Escribe Pablo Almeida, legislador porteño Izquierda Socialista/FIT Unidad y delegado general Ministerio de Economía
 
El presidente, que firmó como testigo el acuerdo paritario del sindicato que conduce Sergio Palazzo con las cámaras del sector, expresó: “Eso va impulsando algo que a nosotros nos preocupa mucho, que es que los trabajadores y cada argentino tenga más derechos. Lo que más me importa es que el sueldo de los trabajadores no se retrase respecto de la inflación y le gane, porque ya se atrasaron muchos años”. Vale preguntarse qué medidas concretas tomó el gobierno para combatir la inflación. Ninguna.
En consonancia con lo manifestado por Fernández, Héctor Daer de la CGT reclamó al gobierno que el Ministerio de Trabajo convoque a las paritarias de todos los gremios que firmaron aumentos salariales que ya fueron superados por la inflación. Vale aclarar que Daer es el titular del gremio de la Sanidad (Atsa) a la que las multimillonarias patronales le niegan el aumento y recién ahora Daer está pensando en una medida de fuerza.

Todos los pasos que da la burocracia sindical peronista están previamente acordados con el gobierno. Sus declaraciones son en modo electoral. En lo posible todo debe parecer mejor de lo que en realidad es. Y evitan a toda costa salir a pelear aunque la bronca crece por abajo.
Palazzo, en su momento, se apuró en acordar, en el mes de enero, el 29% de incremento salarial, en línea con la pauta oficial de inflación prevista (dibujada) en el presupuesto nacional, que repentinamente pasó a ser papel mojado.  
ATE y UPCN que firmaron por el 35% en seis cuotas hace apenas un mes quedaron en falsa escuadra como muchas conducciones burocráticas que pautaron incrementos similares. Es por esto que Hugo Godoy (ATE) le envió una carta al gobierno pidiendo revisar la paritaria que él mismo firmó un mes atrás.

La inflación prevista para 2021 rondará el 50%, según la opinión de distintas consultoras. ¿Cómo pudieron firmar esos acuerdos si ellos ya lo sabían? La burocracia es muchas cosas, pero no ingenua. Aquellos que aceptaron acordar sus convenios con aumentos de 29% y 35% en cuotas que se terminarán de pagar en marzo de 2022, y más tarde también, eran conscientes de lo que  hacían, rebajar el salario del trabajador.

Gracias a los servicios de las conducciones burocráticas en los últimos tres años el salario ha perdido entre el 20%  y el 25% de su poder adquisitivo. La burocracia pacta con los gobiernos de turno aumentos insuficientes y en cómodas cuotas, de esta manera van siempre detrás de los aumentos de precios. Por ello, aun con revisión incluida, el salario no le ganará a la inflación. Toda la burocracia sindical es cómplice de los ajustes.

Hay que exigirle a la CGT y las CTA que rompan la tregua con el gobierno. Se necesita ya mismo un aumento salarial de emergencia para que ningún trabajador gane menos que el valor de la canasta familiar (calculada, según la junta interna de ATE-Indec, en 99.930 pesos), que se debe actualizar mes a mes según la real suba del costo de vida. Al mismo tiempo hay que asegurarse de que se abran todas las paritarias. No lo vamos a lograr sin lucha. El ejemplo de que se puede lo dieron los “elefantes”, los trabajadores de salud de Neuquén, que decidiendo en asambleas y coordinando a la lucha en  forma autoconvocada  lograron arrancarle un aumento  del 53%, no solo al gobierno del MPN, sino a la propia conducciones provinciales de ATE y UPCN que habían firmado un bochornoso 12%.

Desde el Plenario del Sindicalismo Combativo, con el Pollo Sobrero y los ferroviarios de la Bordó, Ademys, los Suteba multicolores, el Sutna y tantos otros, decimos que el aumento salarial es el principal reclamo y que la lucha es el único camino. Del mismo modo que desde el Frente de Izquierda Unidad lo reclamamos como primer punto de nuestro programa de emergencia ante la crisis.
 
 

Escribe Angélica Lagunas, directiva ATEN Capital

Al cierre de esta edición nos informamos de la muerte de dos operarios y el estado de extrema gravedad de una compañera docente, víctimas de una explosión en la escuela 144 de Aguada San Roque, Neuquén. Se realizaba una ampliación de la escuela albergue y los niños se retiraron sólo minutos antes de la explosión.

Las seccionales, directivos y agrupaciones que integramos el Frente Multicolor de ATEN, decimos que “ésta es una consecuencia más del abandono sistemático de la educación y de la salud públicas, en la provincia de la Vaca Muerta en la cual el gobierno prioriza el pago de la deuda externa y los intereses de los concentradores del capital, por sobre la salud y la vida de los/as trabajadores/as.

