Condenamos rotundamente la pretensión del gobierno yanqui de interferir en la política interna venezolana mediante maniobras en las que alega falsamente preocupación por la corrupción o las violaciones a los DDHH. La condición del gobierno estadounidense, en tanto es el mayor violador de los DDHH en el mundo, protagonista de invasiones genocidas, bombardeos indiscriminados contra la población civil y sostén de oprobiosas dictaduras en todo el mundo, desmienten las pretendidas intenciones de Obama de proteger los DDHH o la democracia en nuestro país.

Ante la represión y el recorte de las libertades democráticas es el pueblo venezolano el que saldará cuentas con sus opresores y explotadores, no el gobierno yanqui, que históricamente ha avalado las peores atrocidades contra nuestro pueblo, apoyado regímenes asesinos y dictaduras durante todo el siglo XX en nuestro país, y formado a asesinos y torturadores en la Escuela de las Américas.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), ha emitido un comunicado ambiguo y vergonzoso en el que no llegan a repudiar claramente la injerencia yanqui ni las sanciones impuestas por Obama. Se ratifica el carácter proimperialista de ese bloque partidista, pese a los intentos de algunos dirigentes de sus partidos de tomar distancia de las sanciones.

El gobierno de Maduro ha aprovechado la medida injerencista para desatar un discurso engañoso acerca de la inminencia de un ataque militar yanqui o de un eventual bloqueo a nuestro país. Valiéndose de esta propaganda ha aprobado una Ley Habilitante para permitir al Ejecutivo legislar. Responsablemente debemos decir que no existe ningún indicio de que el gobierno de Obama esté preparando en estos momentos una agresión militar contra nuestro país. Las propias acciones del gobierno corroboran esto: el pasado mes de febrero la venta de petróleo venezolano a Estados Unidos aumentó en un 8% con respecto al mes de enero; hace pocas semanas el gobierno, a través de Cencoex, otorgó 400 millones de dólares a las empresas automotrices, varias de ellas gringas; igualmente, el pasado año el gobierno venezolano firmó acuerdos con tres de las más grandes empresas de servicios petroleros norteamericanas, la tristemente célebre Halliburton, principal beneficiaria de la invasión a Irak, Weatherford y Schlumberger. Con esta última, hace sólo dos semanas, el gobierno firmó una extensión de la línea de crédito aprobada en el 2014, y en la actualidad, se estaría negociando en Wall Street un canje de oro de las reservas internacionales venezolanas para obtener divisas, con un descuento de 7% con respecto al precio internacional del oro. Por otra parte, debido a la caída de la producción de Alcasa y Venalum, desde hace años el gobierno venezolano le compra aluminio a la transnacional norteamericana Alcoa. Todo ello deja en evidencia que no hay ninguna medida adoptada por el gobierno de Maduro que indique una preparación defensiva ante un ataque inminente.

La realidad, como ya hemos dicho antes a propósito del supuesto "golpe suave" y la "guerra económica", es que el gobierno intenta levantar una cortina de humo, esta vez tratando de insuflar los ánimos nacionalistas del pueblo venezolano, para distraer la atención del desabastecimiento y las largas colas, de los despidos en numerosas empresas públicas y privadas, de la elevada inflación que carcome los salarios, del desastre de los servicios, y demás calamidades que padece el pueblo trabajador.

Por otra parte, la sanción aplicada por Obama se explica en función de la política interna yanqui. Agobiado por escándalos, debilitado en sus negociaciones con Irán por las maniobras del partido Republicano, presionado por los oponentes al acercamiento con Cuba, Obama lanza una limitada agresión en el plano diplomático contra Venezuela. Sin que ello indique planes para una agresión militar, o un cambio en su política de conjunto, patrocinando el proceso de negociaciones entre el gobierno colombiano y las Farc y avanzando hacia el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba.

Maduro en el corto tiempo que ha ejercido la presidencia ya contó con otra Ley Habilitante, supuestamente para combatir la corrupción y atender la crisis económica. Ambos fenómenos se han agravado y la Habilitante no sirvió para absolutamente nada. Y en un contexto de aplicación de un drástico ajuste contra el pueblo, que incluye maxidevaluación monetaria, aumentos en los precios de los alimentos en acuerdo con los empresarios, aumentos del transporte y los servicios públicos, y un inminente aumento de la gasolina; sumado al recorte de las libertades democráticas y agudización de la criminalización de las luchas sociales, la Habilitante en manos del gobierno se convierte en una peligrosa amenaza para los intereses de los trabajadores, los campesinos, los indígenas y habitantes de los sectores populares. Por estas razones, rechazamos la aprobación de una nueva Ley Habilitante.

Llamamos a las organizaciones obreras y populares a repudiar cualquier injerencia del gobierno de EEUU en la política interna venezolana y a denunciar la Habilitante "antiimperialista" de Maduro, que sólo servirá para profundizar el ajuste y el recorte de las libertades democráticas en nuestro país. Para enfrentar al imperialismo no hace falta dicho instrumento en manos de los mismos que pactan con las transnacionales y comprometen nuestra soberanía. La única forma de parar en seco al imperialismo y defender nuestros derechos es con la movilización y la lucha en la calle, enfrentando el ajuste, exigiendo la rescisión de los leoninos contratos de empresas mixtas en el sector petrolero, que vulneran nuestra soberanía, para que nuestra industria sea 100% estatal sin empresas mixtas ni transnacionales; eliminando el tratado contra la doble tributación con EEUU; no pagando la deuda externa a los bancos transnacionales, y expulsando a las empresas imperialistas de nuestro territorio.