Escribe Guido Poletti

El gobierno convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para este martes 17 de noviembre a fin de tratar su proyecto de “impuesto a la riqueza”. Una iniciativa presentada siete meses después de haber sido anunciada, completamente insuficiente y a la que hasta le cambiaron el nombre por el de “aporte extraordinario por única vez” que ayudará, según dicen, “a morigerar los efectos de la pandemia”. Pero sus propios voceros dicen que “no le hace mal a nadie” y que “los ricos no van a dejar de serlo” por ello. Sin embargo, hacen campaña de que con esto se van a combatir los males sociales, tratando de confundir a los trabajadores mientras, como contraparte, el gobierno acaba de sacar el IFE y prepara un robo jubilatorio más.

¿De verdad es un proyecto para tocar a los de arriba? Lo que proyecta recaudar, ¿va a alcanzar para “combatir la pandemia”? ¿Esa plata va a ir centralmente a los hospitales o a aumentar los salarios y las jubilaciones? ¿Representará, aunque sea en parte, un alivio para el pueblo trabajador? Respondemos que no. Veamos.

El proyecto propone recaudar 300.000 millones de pesos, alrededor de 2.000 millones de dólares, un monto claramente insuficiente, menos de la mitad de lo que ya se pagó este año en concepto de deuda externa. Precisamente porque no grava las ganancias de los grandes empresarios, los bancos y las multinacionales, sino a una parte ínfima de “personas físicas”, dejando afuera a grandes empresarios, petroleras o aceiteras que tienen domicilio en el exterior, como Mercado Libre, de Galperin, que tiene valuada su empresa en 60.000 millones de dólares y quedará exenta, entre tantas otras.

A su vez, la mitad de lo recaudado va a ir a subsidiar a las empresas que bajo el nombre de pymes encubren en muchos casos a las grandes, y a los pulpos petroleros que nos roban el gas. Solo 20% va a ir a salud, lo cual es un verdadero saludo a la bandera.

Es un gran doble discurso que el gobierno quiera hacer creer que de esta forma va a atacar a los de arriba, cuando precisamente Alberto Fernández le viene reduciendo impuestos a las mineras, las petroleras y les bajó las retenciones a los exportadores y el agronegocio.

El Frente de Izquierda hizo valer su propio proyecto

El Frente de Izquierda Unidad presentó su proyecto en marzo de este año (que hace suyo Izquierda Socialista), el primero y único durante meses. 

¿Qué dice el proyecto del Frente de Izquierda Unidad? Propone recaudar 20.000 millones de dólares, diez veces más que el oficial, gravando progresivamente a las grandes empresas, bancos, multinacionales, especuladores inmobiliarios y terratenientes. Ese dinero permitiría dar respuesta, por ejemplo, a todas las demandas del personal de salud e invertir prioritariamente en los hospitales; otorgar 40.000 pesos de emergencia como salario social para quienes lo necesitan (o como seguro al desocupado) e implementar un plan de viviendas populares para reactivar la economía y dar trabajo genuino. Con esta recaudación y la suspensión inmediata de todos los pagos de la deuda externa, habría fondos suficientes para empezar a combatir de verdad la pandemia del coronavirus y la pandemia del hambre y la pobreza. 

Por todo esto, el Frente de Izquierda hizo valer su propio proyecto en la sesión del martes. Y denunció al proyecto oficial por insuficiente y como parte del doble discurso del gobierno, absteniéndose de votarlo, con el compromiso de seguir luchando por una salida de fondo mediante otro plan económico, obrero y popular, opuesto a lo que hace el gobierno peronista de Alberto Fernández y el Frente de Todos.

Desde cuentas de redes sociales vinculadas al Frente de Todos, se ha lanzado una furiosa campaña sosteniendo que el FIT Unidad “le hace el juego a la derecha” por no votar el proyecto del Frente de Todos. Ya explicamos más arriba las mentiras y limitaciones del mismo. Pero también debemos insistir en la maniobra mediática. Porque con esta sesión el gobierno de Fernández quiere “compensar” en parte el malhumor creciente por el ajuste que está aplicando con la complicidad de la CGT y las CTA, o la terrible represión en Guernica. El mismo Frente de Todos que no tuvo vergüenza en votar conjuntamente con Juntos por el Cambio la negociación con los bonistas privados de la deuda, donde el FIT Unidad quedó solo oponiéndose, mientras todos aplaudían lo que terminó siendo un gran negocio para los pulpos acreedores. O, cuando en medio del agravamiento de la pandemia, en una sesión que se hizo en mayo, los diputados del FIT pidieron que se trate su proyecto de impuesto a las grandes riquezas, pero el peronismo, en acuerdo con Juntos por el Cambio, lo impidieron votando en contra. Por eso, no nos confundimos: el “juego a la derecha se lo hacen quienes negocian con el FMI, votan un presupuesto de ajuste, le roban otra vez a los jubilados o reprimen a los que no tienen donde vivir. Nosotros, desde el Frente de Izquierda Unidad, somos coherentes: votamos por un auténtico impuesto a las grandes riquezas, así como nos opusimos y seguimos oponiendo a ajustar al pueblo trabajador con el sometimiento al FMI.

Escribe Guido Poletti

El impuesto a la riqueza del Frente de Todos tiene sus multimillonarios exentos. La de aquellos que zafan por tener domicilio en el exterior, como Marcos Galperin, de Mercado Libre, la empresa cuya cotización más creció en la pandemia, pero cuyo dueño no pagará un peso por tener domicilio en el Uruguay. Idéntica situación tiene Roberto Urquía, de Aceitera General Deheza, y Gustavo Grobocopatel, por citar los más importantes. 

También están todos aquellos que no pagarán por tratarse de empresas extranjeras. No importan que ganen millonadas en nuestro país: este impuesto no alcanza a las firmas como tales, solo a las personas. Así todos los dueños de los bancos privados (BBVA, Santander, City, HSBC, ICBC), que se la llevaron “en pala” con todos los gobiernos (según una conocida expresión de la actual vicepresidenta), los monopolios agroexportadores como ADM, Cargill o Dreyfuss; las transnacionales de la megaminería y tantas otras empresas que hacen superganancias en nuestro país, también estarán exentas. 

Y, por último, están aquellos empresarios que no sólo no pagan, sino que incluso recibirán parte de la recaudación del impuesto. El caso más escandaloso serán las multinacionales del gas y el petróleo, que se terminarán apropiando de una porción de lo que se junte, con la excusa de “promover a la producción energética”. Así, sin duda, no se “redistribuye la riqueza” ni se resuelven los problemas de la pandemia. 

Escribe José Castillo

Avanzan las negociaciones con el FMI. Mientras tanto, los senadores del Frente de Todos mandan una carta en la que plantean que no se exijan condicionalidades y los periodistas defensores del gobierno hacen malabares para demostrar lo imposible, que “no existe ningún ajuste” (Alfredo Zaiat, Página/12, 16/11, o Eduardo Aliverti, Página/12, 17/11). Pero, más allá de estos fuegos artificiales para la tribuna, sigue a toda marcha el acuerdo entre el gobierno de Alberto Fernández y los representantes del Fondo, instalados ya desde hace quince días en nuestro país. 

El ministro de Economía lo ratificó la semana pasada, se busca un “acuerdo de facilidades extendidas”. ¿Qué es esto? Correr los vencimientos de los 49.000 millones de dólares con el FMI hasta 2024 y luego pagarlos en cuotas semestrales hasta 2030. Más allá de que esto es solo “patear” la hipoteca para adelante, lo mismo que se hizo en el acuerdo con los usureros privados, lo que queremos discutir acá son las exigencias del propio Fondo. 

