Escribe Claudio Funes

En su estrategia para llevar adelante la denominada “guerra contra la inflación”, el gobierno de Alberto Fernández continúa con su mesa de diálogo con grandes empresarios y burócratas sindicales.  

Por ello el pasado jueves 31 de abril hubo una reunión de la que participaron el ministro Martín Guzmán, y los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y de Trabajo, Claudio Moroni; los burócratas sindicales de la CGT, Héctor Daer y Carlos Acuña; y el titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, entre otros.

Al finalizar solo se firmó un acta que puso muy feliz al presidente. En ella se reivindicó el acuerdo con el FMI y se consideró positivo el “programa macroeconómico”, es decir al ajuste. No se anunció ninguna medida concreta a favor de los trabajadores.

Lo cierto es que, para pulverizar los salarios, es el propio gobierno el que impulsa la inflación. Muchos economistas la ubican cercana al 60% para el 2022. Es el ajuste en marcha. Como contracara nos vende la concertación como un mecanismo de diálogo efectivo para combatir el alza de precios y mejorar los ingresos del pueblo trabajador.

Este “diálogo” por fuera de las paritarias a muchos les puede parecer extraño, y sí, lo es. Si la verdadera preocupación de Alberto Fernández fuese la inflación y su correlato con la pérdida del poder adquisitivo ¿Por qué no discutirlo con negociaciones paritarias sin techo?

La explicación es sencilla: el verdadero objetivo de la mesa de concertación es alinear los precios y los salarios, es decir, que los salarios corran por detrás de la remarcación de precios para que los grandes empresarios incrementen sus ganancias.
Es por estas razones que la mesa de concertación no evitará que los precios vuelen, pero sí anclará a los salarios, con la ayuda de los burócratas sindicales.

Según el Centro de Investigaciones y Formación Argentina (Cifra) perteneciente a la CTA, en el segundo semestre de 2021 el salario real de los trabajadores registrados del sector privado cayó 4,2% respecto a igual período de 2020 y 20,1% en relación al cuarto trimestre de 2015.

¡El salario promedio es de 40.000 pesos! Una miseria. Hace décadas atrás la pobreza se asociaba a la falta de trabajo, a la desocupación. Actualmente, es pobre el que trabaja.

Si el presidente está tan preocupado por la inflación ¿Por qué no impone precios máximos a todos los productos de la canasta familiar? ¿Por qué no aplica la Ley de Abastecimiento?

Alberto Fernández ejecuta el ajuste exigido por el FMI, pero les solicita a los empresarios que otorguen, voluntariamente, un bono extra a sus empleados para compensar el desborde inflacionario. Este pedido de “refuerzo adicional” a las paritarias a la baja y en cuotas, es la confirmación del valor miserable de los salarios pactados por la burocracia sindical peronista.

Aunque lo paguen (y ya sabemos que muchas patronales después no lo hacen), el bono no será ninguna solución, es un parche que rápidamente se comerá la inflación. Expresa la práctica del doble discurso del gobierno peronista.

Lo que se necesita es un aumento general de emergencia para que ningún trabajador y jubilado gane menos que el valor de su respectiva canasta, calculada por los trabajadores del Indec en 136.104 pesos. A estas direcciones burocráticas debemos exigirles que rompan con la política de ajuste del gobierno y llamen a plenarios de delegados y asambleas, para preparar un plan de lucha que imponga esta exigencia. Mientras, continuamos fortaleciendo al sindicalismo combativo por nuevas direcciones combativas y democráticas.

Escribe Claudio Funes

El gobierno peronista de Alberto Fernández anunció el pago de un bono de 6.000 pesos para los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo. El bono, que se pagará a partir del 18 de abril, alcanza a un total 4,6 millones de beneficiarios.

“Buscamos recomponer el ingreso de los jubilados, además de los aumentos que reciben trimestralmente, hemos dispuesto un bono especial de 6.000 pesos”, dijo Alberto Fernández sin ponerse colorado. Puro doble discurso. Veamos.
El haber mínimo actual, con el aumento de marzo de 12,28 %, es de 32.630 pesos. En los últimos doce meses, por la suba de los precios, en especial de medicamentos y alimentos, la canasta básica de la tercera edad se incrementó un 51,8% y ya vale 97.238 pesos. Esta suma equivale a tres jubilaciones mínimas.

