Escribe Claudio Funes

El pasado jueves 6 de mayo, el presidente Alberto Fernández y los miembros del consejo directivo de la CGT se reunieron, asado de por medio, en la Quinta de Olivos. Participaron los conocidos de siempre: Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), Gerardo Martínez (Uocra), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio) y Roberto Fernández (UTA). Por el Ejecutivo, junto con Fernández estuvieron el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, los ministros de Salud y de Trabajo, Carla Vizzotti y Claudio Moroni, entre otros.

Al finalizar la reunión la CGT difundió un documento con la firma del consejo directivo en el que informó que en el almuerzo “se abordaron temas que preocupan al movimiento obrero en el actual contexto y crisis provocada por la pandemia de coronavirus” y consignó que otro de los temas conversados fue el de “la actualidad de las actividades estratégicas en las áreas de la salud, la educación y el transporte”. Una generalidad incomprensible.

Nada dice sobre la exigencia de tomar urgentes medidas por un aumento de salarios, por el incremento de las miserables jubilaciones, ni de combatir la inflación desenfrenada que cada día empuja a miles de familias trabajadoras a la pobreza. No hay atisbo ni de un tímido reclamo. Queda claro. Son los mismos que firman paritarias a la baja, acuerdan un miserable salario mínimo, vital y móvil y permiten que las patronales continúen haciendo fortunas sin cumplir con los protocolos que exige la pandemia.

Por ello, al término del cónclave el burócrata Caló calificó la charla con el presidente como “positiva” y, sin ponerse colorado, respaldó las medidas económicas del gobierno. Subrayó que la CGT “continuará defendiendo la economía, como lo hace el ministro Martín Guzmán”. Son traidores confesos.

¿Para qué fue entonces la reunión? Para defender sus privilegios y sus sillones en la interna del peronismo. Se aseguraron el ingreso del dinero de las obras sociales y la sucesión del fallecido Eugenio Zanarini, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, el organismo que administra los fondos de las obras sociales. Por su parte, Alberto Fernández les confirmó la entrega de 11.000 millones de pesos para que continúen con su política de dejar aislados los conflictos, como sucedió con el de los trabajadores de la salud de Neuquén, y otros que se están dando por la bronca y la fuerza de la base. 

Como vemos, a los burócratas sindicales peronistas solo les interesa la defensa de sus intereses. Por eso siempre están con los gobiernos de turno y al servicio de la gran patronal.

En estas semanas se vienen desarrollando conflictos parciales por fuera de la burocracia donde surgen nuevos activistas y organismos como la interhospitalaria de Neuquén. El sindicalismo combativo impulsa y es parte de esta pelea por nuevos dirigentes y le exige a la CGT y a las CTA que rompan el pacto con el gobierno y convoquen a un verdadero plan de lucha por un aumento de salarios de emergencia ya, por la reapertura de las paritarias y vacunas para todas y todos.

Escribe Diego Martínez

Hace algunos días el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronunció un discurso con motivo de los primeros cien días de su mandato. Llamó a promover el trabajo, aumentar el gasto social y la obra pública e incrementar los salarios.

Tanto Cristina como Alberto Fernández se deshicieron en elogios con el presidente yanqui. Alberto lo rebautizó  como “Juan Domingo Biden”, comparándolo con Perón.

No creemos que Biden se convirtió “de la noche a la mañana” en un férreo defensor de los intereses de la clase trabajadora ni que Alberto Fernández lleve adelante en nuestro país una política que estimule el empleo y la asistencia social, aspectos del discurso de Biden que él elogia.

El imperialismo yanqui intenta reacomodarse frente a la movilización en su país

A raíz del asesinato racista de George Floyd en 2020, el pueblo trabajador estadounidense salió a manifestarse con fuerza en las calles. La derrota de Trump es producto de ese proceso y en 2021 la movilización continúa entre los trabajadores por la situación económica y social. En los Estados Unidos hay 10 millones de desocupados y su economía tuvo una contracción de 3,5% en 2020. La peor en setenta años.

En este contexto, los anuncios de Biden buscan contener la conflictividad social para que no vuelvan a ocurrir enormes manifestaciones como las de 2020, las movilizaciones más importantes desde la guerra de Vietnam a la fecha.

La intención de Biden es controlar las luchas del pueblo yanqui para garantizar las superganancias de las patronales de su país y cumplir con la promesa que hizo el “demócrata” cuando asumió, restaurar el imperialismo yanqui a su antigua gloria. El mismo anhelo que había expresado Trump y que desvela al sector más concentrado del empresariado del país del Norte.