Lo primero es el ajuste. Sí, volvemos a repetir la palabra “prohibida” por el gobierno. Se va a bajar el déficit fiscal el año próximo en forma astronómica. Ya el presupuesto establece reducirlo a 4,5% del PBI, desde el 8% actual. Pero ahora el FMI presiona para que la baja sea aún mayor y el ministro Guzmán dijo que estaba “abierto a esa discusión” (El Cronista, 16/11). Es más, para dar señales en ese sentido, ya mismo se anunció que no se pagará la cuarta cuota del IFE. Para 2021 los datos son claros, no habrá un solo peso para la atención de las consecuencias de la pandemia. Se votará una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que no contempla la inflación, sino la “suba salarial” que, sabemos, este año estará muy por debajo del incremento del costo de vida. Y  a partir de enero próximo vuelven los aumentos de tarifas de la luz y el gas. Si esto no es ajuste, ¿cómo lo llamamos? ¿Acaso “redistribución de la riqueza”?

¿Qué son las “reformas estructurales”?

Los “acuerdos de facilidades extendidas” del FMI no solo exigen más ajuste. Agregan las “reformas estructurales” en materia fiscal, previsional y laboral. Traducido, más impuestos pagados por el pueblo trabajador y menos por los empresarios y los ricos; reducir al mínimo y, finalmente, hacer desaparecer las jubilaciones para reemplazarlas por un sistema privado, como las AFJP, y flexibilizar al extremo las condiciones de trabajo. 

Esto ya se hizo en la Argentina. Desde que nuestro país ingresó al FMI en 1956 lleva firmados veintiún acuerdos con el organismo. Todos, sin excepción, pusieron en marcha feroces planes de ajuste. Pero los dos peores fueron, justamente, los únicos acuerdos de “facilidades extendidas”. Ambos se realizaron durante el gobierno de Carlos Menem. El primero, en 1992, hizo que el IVA subiera, primero, de 13% a 18%, y luego al actual 21 por ciento. Redujo las contribuciones patronales y, lo más grave, privatizó las jubilaciones creando las nefastas AFJP.

El segundo acuerdo se firmó en 1998. Planteaba avanzar con las privatizaciones “pendientes”, entre las que se incluían la salud y la educación pública. Pero lo más importante era que exigía una profunda reforma laboral. Así, en 2000, con De la Rúa en el gobierno, se la votó en el Congreso en medio del escándalo de coimas a los senadores, se conoció como la “ley Banelco”. 

Esto es lo que se viene si Alberto Fernández firma un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI. Es mentira que se puede hacer sin “reformas estructurales”. A los últimos once países que hicieron acuerdos como este les exigieron, en promedio, trece reformas estructurales. Al que menos le pidieron, Costa de Marfil, le requirieron siete (informe de Consultatio Plus, citado en BAE Negocios, 16/11).

Se necesita otro programa económico

No hay salida con el FMI. Lo dice la historia de todos los acuerdos anteriores. También, lo concreto del ajuste que se está planificando ahora. Otra vez el pueblo trabajador y los jubilados van a ser los que paguen, con más hambre y miseria, los negocios de los pulpos acreedores. 

Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda Unidad afirmamos que es más urgente que nunca poner en marcha otro programa económico, obrero y popular, opuesto por el vértice al que está llevando adelante el gobierno del Frente de Todos. 

Para llevarlo adelante hay que dejar de pagar la deuda externa ya mismo, romper todos los pactos políticos y económicos que nos atan al FMI, implementar un verdadero impuesto a las grandes fortunas y riquezas y nacionalizar la banca y el comercio exterior. Estas son las medidas básicas para terminar con esta auténtica hemorragia por donde se va toda nuestra riqueza a manos de los pulpos especuladores. Así recuperaremos la independencia que perdimos y nos transformó en una semicolonia a la que el FMI le dicta la política económica. Y podremos, entonces, poner todos nuestros recursos al servicio de resolver las más urgentes necesidades populares, para la salud y la pandemia, para trabajo, salario, vivienda y educación. 

Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno del Frente de Todos, incluido el peronismo kirchnerista, dice que en los doce años de gobierno de Néstor y Cristina se expulsó al FMI, que Macri lo trajo de vuelta y que ahora a Alberto Fernández no le queda otra que volver a acordar con ese organismo para refinanciar y pagar una deuda a pesar de que no se contrajo en beneficio del pueblo trabajador. Con esto quieren justificar el nuevo pacto con el FMI y las políticas de ajuste. Veamos cómo fueron los hechos.

Lo que hizo el kirchnerismo cuando gobernó no fue “romper con el FMI”, sino pagarle en diciembre de 2005 toda la deuda de contado, 10.000 millones de dólares, con el cuento de que de esa manera la Argentina se iba a liberar de sus dictados. Pero no fue así. La deuda externa siguió siendo el gran problema del país, a tal punto que en los últimos años de gobierno de Cristina Kirchner el Banco Central se estaba quedando sin reservas porque pagó de contado en la denominada “década ganada” 200.000 millones de dólares contantes y sonantes. Luego le pagó al Club de París, e incluso hay que recordar que, a pesar de que el gobierno en 2008 estatizó la jubilación privada (AFJP) quedándose con 30.000 millones de dólares, esa plata no fue centralmente para los jubilados sino para pagar deuda y dar créditos a multinacionales como General Motors.

El gobierno peronista ahora dice que al FMI y al endeudamiento los trajo Macri para justificar el nuevo sometimiento. Pero cuando asumió Néstor Kirchner en 2003, después del Argentinazo que había repudiado el endeudamiento e impuesto el no pago, en vez de seguir por ese camino y desconocer todo el endeudamiento externo que venía desde la dictadura, el peronismo kirchnerista reanudó los pagos mediante varios canjes, sometiendo al país a los dictados de los organismos financieros internacionales. O sea, ahora el gobierno paga con la excusa de que la deuda la contrajo Macri… ¡pero también pagaron en el gobierno anterior a pesar de que el Argentinazo “rompió con el FMI” e impuso el no pago! “Somos pagadores seriales”, decía Cristina.

Despejada esa versión falsa y distorsionada de la realidad como parte del acostumbrado doble discurso kirchnerista, vamos al debate actual. Es cierto que Macri nos endeudó y volvió a pactar con el Fondo Monetario. Pero, como dice el propio gobierno de Alberto Fernández, la mayoría de esa deuda fue para financiar la fuga de capitales y la campaña electoral del gobierno anterior. Era la gran oportunidad entonces para desconocerla y no pagar. ¿Por qué el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner no hacen esto? ¿Por qué no hacen valer la teoría internacional de la “deuda odiosa”, que dice que cuando un gobierno (sea constitucional o dictadura, no importa) endeuda ilegítimamente a un país puede declararlo nulo de nulidad absoluta? El gobierno del Frente de Todos hace todo lo contrario. A tal punto que, de arranque, con la propia ley de emergencia votada en diciembre del año pasado, dispuso pagar 4.500 millones de dólares a pesar de que ya el propio gobierno de Macri estaba en cesación de pagos.

La cruda realidad es esta, con Fernández sigue el FMI. Es lo que denunciamos en las pasadas elecciones desde Izquierda Socialista con un inmenso cartelón de campaña. El FMI vino con la “derecha” de Macri y se va a quedar con el “gobierno popular”.

