Escribe Clara, Ambiente en Lucha (Izquierda Socialista e independientes)

A partir de una propuesta que llevamos junto a compañeres de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) y en articulación con numerosas asambleas socioambientales, lanzamos la campaña plurinacional contra la adhesión al RIGI, que rápidamente cosechó el apoyo de comunidades indígenas, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas de todo el país. Así de necesario era construir una respuesta unitaria frente a este paquete de condiciones para el saqueo, votada recientemente por el Congreso Nacional.

La pelea contra el RIGI aún no está definida, sino que todavía debe ser votada por cada provincia y municipio. Por ahora sólo la provincia de Río Negro, apresurada por disputar la planta de GNL de YPF, votó la adhesión provincial. Aunque muchas provincias desde entonces debaten hacer lo mismo. En particular Buenos Aires, que rapiña esa misma inversión con Río Negro. La campaña implica una exigencia concreta hacia los representantes de los espacios políticos, en particular del peronismo, que se llenaron la boca hablando contra el RIGI cuando se trató en el Congreso y ahora estarían abriéndole las puertas en sus provincias.

Desde el movimiento socioambiental salimos a denunciar que el RIGI no significa ningún progreso, sino destrucción ambiental, profundización de las desigualdades y de los conflictos en los territorios. Este régimen de beneficios para las empresas contempla la jerarquización de sus actividades extractivistas para el uso del agua, la energía y el suelo, por encima de las necesidades de los pueblos, su gente y sus actividades productivas locales, que también se verán afectadas.  

Este paquete es además inconstitucional, ya que violenta derechos reconocidos en la Constitución Nacional como la “no regresividad en materia de ambiente”, así como tratados internacionales vinculados a derechos ambientales, de acceso al agua y de derechos humanos. Vulnera también el derecho a la consulta libre e informada a las comunidades indígenas que habitan los territorios (convenio OIT), el derecho a la información y participación en la toma de decisiones de los pueblos sobre los territorios donde viven (Acuerdo de Escazú), y pretende pasar por encima de legislaciones locales de protección ambiental conseguidas con décadas de lucha.

La Campaña convoca a realizar acciones en cada territorio del 1 al 7 de agosto para visibilizar esta importante pelea. Reforcémosla en todo el país para exigir a diputados y legisladores que rechacen este paquete armado a medida de las multinacionales y el extractivismo.

Compartimos de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS)

El gobierno provincial de Martín Llaryora y la justicia local buscan avanzar en la criminalización de les compañeres que le vienen poniendo el cuerpo a la defensa de los territorios. Las Asambleas del Valle de Punilla hace años están organizadas y han enfrentado el desmonte, y en los últimos tiempos en particular los ataques de quienes quieren avasallar todo al paso de la construcción de la “Autovía de Montaña”, parte del plan del grupo IRSA para conformar un corredor bioceánico que potencie el saqueo extractivista.

A los cotidianos ataques que sufren por parte de las bandas de los especuladores inmobiliarios, como el reciente incendio de una vivienda en Balcón de Punilla, hace tiempo viene sumándose también el brazo judicial imputando a defensores ambientales. En esta oportunidad, seis compañeres están atravesando una denuncia por parte de las autoridades locales, buscando la cárcel de les activistas y el amedrentamiento de las asambleas. Se trata de antecedentes gravísimos en el marco de la creciente hostilidad del gobierno nacional y provincial a quienes defienden los territorios, tal como lo expresó el presidente Javier Milei el 9 de Julio en la firma del pacto al que se prestó también el gobernador cordobés.

Les compañeres están siendo convocados a declarar en un juzgado a 200 kilómetros de distancia encareciendo los ya elevados costos del proceso de defensa. Y por eso están impulsando una colecta de fondos a la que invitamos a sumarse. Así mismo, se están juntando firmas en un pronunciamiento por el cierre de las causas (dejamos en historias y linktree). Proponemos desde BFS además impulsar una campaña de subida de fotos con mensajes de apoyo como “Basta de perseguir a les defensores ambientales de Punilla”, “defender el monte no es delito”.

Todo nuestro apoyo a les compañeres de Punilla y de cada rincón del país donde se lleve adelante la protección de los bienes comunes y los territorios frente a la depredación extractivista.

El gobierno provincial cordobés de Martín Llaryora y la justicia local buscan avanzar en la criminalización de les compañeres que le vienen poniendo el cuerpo a la defensa de los territorios. Las Asambleas del Valle de Punilla hace años están organizadas y han enfrentado el desmonte, y en los últimos tiempos en particular los ataques de quienes quieren avasallar todo al paso de la construcción de la "Autovía de Montaña", parte del plan del grupo IRSA para conformar un corredor bioceánico que potencie el saqueo extractivista.

A los cotidianos ataques que sufren por parte de las bandas de los especuladores inmobiliarios, como el reciente incendio de una vivienda en Balcón de Punilla, hace tiempo viene sumándose también el brazo judicial imputando a defensores ambientales. En esta oportunidad, seis compañeres están atravesando una denuncia por parte de las autoridades locales, buscando la cárcel de les activistas y el amedrentamiento de las asambleas. Se trata de antecedentes gravísimos en el marco de la creciente hostilidad del gobierno nacional y provinciales a quienes defienden los territorios, tal como lo expresó el presidente Javier Milei el 9 de Julio en la firma del pacto al que se prestó también el gobernador cordobés.

Les compañeres están siendo convocados a declarar en un juzgado a 200km de distancia encareciendo los ya elevados costos del proceso de defensa. Y por eso están impulsando una colecta de fondos a la que invitamos a sumarse. Así mismo, se están juntando firmas en un pronunciamiento por el cierre de las causas. Proponemos desde BFS además impulsar una campaña de subida de fotos con mensajes de apoyo como "Basta de perseguir a les defensores ambientales de Punilla", "defender el monte no es delito".

