Escribe Martín Fú

La semana pasada la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic, informó que las fuerzas de seguridad se encontraban implementando el “ciberpatrullaje” que, según la ministra tenía como objetivo medir el “humor social”, todo esto al calor de la cuarentena obligatoria frente a la pandemia del coronavirus y la preocupación del gobierno a la reacción popular ante la emergencia social y sanitaria. Lo de Frederic no es nuevo, es la continuación de las políticas de espionaje y represión de Patricia Bullrich, anterior ministra del gobierno macrista.

Frederic no es una recién llegada a las modernas doctrinas de seguridad interior, fue funcionaria de Defensa entre 2009 y 2011, y de Seguridad entre 2012 y 2014. Ocupó el cargo de asesora en el Ministerio de Seguridad en épocas de la gestión Berni, del Proyecto X y las represiones lanzadas en la Panamericana en los conflictos obreros que se dieron en el cordón industrial de la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Ante el intento de embellecer la misma y repudiable tarea que llevan adelante todos los gobiernos patronales, la inteligencia interna y la represión con el rótulo de “ciberpatrullaje”, nuevamente denunciamos cualquier acción de la ministra y el gobierno de meterse en las casas, trabajos, organizaciones sindicales, sociales o cualquier ámbito social para realizar espionaje interno. Partiendo por señalar el caso de un joven de 21 años que después de haber sido rechazado en la inscripción al subsidio de 10.000 pesos que anunció el gobierno, hizo un tweet que incluía la palabra ”saqueo”. El área de Ciberpatrullaje de la Subdirección de Delitos Informáticos y la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería intervinieron, y la policía cayó en su casa informando que la había abierto una causa por “intimidación”. Delito que tiene una pena de dos a seis años de prisión. Circuló que incluso están evaluando profundizar el patrullaje real sobre las personas que interactuaron con el tweet de este joven en la red social.

En ese sentido, nos sumamos al repudio a la política de ciberpatrullaje expresada en la declaración de las organizaciones que son parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia: “la política represiva del Estado que ha sido el denominador común de todos los gobiernos es desplegada ahora con el pretexto del cumplimiento del aislamiento social obligatorio. La reunión de información sin causa ni orden judicial que la disponga es inteligencia ilegal y está vedada a las fuerzas de seguridad, independientemente de que la información sea de libre acceso. Muchos de los informes de los servicios de inteligencia se arman con recortes de diarios”.*

Como firmantes de dicha declaración, le recordamos al gobierno de Alberto Fernández que “ante la emergencia social y sanitaria reclamamos que se respete el derecho al trabajo y a la salud, el acceso al salario íntegro y a la alimentación del conjunto de las y los trabajadores. Basta de medidas represivas. Para enfrentar la pandemia se requiere una cuarentena sin hambre, sin despidos, sin rebajas salariales y sin represión”.

* Ver declaración completa en: www.izquierdasocialista.org.ar

El viernes 10 de abril falleció Eduardo “Areco”, quien fue un gran militante y camarada de la corriente morenista. Ingresó en la década del ´60 en Bahía Blanca al entonces PRT. Inició su militancia en el movimiento estudiantil. Cuando se produjo la división con El Combatiente formó parte del PRT-La Verdad. Luego se sumó al Partido Socialista de los Trabajadores, donde militó antes y durante la dictadura. Más tarde integró el MAS hasta fines de la década del ´90. Tomó tareas en la organización del partido, viajaba por el país atendiendo a las regionales que se iban formando en los lugares más lejanos.  

Al conocer su fallecimiento, y a pesar de la cuarentena, compañeros de diferentes lugares del país le rindieron homenaje por las redes recordando su militancia abnegada y generosa. Con afecto, levantaron su puño para despedirlo.

Desde la dirección nacional de Izquierda Socialista le hacemos llegar a su compañera y a su familia nuestras condolencias. Compañero Areco: ¡hasta el socialismo siempre!

Escribe Nicolás Núñez, legislador porteño Izquierda Socialista/FIT Unidad

Los gobiernos capitalistas del mundo han optado unánimemente por un discurso bélico para presentar sus políticas ante la pandemia. Mucho se ha dicho respecto de cómo de esa manera se busca una idea de “unidad” contra el virus y se justifican medidas “excepcionales” en nombre del enfrentamiento contra el “enemigo invisible”. Sin embargo, la imagen de la guerra también pretende instalar otra idea, y es la de que estamos haciendo frente a algo que viene “desde afuera”, a algo externo, casi una amenaza extraterrestre que se hizo presente entre nosotros de forma inesperada. Pero resulta que el coronavirus es todo lo contrario.