“Los nuevos datos de la canasta básica de los jubilados ratifican la situación de precariedad y miseria en la que se hunde cada vez más el sector”, dijo Eugenio Semino, Defensor del Pueblo de la Tercera Edad.

En el contexto de que 4,6 millones de personas deben sobrevivir con la tercera parte de lo necesario, el bono es totalmente insuficiente, miserable y una verdadera afrenta a los jubilados. Es un parche que resalta el carácter ajustador y al servicio del FMI de su ley de Movilidad Jubilatoria de 2020, que no contempla la variable inflacionaria. Con este bono discrecional, el presidente les sigue robando a los jubilados.  

Desde Izquierda Socialista exigimos que ningún jubilado gane menos que el valor de la canasta de la tercera edad y la inmediata aplicación del 82% móvil.

No hay salida para el pueblo trabajador con el plan de ajuste del FMI. Tampoco con los “proyectos” de programas de mayor ajuste que dan a conocer los economistas de la oposición patronal. Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad planteamos que hay que luchar por imponer estas propuestas.

Deuda externa

Dejar de pagar la deuda externa y romper el acuerdo y todo vínculo político y económico con el Fondo Monetario Internacional. Así vamos a tener capacidad soberana para definir una política económica que permita priorizar la resolución de las más urgentes necesidades populares. El dinero que hoy se va en pagos de deuda hay que volcarlo a trabajo, salario, educación, salud y vivienda.

Salarios

Aumentar inmediatamente todos los salarios para que nadie gane menos que la canasta familiar (calculada por los trabajadores de ATE Indec en 136.104 pesos). Reajuste automático mensual de acuerdo a la inflación. Reapertura de todas las paritarias sin techo. Aumento jubilatorio de emergencia para que la mínima alcance el valor de la canasta de la tercera edad (97.238 pesos) y aplicación del 82% móvil. Aumento de los montos y cantidades de los planes sociales para quien lo necesite.

Precios

Fijación de precios máximos a todos los productos de la canasta familiar y aplicación de la Ley de Abastecimiento a quién los viole, multando, clausurando y expropiando a las grandes empresas especuladoras. Eliminación del IVA a los productos de la canasta familiar.

Bancos y comercio exterior

Nacionalización del comercio exterior y la banca, para así terminar con la especulación, la fuga de divisas y los aumentos indiscriminados de precios a los productos de exportación que forman parte de la canasta alimentaria (harina, aceite, maíz, carne). Creación de un ente estatal de comercio exterior que adquiera la producción exportable, pagándoles precios sostén a los pequeños productores, y que exporte haciendo que las divisas ingresen al país y puedan dedicarse a las necesidades populares. Y con una banca nacionalizada que destine el ahorro a crédito para el consumo popular y el desarrollo, y no para la bicicleta financiera.

Reestatizacion de las privatizadas

Reestatización de todas las empresas de servicios públicos privatizados y su puesta en funcionamiento bajo gestión de trabajadores y usuarios. No a ningún tipo de tarifazo y tarifas sociales para quién las necesite. Reestatización de todo el complejo gasífero-petrolero, recreando una YPF 100% estatal y un Gas del Estado que centralicen todo el negocio energético, desde la exploración, pasando por la extracción, el refinamiento, el transporte, llegando a la comercialización.

Escribe Claudio Funes

Los movimientos sociales combativos salieron a luchar, retomando las calles. Mantuvieron desde el miércoles 30 de marzo hasta el viernes 1° de abril un acampe sobre la avenida 9 de Julio, frente al ministerio de Desarrollo Social. Miles de desocupados reclamaron trabajo genuino, más planes sociales, aumento de las asignaciones y asistencia alimentaria.

Durante 48 horas, la afluencia al acampe no sólo no disminuyó; por el contrario, creció. Miles de manifestantes mantuvieron cortadas once cuadras de la 9 de Julio, la principal avenida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La medida se replicó en Córdoba, Mendoza, Jujuy y Santa Fe, entre otras provincias.

Las organizaciones de desocupados combativas reclaman más planes por una muy justa razón: en el registro nacional de trabajadores de la economía popular hay casi tres millones de inscriptos. Casi dos millones más que los 1.200.000 que actualmente acceden a los planes sociales.

Esto es un reflejo de lo que indican los datos de Orlando Ferreres. La pobreza, que en 1970 era del 4,6%, llega a un piso estructural de 25% que aumenta en momentos de crisis, como en la situación actual que se va agudizando al ritmo de las exigencias del FMI.