Una vez más, el doble discurso de Alberto y Cristina

Para lograr ese objetivo, el imperialismo yanqui no solo quiere controlar a la clase trabajadora de su país sino también avanzar en el sometimiento de países oprimidos como el nuestro a través del mecanismo de la deuda externa. Estas cuestiones fueron soslayadas por Alberto y Cristina. Lejos de denunciar y desenmascarar al imperialismo salieron a alabar a su principal jefe político.

Ante el pronunciamiento de Alberto y Cristina sobre Biden, compañeras y compañeros que tienen expectativas en el gobierno del Frente de Todos esperan que impulse políticas similares a las anunciadas por él en nuestro país, a las que asimilan con el “peronismo de Perón”. Además de que, como ya explicamos, Biden no es ningún defensor de los intereses de los trabajadores, tenemos que decir a esas compañeras y compañeros que lejos está Alberto Fernández de impulsar políticas de ese tipo. Habla de “revertir la desigualdad social” y de que habría un “Estado presente que soluciona los problemas de la gente”, pero esto no se expresa en su política real.

En la Argentina los salarios son de miseria. Hace dos semanas el gobierno fijó el salario mínimo en 29.000 pesos mientras que la canasta familiar ronda los 60.000 pesos, según datos oficiales, y 92.500 pesos según los trabajadores de ATE Indec. En el mejor de los casos, el salario mínimo ni siquiera alcanza para cubrir media canasta. Como si esto fuera poco, los trabajadores de la salud que dejan su vida para combatir a la pandemia siguen teniendo sueldos miserables.

El 42% de los argentinos vive debajo de la línea de pobreza, cifra que se eleva a 47% si analizamos la pobreza de manera multidimensional. Mientras esto ocurre, el gobierno ni siquiera restituye el insuficiente IFE que se otorgó el año pasado. El presupuesto en asistencia social, lejos de crecer, disminuye. Hace pocos días las organizaciones sociales denunciaron la baja de 50.000 programas.

El presidente hizo referencia a “esos pocos que ganan mientras pierden millones”. Sin embargo, siguen aumentando las tarifas de los servicios públicos privatizados al servicio del FMI y no toca los intereses de multimillonarios como Sigman, que se enriquece a costa de la pandemia produciendo millones de dosis de vacunas en el país que se van al exterior.

Para revertir en serio la desigualdad social, en lugar de practicar el doble discurso como hace Fernández emulando a Biden, hay que tomar medidas de fondo que, lejos de lavarle la cara al imperialismo yanqui, lo enfrenten. Hace varias décadas que el peronismo, más allá de su discurso, dejó atrás sus roces, así sea parciales, que había tenido en sus primeros años contra el imperialismo yanqui. Desde entonces el imperialismo norteamericano penetró con todo en el país y, junto con él el FMI, que pasó a digitar la política económica de todos los gobiernos, incluidos los peronistas, quienes además promovieron históricamente la conciliación entre los trabajadores con distintos sectores patronales.

Esta política sólo sirvió para que se enriquezcan unos pocos y que una gran mayoría de trabajadores y sectores populares se hundan en la miseria. Para combatir esta realidad hay que luchar por terminar con el saqueo imperialista, por una Segunda Independencia y por un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores.

Se trata, en concreto, de, al mismo tiempo que apoyamos todas las luchas que llevan adelante los trabajadores y demás sectores populares y construimos un partido de trabajadores, postulemos otro modelo de fondo, que incluya medidas de emergencia que permitan paliar de inmediato la crisis social. Hay que suspender inmediatamente el pago de la deuda externa e imponer un verdadero impuesto a las riquezas que toque en serio los intereses de los más poderosos. Sobre la base de estas medidas se podría otorgar un ingreso familiar de emergencia de 40.000 pesos para todo aquel que lo necesite, subsidios para los pequeños comerciantes, un aumento salarial de emergencia y un presupuesto de salud suficiente para combatir en serio la pandemia.

Escribe José Castillo

Mientras el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Martín Guzmán recorren Europa en el marco de la negociación con el FMI, la vicepresidenta Cristina y varios líderes kirchneristas hacen declaraciones y gestos que podrían leerse como en contra de tal acuerdo. Sin embargo, más allá de matices, el conjunto del gobierno del Frente de Todos está por cumplir con los pulpos acreedores.

En estos días arreciaron los análisis de distintos periodistas acerca de si hay dos posiciones distintas en el gobierno, la de Martín Guzmán, apoyada por Alberto Fernández, de negociar a toda costa el acuerdo con el FMI. Y la de la vicepresidenta y el kirchnerismo, que estarían planteando “romper” con el organismo. La realidad es que no existen tales discusiones más allá de que sí hay disputas por espacios de poder entre los integrantes del Frente de Todos.

