Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

Cada vez se conocen más datos del desfalco de Vicentin. Aparte del préstamo de 18.000 millones de pesos del Banco Nación y el no pago de lo adeudado a 2.600 productores, se descubrió que vendió parte de las acciones de Renova, una empresa ligada al grupo, por 122 millones de dólares, y ese dinero fue a sus accionistas, no a pagar deudas. Directivos del Nación denunciaron que recibió más de trescientos préstamos irregulares. También Vicentin sacaba la soja para exportar desde Paraguay para evadir impuestos, porque en el país vecino no se pagan retenciones ni IVA. Pero a pesar de todo esto el gobierno retrocedió con su propia definición de la expropiación. Solo queda una intervención que ya ni siquiera es tal, porque un juez pasó a los interventores oficiales como veedores y se repusieron los directivos de Vicentin. Ahora el gobernador Perotti presentó la propuesta de cambiar a los directores, no a los accionistas, dejando claro que no es ningún ataque a la “propiedad privada”. Es decir, más que “reformular” la propuesta, el gobierno está retrocediendo de sus propios dichos. A tal punto que el titular de Coninagro dijo que el presidente habría dado “un giro a la derecha”.

Detrás de las razones de este retroceso hay muchas versiones. Si el gobierno lo hizo después de los banderazos y la decisión del juez que rechazó la intervención, porque no le daban los votos para aprobar la ley en caso de enviarla al Congreso, o si se debe a que Alberto Fernández está entre fuegos cruzados al interior de su propio gobierno, Perotti por un lado (posición más conservadora), o el fogoneo de la expropiación por parte del kirchnerismo. Pero la razón central hay que buscarla en el consabido doble discurso del peronismo del Frente de Todos, anunciar una cosa y hacer otra. O lo peor, anunciar una expropiación y ante la menor crítica archivar la propuesta.

Es el propio presidente quien dijo varias veces que su objetivo era “salvar a la empresa” y que en todo caso si la expropia es para formar una sociedad mixta donde se cambien los malos nombres de los actuales empresarios por otros. Pero lo único que hay es una mera intervención. A tal punto que salió una solicitada con ese eje solo (ninguna mención a la palabra expropiación) firmada por Daer, Cavalieri, Caló, Pignanelli, Moyano, pasando por Yasky, Baradel, Cachorro Godoy y hasta Pianelli, del subte, y Daniel Yofra, de la Federación de Aceiteros.

Este retroceso se une a que el gobierno también desactivó el impuesto a la riqueza, tantas veces anunciado y nunca concretado, mientras acordó una rebaja salarial de 25% junto a la UIA y la CGT. Ahora el pago del aguinaldo en cuotas después de subsidiar el 50% de los salarios a grandes empresas y multinacionales, generando insatisfacción hasta en sus propios votantes.     

Por qué hay que estatizar 100% a Vicentin

Porque es una necesidad para resguardar los miles de puestos de trabajo, pagar las deudas a los pequeños chacareros, para que devuelva los 300 millones de dólares al Nación y, fundamentalmente, para que sus grandes facturaciones de entre 3.000 a 4.000 millones de dólares anuales no se vayan a sus accionistas, al lavado de dinero o al exterior, sino que vayan para beneficio del país y el pueblo trabajador.

Macri, la UCR, la Sociedad Rural y los grandes empresarios agitan que se está “violando la propiedad privada” de Vicentin con el claro objetivo de salvar a la empresa. Bajo el gobierno anterior se atacaba todos los días la “propiedad privada” de millones con el robo a los salarios y las jubilaciones, se aplicaban brutales tarifazos al servicio de la “propiedad privada” de las privatizadas y se endeudó sideralmente para aumentar la propiedad privada de los usureros internacionales. Por eso no van las medias tintas. Proceder a estatizar Vicentin es clave. Y que sea en un ciento por ciento. Es la única propuesta “superadora” de la que tanto se habla.

Cuando el gobierno dice que hay que “rescatar” a la empresa vía una sociedad mixta (Estado y capitales privados) va a significar que el Estado siga poniendo plata para salvar las ganancias capitalistas. Uno de los directores del Central, el centroizquierdista Claudio Lozano, habla de crear una empresa “pública no estatal”, que sería más o menos lo mismo. Ojo con estas trampas.

Que pase a manos del Estado es para que las grandes ganancias que se hacen con el negocio agroexportador y alimentario queden para el país, lo que permitiría ahora, por ejemplo, destinarlas para la salud, los hospitales y la emergencia. Y para evitar que haya corrupción o negociados, como pasó en Aerolíneas con el manejo de La Cámpora. Vicentin ciento por ciento estatal debe ser controlada, gestionada y administrada por sus trabajadores y pequeños chacareros, los únicos interesados en que funcione de manera transparente y bajo el interés nacional. Medida que debería ser un primer paso para avanzar en la nacionalización del comercio exterior y que sea monopolizado por el Estado. Para quitarle el manejo millonario de ese gran negocio a las multinacionales yanquis como Cargill y Bunge, la francesa Dreyfus y la china Cofco. Esa es la política que postulamos desde Izquierda Socialista y que hizo el proyecto de ley el Frente de Izquierda Unidad, el único presentado para ajustar cuentas de verdad contra estos empresarios “vivos” que siguen quedando en la impunidad.

Lo comunicó el gobernador Perotti tras una reunión en Olivos. Alberto Fernández ahora apoya la propuesta de una nueva intervención a través de la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, señaló: "El gobierno nacional sigue haciendo buena letra con los grandes empresarios. Después de anunciar la intervención y decir que no quedaba otra que “expropiar” a Vicentin para mantener los puestos de trabajo y generar una empresa testigo para la soberanía alimentaria, se echó atrás. Solo habla de “rescatar” a la empresa. ¿Rescatar a empresarios mafiosos que estafaron al Banco Central, ponen en peligro miles de puestos de trabajo y no le pagaron a miles de pequeños chacareros?”

Giordano, agregó: “Esta decisión va de la mano de otra, la de no hablar más del famoso “impuesto a la riqueza” que tanto anunció y nunca presentó siquiera un proyecto en el Congreso. O de hablar de ayudar a la explotadora Latam que anunció el despido de 1.700 trabajadores. Estamos en presencia de un gobierno del doble discurso que salva a las patronales y ataca a los trabajadores como lo hace ahora anunciando el pago en cuotas del aguinaldo y diciendo que ni siquiera va a mantener los $10.000 del miserable IFE.”

Giordano, finalizó: “Desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda planteamos que hay que estatizar Vicentin en un 100% sin indemnización, bajo control de sus trabajadores. Y que hay que imponer un impuesto a los bancos y multinacionales ya para recaudar 20.000 millones de dólares para destinar a la emergencia. Hacen falta medidas de fondo, no más condescendencia con las grandes patronales”.

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La aerolínea Latan Argentina anunció que cierra la filial local y deja de operar en los vuelos de cabotaje y de carga aunque mantendrá las operaciones internacionales. Alega la brutal decisión por “el impacto de la pandemia” y ha presentado un Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Trabajo de la Nación para lograr prebendas y legalizar los despidos.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: “Latam despide de esta forma a 1.700 trabajadores y está estafando a quienes ya compraron y pagaron pasajes a futuro. Latam tiene una flota de 3 aviones Airbus 320 y 8 Boeing 767. Ahora cierra y deja en la calle a cientos de trabajadores y quiere seguir sacando pasajeros al exterior con una completa impunidad”.

Giordano señaló: “Latam es parte de la impunidad de la que gozan y se manejan estas compañías. Se debe obligar a que la empresa retroceda con esta decisión, garantice la continuidad y pago de los salarios de sus 1.700 trabajadores y en caso de que se niegue se la debe estatizar para que todos sus activos nacionales e internacionales pasen a manos del Estado y junto a Aerolíneas Argentinas se conforme una aerolínea de bandera para recuperar un servicio esencial al servicio de los usuarios y no de empresarios inescrupulosos, bajo control de sus trabajadoras y trabajadores”.

