Escribe Liliana Olivero Candidata a diputada nacional Izquierda Socialista • Frente de Izquierda • Córdoba

El pasado jueves 31 de agosto la policía realizó una serie de allanamientos en los locales de diversas organizaciones políticas, sociales y culturales bajo la orden del fiscal Gustavo Dalma, llevándose detenidos a miembros de estas agrupaciones y secuestrando objetos (folletos, banderas, entre otros).

Gran revuelo causó ver en los medios la imagen de Cristina en una misa sosteniendo una fotografía de Santiago Maldonado. Muchos de nuestros compañeros, amigos y familiares calificaron la actitud de la ex presidenta de diversos modos pero sin ocultar una sensación de bronca e indignación. Porque con el caso Maldonado se nos vienen a la cabeza Julio López, Miguel Bru, Luciano Arruga y tantos otros “desaparecidos”.

En las últimas semanas y, en especial, el viernes 1° de septiembre, nos hemos encontrado en la calle a miles de compañeros kirchneristas marchando por la aparición de Santiago Maldonado. Debemos seguir juntos para cerrarle el paso a la represión del gobierno macrista. Al mismo tiempo, es necesario abrir un debate sobre cuál fue la verdadera política de Cristina y los líderes kirchneristas respecto de la represión y los
derechos humanos.

La presión social y las movilizaciones obligaron a las autoridades a tomar el testimonio de la perseguida comunidad mapuche de Pu Lof en el caso de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El joven Matías Santana declaró el martes 5 de septiembre ante el tribunal que lleva el caso que vio cómo los represores de la Gendarmería golpeaban y se llevaban a Maldonado secuestrado en una camioneta. La comunidad ya venía denunciando

Cada día que pasa se va ratificando la responsabilidad de la Gendarmería Nacional y el gobierno de Macri en la desaparición de Santiago Maldonado. Se van cayendo todas las hipótesis con las que el juez federal de Esquel, Guido Otranto, escandalosamente a cargo de la investigación a pesar de haber sido el mismo que ordenó la represión; la fiscal Silvina Alejandra Ávila, y la propia ministra de Seguridad Patricia Bullrich utilizaron desde el primer día para tratar de desviar la responsabilidad de Gendarmería.