Otro tema es qué hizo el peronismo cuando gobernó Macri. Se la pasó haciendo actos con la leyenda “la patria está en peligro”, donde actores y artistas leían documentos repudiando el acuerdo Macri-FMI de 2018 junto a La Cámpora, Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Hugo Yasky, Pablo Moyano, la CTEP y Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, con Hebe a la cabeza. Pero lo único que perseguían esos actos era ganar votos, no repudiar la deuda. Por eso nunca llamaron a una movilización o paro para derrotar el pacto Macri-FMI. Nunca el peronismo, incluida su variante kirchnerista, dijo que había que dejar de pagar y desconocer ese endeudamiento. Después ganó el Frente de Todos que, finalmente, en esa zaga de endeudamiento y entrega, está siendo una continuidad con las nefastas consecuencias que vemos hoy, cuando se está por votar una ley de movilidad jubilatoria robándole nuevamente a los jubilados y se sacó el IFE para cumplir con el FMI.

Cuando gobernaba Macri el peronismo decía “patria sí, colonia no”. ¿Pero cómo vamos a ser patria si para dejar de ser colonia hay que desconocer los pactos políticos y económicos que nos atan al imperialismo y al Fondo Monetario y dar pasos hacia una segunda independencia con un frente de países latinoamericanos que el peronismo nunca postuló? Desde la izquierda considerábamos entonces, igual que hoy, que para derrotar el pacto Macri-FMI hacía falta una gran lucha nacional para que todo el movimiento obrero y popular sea protagonista de esta gesta anti-FMI y antiajuste. Nada de eso ocurrió.

El nuevo pacto que se apresta a firmar el gobierno con el FMI y la política de Fernández y Guzmán idolatrando a ese organismo imperialista como un “FMI bueno”, está siendo muy mal visto por grandes franjas de sus propios votantes. A ellos les proponemos luchar para que no se firme ningún acuerdo con el Fondo Monetario y que se suspenda ya todo pago de deuda externa, volcando esos fondos para combatir todas las pandemias que aquejan a millones como parte de otro plan económico, obrero y popular.

Proyecto de Ley 


El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación reunidos en Congreso 


Sancionan con fuerza de Ley 


IMPUESTO EXTRAORDINARIO A LOS GRANDES PATRIMONIOS Y A LAS ALTAS RENTAS POR LA EMERGENCIA SANITARIA
ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19 




ARTÍCULO 1°. Establécese un “Impuesto Extraordinario a los Grandes Patrimonios” aplicable a las personas humanas y sucesiones indivisas cuyo patrimonio total supere el valor de 100.000.000 (PESOS CIEN MILLONES) al 31 de diciembre de 2019. 


ARTÍCULO 2°. El impuesto a ingresar por los contribuyentes indicados en el artículo 1° surgirá de aplicar la siguiente escala de alícuotas: 
Una tasa del 5 por ciento (5%) sobre el excedente del valor patrimonial total de $100.000.000 (PESOS CIEN MILLONES) hasta un valor patrimonial de $600.000.000 (PESOS SEISCIENTOS MILLONES).
Una tasa de siete por ciento con ciencuenta centésimos (7,5%) sobre el excedente del valor patrimonial total de $600.000.000 (PESOS SEISCIENTOS MILLONES) hasta un valor patrimonial de $3.000.000.000 (PESOS TRES MIL MILLONES).
Una tasa del 10 por ciento (10%) sobre el excedente del valor patrimonial total de $3.000.000.000 (PESOS TRES MIL MILLONES) hasta un valor patrimonial de $50.000.000.000 (PESOS CINCUENTA MIL MILLONES)
Una tasa del 15 POR CIENTO (15 %) sobre el excedente del valor patrimonial total de $50.000.000.000 (PESOS CINCUENTA MIL MILLONES). 
A los efectos de determinar el patrimonio sujeto a impuesto, se sumaran todos los bienes, incluidas las tenencias accionarias o participaciones societarias, conforme a su valor patrimonial proporcional de acuerdo al último balance cerrado antes del 31 de marzo de 2020. Las valuaciones de los bienes serán a precios de mercado al 31 de diciembre de 2019. Los inmuebles urbanos y rurales serán validos conforme a la cotización del metro cuadrado o de la hectárea que publican entidades y organismos reconocidos. 


ARTÍCULO 3°. Establécese un “Impuesto a las Ganancias Bancarias” aplicable por única vez a los beneficios de las entidades financieras y bancarias del sector privado. Este impuesto surgirá de aplicar una tasa del 20 % del resultado neto del ejercicio cerrado por dichas entidades en los últimos 12 meses, hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive. 


ARTÍCULO 4°. Establécese un “Impuesto Extraordinario a las Altas Rentas” aplicable por única vez a los beneficios empresariales y rentas de capital que superasen los $65.000.000 (PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES) 
Serán sujetos del impuesto todas aquellas personas humanas, jurídicas, fideicomisos, fondos comunes de inversión, sociedades y empresas privadas o mixtas que operan en el territorio nacional, sean de origen nacional o extranjero, independientemente de su actividad económica, incluyendo las empresas privatizadas de servicios públicos, de extracción y distribución de minerales metalíferos o petroleros, las empresas agropecuarias, industriales, de la construcción y de servicios. 


ARTÍCULO 5°. El impuesto establecido en el artículo 4° surgirá de aplicar el siguiente esquema de alícuotas sobre el resultado neto del ejercicio cerrado por dichas entidades en los últimos 12 meses, hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, que se adicionará al gravamen que correspondiere por el pago del impuesto a las ganancias. 
Una tasa del diez por ciento (10%) del resultado neto del ejercicio sobre el excedente de $65.000.000 (PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES) hasta un resultado de $500.000.000 (PESOS QUINIENTOS MILLONES).
Una tasa del quince por ciento (15%) del resultado neto del ejercicio sobre el excedente de $500.000.000 (PESOS QUINIENTOS MILLONES) hasta un resultado de $1.000.000.000 (PESOS MIL MILLONES).
Una tasa del veinte por ciento (20%) del resultado neto del ejercicio sobre el excedente de $1.000.000.000 (PESOS MIL MILLONES). 


Artículo 6°. La tasa progresiva aplicable establecida en el artículo 2° se duplicará respecto al valor total de activos que no hayan sido declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y se hayan detectado por esta última en situación de evasión o subdeclaración. 


ARTÍCULO 7°. Establécese un “Impuesto Especial a la Gran Propiedad de la Tierra” aplicable por única vez para todas las personas jurídicas y personas humanas o sucesiones indivisas que no hayan sido alcanzadas en el artículo 1° que sean propietarias de superficies de tierra que en total superen las 5.000 hectáreas o cuyo valor catastral total sea superior a $600.000.000 (PESOS SEISCIENTOS MILLONES) al 31 de diciembre de 2019. Este impuesto surgirá de aplicar una tasa de cinco (5%) sobre el valor total de la tierra. 


ARTÍCULO 8°. Establécese un impuesto a las viviendas ociosas, aplicable por única vez, a los bienes inmuebles que no hayan sido habitados en los últimos 12 meses y superen el valor patrimonial de $ 30.000.000 (PESOS TREINTA MILLONES) de su valor fiscal. Este impuesto surgirá de aplicar una tasa del 3 % (tres por ciento) del valor patrimonial al 31 de marzo de 2020 y de 5 % (cinco por ciento) sobre viviendas ociosas que superen el valor de $50.000.000 (PESOS CINCUENTA MILLONES). 


