En el marco de la pandemia mundial por el coronavirus, desde el movimiento feminista venimos exigiendo soluciones urgentes para nuestros reclamos que, por supuesto, no empezaron con ella, sino que tienen que ver con un sistema capitalista y patriarcal que nos ubica como ciudadanas de segunda, es decir con menos derechos que los varones. Además de los problemas económicos con los que cargamos por ser las jefas de los hogares más humildes se nos suma el estar condenadas a sufrir todo tipo de violencias.

Escribe Mercedes Trimarchi, diputada bonaerense Izquierda Socialista/FIT Unidad

En el mundo del trabajo, a la precarización e informalidad laboral se les suma la discriminación y que solo accedemos a los puestos peores pagos. Además, recaen sobre nosotras, casi de manera exclusiva, las tareas de cuidado y limpieza dentro de la casa.

Al ser las jefas de los hogares más pobres debemos realizar malabares para poder hacer la comida, por ejemplo, ya que los precios de los alimentos aumentan casi a diario y nadie los controla. Es más, los 10.000 pesos del ingreso familiar de emergencia (IFE), si tuviste la "suerte" de salir asignada, no alcanzan para cubrir los gastos mínimos, y menos si siguen subiendo los precios de los alimentos. Necesitamos un bono de 30.000 pesos y que sea para toda aquella persona que lo solicite, sin discriminación.

La violencia de género no cesa

En plena cuarentena, los femicidios siguieron y, desde el 20 de marzo (inicio del aislamiento obligatorio) hubo dieciocho, según la organización civil "Ahora que sí nos ven" que, por supuesto, se cometieron en su mayoría en la vivienda de la víctima. Que el encierro y aislamiento aumentan la violencia de género no es ninguna novedad. Es más, hasta la ONU alertó sobre esta situación y les sugirió a los gobernantes que tomen medidas al respecto. Sin embargo, poco se está haciendo.

La semana pasada la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, en una videoconferencia con senadoras, confirmó que desde el inicio de la cuarentena se incrementaron 39% las llamadas para denunciar situaciones de violencia de género. Pero lo que no dijo es que las condiciones de trabajo de las operadoras que atienden esas llamadas son pésimas. Es más, están teniendo una sobrecarga de tareas sin precedentes que ni siquiera van a cobrar, porque su contrato temporal y precario no considera las horas extras. Es urgente que pasen a planta permanente y que se nombren más operadoras para hacerle frente a esta situación como paso número uno para atender todas las denuncias.

A la vez, frente al aumento de los casos, es necesario que se declare la emergencia nacional en violencia de género con presupuesto para combatirla porque, evidentemente, con el presupuesto de 11 pesos por mujer por año, que viene de la gestión Macri, no alcanza. Si de verdad se quiere erradicar la violencia machista se necesita una partida presupuestaria extra que salga del no pago de la deuda externa y de impuestos a los bancos, las multinacionales y las grandes fortunas del país, que se deben aplicar ahora. Es por la vida y la salud de las mujeres.