Con el sistema de salud colapsado, vaciado durante décadas, y las escuelas, abandonadas, los/as trabajadores/as de la educación nos encontramos condenados a una virtualidad sin recursos y expuestos a una presencialidad insegura, en este contexto de pandemia y con las escuelas cayéndose a pedazos”.
ATEN Provincial tiene que llamar al paro y movilización. No fue un accidente, el gobierno es responsable. La ministra de Educación Cristina Storioni y los vocales del gobierno tienen que renunciar.

La decisión del gobierno nacional de regresar a la presencialidad en medio del pico de muertes por pandemia, está mostrando sus facetas más trágicas. Los gobernadores de casi todas las provincias intentan implementarlo de cualquier manera. Hay muertes cotidianas por Covid-19 de docentes y trabajadores de la educación que nos enlutan e indignan.

En los medios no dejan de reivindicar la importancia de la supuesta “educación presencial”, pero las imágenes de niños y docentes congelados de frío, cubiertos con mantas, sin calefacción, con ventanas abiertas, muestran la brutal hipocresía de los gobernantes. Eso no es “educación”, es maltrato. Nadie puede aprender con el frío y el hambre que están pasando la mayoría de los alumnos.

Además, los salarios docentes están por debajo de la pobreza, mientras la inflación no para. La bronca obliga a algunos gobernadores a citar a gremios para hacer “una evaluación salarial”. ¿Qué hay que evaluar? ¡Exigimos reapertura de paritarias e inmediato aumento al básico ya! Basta que Ctera y los gremios provinciales pacten a espaldas de los docentes. Les reclamamos asambleas para votar un plan de lucha nacional.

El pasado sábado 26 de junio se llevó adelante un festival virtual en apoyo a la lucha de Just. Los trabajadores vienen reclamando desde febrero por el mantenimiento de su fuente de trabajo y la reincorporación de los despedidos.
Participaron del festival Las Manos de Filippi, Mal Pasar y otros números artísticos. Saludaron el evento nuestras diputadas y diputos nacionales Juan Carlos Giordano, Mónica Schlottauer, y de CABA Pablo Almeida y Mercedes de Mendieta, la secretaria general de Ademys Mariana Scayola y Graciela Calderón del Suteba La Matanza, entre otros.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense (m.c.) por Izquierda Socialista / FIT Unidad

El pasado jueves 24 de junio se obtuvo la media sanción que faltaba para que el cupo laboral travesti trans #SeaLey. La iniciativa establece que el Estado nacional deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes a personas travestis, transsexuales y transgénero. Un reclamo histórico logrado con nuestra lucha.

La norma lleva el nombre de dos referentes históricas: Diana Sacayán y Lohana Berkins. Ambas activistas que no dejaron nunca de luchar contra la discriminación y la violencia a las personas travestis y trans y por el pleno reconocimiento de derechos. Celebramos este triunfo que sin lugar a dudas fue conquistado con la organización y movilización de la comunidad travesti, trans y no binarie. A la vez, planteamos que debemos continuar la lucha para su real implementación y para terminar con todas las demás violencias, entre ellas las más extremas como son los travesticidios, transfemicidios, transhomicidios y demás crímenes de odio.

El acceso al trabajo formal es una demanda histórica ya que su falta nos arroja como comunidad a exponernos a cualquier tipo de riesgos en la búsqueda de un sustento económico. No nos olvidemos que Tehuel de la Torre salió de su casa hace ya casi cuatro meses por una promesa laboral, nunca volvió y lo seguimos buscando. Con Tehuel vemos cómo la precariedad y la falta de trabajo no solo son graves, sino hasta peligrosas. Es más, en el caso de la provincia de Buenos Aires, la ley de cupo laboral travesti-trans para los puestos de trabajo del Estado provincial fue aprobada en 2015, recién en 2019 reglamentada y, al día de hoy, solo se cumple en la mitad de los municipios bonaerenses. Por eso, insistimos en que, conquistada la sanción en el Congreso, debemos seguir peleando por la real implementación.

Estamos transitando un contexto de profunda crisis económica, social y sanitaria, donde les jóvenes y especialmente la comunidad travesti, trans y no binarie es la más golpeada por la falta de trabajo formal. La responsabilidad de los gobiernos es innegable frente a esta situación. Y particularmente, el gobierno de Alberto Fernández que crea un Ministerio de cartón con escaso presupuesto marginando a las disidencias, que no pueden acceder a trabajo, salud ni educación. Por eso, desde el Frente de Izquierda Unidad convocamos a una radio abierta el 28 de junio frente al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad junto a organizaciones independientes y de lucha en el marco del Día Internacional del Orgullo de las disidencias sexoafectivas y de género. El mejor homenaje que podemos hacer al levantamiento de lesbianas, gays, travestis y trans conocido como la revuelta de Stonewall es continuar la lucha por cada uno de nuestros derechos.