ARTÍCULO 9°. Aplicación supletoria. Para los casos no previstos en los artículos precedentes y en su reglamentación, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la Ley de Impuesto a las Ganancias y Ley del Impuesto a los bienes personales, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, y de su decreto reglamentario, según corresponda. 


ARTÍCULO 10°. Créase un Fondo Especial de Emergencia destinado a financiar todas las acciones necesarias en materia sanitaria, económica y social para mitigar las consecuencias de la pandemia del COVID-19. 
Estas acciones incluyen exclusivamente los siguientes destinos, que deberán ser dispuestos y ejecutados en un plazo no mayor a 15 días por el H. Congreso de la Nación: 
Material sanitario. Equipamientos médicos y hospitalarios, respiradores, ventiladores, camas, hospitales modulares, aparatologia, reactivos, elementos que conforman los Equipos de Protección Personal (EPP) para el personal de salud, como barbijos de uso médico, guantes, camisolines, botas quirúrgicas, antiparras, máscaras y todo otro insumo necesario para abastecer los servicios de salud para la atención de pacientes con coronavirus.
Compra y producción de alcohol en gel, jabones sanitizantes y mascarillas, para los servicios sanitarios y para uso de la comunidad en general.
Contratación de mayor cantidad de personal de la salud, profesionales médicos, enfermeros y kinesiólogos respiratorios, con sus respectivas guardias y rotaciones, así como las respectivas bonificaciones remunerativas, entre otros.
Salario mínimo de cuarentena. Para dar respuesta a la grave crisis social que atraviesan las familias trabajadoras, agravada en el transcurso de la pandemia por la disminución de ingresos, se garantizará de manera urgente un salario de cuarentena de $ 30.000 (PESOS TREINTA MIL) para todos los trabajadores y trabajadoras, registrados o no, que no gozasen de licencias pagas por sus empleadores, trabajadoras de casas particulares, y cuentapropistas o monotributistas de las categorías A y B, desde el mes de marzo inclusive y hasta tanto persista la emergencia y el aislamiento social obligatorio.
Plan de Viviendas. Primera etapa de un plan anual de construcción de 100.000 viviendas populares de calidad por año y urbanización de las villas y asentamientos, para terminar con el hacinamiento en los barrios populares y reducir los niveles de exposición a la transmisión del COVID-19 y otras enfermedades, por parte las miles de familias trabajadoras que viven en condiciones de hacinamiento o déficit habitacional. 


ARTÍCULO 11°. Financiamiento. Los recursos del Fondo Especial de Emergencia serán provistos con lo obtenido mediante los impuestos y multas establecidos en los artículos 1°, 3°, 4°, 7° y 8° de la presente ley, que se aplicarán por única vez o hasta cumplir con las necesidades emergentes de esta ley. 
También se destinarán al Fondo Especial de Emergencia todo impuesto, multa e intereses aplicados por las disposiciones y normas existentes a los activos no declarados ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 


ARTÍCULO 12°. Control. Créase el “Comité de control, monitoreo y seguimiento del Fondo Especial de Emergencia”, compuesto por trabajadores electos por sus pares de la salud, especialistas y técnicos de Universidades Públicas, trabajadores del Instituto Nacional de la Vivienda y de la Administración Federal de Ingresos Públicos que velará por la efectiva instrumentación de los impuestos establecidos en la presente ley y el adecuado destino de los recursos hacia las partidas específicas detalladas en el artículo 10°. 


ARTICULO 13°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. 
Nicolás del Caño – Diputado Nacional 
Romina del Pla – Diputada Nacional 




FUNDAMENTOS


Sr. Presidente: 
Desde que se desató la epidemia de Coronavirus (COVID-19) luego declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, los casos en todo el mundo y en Argentina han ido en aumento. En los últimos días la crisis del coronavirus ha cobrado más fuerza en nuestro país. Si bien hasta el momento no tiene la magnitud que ya alcanzó en otros países como Italia, España o Estados Unidos, entre otros, y que viene dejando al desnudo la crisis de los sistemas de salud y los desastres a los que lleva la irracionalidad y la anarquía capitalista. Ya presentamos desde el Frente de Izquierda diversos proyectos que atienden estos problemas con una batería de medidas de emergencia para centralizar el sistema de salud y proteger a los trabajadores frente a la grave situación que atravesamos (Exptes. 769-D-2020; 770-D-2020, 800-D-2020; 960-D-2020; 947-D-2020; 1235-D-2020; 1233-D-2020; 1234-D-2020; 1305-D-2020; 1303-D-2020; 1304-D-2020; 1331-D-2020; 1169-D-2020) 


Esta situación sin precedentes mantiene a 2.000 millones de personas alcanzadas por la cuarentena obligatoria o medidas de aislamiento social de algún tipo. Las medidas ya están generando un impacto económico profundo. Las perspectivas para el crecimiento mundial este año son peores a las registradas en la última crisis financiera de 2008, solo comparables con el crack del 29. De acuerdo al Fondo Monetario más de 170 países experimentarán un retroceso de su PBI de más de dos dígitos en 2020. 


Por su parte, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) alerta sobre la posibilidad de pérdida de casi el 7 % del empleo global para el segundo semestre de 2020; pero el mercado laboral ya registra las consecuencias inmediatas producto del parate de empresas y fábricas. A pesar de los rescates millonarios de los Estados a las empresas, están han comenzado descargar el costo de la crisis causada por la pandemia sobre los sectores más precarizados. En las últimas semanas en Estados Unidos las aplicaciones para acceder al seguro de desempleo superaron los 17 millones y las reducciones de salarios afectan a una cantidad creciente de trabajadores estadounidenses. 


Este accionar de los empresarios se repite a escala mundial. En Argentina ya suman 12.500 despidos y suspensiones sólo durante el periodo de cuarentena obligatorio, que comenzó el 21 de marzo, de acuerdo al Observatorio Despidos durante la Pandemia. Se suman a los 2 millones de desocupados en todo el país, que surge de la proyección del indicador que elabora el Indec a nivel nacional. El hombre más rico del país, Paolo Rocca, líder del Grupo Techint, fue uno de los primeros en aplicar recortes de personal, echando a 1450 trabajadores. Así también, los jóvenes trabajadores de lugares de comidas rápidas como Mc Donalds, Burguer King, Wendy´s, StarBucks, Mostaza, han denunciado una reducción salarial criminal. Y directamente en otras cadenas como Garbarino, las patronales realizaron despidos arbitrarios. En el Frigorífico Penta las fuerzas represivas directamente actuaron en función de la política patronal de despidos. En todos los casos incumpliendo -y sin sanciones a la vista-el DNU 329/2020 de prohibición de despidos. 

En la tensión entre cuidar la salud y poner a funcionar la economía se plantea un falso dilema. Las preguntas correctas serían qué se produce, para quién, con qué medidas de seguridad. Los empresarios esas preguntas ya las tienen respondidas hace rato. Y presionan por volver a la normalidad de la extracción de plusvalía cotidiana, de realización de ganancias, a reactivar el ciclo de acumulación. La crisis del coronavirus está exponiendo las premisas de la posibilidad de otra organización social donde lo primero sea atender las necesidades sociales: enfermeras, médicas, trabajadores de la alimentación, de logística, muestran que los resortes esenciales de la organización de la producción no se mueven sin ellos. Por el contrario, se puede prescindir de los capitalistas. La ausencia de test masivos con muestras significativas entre segmentos de la población, a los trabajadores que se mantienen en actividad o a los de salud, que están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus, al día de hoy impide una planificación científica de la cuarentena. Una salida de la cuarentena desordenada para hacer control de daños sobre la economía puede conducir a una irracionalidad desmesurada. Los trabajadores también tendrán que establecer sus exigencias para el día después: entre ellas, claro está, la de test masivos. 


