Escribe Mónica Méndez, secretaria de Organización de la Cicop

La segunda ola de contagios en nuestro país se sigue extendiendo a pasos acelerados sin que se tome medida alguna para evitarlo. Ya no es solo en el AMBA, el colapso sanitario es una realidad en casi todas las provincias. Mientras, muchas compañeras y compañeros aún no fueron vacunados y los gobiernos provinciales y nacional presionan para que quienes estaban licenciados vuelvan a trabajar arriesgándolos a un posible contagio.

La falta de inversión en salud, al servicio de pagarle la deuda al FMI, y la no respuesta a los permanentes reclamos profundizan una situación desesperante para todo el equipo de salud. Jornadas interminables de trabajo bajo un permanente estrés y sin descanso, la falta de personal, la necesidad de recurrir al pluriempleo por los bajos salarios, la precariedad laboral, la falta de insumos y los graves problemas de infraestructura de los hospitales forman un cóctel verdaderamente insostenible para quienes estamos en la primera línea de combate al virus.   
Mientras, se acaba de conocer que la inflación de abril fue de 4,1%, acumulando 17,6% en lo que va del año y se proyecta 50% hasta diciembre, un ataque brutal al bolsillo. Y para colmo, las burocracias de ATE y UPCN se aprestan a cerrar un aumento de 34% en comodísimas cuotas. Intentan, una vez más, reducir el sueldo en medio de la pandemia. Dicen que somos esenciales y nos tratan como descartables.

Es por eso que, desde el inicio de la pandemia, venimos protagonizando enormes luchas en todo el país. Ahora mismo, en Córdoba luchan contra los despidos de Schiaretti, en el hospital Larcade de Buenos Aires continúan de paro contra la precarización y exigiendo aumento salarial mientras se enfrentan a constantes persecuciones. En La Matanza, hospitales como el de Niños y el Germani, junto con otros, salen en rechazo del miserable aumento acordado por el gremio de municipales. En Río Negro, Asspur, un sindicato recién fundado, exige 75% de aumento. También hay reclamos en Santa Cruz, Jujuy, Tucumán y otras provincias. En Cicop habrá asambleas en todos los hospitales de cara al congreso de delegados, estamos discutiendo una vez más acciones para retomar la discusión salarial. Los sueldos no alcanzan.

¡Necesitamos salir a enfrentar el ajuste de Alberto Fernández y los gobernadores! La huelga de sesenta días de los “elefantes” autoconvocados de la salud de Neuquén marca el camino. La unidad de todo el equipo de salud y la coordinación en la interhospitalaria logró liquidar el acuerdo de la burocracia de ATE de 15% y conquistó un 53% para todos los estatales de la provincia. El ejemplo de su lucha nos demuestra también que la más amplia unidad y coordinación para luchar es fundamental, como lo viene haciendo el Plenario del Sindicalismo Combativo, que nuclea a distintos gremios, cuerpos de delegados y seccionales que se enfrentan a la burocracia de la CGT y las CTA. Debemos impulsar asambleas por hospital y sectores uniendo a todo el equipo de salud para exigirle a la burocracia que rompa el pacto con los gobiernos e imponer un verdadero plan de lucha. Las trabajadoras y los trabajadores de la salud no podemos esperar más.

Aumento de emergencia para las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Vacunas para todas y todos ya. Que se liberen las patentes. Presupuesto para salud sobre la base del no pago de la deuda externa.

Escribe Guillermo Sánchez Porta

Está claro que las medidas tomadas por el gobierno de Fernández y los gobernadores para frenar los contagios del Covid y las muertes están fracasando. En CABA y la mayoría de las provincias, pese a esta catástrofe, se sigue con la presencialidad. En Buenos Aires solo en el primer cordón hay virtualidad, mientras que en ciudades como Bahía Blanca o Mar del Plata se sigue en presencialidad como en todo el interior de la provincia. ¡Y Kicillof quiere obligar a la docencia a que asista a las escuelas para “atender alumnos sin conectividad”, en vez de garantizar computadoras y conectividad gratuita!

