Escribe Mariana Scayola, secretaria general Ademys

El jefe de gobierno Jorge Macri y su ministra de educación Mercedes Miguel llevan adelante un nuevo ataque a la docencia porteña. Hay una evidente intención de cercenar derechos, hostigar y estigmatizar a la docencia y tirar a la baja el salario de las y los trabajadores de la educación: ahora pretenden censurar la voz de estudiantes, docentes y no docentes. Empecemos por el principio: el 27 de diciembre la ministra firmó la resolución 2769/2024 que cambia el Reglamento Escolar, modificando los derechos y deberes de la docencia. Entre los aspectos más virulentos se encuentra la expresa prohibición a docentes que se expresen sobre aspectos vinculados a “religión, sexualidad, género, etnia, política partidaria u otras de similar relevancia”. Literalmente busca imponer una mordaza en las escuelas, en todos los niveles educativos, para evitar cualquier tipo de pensamiento crítico y/o reflexión que surja del intercambio entre estudiantes y docentes. Si eventualmente surgieran por parte del estudiantado dudas o inquietudes sobre los temas mencionados, un “equipo especializado” brindaría las respuestas pertinentes a estudiantes y familiares. De manera obscena lo que pretenden es generar un clima de persecución y pensamiento único, donde las voces disidentes serán erradicadas a través de la sanción.

Otro aspecto que se debe tener en cuenta por su nivel de agresión a los derechos de la docencia está vinculado a pensar la educación como un servicio, como una mercancía más de intercambio en un “libre mercado”. En el reglamente escolar, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, explícitamente prohíbe “Desarrollar toda conducta, acción, o actividad que implique la interrupción del servicio o la apertura regular del establecimiento“ un claro intento de presionar a la docencia para que no ejerza su derecho a huelga amparado en varias leyes, entre ellas la constitución nacional.

A estos ataques se deben sumar las modificaciones curriculares que se alinean con el retiro de los contenidos pedagógicos vinculados a la educación sexual (ESI) de la página oficial que el ministerio realizó durante las primeras semanas de enero para una supuesta revisión “neutral”. Si a esto sumamos la sanción en la legislatura a fin del año pasado de la ley que impulsa la educación socioemocional para sustituir la ESI por el autocontrol de las emociones, nos encontramos con una fuertísima embestida contra las comunidades educativas en su conjunto.

Desde Ademys venimos denunciando estos ataques del gobierno de la ciudad a la educación y junto a la banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda -Unidad con la legisladora Mercedes Trimarchi, presentamos un proyecto de Ley para anular los nuevos artículos del reglamento escolar que intentan amordazar a la docencia para que no se exprese contra el brutal ataque a la educación publica. Te invitamos a sumarte a esta campaña y a organizarte contra las políticas antieducativas de Jorge Macri, el mejor alumno de Milei.

Escribe Mariana Scayola, secretaria general Ademys

Se acerca el inicio del ciclo lectivo en las escuelas del país y por segundo año consecutivo el gobierno ultraderechista de Milei ataca a la educación pública desde lo ideológico y la desfinancia, aún más, con su discurso de “no hay plata”. La realidad es que sí hay, pero la usa para pagarle al FMI. Se niega nuevamente a convocar a las paritarias nacionales, además de haber quitado el dinero de Nación que iba a las provincias a través del Fondo de Incentivo Nacional Docente (Fonid), conectividad, programas socioeducativos, eliminación de textos sobre Educación Sexual Integral (ESI) de la plataforma virtual Educar.

Por otro lado, se van desarrollando las paritarias docentes provinciales. Las propuestas de los gobernadores son de ajuste y vienen en sintonía con el gobierno nacional (sean peronistas, radicales o del PRO): poner techos salariales. Propuestas que nos dejan por debajo de la línea de pobreza, con avances en la flexibilización laboral, presentismo, diversas reformas educativas en distintos niveles y modalidades, cierres de cursos; hasta la criminalización de la protesta, como es el caso del secretario general de Atech (Chubut) para quien la fiscalía pidió tres años de prisión en el marco de una movilización en la que participaba.

En Buenos Aires el acuerdo, rechazado por la Multicolor y aceptado por Suteba de Baradel y el FUDB, ha sido de 9 % en dos cuotas, 7% a cobrar en marzo y 2% en abril.

En CABA, con el rechazo de Ademys, la propuesta fue del 5% en febrero; en Santa Fe el gobernador plantea paritarias semestrales; en  Santa Cruz, la nueva conducción Multicolor de Adosac convoca a Congreso ante la negativa del gobierno de aumento salarial y en San Juan ya se votó el paro para el 24, en rechazo a la propuesta de llevar el cargo testigo de MG a 550.000 pesos, una verdadera miseria.

En este marco es lamentable el rol de la conducción de la Ctera y los gremios docentes nacionales que mantienen el pacto con Milei y los gobernadores dejando avanzar el ajuste.

 ¿Qué esperan? La conducción de Ctera debe convocar al paro nacional y plan de lucha por todas las demandas. Y sus sindicatos provinciales deben dejar de apoyar a los gobiernos provinciales y llamar a luchar.
Por eso es necesaria la Coordinación Nacional de la docencia combativa, no sólo para exigir a Ctera paro y plan de lucha, sino también para impulsar y coordinar la organización desde abajo, que unifique la pelea por salario igual a la canasta familiar y en defensa de la escuela pública.

Escribe Adriana Astolfo, secretaria adjunta Adosac Santa Cruz

El gobierno de Vidal recorta y ajusta en educación, mientras regala nuestras riquezas, dejando a la vista que no es otra cosa que un aliado del gobierno de Milei. 

El sábado 15 el congreso de Adosac rechazó de manera unánime la segunda oferta del gobierno, la cual consistía en un 2,1% implementado como una engañosa la cláusula gatillo, hasta diciembre.

Sumado a esto la reiterada falta de inversión en los edificios escolares, ha llegado al colmo de que Camuzzi ha retirado los medidores de gas, con el consecuente corte del servicio por falta de pago, en las escuelas privadas subvencionadas y públicas.

Pero lo que más ha indignado entre las y los compañeros es la decisión de cerrar cursos en todos los niveles, especialmente en el inicial, vaciando escuelas y superpoblando otras con las inscripciones.  El congreso aprobó por unanimidad un No Inicio.

Desde la comisión directiva provincial alertamos que, si en la próxima paritaria no hay soluciones concretas a estos tres ejes, habrá paro y plan de lucha.

Nuestra agrupación, Naranja Docentes en Marcha, está muy presente en la actividad de recorrido de las escuelas para preparar con la docencia una gran marcha el día de la paritaria el miércoles 19.

El gobierno peronista de Llaryora, fiel ejecutor de la motosierra de Milei, vuelve a la carga para privatizar la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), ahora amparados en la adhesión a la Ley Bases.

Todas las privatizaciones han significado malos servicios y tarifas impagables para los usuarios, mientras las ganancias han sido siderales para los empresarios privados, como lo demuestran los casos de Edenor y Edesur en CABA, y otras privatizaciones de servicios básicos, a lo largo y a lo ancho del país.

Este proyecto de Sociedad Anónima significa la privatización de la empresa, la pérdida total de la soberanía energética sobre el principal servicio público en la provincia y la liquidación del Convenio Colectivo de Trabajo de sus trabajadores, una conquista histórica. Fue la movilización de todo el pueblo trabajador y sectores populares cordobeses, la que derrotó los cuatro intentos anteriores de privatización impulsada tanto por gobiernos radicales como peronistas.

Conocida la intención del gobierno, las y los trabajadores lucifuercistas, convocaron a una multitudinaria asamblea en el sindicato, donde resolvieron asambleas por lugares de trabajo, y la convocatoria a un acto unitario con otras organizaciones sindicales, sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos para impulsar una gran movilización contra la privatización.

Desde Izquierda Socialista y A Luchar nos hicimos presentes en dicho acto para acompañar esta pelea y exigir a las CGT y CTA un verdadero plan de lucha y paro provincial para defender a la EPEC estatal e integrada. Hoy debemos rodear de la más amplia unidad y solidaridad esta lucha.
                     
Corresponsal

Escribe Daniela Vergara, candidata a constituyente por Izquierda Socialista/FIT Unidad

Presentadas las candidaturas para la Convención Constituyente y las PASO de concejales, se está largando la campaña electoral. Doce listas participarán por obtener bancas en la Convención que reformará la Constitución en las elecciones del 13 de abril. El gobernador radical Maximiliano Pullaro aspira a ganar y así controlar la reforma, que le garantice su reelección, con un objetivo claro de evitar que se discutan temas centrales como la reforma jubilatoria (que impuso con represión y trabajadores docentes y estatales presos), los salarios miserables (la docencia de Santa Fe una de las peores pagas del país), o la precarización laboral que no para de crecer. Pullaro tiene de aliados el Partido Socialista (PS) de Clara García y Esteban Paulon (quien, como diputado nacional se muestra “combativo” contra Milei) y al PRO en su frente Unidos, que es un sólido acuerdo para atacar al pueblo trabajador, con especial saña contra la docencia y la educación pública.

Por su parte, el peronismo va dividido en tres listas, con acuerdos con otros sectores para intentar lavarse la cara, destacándose el agrupamiento que encabeza Juan Monteverde, dirigente de Ciudad Futura, y ahora candidato “estrella” del PJ oficial de la provincia. Este partido, que siempre se mostró como la “nueva política”, hoy sirve para “refrescar” a lo más rancio de la política tradicional. Una muestra más del lamentable rol de la centroizquierda. Ciudad Futura nunca llamó a la izquierda ni al sindicalismo combativo para conformar un frente que luchara contra los partidos del sistema que hundieron al país y la provincia. Sus únicas alianzas han sido con el Movimiento Evita, sectores de la burocracia sindical (como la celeste de Ctera), y ahora, todo el PJ.

Pero la ultraderecha también tiene sus listas. Participan, tanto La Libertad Avanza, con sello propio, como una lista encabezada por Amalia Granata, quien mantiene una rabiosa política anti derechos, aunque ahora posa de “opositora” (por derecha) a Pullaro, y luego de ser la “novedad” en 2023, quiere potenciar su figura, ante la crisis del peronismo. Un verdadero peligro para el pueblo trabajador, las mujeres y las disidencias.

Así como las y los trabajadores no podemos votar a Pullaro, tampoco podemos votar a Claudia Balague, ex ministra de Educación “socialista”, votante del proyecto de reforma de Pullaro. Durante el gobierno de Miguel Lifchitz del PS ajustó y golpeó con políticas de recortes de licencias médicas. Un gobierno responsable del gatillo fácil del que formó parte el mismo Pullaro. Principal candidata del frente que compone el periodista y diputado Carlos Del Frade.

Con lo señalado en relación al PS y Ciudad Futura, queda en evidencia que la centroizquierda santafesina no tiene nada nuevo que ofrecer a las y los trabajadores, las mujeres, disidencias sexo genéricas y a la juventud.

El Frente de Izquierda Unidad, es el único que pondrá en discusión un programa para enfrentar el saqueo. Plata hay para salarios, jubilaciones y todas las necesidades. Hay que estatizar los puertos privados y complejos aceiteros y cerealeros e imponer fuertes impuestos a los terratenientes, junto con el no pago de la deuda externa. Que el aborto legal sea un derecho constitucional, así como la Educación Sexual Integral (ESI), y la lucha contra la violencia de Género. Estos serán algunos de los planteos que llevaremos a la Constituyente.