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Escribe Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo Izquierda Socialista/FIT Unidad

El gobierno emitió un decreto de necesidad y urgencia disponiendo la intervención de la empresa Vicentin S.A.I.C. Sus activos estarán a cargo de un fondo fiduciario manejado por YPF Agro y enviará un proyecto al Congreso para declararla de utilidad pública sujeta a expropiación.

La medida generó un revuelo enorme y provocó un debate alrededor de qué se debería hacer ante estos casos y cuál es la salida de fondo con estos empresarios que vienen manejando una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales que luego de ser beneficiada por un crédito de 18.182 millones de pesos por el Banco Nación en el gobierno de Macri, entró sorpresivamente en cesación de pagos después de ser líder en exportación por varios años, con empresas de acopio y puerto propio.

Desde ya, en primer lugar, repudiamos al PRO y a los políticos de Cambiemos que ante el anuncio salieron a decir que la medida era “ilegal, inconstitucional y viola la propiedad privada”, los mismos que cuando fueron gobierno le dieron créditos ilegales e irregulares violando las propias disposiciones del Banco Central para el otorgamiento de préstamos a grandes empresas. A tal punto que su ex presidente González Fraga está imputado por ello. Los que dicen que se violaría “la propiedad privada” usaron al Banco Nación con fondos públicos para salvar la “propiedad privada” de este grupo empresario que hasta llegó a tener una productora de cine que hizo una película sobre el Papa.

Estatización al 100% bajo control de trabajadores y pequeños productores

Nos preguntamos: ¿la salida es la intervención y/o solo la expropiación? ¿O hay que ir a fondo con la estatización sin indemnización poniendo a Vicentin bajo control de sus trabajadores? Esta es la cuestión.

Por ahora lo único cierto es que la empresa ha sido intervenida. La expropiación se verá, ya que el gobierno envió un proyecto al Congreso que podrá salir o no.

Alertamos sobre un posible “rescate” con el objetivo de que el Estado se haga cargo de las pérdidas y salve a los acreedores mediante el pago de una suma que asciende a 1.300 millones de dólares. Muchos acreedores son bancos ligados al Banco Mundial y al Banco de Fomento Europeo. El propio diario Clarín que hace campaña contra la expropiación lo admite: “Es cierto que la iniciativa oficial trae cierto alivio a una gran masa de acreedores y en particular a la banca internacional” (Héctor Huergo, 9/6).

Desde Izquierda Socialista estamos de acuerdo en la necesidad de expropiar a Vicentin pero se debe ir a fondo. En primer lugar, no se debe pagar ninguna indemnización ni perdonar la deuda. No puede haber ningún rescate para estos empresarios, entre ellos la multinacional suiza Glencore, que siendo parte de la empresa fue socia de esos créditos fraudulentos. En segundo lugar, hay que avanzar en una completa estatización para que en un ciento por ciento la empresa siga produciendo bajo estricto control de sus trabajadores y pequeños chacareros, no a través de una empresa mixta que como ya sabemos siempre termina beneficiando al sector privado y no a los trabajadores y al país. El famoso sistema de “empresas mixtas” tanto acá como en el mundo es para que el Estado se haga cargo de las pérdidas y el capital privado se lleve las ganancias.

Las mal llamadas “estatizaciones” kirchneristas de YPF, Aerolíneas y otras terminaron en eso. No fueron nacionalizaciones sino compras accionarias, incluso con indemnizaciones millonarias como se hizo con Repsol. Tampoco estuvieron al servicio de un plan económico dirigido en recuperar el patrimonio nacional, como por ejemplo reestatizar las privatizadas, empresas estratégicas, los puertos o nacionalizar el petróleo y el gas.

¿Y la soberanía alimentaria?