Pero, además, la política salarial firmada por Ctera también fracasó. Ya fue superada la “primera cuota trimestral” por la inflación y el salario inicial está a menos de la mitad de la canasta familiar. Por eso hay luchas docentes autoconvocadas en provincias como La Rioja, siguen los planes de lucha de Ademys en CABA y de los Suteba Multicolores y hubo una jornada nacional de la docencia opositora. En Santa Cruz, Alicia Kirchner le aplicó una multa de 12 millones de pesos a Adosac por rechazar una conciliación obligatoria, atacando el derecho de huelga como los gobiernos más reaccionarios.
Es vergonzoso que Ctera y los gremios provinciales sigan con su tregua, apoyando al gobierno y su ajuste. Es necesario exigirles que llamen a un paro nacional por salarios, contra la pandemia y contra la presencialidad, por vacunas para todos ya, computadoras y conectividad gratuitas, nombramientos y pago de salario de emergencia a docentes sin trabajo.

Mientras, llamamos a apoyar la lucha docente en CABA y en todas las provincias, a profundizar la organización democrática de la docencia en lucha y la coordinación nacional para que puedan triunfar.
 

Escribe Pablo Almeida, delegado general Ministerio de Economía y legislador porteño Izquierda Socialista/FIT Unidad

En las últimas semanas trascendió en diversos medios periodísticos que el gobierno nacional  estaría realizando reuniones informales con ATE y UPCN para arribar a un acuerdo de cara a la paritaria correspondiente al periodo junio 2021 – mayo 2022. La propuesta de 35% en 4,5 o 6 tramos a terminar de cobrarse en el primer semestre del año próximo es una nueva paritaria donde seguiremos perdiendo contra la inflación real. Y la  consagración de  la miseria salarial para decenas de miles de trabajadores estatales nacionales.

Estos trascendidos confirmados tanto por los representantes del gobierno nacional como por el burócrata Andrés Rodríguez intentan instalar que este año tendríamos un aumento de algunos puntos por encima de la inflación. La propia realidad con un 17,6% de inflación en los primeros cuatro meses del año echan por tierra estas falaces afirmaciones que no logran confundir a ningún estatal.    Las distintas alas en que se divide la conducción burocrática de ATE siguen en una inacción tan evidente que más allá de alguna declaración de mínima confrontación expresan una postura de apoyo a la propuesta del gobierno.

En este marco resulta de gran importancia la unidad en la acción construida por un conjunto de juntas internas, cuerpos de delegados y agrupaciones exigiendo un aumento de emergencia en una sola cuota de 40% para comenzar a recuperar lo perdido y que la próxima paritaria  sea de indexación mensual automática acorde con la inflación. Las juntas internas de ATE del Indec, Ministerio de Economía, Trabajo, Cultura, Senasa, INTI e Incaa, junto con cuerpos de delegados de Conicet y Agricultura Familiar y agrupaciones de organismos nacionales venimos de protagonizar dos importantes acciones en la primer quincena del mes de mayo instalando estos fundamentales reclamos. En la última de estas acciones frente al Ministerio de Economía delegaciones de esos organismos visibilizamos nuestros reclamos salariales y contra la precarización laboral bajo la consigna general de que la deuda es con los trabajadores y no con el FMI.

Desde Estatales en Marcha peleamos por seguir desarrollando con la mayor amplitud esta alternativa de lucha al tiempo que reclamamos a la conducción de nuestro sindicato que convoquen a plenarios de delegados para discutir como recomponemos nuestros salarios.

Muchas veces denunciamos cómo las empresas aprovechan la pandemia para aumentar sus ganancias a costa del sacrificio de los trabajadores. Es el caso de Sullair Argentina, empresa de compresores, generadores eléctricos y maquinarias industriales.

Un informe de la comisión interna de delegados, del Sindicato de Comercio, denuncia que el pasado 29 de abril fueron convocados a una audiencia por el Ministerio de Trabajo para solicitar un régimen especial de suspensiones amparadas en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
La empresa declaró haber presentado un listado con los trabajadores alcanzados por las suspensiones, lo que fue negado por la comisión interna. La maniobra consistía en que el sindicato y los delegados le habiliten una lista de suspendidos por la cual habían cobrado el ATP durante todo el año y tributado apenas el aporte a la obra social.