Cuando cesen los sesenta días de la tramposa prohibición de despidos y suspensiones, puede experimentarse una oleada mayor de trabajadoras y trabajadores expuestos no solo al coronavirus, sino a la desocupación y quiebras empresarias en una economía internacional y local cuyo nivel de destrucción no puede conocerse a ciencia cierta. Es necesaria una preparación para la ocupación y puesta en producción de toda empresa que cierre o despida. El geógrafo marxista David Harvey alerta que el coronavirus puede ser utilizado a escala global para una reorganización de las cadenas de valor. No puede descartarse que la clase capitalista mundial encuentre la oportunidad para una reforma laboral de hecho aprovechando la pandemia. En estas tierras ya se esbozan ideas que unen la oportunidad de cambiar las condiciones de trabajo con las de practicar un ajuste fiscal. Daniel Artana, de la ultraliberal Fundación Fiel, escribió que “sería conveniente coordinar con provincias, y estas con sus municipios, la posibilidad de reducir los salarios de empleados estatales que trabajen desde sus domicilios (una suerte de réplica de las suspensiones acordadas entre empresas y sindicatos en el sector privado)”. El ataque de Artana al empleo público es un dislate cuando son trabajadoras y trabajadores de la salud pública la primera línea de la lucha contra el coronavirus. No obstante, la burocracia sindical se preparan para ceder a la baja de salarios con el pretendido fin de preservar los puestos de trabajo. El teletrabajo, las nuevas formas laborales más en general, querrán ser aplicadas para atacar derechos conquistados. La clase trabajadora también deberá emprender una preparación para estas batallas por defender el salario, los derechos conquistados, e incluso para impedir el desempleo masivo impulsando el reparto de horas de trabajo entre ocupados y desocupados, sin reducción salarial y con un salario que permita cubrir la canasta familiar. 


La pobreza por ingresos medida por el INDEC fue de 35,5 % en 2019, afectando a casi 16 millones de personas. En el conurbano bonaerense, en el noroeste, en el noreste, Gran Mendoza, San Nicolás-Villa Constitución, en Ushuaia-Río Grande, los números rondan o superan generosamente el 40 %. Estos números verán una suba acelerada en las próximas mediciones, como admitió el presidente en un entrevista periodística. Hay que rechazar esa disyuntiva entre más muertos o más pobreza: la pandemia del coronavirus mata, pero la pobreza también. La desocupación fue 8,9% en el cuarto trimestre de 2019: 1,2 millones de personas sin ocupación en los aglomerados relevados por Indec. La proyección a todo el país indicaría que son unos 2 millones los que están sin empleo. En los partidos del conurbano bonaerense la desocupación ronda el 11 % y en el Gran Córdoba el 10 %. Son datos que grafican la bomba de tiempo en términos de crisis social es previa a la pandemia. Hoy la situación se agravó en relación a la segunda mitad del año pasado. En la década de 1970 la pobreza castigaba a menos del 5 % de la población del país. En 1960, existían 6,4 camas hospitalarias por cada mil habitantes del país; en 1970, 5,6 camas; en 2014, el último dato disponible, registra apenas 5 camas. 


Por eso la urgencia de implementar medidas extraordinarias de emergencia -como la propuesta en este proyecto-para evitar una escalada mayor en la catástrofe social y económica que recaerá con mayor fuerza sobre los más vulnerables. Se calcula que cerca de 7 millones de trabajadores se encuentran en condiciones de precariedad, ellos son el eslabón más débil, no gozan de derechos laborales, tienen peores salarios y las posibilidades más altas de perder sus empleos y pasar a engrosar los índices de pobreza. 


A ello debe sumarse el delicado contexto macroeconómico nacional de alta inflación, que en 2019 fue de 53,8% muy por encima de la evolución salarial, deteriorando así el poder adquisitivo de los trabajadores, jubilados y sectores vulnerables. En los dos primeros meses de 2020 los precios de los alimentos continuaron en alza al 7,5 % acumulado. En enero, el costo de la canasta familiar estimada por ATE Indec (de consumos mínimos la denomina esa organización) fue de $ 64 mil para un hogar de cuatro integrantes, ingreso que la mayoría de los trabajadores registrados no alcanza a cubrir. En febrero, la canasta de pobreza costó $ 41 mil. Con los $ 10 mil del Ingreso Familiar de Emergencia que implementó el gobierno solo alcanza para vivir menos de 8 días considerando la canasta de pobreza. La inscripción al IFE de más de 11 millones de personas superó ampliamente los cálculos del gobierno que estimaba pagar 3,6 millones de beneficios. 


La carestía se ha agravado aún en las semanas de cuarentena por las recientes y constantes remarcaciones de precios por parte de supermercadistas, que encarecen el costo de vida de las mayorías, incluso a pesar de los precios máximos de referencia. Una situación crítica en este momento de pandemia, dado que la buena alimentación es clave para evitar enfermarse; y el uso de elementos de limpieza permanente en los hogares se vuelve indispensable como medida de cuidado y precaución, para evitar el contagio. 


El deterioro de los ingresos se aceleró con la pandemia; la inflación si bien se desaceleró de los meses más dramáticos del año pasado, sigue firme y alimentada por la especulación capitalista que se basa en el sacrosanto respeto del secreto comercial, cuando habría que abrir los libros y cuentas de toda empresa que aumente sus precios . En épocas de “big data” no debería ser difícil conocer los estados contables empresarios, sus estructuras de costos o la situación de sus cuentas bancarias. En el caso del alcohol se hace evidente, los ingenios azucareros están beneficiados por un régimen especial para abastecer bioetanol (que se produce con alcohol) a las refinerías (YPF, Shell, etcétera) que lo mezclan con naftas: tienen garantizado un precio y un cupo de abastecimiento. Es un negocio muy rentable y seguro para el cual deben informar a la Secretaría de Energía sus costos ¿Por qué no se hace pública esa información? El Estado protege bajo siete llaves el secreto empresarial. Es evidente que corresponde a la clase trabajadora establecer un control en el ámbito de la producción, de la distribución y de la comercialización abriendo los libros al control obrero. 


La economía argentina -que se encamina hacia su tercer año de contracción consecutivo-ya se encontraba golpeada. El impacto del coronavirus empeora una situación que ya es alarmante. Priorizar el pago de la deuda odiosa, en vez de destinar esos recursos a atender las necesidades sociales, ha sido una política criminal que continúa. 


El atraso y la dependencia económica de nuestro país tiene como correlato un conjunto de problemas estructurales que nos dejan en un punto de partida en inferioridad de condiciones para enfrentar esta pandemia. Entre ellos, el sistema de salud público se encuentra fuertemente desfinanciado. En los últimos cuatro años el peso del presupuesto en salud retrocedió en relación al incremento extraordinario en los servicios de la deuda. Y, al menos desde 2009, el presupuesto de salud no superó nunca el 4 % de los desembolsos del Estado Nacional mientras los pagos de deuda siempre estuvieron por encima del 6 %, llegando al 20,4 % el año pasado. Incluso en los años de gobiernos kirchneristas los pagos de deuda fueron, en promedio, 2,5 veces mayores a los desembolsos en salud. Con Macri se elevó este ratio a 5 veces. 


