Los distintos gobiernos y funcionarios de turno y los últimos, kirchneristas, macristas y el actual peronismo de Fernández, vienen aplicando un ajuste en la educación que también atraviesa la realidad de nuestras Obras Sociales. En líneas generales los aportes de los docentes a las obras sociales provinciales son un porcentaje importante del salario. En Santa Cruz es el 6,4%, con carga familiar. En provincia de Buenos Aires el IOMA representa el 4% de los salarios de los trabajadores y 4% de aportes patronales. En CABA el 6%, en Córdoba APROS descuenta el 4,5%.
A pesar de los enormes fondos que recaudan estas Cajas, todos los días nos hacemos eco de las denuncias de compañeros que no reciben la atención adecuada, que no hay servicios médicos porque se suspenden o no nos cubre diferentes estudios especializados o tratamientos complejos, o simplemente no permiten más de dos estudios por mes.
La medicación oncológica y la de HIV generalmente se retrasa por falta de pago. No se cubren tratamientos con traslados, pese a acuerdos inter provinciales. Este abandono llevó a la muerte de compañeros y compañeras como los más conocidos de Gabriela Ciuffarella, de Lomas de Zamora o el Negro Bravo de Santa Cruz, entre tantos otros. Hay denuncias de docentes que no reciben atención, ni siquiera de hisopados, por COVID. Y miles de casos de abandono como Mabel Levandosky e Iván Ocantos de Lomas, que para recibir atención tuvieron que organizarse y movilizarse.
Hay una responsabilidad de los gobiernos de turno, que vaciaron sistemáticamente las obras sociales, y desviaron fondos para otros negociados o para sostener la Salud Privada, como acaba de hacer Axel Kicillof en Provincia de Bs. As., que les entregó 400 millones de la caja de IOMA.
En CABA, por ejemplo, el vaciamiento de la OBSBA se dio a través de la desregulación. Miles de docentes hartas de la mala atención, espera para los turnos, con trámites de autorizaciones largos y engorrosos, con la falta de opciones de centros de atención, se volcaron a pagar doble obra social, afiliándose también a otras.
En Santa Cruz, la CSS (Caja de Servicios Sociales) está intervenida hace 34 años. Producto de la actitud demagógica para la campaña del 2019 la gobernadora, Alicia Kirchner, elevó a la legislatura provincial un proyecto de ley, que fue sancionado en noviembre del 2019, para reestructurar la organización y funcionamiento de la obra social, modificando así la ley 364 de creación de la CSS.
Bajo el pretexto de poner fin a la intervención, esta nueva Ley amplía la participación del Ejecutivo provincial en el Directorio, quedando en desventaja la participación de los trabajadores.
Además, encubre el desfinanciamiento de estos 34 años y la considerable deuda de los municipios que desde hace años no elevan los aportes de sus afiliados municipales. Además de no contar en estos 34 años de intervención con balances y rendición de cuentas, a pesar de las denuncias judiciales. De hecho, la Caja sigue intervenida, ya que no se llamó a elecciones.
Asimismo, debemos vincular a la problemática de la Obra social, el funcionamiento y modificaciones de nuestro Régimen de licencias a través del ministerio de salud pública, sin respetar nuestros convenios, y el pésimo y privatizado en muchas provincias, funcionamiento de Reconocimientos Médicos.
El Contexto de la Pandemia agrava cualitativamente este panorama crítico de la salud de los y las trabajadores y sus familias, la falta de inversión en los hospitales, sin insumos, con escasa tecnología y falta de profesionales. Hoy ya colapsados en muchas localidades del AMBA y también en provincias como Jujuy, o en Río Gallegos, Santa Cruz, por la desinversión en la salud pública.
En Caba hay miles de denuncias sobre las condiciones de las guardias y la larga espera para tener el resultado del hisopado. El tratamiento con plasma no se comenzó a realizar hasta hace pocos días, cuando un docente pelaba por su vida. La denuncia por las redes, tomada por cientos de docentes, logró que se incorpore el tratamiento con Plasma en OBSBA.
La burocracia sindical de CTERA y de los gremios provinciales, deja correr esta política de vaciamiento y en muchos casos es hasta cómplice, ya que está en las directivas de las obras sociales y no sale a denunciar los casos de corrupción. Es fundamental que tomemos la lucha por la defensa de nuestras obras sociales, llevando la exigencia a los sindicatos que pongan esta temática como uno de los puntos fundamentales en la lucha contra el ajuste del gobierno.
Llamamos a que los sindicatos y agrupaciones combativos, tomemos los reclamos de la docencia y de los grupos de familiares que luchan por atención, y unifiquemos esta pelea.
Resoluciones:
- Denunciar al gobierno de Alberto Fernández y los gobernadores por su política de vaciamiento de las Obras Sociales de los trabajadores del Estado y la Educación. También denunciamos el desvío de los Fondos de nuestra Obra Social para todo tipo de negociados. Todo esto produce el abandono de compañeros enfermos crónicos y terminales, que no reciben sus tratamientos y medicación y son condenados a la muerte.
- Denunciar a Ctera y el FUDB por su política cómplice frente al vaciamiento de las Obras Sociales de los trabajadores.
Exigir a los gremios un Plan de lucha para:
-Rechazar el vaciamiento. No a la financiación de la Salud Privada con fondos de nuestras Obras Sociales.
- Que el dinero de los Aportes sea destinado a las Prestaciones de los Afiliado, con particular atención de los casos de pacientes con discapacidad
- Por la Apertura de todos los Libros. Obras Sociales dirigidas por los Trabajadores. Elección Democráticas de los Vocales o Representantes de los Trabajadores en las Entidades.
- Por Aumento de Presupuesto para Salud
- Por un Sistema Único de Salud Estatal, Gratuito y de Calidad. No Pago de la Deuda Externa e Impuesto a las Grandes Fortunas.
- Impulsamos la más amplia unidad de Acción por los puntos programáticos planteados con los Sindicatos Opositores de los gremios Estatales y con las Comisiones de docentes, estatales, afiliados y familiares afectados por el Abandono de las Obras Sociales.
- Frente a la Actual Situación de Pandemia: exigimos que ningún docentes y trabajadores estatales afiliados queden sin la inmediata atención, detección y cobertura de tratamiento del COVID.