En estos días se han apilado informes sobre cómo en los últimos años desde todos los ámbitos se venía insistiendo sobre la inminencia de un nuevo brote que podría poner sobre las cuerdas el sistema sanitario mundial. Hasta se hicieron películas al respecto (Contagio, 2011), y la Organización Mundial de la Salud había advertido sobre que estaban más que dadas las condiciones para la aparición de un nuevo virus con síntomas similares a los de una gripe que podría surgir en un punto recóndito del globo para luego expandirse a escala planetaria. El propio gobierno de los Estados Unidos había recibido informes de su Departamento de Defensa al respecto, que fueron descubiertos en estos días, mientras Trump se paseaba diciendo que esta crisis era imposible de haber sido prevista.

Diversos análisis, entre los que se destacan el de Rob Wallace (autor del libro Grandes granjas generan grandes gripes), que dedicó los últimos veinticinco años al estudio de epidemias, y los de Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (que realiza estudios independientes con estatus consultivo en la ONU), han señalado con vehemencia y fundamento la relación entre la cada vez más frecuente proliferación de procesos de zoonosis (en los que se producen las mutaciones y saltos de virus de animales a humanos) y las políticas de destrucción ambiental e impulso de los agronegocios a escala planetaria. 

Señalan cómo, por un lado, el calentamiento global y la deforestación que produce la migración masiva y la puesta en contacto entre distintas especies fomentan la circulación de virus que en su ambiente natural no resultaban dañinos. Así como también la proliferación de feedlots, donde millones de cerdos son hacinados y vacunados constantemente con antibióticos y antivirales, que funcionan como megalaboratorios descontrolados en los que mutan los virus. Ya la Organización Mundial de la Salud en 2017 hizo un llamado a “las industrias agropecuarias, piscicultoras y alimentarias a que dejen de utilizar sistemáticamente antibióticos para estimular el crecimiento de animales sanos”. Nadie hizo caso a pesar de que teníamos el antecedente en 2009 de la llamada gripe A H1N1, cuyo virus tuvo origen en la empresa productora de cerdos Granjas Carrol, en Veracruz, México, en ese momento propiedad de la entonces mayor productora de carne a nivel global, Smithfield, y que fuera luego comprada en 2013 por el WH Group chino.

Desde ya que a la hora de pensar en el coronavirus también hay que reflexionar sobre las condiciones de insalubridad y hacinamiento en que se alimentan los sectores populares empobrecidos por las políticas de la dictadura capitalista china. Pero lo que salta a la luz es que nada tiene de imprevisible ni de “natural” la actual crisis pandémica. Es la consecuencia de la ambición capitalista, de las multinacionales del agronegocio, de las empresas farmacéuticas que, por su baja rentabilidad, no se preocupan por investigar patógenos como los coronavirus, y de los gobiernos que destruyeron la salud pública para fomentar la medicina privada. 

Además de exigir a escala mundial políticas concretas de fondo para enfrentar la pandemia, es necesario poner en discusión los procesos de destrucción ambiental que “cocinaron” la actual crisis. Y de la mano de eso, denunciar lo enormemente peligroso e irracional de un sistema capitalista en el que un tercio de los alimentos que se producen anualmente se echan a perder sin que nadie los compre mientras mueren al año nueve millones de personas por problemas de malnutrición. Y sumarle a eso las 4.2 millones de muertes prematuras relacionadas con la contaminación del aire. No hay peor pandemia y amenaza a la vida que este capitalismo decadente y sus gobiernos. 

Escribe Alan Corbalán (dirigente Juventud de Izquierda Socialista) 

Miles de jóvenes que trabajan en empresas de comidas rápidas como McDonalds, Burger King, Wendy’s, KFC, Green Eat o Mostaza sufrieron este mes descuentos de una gran parte de sus salarios cobrando en promedio 3.500, pesos lo que equivale a diecinueve horas de trabajo en una quincena cuando la ley marco del sector establece que el pago mínimo debe ser de treinta horas por quincena. Ni siquiera cobraron el presentismo que corresponde a la primera quincena de marzo, período en el que todes trabajaron. Se trata de empresas que tienen ganancias multimillonarias, y en el caso de McDonalds recibe además subsidios del Estado a través del programa Primer Empleo lanzado por el gobierno de Macri, que sigue en vigencia. 

La juventud precarizada se organiza

Esta situación generó la bronca de miles de trabajadorxs que, pese a sufrir el recorte salarial de parte de las empresas, no podían expresar con su nombre y apellido su inconformismo con la empresa en redes sociales porque en los contratos basura que firman se establece que cualquier crítica pública se considera una “difamación” a la empresa, motivo por el cual podrían sufrir sanciones. 