Los ajustes que los gobiernos patronales pactan con el Fondo son una fábrica de caos y crisis social. Por eso ningún país en el mundo resolvió sus problemas con las recetas del FMI. Por el contrario, los profundizó.

Como ocurre con el gobierno de Alberto Fernández, que utiliza el doble discurso, emite un comunicado donde asegura que todo está resuelto, pero se mantiene inflexible a los verdaderos reclamos. No otorgará más altas en el programa Potenciar Trabajo. “No habrá nuevos ingresos (para los planes sociales)”, aseveró la portavoz presidencial Gabriela Cerruti.

Para muestra vale un botón, Zabaleta se negó a recibir a las organizaciones de desocupados, con la excusa de estar cortando las calles, y redobló la apuesta refiriéndose cínicamente a la movilización dijo que “dejen de apretar a los argentinos”.
En el comunicado del gobierno se habla de un acuerdo con los desocupados que no existe. Se dice que “Al igual que en otras reuniones se ofreció fortalecer el financiamiento de cooperativas y asistencia con maquinarias, herramientas e insumos para la producción”, algo que los mismos desocupados denuncian como acordado hace meses y que nunca se cumplió.

El supuesto “acuerdo” no menciona el pedido presentado hace seis meses por los movimientos sociales para la creación de un millón de puestos de trabajo, ni hace referencia a la apertura de los programas sociales.

El gobierno peronista ni siquiera contempla un aumento para los inscriptos en el programa de empleo, que hoy cobran 16.500 pesos. Esto es la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil, un ingreso de indigencia. Y, quiere hacernos creer que, con un bono de apenas seis mil pesos en abril, los desocupados resolverán sus problemas.

La bronca en los sectores de desocupados se extiende y se profundiza. A tal punto, que el dirigente kirchnerista Juan Grabois, cercano al Papa, concurrió al acampe para apoyar el reclamo, criticó a Matías Kulfas, ministro de Producción, y pidió salario universal y tierras, pero insistiendo en que él es parte del Frente de Todos.

Ante esta situación, los movimientos sociales trabajan en la elaboración de un plan de lucha que incluye una movilización para el 13 de abril, y probablemente, una marcha federal.

Desde Izquierda Socialista nos solidarizamos con la lucha del movimiento de desocupados combativo. Planteamos que la salida está en la generación de trabajo genuino, a partir de un plan de construcción de viviendas populares, financiado con el no pago de la deuda externa.

Escribe Claudio Funes

El pasado 30 de marzo, el Indec reveló que la pobreza alcanzó al 37,3% de la población en el segundo semestre del 2021.

Si bien hay una baja de la pobreza con respecto al mismo período del 2020, año en el que más impactó la pandemia, hay 17 millones de pobres y 3,8 millones de indigentes en todo el país.
Pero las cifras son aún más críticas en partidos del Gran Buenos Aires, donde el nivel de pobreza llegó al 42,3 %.

Otro dato estremecedor es la pobreza infantil: 51,4%. La mayoría menores de catorce años viven en hogares pobres, mal alimentados y privados de salud y educación. Una hipoteca para nuestro futuro como país.

El acuerdo con el FMI producirá mayor inflación por el ajuste de las tarifas de los servicios públicos, y por la devaluación del peso a un ritmo mayor que el año pasado y que se trasladará a los precios de los alimentos que se venden a valor del dólar.

Con una inflación para 2022 que ya se calcula de 60%, esa baja anunciada por el Indec es transitoria. El horizonte es oscuro: la pobreza volverá a superar el 40% por efecto de la inflación.  
El gobierno de Alberto Fernández es reproductor de pobreza, el bono de 6.000 pesos para el sector de jubilados que cobra la prestación mínima (32.630 pesos) confirma que su fórmula de movilidad está diseñada para ajustar a los adultos mayores.

La imposición del nuevo Salario Mínimo Vital y Móvil (47.850 pesos, recién en diciembre) también va en ese mismo sentido, al igual que las paritarias a la baja.

Alberto Fernández también serruchó las prestaciones sociales. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso estas cayeron un 9,9% en 2021 en relación al 2020 en términos reales. Y continuarán cayendo; es una de las exigencias del Fondo que el presidente aceptó.

Los acuerdos con el FMI, llevados adelante por los distintos gobiernos patronales, nos han arrastrado a esta situación de pobreza. La forma de revertirla es romper con el FMI, no pagar la deuda externa y poner todo ese dinero al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares.