Escribe Adolfo Santos

En una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y Acción Social y Salud Pública y los presidentes de bloque fueron citados al Congreso algunos laboratorios para brindar detalles sobre los contratos de las vacunas. Anunciada como una “sesión histórica” para “generar transparencia”, el Frente de Todos simuló que iban a rendir cuentas. Incluso se promocionó que debían hacerlo “bajo apercibimiento de ley”. Una fantochada. AstraZeneca, por ejemplo, no concurrió y dicen que estaría citada para otra reunión informativa la semana próxima. Justo la responsable de no entregar 22 millones de dosis que prometió, a pesar de que el gobierno pagó el 60 por ciento. Y son las que se producen en Garín, una escandalosa impunidad.

El gobierno montó un pequeño show para intentar desmentir la denuncia de la oposición patronal de Juntos por el Cambio, de que el gobierno peronista no cerró contrato con Pfizer porque la farmacéutica no quiso recibir coimas. El representante de Pfizer, Nicolás Vaquer, terminó reconociendo que si no se cambia una ley ya votada “no es compatible con aspectos contractuales”. Quiere más garantías que lo eximan de cualquier responsabilidad.

El presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, señaló: “Se está discutiendo si hace falta cambiar la ley”. Por su parte, Juntos por el Cambio presentó un proyecto para cambiar la ley, demostrando la completa sumisión a las farmacéuticas.

Lo que no hizo el CEO Vaquer, incluso por recomendación del propio presidente de la Cámara, Sergio Massa, fue responder a los interrogantes planteados por el diputado Juan Carlos Giordano, de Izquierda Socialista. Nuestro diputado le preguntó por qué se niegan a liberar las patentes de las vacunas, lo que posibilitaría una producción mundial a la altura de las circunstancias. Cuestionó la vergonzosa inequidad en el reparto, el secretismo y la confidencialidad, entre otros temas, e hizo valer que la única salida viable para vacunar a todas y a todos pasa por incautar las vacunas que se producen en Garín. De eso no se habla.

El otro laboratorio que participó fue Richmond, del empresario Marcelo Figueiras, elogiado como “salvador” por los representantes del gobierno peronista por anunciar el envasado de la Sputnik V. Y ahora promocionan otra “vacuna argentina” cuando será para un laboratorio privado que recibió fondos del Estado para tal “inversión”, en acuerdo con Rusia. ¿Y si es una estafa como la del laboratorio mAbxience, de Hugo Sigman, que produce para AstraZeneca y no para el país?

El laboratorio Richmond envasará la vacuna rusa. ¿No era que no se podían envasar en el país? Y mAbxience produce la de AstraZeneca. O sea, la vacuna se podría elaborar y envasar poniendo a todos los laboratorios, públicos y privados, a trabajar en un plan de producción masiva que el gobierno del Frente de Todos rechaza para salvar las ganancias privadas de sus empresarios amigos.

Escribe Reynaldo Saccone, ex presidente de la Cicop

Al iniciarse una nueva sesión de negociación en la Organización Mundial de Comercio (OMC) hubo dos presentaciones de personalidades y organizaciones de todo el mundo reclamando la suspensión de las patentes para las vacunas y otros insumos necesarios para la lucha contra la pandemia. Estas dos presentaciones se suman al reclamo de 99 países -incluida la Argentina- encabezados por India y Sudáfrica que abogan desde el año pasado en el mismo sentido.

Una de ellas está encabezada por Noam Chomsky y Nancy Fraser de Estados Unidos, Naomi Klein de Canadá, y otras figuras de distintos ámbitos académicos, feministas, ambientalistas, científicos, sindicales, políticos y otros. Entre las organizaciones de nuestro país figuran, entre otras, la CTA (A), Amsafe, Ademys y Suteba Tigre. Su programa plantea la eliminación de los secretos comerciales, la transparencia y control público del desarrollo de las vacunas y el acceso universal, libre y gratuito a la vacunación y a los tratamientos. Demandan, además, “La expropiación y socialización de la industria farmacéutica privada, bajo control social, como base de un sistema sanitario público y universal que fomente la generación de tratamientos y la producción de medicamentos genéricos”.

La otra, encabezada por el premio Nobel Muhammad Yunus, George Clooney, Annie Lennox, Dia Mirza, Sharon Stone, Yemi Alade, Forest Whitaker, Lily Cole, Peter Gabriel, y organizaciones como Amnesty International, Oxfam y otras reclama que la industria farmacéutica comparta la tecnología y los gobiernos liberen las patentes de vacunas y otros insumos. Han juntado 2.700.000 firmas. 

Nuestra campaña que venimos realizando desde Izquierda Socialista y la UIT (CI) es parte de este creciente clamor mundial por la liberación de las patentes para disponer de vacunas para todas y todos para terminar con la pandemia. 

Escribe Joel Rojo

En la Argentina ya hay 82.667 muertos por Covid-19 y en Córdoba se alcanzó el récord, 53 en un solo día. El 2 de junio hubo 587 muertes en todo el país, es como si tres aviones Boeing 707 con los pasajeros y la tripulación se hubiesen estrellado sin dejar sobrevivientes. Estas muertes evitables son responsabilidad de Alberto Fernández y de todos los gobernadores. Ellos y sus parlamentarios son defensores del régimen de patentes que impide la producción masiva de vacunas y también son los que se negaron a tratar el proyecto de ley de nuestro diputado, Juan Carlos Giordano, que declara de utilidad pública al laboratorio mAbxience, que en Garín produce veinticuatro millones de vacunas por mes. Esto hubiese permitido incautarlas para luego proceder a inmunizar a toda la población, evitando miles de decenas de contagios y muertes.  

El 2 de junio solo Córdoba aportó 34 muertos. Entre los fallecidos se encontraban Vilma Levrino y Alejandra Taborda, docentes de esta capital empujadas a la muerte por la política criminal de Schiaretti de mantener la presencialidad a cualquier costo. Mandó a miles de docentes y padres con sus hijos a viajar apiñados en el transporte público y a juntarse en las aulas sin estar vacunados, o teniendo una sola dosis. Él, en primer lugar, sus ministros y la burocracia sindical son responsables de estas muertes. Y también lo son de las consecuencias sociales, con 70.000 nuevos pobres en el Gran Córdoba.

El sistema de salud

Durante décadas, la salud pública provincial fue desmantelada por peronistas y radicales en favor de la medicina privada. Sus trabajadores cobran salarios de miseria y son obligados a jornadas extenuantes y al pluriempleo, por lo que están más expuestos al contagio. Además, a la falta de personal de salud se suma que, en plena segunda ola, fueron despedidos setenta y dos trabajadores y trabajadoras que estaban contratados, algunos con más de diez años de antigüedad. Una política criminal por donde se la mire. 

Los datos que publican son mentirosos. Hay hospitales que no pueden recibir más pacientes graves, que terminan deambulando de una localidad a otra. Somos la segunda provincia en cantidad de contagiados y muertos. Con una ocupación Covid de 81,8%, cuando las otras patologías estacionales crecen, apelan de apuro a carpas prehospitalarias con más camas pero con el mismo personal. El cuadro se completa con la especulación de las clínicas privadas que, con la complicidad de ATSA, vienen retrasando el aumento paritario y los salarios a sus trabajadores aduciendo que no tienen plata cuando acaban de recibir aumentos en los subsidios y en las prepagas. Al mismo tiempo, derivan pacientes al hospital público para atender a sus pacientes vip. Se hace imprescindible centralizar, bajo control de los trabajadores de la salud y los usuarios, todo el sistema sanitario. Hay que combatir la pandemia poniéndose al servicio del pueblo y no de las ganancias de los privados. 

Por el colapso proyectan encierros y amenazan con represión si no se cumplen, pero lo hacen sin poner plata para quienes viven del rebusque diario, para los que no tienen trabajo y para aquellos cuyos salarios y jubilaciones ya no alcanzan. También llevan a la ruina a los pequeños talleristas y comerciantes que han salido a movilizarse. Su argumento es que “no hay plata” cuando hacen obras innecesarias, como la autovía de Punilla, que además de perjudicar el medio ambiente cuesta 100 millones de dólares. 

Córdoba y el país viven una gravísima situación. Hay que tomar medidas excepcionales como las que proponemos en nuestro programa de emergencia.

Escribe Doctor Oscar Atienza

La provincia de Córdoba está sumergida en una situación muy compleja, casi de caos sanitario, esto producto del manejo político de la pandemia, siempre decidieron ir contra el gobierno nacional y no privilegiaron la salud de los cordobeses, sino que optaron por agregar camas de terapia intensiva y avanzar hacia la defensa de la economía como punto diferenciador.

En las últimas semanas comenzamos a advertir que el sistema de salud colapsaba, que habiendo llegado a niveles de ocupación plena con casi 2.903 camas de UTI ocupadas debían agregar 400 camas más, lo que efectivamente hicieron el día 11 de mayo, llevando a Córdoba a tener 3.303 camas de UTI, eso no duró mucho tiempo, apenas unos días y volvió a colapsar el sistema, intentaron agregar más camas pero no pudieron por la limitación del personal de salud. Fue allí cuando optaron por agredir a quienes veníamos alertando sobre la situación, utilizando calificativos hacia mi persona ya que denunciaba situaciones de sobrecarga del sistema sanitario en diferentes medios locales y nacionales, apenas a 48 horas de estos dichos la provincia de Córdoba tuvo que tomar medidas más duras, casi fase uno reconociendo que no habían más camas para atender a los cordobeses.

El martes 8 se aprobó el código rojo, que posibilita la internación de personas en sus domicilios incluso aquellos que necesitan oxígeno, sin necesidad de trasladarlos al hospital, esto porque ya no hay lugar.

Lamentamos mucho que en lugar de preocuparse de la salud de los cordobeses intenten censurarme, tal como lo refirieron periodistas nacionales que recibieron presiones para que no me entrevisten más.

En varios medios el ministro de salud de la provincia Diego Cardozo, ha manifestado enfáticamente que: “El doctor Atienza es un irresponsable que no sabe nada de salud pública” como respuesta a mis denuncias, de hace meses, de que iba a ocurrir lo que ya está ocurriendo. Esperemos que con el mismo énfasis con que me atacan, se ocupen de la salud pública y trabajemos para que las personas no se enfermen de lo que no deben enfermarse y no mueran de lo que no deben morirse.

Escribe José Castillo

Hace dos semanas se difundió la “proclama del 25 de mayo”. Un importante sector del peronismo kirchnerista planteó allí la necesidad de suspender los pagos de deuda hasta que finalice la pandemia. Es una afirmación muy importante que no debe quedar en palabras. Llamamos al gobierno del Frente de Todos a que efectivamente lo lleve a cabo.

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad saludamos que un amplio espectro de dirigentes políticos, sindicales y de otros sectores se pronuncien por la inmediata suspensión de los pagos de la deuda externa. Porque ese es un camino básico, casi elemental, para que los recursos que existen, en vez de ir a manos de los pulpos acreedores, se destinen a atender la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 y sus consecuencias sociales.

Necesitamos ese dinero urgentemente, que no salga más de nuestro país, lo precisamos para atacar esta pandemia, para comprar más vacunas, para poder tener más trabajadores de la salud y más insumos médicos. También para que podamos atender las consecuencias sociales de la pandemia, que lamentablemente están sumiendo a millones en la miseria y la marginación social. 

Un importante paso adelante que debe concretarse

No se le escapa a muchas compañeras y compañeros peronistas y kirchneristas con los que discutimos cotidianamente que nuestro programa, el de Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad, es más amplio que lo que plantea la proclama del 25 de mayo. Nosotros estamos por dejar definitivamente de pagar la deuda externa, por ilegal, usuraria e ilegítima, y romper todos los lazos políticos y económicos con el FMI. Creemos que esa es efectivamente la salida de fondo para resolver los problemas que afectan al pueblo trabajador.

Pero tenemos un punto de acuerdo muy importante con la proclama del 25 de mayo, la necesidad de suspender inmediatamente todo pago de deuda en tanto siga la pandemia. Empecemos por eso, hagámoslo efectivo, será un gran paso adelante. 

Las compañeras y compañeros peronistas y kirchneristas saben que, sin embargo, no es eso a lo que están apuntando hoy el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán. Ambos sostienen que su objetivo es llegar lo más rápido posible a un acuerdo con el FMI. Y, para demostrarle al FMI su voluntad de negociación, están llevando adelante en 2021 un plan de ajuste que se verifica en la reducción de los gastos destinados a la pandemia respecto de 2020 y en una disminución muy fuerte en el poder adquisitivo de las jubilaciones. De hecho, desde el inicio del gobierno del Frente de Todos ya se llevan pagados en concepto de deuda externa 7.100 millones de dólares.

Por eso, si queremos que se haga realidad la propuesta de la proclama del 25 de mayo, hay que cambiar esto. La suspensión de los pagos la tenemos que imponer entre todos con la movilización. No puede quedar solo en una declaración. Es posible y necesario, entonces, poner en marcha un gran movimiento para llevarla adelante. Entre los firmantes están nada menos que los máximos dirigentes de la CGT y las CTA. Son conocidas las diferencias que tenemos con estos dirigentes, pero les proponemos que pasen de las palabras a los hechos frente a esta circunstancial coincidencia de sugerir la suspensión de los pagos de la deuda. ¡Hay que movilizar al movimiento obrero para imponer esa suspensión de los pagos! 

Tanto desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, como del Plenario del Sindicalismo Combativo, con el Pollo Sobrero, los dirigentes de Ademys, el Sutna y los Suteba multicolor, les insistimos, ¡pónganse a la cabeza y movilicemos juntos para que se haga realidad!

Que el gobierno del Frente de Todos suspenda los pagos 

Los firmantes del documento son una parte importante del gobierno, hay diputados, senadores, gobernadores e intendentes. Por eso decimos que hay que pasar de los dichos a los hechos y suspender efectiva e inmediatamente todo pago en concepto de deuda externa hasta que finalice la pandemia. 

Ahí está el dinero necesario para comprar más vacunas, para aumentar el presupuesto de salud, mejorar los salarios de los trabajadores de la salud y de las otras áreas del Estado, incluyendo a los docentes. También ahí está la plata para otorgar el aumento que se requiere para los jubilados y para adjudicar un IFE de emergencia a todo el que lo necesite, así como ayuda a los pequeños comerciantes. 

Que el gobierno de Alberto Fernández avance en la suspensión de los pagos sería un enorme paso adelante para enfrentar las dos pandemias, la sanitaria y la social.