El gobierno dice que esta medida va a garantizar la soberanía alimentaria. “Le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario”, dijo Alberto Fernández. También va a ser “un caso testigo en el mercado de cambios” agregó el ministro Kulfas. Un argumento que cae bien en medio del crecimiento del hambre, la pobreza y la suba de los precios de los productos básicos. Pero señalamos que la soberanía alimentaria se va a lograr cuando los alimentos que se producen en el país vayan a las mesas populares y tengan un costo accesible para millones, no que sigan en manos de multinacionales del agronegocio como Cargill, Dreyfus, Bunge, Aceitera General Deheza y otras grandes corporaciones.

Decir que “Vicentin expropiada” va a servir para disciplinar a estas corporaciones es solo una utopía discursiva. Lo mismo hacer creer que Vicentin va a aportar los dólares necesarios de las exportaciones para el país.

Si no se toman medidas de fondo para que eso ocurra con todo el negocio agroexportador nada de lo que dice el gobierno se va a lograr. Porque las multinacionales se quedan con la mejor tajada de las exportaciones argentinas. Nuestro país es agroexportador y produce alimentos para 400 millones de personas. Lo soberano sería que esas ganancias se usen para el desarrollo del país, no para un puñado de empresas que luego encima especulan, no liquidan los dólares y se los llevan para sus casas matrices.

Todo esto se va a lograr cuando se nacionalice el comercio exterior y se restituya la Junta Nacional de Granos y de Carne. Hace falta que la compra y venta de granos esté bajo el monopolio del Estado quitándole el negocio capitalista a estas multinacionales, a las cuales hay que expulsar porque son las que producen un verdadero saqueo para el país. Medidas que deben ser parte de un nuevo plan económico al servicio de los trabajadores y el pueblo, para que todas las riquezas que produce el pueblo trabajador estén destinadas a satisfacer las urgentes necesidades populares y se empiecen a combatir los males capitalistas que nos llevaron a la postración.

El presidente acaba de emitir un decreto de necesidad y urgencia disponiendo la intervención de la empresa Vicentin S.A.I.C. -que estaba en concurso preventivo- y el envío de una ley para declararla de utilidad pública sujeta a expropiación.
En los fundamentos se señala que el principal acreedor es el Banco Nación, entre otros, a quien la empresa pidió un préstamo millonario y no devolvió. Un nuevo robo y estafa a las que nos tienen acostumbrados las empresas privadas.
Vicentin es una de las principales empresas agroindustriales del país y la más importante de capitales nacionales (venta de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales) y dependen de ella más de 5.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos.

Juan Carlos Giordano, diputado nacional electo por Izquierda Socialista en el FIT-UNIDAD, señaló: “El gobierno ha decidido intervenir la empresa, según dice, para “evitar una mayor disminución de los activos de la sociedad y proteger los puestos de trabajo”. Es necesario que en situaciones de emergencia se tomen medidas que tiendan a ir en ese sentido. Desde Izquierda Socialista estamos de acuerdo en la necesidad de expropiar a Vicentin, pero se debe ir a fondo. En primer lugar, no se debe pagar ninguna indemnización ni perdonarle la deuda. No puede haber ningún “rescate” para empresarios mafiosos, entre ellos la multinacional suiza Glencore que siendo parte de dicha empresa fue socia de esos créditos fraudulentos. Y en segundo lugar, lo que se necesita es avanzar en una completa estatización para que en un 100 por ciento la empresa siga produciendo bajo estricto control de sus trabajadores y técnicos, no a través de una empresa mixta que siempre sabemos termina beneficiando al sector privado y no los trabajadores y al país”.

Giordano finalizó: “El gobierno también dice que esta medida va en función de garantizar “la soberanía alimentaria”. Pero la soberanía alimentaria se va a lograr cuando los alimentos que se producen en el país vayan a las mesas populares y tengan un costo accesible para millones. Y lo que se exporte beneficie a los trabajadores y al pueblo, no a las multinacionales del agronegocio. Eso se va a lograr cuando se nacionalice el comercio exterior y se restituya la Junta Nacional de Granos y no con un mercado como el actual controlado por multinacionales y grandes empresas como Cargill, Dreyfus, Bunge, Aceitera General Deheza y otras grandes corporaciones”.

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