Frente a esta situación, los trabajadorxs de McDonalds hicieron flyers anónimos, donde denunciaban a la empresa, que se viralizaron y que llegaron a algunos medios de comunicación. Miles de jóvenes nos enteramos de la situación y nos solidarizamos con lxs pibxs de McDonalds. Así se logró que la difusión masiva del hashtag #McEstafa fuera tendencia en Twitter.  

Paralelamente, se fueron comunicando con grupos de whatsapp por local, que a su vez se conectaron entre sí. Al ver la organización que hubo en McDonalds trabajadorxs de otras empresas de comida rápida, que sufrían los mismos descuentos, comenzaron también a organizarse y a ponerse en contacto con compañerxs de las distintas empresas. 

Apoyemos la lucha de lxs trabajadorxs de cadenas de comida rápida 

La pelea de estos jóvenes precarizadxs es ejemplar porque se enfrentan a patronales supernegreras y persecutorias que con sus contratos basura sancionan o despiden a los trabajadorxs ante la mínima señal de rebeldía. Esta lucha la llevan adelante sin el apoyo del sindicato de pasteleros, que avala los contratos leoninos de las empresas. Tampoco tienen el derecho a organizarse sindicalmente, pese a que por la cantidad de empleados que trabajan en la rama les correspondería tener cientos de delegados. El sindicato mandó al muere a los pibes aconsejándoles que manden telegramas a las empresas, lo que los expone a futuras represalias, como ya viene sucediendo. 

Lxs pibxs lograron que el Ministerio de Trabajo reconozca que las patronales están incumpliendo la ley de contrato de trabajo del sector. Le exigimos entonces al gobierno nacional que actúe en consecuencia y que, lejos de ceder a la presión de la patronal, como hizo con Techint, garantice el cobro de la totalidad de los salarios. Exigimos además el fin de los subsidios a McDonalds y que se le cobren a estas grandes empresas impuestos extraordinarios para ponerlos al servicio de fortalecer el sistema de salud y paliar los efectos sociales de la crisis. 

En el marco de la pandemia mundial por el coronavirus, desde el movimiento feminista venimos exigiendo soluciones urgentes para nuestros reclamos que, por supuesto, no empezaron con ella, sino que tienen que ver con un sistema capitalista y patriarcal que nos ubica como ciudadanas de segunda, es decir con menos derechos que los varones. Además de los problemas económicos con los que cargamos por ser las jefas de los hogares más humildes se nos suma el estar condenadas a sufrir todo tipo de violencias.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense Izquierda Socialista/FIT Unidad

En el mundo del trabajo, a la precarización e informalidad laboral se les suma la discriminación y que solo accedemos a los puestos peores pagos. Además, recaen sobre nosotras, casi de manera exclusiva, las tareas de cuidado y limpieza dentro de la casa.

Al ser las jefas de los hogares más pobres debemos realizar malabares para poder hacer la comida, por ejemplo, ya que los precios de los alimentos aumentan casi a diario y nadie los controla. Es más, los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia (IFE), si tuviste la "suerte" de salir asignada, no alcanzan para cubrir los gastos mínimos, y menos si siguen subiendo los precios de los alimentos. Necesitamos un bono de 30.000 pesos y que sea para toda aquella persona que lo solicite, sin discriminación.

La violencia de género no cesa

En plena cuarentena, los femicidios siguieron y, desde el 20 de marzo (inicio del aislamiento obligatorio) hubo dieciocho, según la organización civil "Ahora que sí nos ven" que, por supuesto, se cometieron en su mayoría en la vivienda de la víctima. Que el encierro y aislamiento aumentan la violencia de género no es ninguna novedad. Es más, hasta la ONU alertó sobre esta situación y les sugirió a los gobernantes que tomen medidas al respecto. Sin embargo, poco se está haciendo.

La semana pasada la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, en una videoconferencia con senadoras, confirmó que desde el inicio de la cuarentena se incrementaron 39% las llamadas para denunciar situaciones de violencia de género. Pero lo que no dijo es que las condiciones de trabajo de las operadoras que atienden esas llamadas son pésimas. Es más, están teniendo una sobrecarga de tareas sin precedentes que ni siquiera van a cobrar, porque su contrato temporal y precario no considera las horas extras. Es urgente que pasen a planta permanente y que se nombren más operadoras para hacerle frente a esta situación como paso número uno para atender todas las denuncias.

A la vez, frente al aumento de los casos, es necesario que se declare la emergencia nacional en violencia de género con presupuesto para combatirla porque, evidentemente, con el presupuesto de 11 pesos por mujer por año, que viene de la gestión Macri, no alcanza. Si de verdad se quiere erradicar la violencia machista se necesita una partida presupuestaria extra que salga del no pago de la deuda externa y de impuestos a los bancos, las multinacionales y las grandes fortunas del país, que se deben aplicar ahora. Es por la vida y la salud de las mujeres.