En estos días Alberto Fernández y Martín Guzmán están otra vez en Europa negociando, casi contra reloj, no caer en default con el Club de París y buscando que los países europeos sean “lo más suaves posibles” con el durísimo ajuste que, sin lugar a dudas, el FMI le exigirá a nuestro país una vez que se firme el nuevo acuerdo. En ningún plan, A, B, ni C, se le cruza por la cabeza al gobierno repudiar al organismo y dejar de pagar. Esto es, sin lugar a dudas, la posición oficial.

¿Y el kirchnerismo? Desde fines del año pasado se escuchan declaraciones, e incluso algunas acciones de Cristina y sus dirigentes más cercanos, que podrían hacer creer que este sector del gobierno presiona por romper con el Fondo o dejar de pagar la deuda.

Veamos. En noviembre pasado, el bloque del Frente de Todos en el Senado, con hegemonía kirchnerista, le envió una carta a la titular del FMI, Kristalina Georgieva, solicitándole al organismo que “se abstenga de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años”. El 24 de marzo pasado,  la propia vicepresidenta, Cristina Fernández, afirmó que “no podemos pagar la deuda, no tenemos plata”. Ahora, el senador kirchnerista Oscar Parrilli presentó un proyecto para que el dinero que el FMI girará a la Argentina como parte del monto total que el organismo envía a los países miembros en el marco del Covid-19 (aproximadamente 4.300 millones de dólares), se destine a la atención sanitaria o social de la pandemia y no, como había esbozado Martín Guzmán, a compensar con ello parte de los vencimientos de deuda de este año. A esto le podemos sumar declaraciones retóricas anti-FMI del diputado kirchnerista Leopoldo Moureau.

Sin embargo, cuando hilamos un poco más fino, las cosas son diferentes. En aquel discurso del 24 de marzo la frase siguiente de Cristina Fernández, que completó el párrafo, fue: “No estamos diciendo de no pagar, qué vamos a decir de no pagar si nuestro espacio fue el que pagó las deudas de otros gobiernos [...] Deberíamos insistir para que nos den menor tasa de interés”. En el caso de lo presentado por Parrilli, como han reconocido los propios autores de la propuesta, se trata de apenas un “proyecto de declaración” que no obliga a nada al ministro de Economía. Si hubieran querido de verdad que ese monto se destine a los perjudicados por el coronavirus hubieran propuesto una ley de cumplimiento forzoso, lo que no fue el caso.

¿Entonces, hay realmente diferencias con respecto a negociar o no un plan de ajuste para pagarle la deuda al FMI? Es evidente que existen internas y luchas de poder en el interior del Frente de Todos y las tensiones entre Alberto y Cristina expresan de alguna forma esos roces. Sin embargo, como hemos citado, en ambos hay un punto en común, continuar pagando la deuda y pactando ajustes con el FMI. Tanto es así que el mismo día en que más arreciaban los comentarios periodísticos sobre las diferencias entre Cristina y Alberto y que incluso se ponía en duda la continuidad del ministro Guzmán, fue promovida una “foto de la unidad” entre el presidente y su vice, inmediatamente previa a la actual gira europea.

Por eso le decimos a las compañeras y los compañeros que, con ciertas expectativas e ilusiones siguen las idas y venidas de los tironeos entre Cristina y Alberto, no se confundan. En ambos, lamentablemente, hay un acuerdo profundo, cumplir con los pagos de la deuda, como siempre lo han hecho, incluyendo el vergonzoso préstamo con el FMI. 

Solo el Frente de Izquierda Unidad dice las cosas sin dobleces, no hay salida si no dejamos inmediatamente de pagar la deuda externa, rompemos todos los lazos políticos y económicos que nos someten al FMI y ponemos todos los recursos que hoy y siempre se llevaron los pulpos acreedores al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares, que, en la emergencia, pasan por atender las dos pandemias que nos azotan, la sanitaria y la social.

Escribe Lautaro, dirigente de la Juventud de Izquierda Socialista procesado 

Sigue la avanzada contra la lucha estudiantil. El juez Hugo Vaca Narvaja elevó a juicio oral y público la causa contra veintisiete estudiantes. Es un ataque sin precedentes que debemos repudiar masivamente.