El déficit habitacional es otro problema estructural que amerita una respuesta urgente. La cuarentena obligatoria expone la cruda la situación de muchos barrios populares de CABA, Gran Buenos Aires y los principales centros urbanos del país, donde prima el hacinamiento. Para sus habitantes es imposible respetar el aislamiento social. El conurbano bonaerense es el área más poblada del país, concentrando la mayor concentración de familias pobres y en situación de desocupación o subocupación, así como un 46 % de viviendas inadecuadas (Indec) y muchas de ellas aún con déficits de infraestructura que atentan con las condiciones de higiene básicas para combatir una pandemia de este estilo, como el acceso a agua potable. El Relevamiento Nacional de Barrios Populares de 2018 identificó que más de 3.000.000 de personas (un total de 800.000 familias) habitan en villas o asentamientos informales. 


De acuerdo al informe sobre Condiciones de Vida del Indec, en el primer trimestre de 2019 el 10 % de los hogares urbanos no cuenta con acceso a la red pública de agua corriente, un 29% de los hogares no tenía aún acceso a cloacas. En tanto, un 13,4% vive con entre 2 y 3 personas por cuarto. Con "hacinamiento crítico" (más de tres por cuarto), un 2,4% de la población. De acuerdo a los estudios de la UCA, el hacinamiento llega al 7,6 % de la población. Allí el aislamiento puede resultar explosivo en dos sentidos: porque no es efectivo en una población mayormente hacinada y expuesta al contagio; porque puede terminar de destruir la débil economía de las familias. En contraste con ello, existen miles de viviendas ociosas en manos de los especuladores inmobiliarios. Según el Instituto Nacional de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, sólo en esa ciudad hay un 9,2% de viviendas vacías, equivalente a 138.328 usuarios, en su mayoría ubicadas en las comunas del corredor norte (incluyendo Puerto Madero y Retiro), precisamente en donde es muy superior el precio del metro cuadrado (pueden llegar hasta 8.000 dólares por metro cuadrado). Son justamente esos propietarios más acaudalados los que pueden darse el lujo de tener en su poder una vivienda sin habitar. 


Ante esta emergencia sanitaria, económica y social que atraviesa el país, y que afecta mayormente a la clase trabajadora en particular, es urgente movilizar todos los recursos disponibles para evitar que la catástrofe se agudice. No es cierto que ante la crisis económica no haya más recursos para hacerlo. Es momento de exigirle a los capitalistas, los multimillonarios, a los evasores, a la banca privada y a las empresas que obtuvieron enormes ganancias en los últimos años, mientras franjas enteras de población se sumergían en la pobreza, que hagan un aporte de esta emergencia. 


Según la revista Forbes, sólo las 20 personas con mayores patrimonios del país concentraban en 2019 una riqueza superior a 41.700 millones de dólares. Esto es equivalente al 13 % del PBI y representa 9 veces lo que cobran por mes los más de 6,5 millones de asalariados registrados del sector privado en el país. Por su parte, de acuerdo al Anuario de la AFIP del año 2017, unas 6.100 personas declararon patrimonios de 10 millones de dólares en promedio . Y sólo 14.378 mil que declararon patrimonios por más de 1,5 millones de dólares concentraron 74 mil millones de dólares, de los cuales el 74 % estaba radicado en el exterior. 


Así también, los bancos privados son la muestra más escandalosa de la obtención de ganancias en base a la especulación financiera, en gran parte a través de préstamos al Estado y al Banco Central. Desde el año 2005 siempre reportaron resultados positivos, tanto en pesos como en dólares. El 2019 fue un año récord en ganancias, resultando en $ 318 mil millones, un crecimiento del 76 %, de acuerdo a datos del Banco Central. Sólo en el mes de enero de 2020 y con nuevo gobierno -un mes habitualmente malo para la actividad bancaria-ganaron $ 32.000 millones: es el equivalente a mil millones de pesos por día; $ 42 millones por hora; $ 700 mil por minuto. En un minuto los bancos ganaron más que los ingresos anuales de un trabajador formalizado, que en 2019 fue de $ 600 mil. La mayor parte de las ganancias la realizan los bancos privados extranjeros, que en 2019 se llevaron el 46 % del total. Le siguen los bancos privados nacionales con el 42 %. Por su parte, los bancos públicos representaron el 11 % de las ganancias totales. 


Además lo bancos son quienes vehiculizan y organizan la fuga de capitales, que significa una transferencia de recursos económicos hoy muy necesarios hacia paraísos fiscales y cuentas offshore. Durante el macrismo hay registro de una fuga de unos U$S 81.000 millones. Bajo las gestiones kirchneristas, la fuga ascendió a U$S 102.000 millones. El dato que calcula el Banco Central (BCRA) como “formación de activos externos” comprende la compra de dólares de todos los argentinos, de forma legal. Por fuera de las mediciones del BCRA se encuentra la fuga ilegal, los especialistas calculan que el monto total fugado (legal +ilegal) duplica los cálculos oficiales e indica que existen fugados en el exterior unos U$S 400 mil millones, monto similar al PBI de nuestro país. Recientemente la AFIP descubrió que había 950 cuentas de argentinos en el exterior que habían evadido la declaración de sus activos por una suma que asciende a U$S 2.600 millones. Esta información reafirma que existen fondos para financiar las necesidades sanitarias y sociales para enfrentar esta pandemia. 


Las medidas de emergencia propuestas en este proyecto de ley están inscriptas en una perspectiva más general de reorganización social de la producción que contemple una banca íntegramente pública que sea gestionada por sus propios trabajadores y que expropie sin indemnización a los bancos privados que todos los días expropian a las mayorías. Además, es la única forma de proteger el ahorro nacional, particularmente del pequeño ahorrista, que en cada crisis es el que paga el pato de la boda, ya sea con “corralito” o con confiscaciones, como la que les practicó Carlos Menem con el Plan Bonex. Al mismo tiempo, una banca pública permitiría verdaderamente canalizar recursos para préstamos para la vivienda popular y para el pequeño comerciante quebrado por la crisis. 


Por su parte, un conjunto de grandes empresas multinacionales y otras locales han acumulado enormes ganancias en los últimos años por su operación en el país. La gran mayoría de empresas que cotizan en la bolsa porteña distribuyeron ganancias millonarias hasta el primer semestre de 2019 (último dato disponible), según datos del Instituto Argentino del Mercado de Capitales. Las 500 empresas de mayores ventas del país acumularon 67.300 millones de dólares de ganancias netas en el período 2016-2018. 


Entre algunos ejemplos, podemos mencionar las empresas energéticas, mineras y petroleras que operan en el país. Las empresas energéticas favorecidas por la implementación de aumentos siderales de las tarifas que alcanzaron hasta un 2000%, obtuvieron ganancias millonarias en los últimos años. Pampa Energía del empresario Marcelo Mindlin, reportó un resultado positivo por U$S 384,5 millones en 2018 y Central Puerto ligada a Nicolás Caputo ganó U$S 602 millones. Dentro de este selecto grupo de empresas que en 2018 obtuvieron ganancias se destacan: Edesur (U$S 109,9 millones), Edenor (U$S 153), Transportadora de Gas del Sur (U$S 406,5 millones), Transportadora de Gas del Norte (U$S 132,5 millones), Naturgy (U$S 84,5 millones), Transener (U$S 28,5 millones), Metrogas (U$S 300.000). Sólo entre 2016 y 2018, las ganancias de este selecto grupo de empresas energéticas suman U$S 3.525, o U$S 3,2 millones por día. 