La comisión interna declaró que jamás recibió la notificación de las suspensiones, que estaban trabajando normalmente y que la empresa no está pasando por apremios o restricciones que exijan las suspensiones. Y, correctamente, rechazaron el planteo de Sullair. Por el momento, frenaron la “avivada” de la patronal, que venía embolsando los subsidios recibidos del gobierno.
Lamentablemente, ese régimen de suspensiones fue parte del acuerdo entre la UIA y la CGT en abril de 2020. Las traiciones de los burócratas de la CGT las pagan los trabajadores.

Corresponsal

Escribe Lautaro, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista procesado 

La avanzada judicial, encabezada por el juez Hugo Vaca Narvaja, tuvo una fuerte respuesta en las calles de Córdoba y acciones de solidaridad en el resto del país. Debemos continuar esta campaña nacional hasta derrotar en Córdoba y Río Negro las causas con que pretenden sentar un nefasto
e inédito precedente contra la organización y la lucha de los estudiantes.

Desde la Juventud de Izquierda Socialista somos parte de la Asamblea Interfacultades que motorizó la movilización. Allí dimos una fuerte pelea para lograr una acción con la más amplia unidad de los sectores que  echazan esta causa represiva. Así se lograron más de cuarenta adhesiones de conducciones sindicales, organizaciones estudiantiles, políticas y de derechos humanos. Además conseguimos que sectores que adhieren al gobierno nacional se sumen a nuestro reclamo y difundan la convocatoria.

Se sacó un afiche para convocar a la marcha y difundir nuestra delicada situación, ya que nuestro enjuiciamiento tiene como objetivo disciplinar y acallar a todo el movimiento estudiantil para que acepte sumiso los planes de ajuste que atacan directamente nuestras condiciones de vida y a la educación pública. Respondiendo a esta convocatoria, el jueves 13 de mayo, alrededor de tres mil personas marcharon en Córdoba y se sumaron acciones en Capital Federal, Rosario, La Plata y Neuquén, esta última con la participación de estudiantes procesadxs de la Universidad Nacional de Río Negro que también están siendo perseguidxs por defender la educación pública. Logramos instalar nuestro conflicto que, debido al inmovilismo de las burocracias estudiantiles y al casi año y medio de virtualidad, había ido desapareciendo de la escena pública. La movilización partió desde la tradicional esquina de Colón y Cañada con la participación de miles de jóvenes que alzaban en alto los carteles para que “Absuelvan a lxs 27” y planteando que “defender la educación no es delito”.

Las principales columnas se vieron representadas con las organizaciones de izquierda que venimos siendo parte de la Asamblea Interfacultades, pero también se movilizaron sectores ligados a las conducciones de gremios, como ATE y Luz y Fuerza, y logramos que La Bisagra (secretaría general de la FUC) movilice con una representación, variando parcial pero positivamente su posición de no movilizar, ya que la pelea que tenemos por delante exige movilizarnos con todas nuestras fuerzas y, como venimos planteando, las direcciones estudiantiles tienen que jugar un rol activo en la campaña llamando masivamente al estudiantado a organizarse y, fundamentalmente, a impulsar las acciones de lucha que sigamos definiendo. Esta gran acción tiene que ser el punto de partida para seguir desarrollando una campaña ofensiva. Quedó demostrado que hay condiciones para lograr un amplio movimiento que luche por la absolución de lxs 27 estudiantes, no solo en Córdoba sino también en Río Negro. Redoblemos esfuerzos en este sentido. Se trata de un ataque inédito, enmarcado en una situación donde el ajuste y la crisis social van en aumento. No solo se siguen agravando las deficiencias educativas sino también las condiciones de vida de los trabajadores y, en particular, de la juventud, que es condenada a la desocupación o a trabajos basura. Se trata de una pelea por preservar el derecho a la protesta, que es lo que garantiza seguir defendiendo la educación pública y enfrentar los planes de ajuste del gobierno de Fernández, los gobernadores y el FMI.