Finalmente, a Vaca Narvaja se le cayó la careta de “progre”, defensor de los derechos humanos. Quiere sentar un nefasto precedente contra la organización y la lucha estudiantil. La causa de “usurpación por despojo” iniciada en 2018 pretende disciplinar al estudiantado que en el año del centenario de la Reforma del ’18 desató una enorme lucha en defensa del salario docente y por aumento presupuestario. Fue una rebelión nacional que abarcó a las cincuenta y siete universidades del país con movilizaciones, asambleas, clases públicas y decenas de ocupaciones. La del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue una de ellas y es por la que se nos acusa de “delincuentes”.

En ese momento, el gobierno de Macri declaraba el Año del Centenario de la Reforma Universitaria al tiempo que ejecutaba un brutal ajuste que también afectaba a la educación superior. En esa misma sintonía, el rectorado en la UNC, de Juri y Yanzi, acompañaba esa política. Mientras “homenajeaban” a lxs reformistas del ’18 entregaban a la Justicia los nombres de veintisiete estudiantes por luchar.

Hoy, con el gobierno peronista de los Fernández, las deficiencias educativas se siguen agravando y la causa avanza a gran velocidad. El objetivo es disciplinar al movimiento estudiantil para que no salga a luchar ante los nuevos ataques a las condiciones de vida y de estudio de la juventud. Por eso la pelea por la absolución es parte inseparable de la lucha por el derecho a la educación gratuita y de calidad.

Unidad de acción en las calles hasta derrotar esta causa represora

Tal como propusimos en la asamblea interfacultades, estamos desarrollando una amplia campaña nacional y preparando la cuarta marcha contra la criminalización de la protesta para el jueves 13. Ya hay adhesiones de diversos sectores estudiantiles, políticos y sindicales plasmados en declaraciones, petitorios y en la audiencia pública que impulsamos desde Izquierda Socialista con nuestro diputado nacional, Juan Carlos Giordano.

Todos son aportes valiosos, pero es necesario transformarlos en acciones. Por ello el eje central de la campaña es movilizar masivamente en las calles con todos los cuidados sanitarios, tanto en Córdoba como en distintos puntos del país. Los centros de estudiantes y las federaciones, como la FUA y FUC, deben abandonar su silencio cómplice y sumarse a la campaña. En Córdoba logramos que La Bisagra (kirchnerista, que conduce ocho centros de estudiantes) llame a asambleas en las facultades de Artes y Filosofía y que den su apoyo, pero esto no puede quedar en la formalidad, esos pronunciamientos tienen que convertirse en acciones concretas. Tienen la responsabilidad de jugar un rol activo llamando al estudiantado a participar y darle continuidad con un plan de lucha sostenido hasta tirar abajo esta causa bochornosa. La máxima unidad de acción y una lucha consecuente en las calles permitirán ganar esta pelea.

Escribe Pilar Barbas, dirigenta de la Juventud de Izquierda Socialista

Desde la banca del Frente de Izquierda, e impulsada por la asamblea interfacultades de la Universidad de Córdoba, se realizó el martes 11 la audiencia pública por la absolución de les estudiantes que en 2018 se plantaron para defender la educación pública y hoy están siendo llevados a juicio.

La apertura de la audiencia estuvo a cargo de los diputados Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista) y Nicolás Del Caño (PTS). Hubo además una adhesión del diputado cordobés del FDT Pablo Carro, firmante junto a los mencionados legisladores del proyecto de ley presentado en el Congreso que exige la absolución. Estuvieron presentes, además de estudiantes y docentes procesades de Córdoba y Río Negro, personalidades reconocidas de los derechos humanos como la nieta recuperada e hija de desaparecidos Victoria Montenegro, y María Del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Nora Cortiñas participó a través de un video y envió un saludo y criticó el inminente juicio. También intervinieron Blanca Barreiro, por La Gremial de Abogados, y Claudio Castro por la Coordinadora contra la Impunidad Policial.

Hicieron uso de la palabra, además de los partidos integrantes del FIT-Unidad (PTS, PO, IS y MST), referentes de distintas agrupaciones sociales y políticas como Marabunta, NMAS, Amaranto, Fogoneros y del espacio Tosco Vive, del Sindicato de Luz y Fuerza. Saludaron a la audiencia referentes de distintos centros de estudiantes y organizaciones docentes, como las integrantes de la comisión directiva de ATEN Capital, de los combativos Suteba multicolores, Ademys, AGD UBA, entre otros.

El arco de las organizaciones que intervinieron en la audiencia muestra que la campaña por la absolución de les estudiantes y docentes que defienden la educación pública es amplia y que tiene mucha fuerza para seguir impulsando todas las acciones que sean necesarias para tirar abajo el juicio que pretenden llevar adelante para aleccionar a quienes salen a luchar. Por eso decimos en unidad basta de criminalizar a quienes salen a luchar.