Se está montando una base militar (según el informe oficial) del gobierno de Estados Unidos acordada con el presidente Macri y el gobernador Gutiérrez. Se la pinta como de “ayuda humanitaria” ya que de presentarse como base militar necesitaría la aprobación del Congreso de la Nación. La base se está instalando en un punto estratégico en la ciudad de Neuquén, ya que está a la vera de la Autovía Norte y próxima al Aeropuerto Internacional, donde nace la ruta del Petróleo camino a Vaca Muerta y a 500 metros de una comunidad mapuche.

Desde hace dos años varias organizaciones de izquierda y sociales estamos rechazando esta instalación. Un paso más en este rechazo se generó desde la banca de nuestro compañero, el concejal Manuel Sánchez, de Izquierda Socialista/FIT, que el jueves 14, en una nueva sesión del Concejo Deliberante, presentó a debate el proyecto donde se “rechaza la instalación de bases militares científicas o de cualquier naturaleza vinculada con el gobierno de los Estados Unidos en la ciudad” (Expte: CD-129B-2019). En la sesión estuvieron presentes organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales en apoyo al proyecto. Terminada la sesión, que fue respaldada por seis votos de los bloques opositores (minoritarios), Manuel Sánchez hizo la siguiente reflexión: “rechazamos la instalación de la base yanqui no solo porque afecta a nuestra soberanía, sino porque resulta muy sugestivo la instalación en el momento en que está en marcha la explotación de Vaca Muerta. Además, cabe recordar que sus impulsores, el famoso Comando Sur del ejército de los Estados Unidos, fue ámbito de formación de la mayoría de los dictadores militares del cono sur”.

Corresponsal

Se cumple un mes desde que estallaron las masivas movilizaciones revolucionarias que sacuden a Chile. Millones siguen reclamando en las calles que se vaya Piñera. Ahora el gobierno apela a una maniobra parlamentaria, con apoyo de la mayoría de los partidos opositores, para desmovilizar a partir de un cronograma electoral para reformar la constitución. Pero la maniobra ya empieza a sumar repudios y la rebelión popular continúa.

Escribe Guido Poletti

El gobierno de Piñera ha fracasado en todos sus intentos de parar la movilización. Apeló a la represión más brutal, declaró el toque de queda y sacó al ejército a la calle. Pero nada de eso logró amilanar al pueblo que, cada día, siguió saliendo a protestar y a enfrentarse con los “pacos” (carabineros). Piñera también retrocedió con el motivo con el que se había iniciado la protesta (el aumento del boleto del metro) e incluso otorgó otras concesiones menores, incluyendo cambiar su gabinete. Sin embargo la rebelión popular siguió creciendo y extendiéndose. Es que, como se empezó a decir, “Chile despertó” y la rebelión ya no era por 30 pesos de incremento del boleto del metro, sino “por 30 años”, refiriéndose a los que ya tenía de vigencia la constitución pinochetista. Por eso a las exigencias concretas (contra los bajos salarios, las jubilaciones de miseria, el endeudamiento popular, la privatización de la salud y la educación, el saqueo a los recursos naturales) se le sumó el reclamo de asamblea constituyente libre y soberana.

Imposibilitado de detener una movilización revolucionaria que, cada vez con más fuerza, pide que se vaya Piñera, el gobierno ha recurrido a una última maniobra para tratar de sacar al pueblo de las calles. Se trata de un acuerdo parlamentario, un pacto a puertas cerradas, entre el gobierno, los partidos de derecha que componen el actual oficialismo y los de la oposición: Democracia Cristiana, Partido Socialista, Partido Por la Democracia y Partido Radical. También se sumó una parte importante del Frente Amplio.

El pacto intenta desviar la movilización por medio de un “cronograma” donde se vota para un plebiscito en abril del próximo año, donde se decidiría si se quiere o no una nueva Constitución; y, segundo, qué tipo de órgano debería redactarla. Recién después se llamaría a elecciones, en octubre y así, en un largo y tortuoso proceso, se “promete” que habrá una nueva constitución en 2021, tras un 2020 convertido en un “año electoral”. Para peor, el acuerdo no contempla soluciones inmediatas para ninguno de los reclamos populares concretos que hoy están en las calles.

El rol del PC y el Frente Amplio

Las dos expresiones mayoritarias de la izquierda chilena (el Partido Comunista –PC- y el Frente Amplio) ya venían negándose sistemáticamente a levantar la consigna que cantan millones en las calles: ¡Fuera Piñera! Ahora, frente a este vergonzoso acuerdo parlamentario, el PC lo “rechazó” formalmente, pero al mismo tiempo Guillermo León Teillier, su presidente afirmó que se trataba de “un paso innegable” (24 Horas Chile, 17/11) y la diputada Camila Vallejo confirmó que si bien “hay detalles que nos preocupan y cosas que aclarar” el llamado a plebiscito es un triunfo (La Tercera, 17/11).

El Frente Amplio, que había surgido como una expresión “a la izquierda” del PC cuando este se incorporó al entonces oficialismo de Nueva Mayoría, y que despertó en su momento grandes expectativas, con sus dirigentes surgidos de la lucha estudiantil de 2011, estuvo peor aún. Varios de sus principales dirigentes, hoy diputados, estuvieron presentes y firmaron el acuerdo parlamentario. Tal el caso de Gabriel Boric (del partido Convergencia Social, uno de los principales integrantes del Frente Amplio) y Giorgio Jackson (de Revolución Democrática, otro de sus sectores mayoritarios). Esto generó una fuerte crisis dentro del propio Frente Amplio. Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, rompió con Convergencia Social junto a un grupo de militantes. E incluso se dio el caso de que Beatriz Sánchez, la ex candidata a presidenta, resultó abucheada y echada de una asamblea popular.

Crece el rechazo al acuerdo

La Mesa de Unidad Social (MUS), por su parte, rechazó correctamente el acuerdo. Si bien en su interior participan dirigentes sindicales y estudiantiles tanto del PC como del Frente Amplio, la presión de las bases es enorme. Incluso recientemente rompieron con la MUS dirigentes estudiantiles de la Confederación de Estudiantes Secundarios. Tal y como viene sucediendo desde el comienzo de las movilizaciones, otra vez se quedó a mitad de camino, al seguir negándose a levantar la consigna ¡Fuera Piñera! Sin embargo, la bronca popular obligó a la MUS a llamar a una huelga general para el próximo jueves 21.

El repudio al gobierno es masivo: la consigna “¡Fuera Piñera!” se canta en todas las manifestaciones y se vota en las asambleas barriales y territoriales. Como bien dicen nuestros compañeros del MST de Chile, esa es la tarea número uno, para hacer realidad la satisfacción del conjunto de los reclamos populares, entre ellos el de convocar a una asamblea constituyente libre y soberana. Porque, como señalan en su última declaración “Llegó la hora de que el inmenso poder generado en las calles sea el que tome las riendas del país. Que los trabajadores, las trabajadoras, la juventud, las mujeres, los mapuches y todos los sectores populares, en suma, todos los que hoy día están luchando, conquisten el gobierno y pongan las riquezas del país para solucionar las demandas que reclama la calle.”

Desde Izquierda Socialista seguimos convocando a apoyar la heroica lucha del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud de Chile.

Escribe Claudio Funes

El legislador provincial de Córdoba Ezequiel Peressini de Izquierda Socialista/FIT, viajó a Chile para llevar la solidaridad al pueblo movilizado. La visita es continuidad de la que hicieron anteriormente Mónica Schlotthauer, diputada nacional, y Mercedes De Mendieta, legisladora electa por la ciudad de Buenos Aires, ambas integrantes de Izquierda Socialista.

Peressini estuvo presente el pasado lunes 18 de noviembre en la multitudinaria protesta en Plaza Italia (rebautizada Plaza de la Dignidad por los luchadores), junto con nuestros compañeros y compañeras del MST de Chile, integrante de la Unidad Internacional de los Trabajadoras y Trabajadores (UIT-CI). Como parte de sus actividades, Ezequiel también estuvo en Valparaíso donde participó de reuniones con trabajadores portuarios y con integrantes de las asambleas de la ciudad.

El parlamento, ese engendro corrompido por el dinero de los ricos, que nunca votó una ley a favor del pueblo, nos quiere volver a engañar proponiendo un plebiscito para ver si queremos una nueva constitución cuando en realidad ¡hace 30 días que el pueblo viene votando con sus movilizaciones que se vaya Piñera! […]

Rechazamos este acuerdo porque:
- Significa, por omisión, un apoyo total a Piñera de los partidos de la oposición que lo suscriben. Es un acuerdo entre cuatro paredes, para mantenerlo en el poder, porque parte por reconocer a este gobierno como legítimo interlocutor y niega, por tanto, cualquier posibilidad de sacarlo como piden millones en las calles. […]

- No acordaron ninguna medida económica inmediata, como terminar con la cesantía, los bajos sueldos, el alto endeudamiento, las pensiones de miseria, y el saqueo de los derechos sociales y los recursos naturales, junto con las privatizaciones. […]

- Nada dice acerca de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas por militares y carabineros. […]

- La propuesta de plebiscito es diseñada para el próximo año, esperando que en estos meses se desactive la masiva movilización nacional. Además, esperan que les dé tiempo para reprimir impunemente a quienes nos manifestamos en contra, silenciar a la oposición de izquierda, y desarmar las asambleas territoriales y barriales que cuestionan el acuerdo.

- […] Las dos opciones del acuerdo son una maniobra para defender el legado de Pinochet. En el caso de que sea Convención Ciudadana (lo más parecido a Asamblea Constituyente), el quórum para cambiar la constitución actual es de 2/3 y esto impide cualquier cambio pues le da poder de veto a Piñera y la UDI o, lo que es lo mismo, sólo puede haber un cambio si los grupos económicos lo aceptan. La otra opción es que la mitad de los delegados sean parte del corrupto parlamento. Ni la una, ni la otra, permitirá realmente cambiar esta constitución y ponerla al servicio del pueblo, de la clase trabajadora, los pueblos originarios, la juventud, las disidencias y las mujeres. La verdadera asamblea constituyente soberana será aquella convocada por el pueblo movilizado que previamente haya terminado con el gobierno de Piñera.

La Mesa de Unidad Social (MUS) ha rechazado el acuerdo. Saludamos este rechazo pero otra vez se quedan a mitad de camino ya que siguen sin levantar el que se vaya Piñera que es el reclamo generalizado del movimiento y no le ponen fecha a la huelga nacional que mencionan. […]
Por esto, desde el MST llamamos a rechazar este acuerdo. A seguir más movilizados que nunca; construyendo, fortaleciendo, y coordinando a nivel nacional las asambleas territoriales y organismos de base que han surgido en estos días de lucha para que se transforme en la alternativa de conducción autónoma nacional, que la gran movilización necesita […]

¡Fuera Piñera!
¡No al corrupto acuerdo!
¡Por un plan económico de emergencia obrero y popular!
¡Juicio y castigo a todos los milicos, pacos y responsables políticos de las violaciones a los derechos humanos!
¡Por una verdadera asamblea constituyente libre y soberana convocada por el pueblo movilizado!
¡Por un gobierno de los que luchan, de los trabajadores y trabajadoras y sectores populares!

17 de noviembre de 2019

*Ver declaración completa en http://www.uit-ci.org/index.php/noticias-y-documentos/95-declaraciones/2411-2019-11-19-14-03-13

Escribe Guido Poletti

Las movilizaciones populares en Chile ponen énfasis en “los 30 años”, refiriéndose al tiempo de vigencia que lleva la constitución pinochetista promulgada en 1980. Este texto fue supuestamente “aprobado” por el 65,71% en un plebiscito ese año, en medio de la dictadura, sin registros electorales, ni la posibilidad de hacer ningún tipo de campaña en contra.

La constitución del ‘80 planteaba la existencia de senadores vitalicios nombrados por la dictadura, entre ellos el propio Pinochet, y de otros designados por las propias Fuerzas Armadas. También establecía la “inamovilidad” de los jefes militares de la dictadura. Estas cláusulas recién serán derogadas en 1989. Pero hay muchas otras, las que sientan las bases del modelo económico chileno, que siguen vigentes. Así, el artículo 19 plantea que el Estado se retira de la entrega de servicios sociales como la salud, la educación o las jubilaciones, dejándolas en manos privadas, e interviniendo “sólo subsidiariamente”. Ahí está la base de lo que existe en la realidad, escuelas, centros de salud y AFP (fondos jubilatorios) privados, para ricos y un deterioro absoluto, orillando con la inexistencia, en el ámbito estatal.

La constitución de 1980, además, le otorga al presidente poderes casi dictatoriales: tiene la atribución exclusiva en la presentación de los proyectos de ley en los temas más importantes, como los económicos. No existe, además, la figura jurídica de “renuncia” del presidente, que sólo puede ser removido por medio de un complejísimo proceso, casi imposible de realizar.

La misma constitución no contempla el llamado a una constituyente para modificarla. Los cambios sólo los puede realizar el propio Congreso por mayoría de 2/3 de sus miembros y no se contempla llamado a plebiscito alguno.

Lo que pasó después de Pinochet

Pinochet lograría permanecer en el poder casi una década más. Finalmente, terminó llamando a un nuevo plebiscito, donde planteaba quedarse hasta 1997, pero esta vez fue derrotado por el “no”. Así se abrió una transición muy regimentada, bajo el marco jurídico de la constitución de 1980, tras algunos pequeños cambios consensuados entre Pinochet y los distintos partidos de la oposición patronal de entonces.

A partir de ese momento gobernó la “Concertación” entre el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, junto con otras fuerzas menores. Pasaron los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-2010). Luego se produjo el primer triunfo de las fuerzas de la derecha, asumiendo Sebastián Piñera (2010-2014). Al término de su mandato, volvió a ganar Michelle Bachelet (2014-2018), ahora con una coalición ampliada llamada Nueva Mayoría, también integrada por el Partido Comunista, que llegó a tener dos ministros en el gabinete. Las últimas elecciones presidenciales marcaron el retorno de la derecha al gobierno, otra vez con Sebastián Piñera, en 2018.

Como vemos, pasaron 30 años de vigencia de la constitución pinochetista y casi 20 de gobiernos elegidos por el voto, la mayoría de ellos de la Concertación, y nada cambió. Hoy el pueblo trabajador en las calles dice basta y exige que se vaya Piñera. Pide también, junto a un conjunto muy grande de demandas populares, el llamado a una constituyente libre y soberana. Para terminar con la constitución de la dictadura, incluyendo con su método amañado y dictatorial de “reformarla”. Correctamente, el pueblo chileno movilizado plantea que deben ser ellos mismos, sin ninguna restricción, los que elijan quiénes y cómo debe redactarse una nueva constitución.