En el caso de los principales laboratorios, la empresa alemana Bayer obtuvo ganancias en el país por $ 926 millones en 2018, casi duplicando los $ 562 millones de 2017. Roemmers declaró ganancias por $ 1029 millones en 2018 y el laboratorio Raffo presentó ganancias por $ 314 millones en 2018. 


De acuerdo al anuario estadístico de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en el año 2017 unas 4.766 empresas tuvieron ganancias netas superiores a 1 millón de dólares, y en conjunto acumularon más de 40.000 millones de dólares. No obstante, la información referida a las ganancias empresarias no es pública y sigue estando cerrada bajo siete llaves. Es necesario que se levante el secreto de los datos empresariales y que se abran los libros de contabilidad para que las empresas demuestren su operatoria y resultados. 


Por último, cabe agregar que un puñado de propietarios concentran enormes porciones de tierra, gran parte de ella con gran fertilidad e importantes rendimientos agropecuarios. De acuerdo al Censo Nacional Agropecuario del año 2018, sólo 863 explotaciones agropecuarias en todo el país concentraban 32,3 millones de hectáreas en dimensiones superiores a las 20 mil hectáreas por explotación. Así también, entre las 5.678 explotaciones de más de 5 mil hectáreas (2,5% del total) concentraban más de 80.000.000 de hectáreas, esto es, el 51 % de la superficie censada. Es decir, uno de los principales medios de producción del país como es la tierra productiva es controlada por un pequeño grupo de propietarios, que les permite amasar fortunas año a año por el sólo hecho de poseer un terreno de superficie. 


Queda de manifiesto que existen recursos concentrados en una minoría de empresas y grandes propietarios. Sobre esta base, se propone la aplicación de un conjunto de impuestos extraordinarios a los grandes patrimonios y fortunas, afectando a la cúpula de personas más ricas del país y a las grandes empresas que han obtenido ganancias millonarias en los últimos años, para disponer medidas inmediatas y a gran escala para combatir la crisis sanitaria, económica y social. 


Para ello se establece un impuesto progresivo a los patrimonios y a las altas rentas, que incluye a los bancos y a las empresas privadas o de composición mixta de todas las esferas de la actividad productiva, de servicios y comercial. Asimismo, se propone gravar con una tasa de 3 % la propiedad de la tierra de aquellas personas jurídicas y personas humanas o sociedades indivisas no alcanzadas por el impuesto a los grandes patrimonios que sean propietarias de extensas superficies de tierra de elevada valuación.Se agrega un impuesto progresivo a las viviendas ociosas utilizadas para la especulación inmobiliaria. 


Con este esquema impositivo podría alcanzarse la constitución de un Fondo Especial de Emergencia de al menos $ 1.300.000 millones (equivalente a 20.000 millones de dólares, al cambio oficial vigente) que sería suficiente para realizar un conjunto de medidas para dar respuesta inmediata a las necesidades sanitarias y sociales, agravadas en el transcurso de la pandemia. No se nos puede escapar que la creciente presión impositiva ha estado dirigida al pago de la deuda, además del carácter regresivo de todo el sistema tributario y de la suspensión de la movilidad jubilatoria que ha tenido el mismo fin. El FMI, al igual que otros organismos internacionales a lo que se suman acreedores privados viene alentando una suba de impuestos de modo tal de asegurarse que van a cobrar y que el país va a cumplir con sus compromisos. El gobierno argentino vino pagando este año en concepto de interés y capital, inclusive en plena pandemia una suma de más de $200 mil millones. Ha reperfilado la deuda en legislación local (que deberá ser, de todos modos, abonada a fin de este año sin quita alguna) en tanto ha vuelto a reiterar su compromiso de pagar puntualmente los vencimientos de deuda en legislación extranjera. En este pasivo a pagar se debe incluir la onerosa cuota de pago al Club de París por u$s2000 millones en 60 días. Se trata de una sangría fenomenal del ahorro nacional con mas razón en medio del brote, cuando dichos recursos deberían ser destinados a hacer frente a combatir la crisis sanitaria, económica y social en curso. Alertamos por anticipado contra cualquier maniobra dirigida a desviar los fondos que se obtengan como consecuencia de la presente ley. Más aún, planteamos, que el impuesto extraordinario que aquí se establece deber ir acompañado por el cese de pago de la deuda. 


Este proyecto se suma a los ya presentados por los dos legisladores del FIT que plantean el no pago del total de la deuda, en pesos y en dólares, de jurisdicción local y extranjera, a excepción de los bonos en manos del Anses, que son tenencias de los jubilados invertidas en esos activos. 


Desde luego, nuestro proyecto se inscribe en un planteo de conjunto ante la pandemia además del no pago de la deuda, que afronta la cuestión sanitaria y un reordenamiento económico en función de la mayoría laboriosa de la población y con el protagonismo de los trabajadores. Por ello en nuestros distintos proyectos y documentos del Frente de Izquierda hemos desarrollado medidas como el control obrero de la esencialidad de las actividades que se habiliten: con plenas facultades para decidir sobre el por qué y el cómo de esas actividades; con qué destino se hace la producción, con cuántos turnos y con qué jornada; asegurar salarios y condiciones sanitarias. La elección de comités de trabajadores con este objeto, o el mandato a los delegados, o la revocatoria de aquellos que no respeten el mandato de sus representados. 


Junto con ello, hemos planteado la apertura de los libros y cuentas de las empresas a esos comités obreros, exigiendo al Estado que intervenga para proteger salarios y continuidad laboral cuando corresponda. Reconversión industrial para atender masivamente las necesidades de la salud. Centralizar urgente, contra todo obstáculo de la medicina privada y los laboratorios, todo el sistema de salud, integrando los tres sectores del sistema. Comités de médicos y enfermeros en todos los centros de salud para hacer cumplir los protocolos y atender sus demandas de salario y condiciones laborales. Nacionalización del petróleo y de toda la cadena energética, bajo control obrero. Poner toda la banca bajo la órbita pública. Monopolio estatal del comercio exterior. Apertura de los libros, cuentas y tenencias empresariales de todo orden al control de los trabajadores para combatir la inflación, evitar la especulación y garantizar salarios y aportes a la seguridad social. 


Consecuentemente con lo expuesto, los tres destinos exclusivos del Fondo que crea la presente ley son: 


* Un plan inmediato de elaboración local e importación de material sanitario y contratación de personal médico y de salud. Equipamientos médicos y hospitalarios, respiradores, ventiladores, camas, hospitales modulares; barbijos, alcohol y alcohol en gel, ropa sanitaria, y demás insumos médicos básicos para la higiene y seguridad de los trabajadores de la salud. Contratación de mayor personal de la salud, asistencia sanitaria y bonificaciones remunerativas, entre otros. 


El presupuesto extra de salud por $ 1.700 millones destinados inicialmente por el Gobierno para atender las urgencias de la pandemia, aún con los 30 millones de dólares (2.000 millones de pesos) sumados recientemente a dicha partida para la construcción de hospitales modulares, resultan totalmente insuficientes. Se estima que una partida presupuestaria que cubra el detalle de los gastos sanitarios expuestos a continuación es al menos 12 veces superior que la anunciada por el gobierno nacional. 


Los recursos del Fondo Especial de Emergencia podrán usarse para garantizar las 6.600 camas de Terapia Intensiva (UTI) que se estiman necesarias atendiendo la proporción de 150 camas por cada millón de habitantes, cada una equipadas con respiradores, monitores y saturómetros; 17.600 camas con oxígeno para Cuidados Intermedios y 88.000 camas de Cuidados Leves (según recomendaciones realizadas por la el Ministerio de Salud de la Nación). 


