciones que hacen temblar gobiernos y regímenes, que en última instancia se sostienen por el rol de las fuerzas represivas. Prepararnos para enfrentarlas es parte de nuestra tarea militante.

Esta brutalidad que recorre todo el planeta es la brutalidad de un régimen que necesita de la fuerza, las armas, la represión y el control para poder sostener a una ínfima minoría controlando todas las riquezas producidas por los laburantes.

Tenemos que tomar el impulso de las movilizaciones que surgieron en Minneapolis y que se propagaron por distintas ciudades del mundo para enfrentar el ajuste y la represión. En lo inmediato, exigimos que se termine la represión a las luchas que están creciendo en todo el país. Peleamos por terminar con los abusos policiales en los barrios populares. Exigimos cárcel a los responsables materiales y políticos de los casos de gatillo fácil y represión, como así también el cese de la persecución a luchadorxs y el cierre de las causas iniciadas. Y, sobre todo, levantamos nuestra exigencia de fondo, que se desmantele el aparato represivo y de espionaje que utilizan todos los gobiernos al servicio de sus políticas de ajuste; y pelear por un gobierno de trabajadorxs que otorgue seguridad, no con mano dura, sino planificando la economía al servicio de las necesidades más urgentes como el hambre, el trabajo, la salud, educación y vivienda.

Las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba (radicales), la justicia federal y el peronismo de la provincia, buscan avanzar incluso en el marco de la pandemia con la causa armada contra 27 estudiantes de esa casa de estudios.

Se trata de un intento de criminalizar la rebelión estudiantil que sacudió al país en 2018. Rechazamos estos procesamiento y exigimos al conjunto de las conducciones del movimiento estudiantil que se pongan al servicio de la pelea por el cierre de estas causas.