Todo nuestro apoyo a les compañeres de Punilla y de cada rincón del país donde se lleve adelante la protección de los bienes comunes y los territorios frente a la depredación extractivista.

¡Fuerza Asamblea Ambiental Santa María y Asambleas De Punilla!

Escribe “Tata” Gayone, Izquierda Socialista y Ambiente en Lucha Bahía Blanca

El 21 y 22 de junio de 2024, se realizó en Bahía Blanca el 3º Encuentro de la Red de Comunidades Costeras, con la participación de sesenta integrantes representando a veinte asambleas y agrupaciones que habitan los territorios costeros desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego y la Colectiva ribereña de la localidad de Magdalena.

Los debates  estuvieron centrados en la defensa del mar y los territorios costeros, intercambio que se vio fortalecido por la participación de nuevas localidades que informaron sobre la situación social, política y ambiental que se está enfrentando en cada provincia, proponiendo ejes de acción y estrategias para fortalecer y organizar la resistencia a los proyectos petroleros extractivistas.

Se rechazó la continuidad de la fase exploratoria petrolera que se está llevando adelante en aguas ultraprofundas, cercanas a las costas de las provincias de Buenos Aires y Tierra del Fuego; la ampliación del polo petroquímico y el puerto petrolero en Bahía Blanca, Ingeniero White y Puerto Rosales. El encuentro también se pronunció contra la instalación de la planta de GNL de la multinacional malaya Petronas e YPF y el intento de avance del proyecto Vaca Muerta Oil Sur, que implicaría la construcción de un oleoducto, desde Vaca Muerta hasta Punta Colorada.

Se resolvieron dos ejes  de acción: la articulación entre la lucha de las comunidades que defienden sus territorios y los sectores que  enfrentan el plan Motosierra del gobierno de Milei, el RIGI y la Ley Bases, el Protocolo represivo de Bulrich y la extensión de los proyectos de educación ambiental, que ya se venían desarrollando.

La radio abierta en Plaza Rivadavia dio cierre al encuentro en una tarde muy fría, que se fue animando al calor de las intervenciones de cada comunidad costera y las presentaciones musicales. Las palabras de Mónica Dambolena, madre de Juan Cruz Manfredini,  una de las víctimas de la precarización laboral impuesta por las  empresas al servicio del puerto y el polo petroquímico, dejaron en claro la complicidad del gobierno, la justicia y los organismos de control. Las inversiones de las multinacionales lejos de mejorar la vida de las comunidades contaminan y matan, dejándonos cada vez más pobres. Complicidad en favor de las multinacionales que llevó al intendente bahiense del Frente de Todos a convocar a todas las fuerzas políticas, universidades, sindicatos y cámaras empresariales a apoyar la instalación de la Planta exportadora de GNL de Petronas en Ingeniero White, dando por sentada la necesidad de aprobar el RIGI.

A los acuerdos extractivistas por arriba, el encuentro le respondió con la rotunda defensa de los derechos adquiridos, la exigencia de la libertad para las y los cinco detenidos y el desprocesamiento para todos los que luchan.

Desde Ambiente en Lucha participamos del Encuentro y nos disponemos a difundir e impulsar las resoluciones que allí se tomaron.                 

Escribe Clara de Ambiente en Lucha

El buque “Valaris DS17” que llegó a fines de abril a nuestra costa, ya se encuentra realizando la perforación del pozo “Argerich 1” a 4.000 metros de profundidad, en el bloque CAN 100 (300 kilómetros de Mar del Plata), con el fin de extraer material geológico para determinar la existencia de petróleo, que en caso de confirmarse podrían comenzar a extraer después del 2030. La empresa accionaria principal y también encargada de la operatoria de perforación es la estatal noruega Equinor, aunque se asocia en este proyecto a YPF y Shell.

La perforación implica un gran despliegue, dos buques de apoyo que movilizan materiales y mercadería, helicópteros que trasladan a 200 trabajadores, para lo cual se le cedió a la empresa el uso del puerto y el aeropuerto de Mar del Plata. Además el buque fue recibido con celebraciones por parte del gobierno municipal de PRO y provincial del peronista Axel Kicillof, escoltado y blindado por la Prefectura en los días previos al inicio.

Si bien la explotación hidrocarburífera off shore ha sido prohibida en varios países por sus pasivos ambientales, Equinor evalúa como escasos los riesgos potenciales de daño, aclarando por las dudas que en caso de suceder derrames éstos serían empujados por las corrientes hacia el este. Poca confianza nos da el pronóstico de la propia empresa teniendo en cuenta los casos de desastres en México, Perú, Brasil, donde fueron afectadas gravemente la biodiversidad, la pesca, la salud y el turismo.

Mientras se realiza la perforación del “Argerich 1”, se está realizando en simultáneo la exploración sísmica previa en Tierra del Fuego, al igual que en el bloque CAN 102 lindero al Uruguay. Este es el puntapié inicial del mega proyecto off shore, que contó con el aval del gobierno peronista de Fernández y el Ministerio de Ambiente de Cabandié, así como previamente del de Macri y hasta los Kirchner. Como sabemos el extractivismo es la agenda en común de todo el arco político patronal y solo es denunciado por la izquierda y las asambleas socioambientales que vienen consolidándose tras años de lucha.

El 4 de junio, como todos los 4, la red de comunidades costeras se movilizó en un nuevo Atlanticazo, desde la costa bonaerense hasta Tierra del Fuego, llamamos a reforzar esta campaña para denunciar que no hay licencia social para entregar el mar a las petroleras.