La provisión de kits de EPP (Equipos de Protección Personal) para los trabajadores de la salud, la OMS y el Ministerio de Salud calculan que son necesarios 25 barbijos quirúrgicos diarios y 7 kits enteros por día por cada paciente internado por Covid. Cada EPP tiene 1 camisolín (si es en contacto estrecho es hemorrepelente), un par de guantes, 1 barbijo, 1 par de antiparras o cobertura ocular, un par de botas quirurgicas), todos descartables. Otro aspecto fundamental es la realización de test masivos en al menos 100 mil pruebas mensuales, fundamentales para el efectivo control del contagio social y resguardo de los lugares de trabajo. 


A esto debe agregarse la contratación de mayor cantidad de personal de salud (profesionales médicos, enfermeros y kinesiólogos respiratorios, con sus respectivas guardias y rotaciones) para atender los casos positivos por COVID-19 y sospechosos, calculados en más de 62 mil trabajadores de la salud. Y por último, la construcción o adecuación de hospitales modulares. 


* Garantizar de manera urgente un salario de cuarentena de $ 30.000 (PESOS TREINTA MIL) para todos aquellos trabajadores y trabajadoras mayores de 18 años de edad, monotributistas de las categorías A y B, cuentrapropistas, trabajadoras/es de casas particulares (registradas y no registradas), empleados mediante agencias de servicios eventuales a quienes se les hubiera suspendido su contrato en el marco de la pandemia, así como a todos los trabajadores y trabajadoras sin distinción, se encuentren registrados o no, que no tuvieran licencias pagas por sus empleadores. 


En relación a esta propuesta ya hemos presentado proyectos, señalados al comienzo de estos fundamentos. 


- Primera etapa de un plan anual de construcción de 100 mil viviendas populares por año con el fin de reducir los niveles de exposición a la transmisión del COVID-19 y otras enfermedades, por parte las miles de familias trabajadoras que viven en condiciones de hacinamiento o déficit habitacional. 


La magnitud final del impacto económico y social de la crisis en curso es incalculable. Queda en evidencia la barbarie y la muerte a la que es condenada la humanidad por la mercantilización de la salud; la voracidad patronal que no duda en dejar sin sustento a millones de hogares; la política de clase de los Estados que aprueban rescates millonarios para salvar empresas; un sistema basado en la explotación del trabajo ajeno. Tomar medidas sanitarias de emergencia es una necesidad de primer orden y para este fin atacar las fortunas y las ganancias de los capitalistas. 


En todo el mundo capitalista, mucho más en las potencias imperialistas, se está estableciendo un magnífico salvataje a las grandes empresas y al capital financiero. Pero es evidente que en simultáneo los estados capitalistas y sus regímenes políticos debaten medidas extraordinarias que afecten a las grandes fortunas y rentas para salvar el dominio del capital a escala global y evitar que el desarrollo de la crisis social, sanitaria y económica, abra perspectivas anticapitalistas. 


Las medidas extraordinarias aquí propuestas se ubican en una perspectiva opuesta a la de los capitalistas, buscan por un lado atender verdaderamente la emergencia del pueblo trabajador más vulnerable y, en simultáneo, abrir una discusión más amplia, inscripta en el gobierno de los trabajadores mismos. 


En este camino, se requiere avanzar hacia una reorientación de todos los recursos del país y de la industria para dar respuesta a las necesidades sociales: es decir, una reconversión de las ramas industriales para obtener los insumos sanitarios que escasean en los hospitales, para asegurar la provisión de medicamentos que hoy responden a las necesidades del lucro de las farmacéuticas, para producir y distribuir los alimentos que faltan en los hogares populares, para construir las viviendas que necesitan las miles de familias hacinadas. Los servicios públicos tienen que ser un derecho. Hay que terminar con el robo de las privatizadas, nacionalizar todo el sistema energético, desde la producción a la extracción. Una reorganización general de la sociedad también requiere la nacionalización del comercio exterior que hoy está en manos de un oligopolio privado donde unas pocas empresas, mayormente del agronegocios, se apoderan de la mayoría de los dólares que el país necesita para la emergencia. 


La deuda se ha seguido pagando. A pesar que formalmente sigue la negociación para su reestructuración, los grandes fondos especulativos (Black Rock, Templeton, Fidelity) que tienen gran parte de la deuda argentina habrían anticipado su rechazo a la propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán. La crisis mundial tiene como telón de fondo una potencial crisis de deuda de las denominadas economías emergentes (países dependientes con rasgos semicoloniales, en términos marxistas) y de las grandes corporaciones empresarias de varias potencias imperialistas. Toda la deuda mundial podría entrar en situación de reestructuración, lo cual, eventualmente, ofrecería al gobierno de Alberto Fernández tiempo para tomar aire, un bien escaso en épocas de encierro. Todos los actores se preparan para sacar tajada en esa situación, el FMI está abriendo su billetera para ofrecer dólares frescos, en mucha menor escala que el préstamo más grande de la historia otorgado al macrismo, pero una tentación para el albertismo en tiempos de vacas flacas. Se trata de un presente griego, que condicionará los estrechos márgenes de acción de un país sometido a los centros financieros internacionales. Más que nunca, está planteado para la clase trabajadora luchar por un desconocimiento soberano de la deuda. 


Los puntos aquí desarrollados son parte de los aspectos centrales de un programa que desde la perspectiva del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad se orienta a terminar con la decadencia nacional, la dependencia y el atraso. Una decadencia que en los últimos cuarenta años agravó las condiciones del atraso general presentes desde la constitución misma del estado nacional, que ni la “república oligárquica” ni la “sustitución de importaciones” habían logrado superar. Es claro que solo puede lograrse con la movilización de millones y terminando con el aparato represivo y burocrático del Estado en el que se sostiene el poder de la clase capitalista para reemplazarlo por una democracia de los trabajadores basada en su auto organización. Mediante la “expropiación de los expropiadores”, con los medios de producción de las áreas estratégicas de la economía transformados en propiedad pública, el conjunto de la población trabajadora participará en la planificación democrática de la economía, estableciendo una escala de prioridades de utilización de los recursos con los que cuenta el país que permita superar las irracionalidades y miserias del capitalismo. Contaríamos con los recursos que hoy se destinan a pago de deuda, los que se van por fuga de capitales, con la renta y la ganancia que se apropian un puñado de grandes propietarios agrarios, con lo que nos saquean las multinacionales y la gran burguesía local, para utilizarlo en salud, educación, vivienda, protección del medio ambiente y obra pública. A la vez, esto permitiría implementar una reducción progresiva de la jornada de trabajo (empezando por bajarla a seis horas) y repartir el trabajo entre ocupados y desocupados, eliminando toda forma de trabajo precario y estableciendo que nadie cobre menos que una canasta familiar. Así los adelantos de la ciencia y la técnica aplicados a la producción no significarán millones expulsados al desempleo, como ocurre hoy, sino mejores condiciones de trabajo y más tiempo libre para dedicar a la ciencia, al arte y la cultura y al esparcimiento. Y permitirían superar el atraso nacional, alentando el más alto desarrollo científico y tecnológico. 


Por las razones expuestas y las que brindaremos oportunamente solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley. 


Nicolás del Caño – Diputado Nacional 


Romina del Pla – Diputada Nacional