Cambia el signo político de los gobiernos patronales, pero todos privilegian el pago de la deuda externa por sobre la inversión en salud y educación.  Ahora, con el gobierno de Alberto Fernández, la historia vuelve a repetirse. En el marco de una crisis sin precedentes, se destinaron 5.000 millones de dólares a cumplir con vencimientos a los acreedores y se terminó firmando un acuerdo con los bonistas en el que se pagarán 15.500 millones de dólares más de lo que se ofreció inicialmente. Fernández había anunciado que iba a empezar a pagar esta parte de la deuda recién dentro de tres años, pero finalmente comenzará a hacerlo el año próximo, con la brutal crisis económico social aun a cuestas.   En los próximos meses, iremos a un nuevo acuerdo con el FMI, a cambio del cual se pedirán ajustes estructurales, profundizando también los que se refieren a la educación pública. La deuda externa es un mecanismo de sujeción política que usa el imperialismo para intentar digitar el destino del país. En materia educativa el imperialismo busca seguir avanzando en desligar a los estados de países semi coloniales como el nuestro, de la tarea de financiar y garantizar el sistema educativo.

Es por eso que año tras año se destinan cifras siderales para el pago de la deuda externa, mientras que el presupuesto educativo se desfinancia cada vez más. La Ley de Educación Nacional votada en 2006, establece que la inversión mínima en educación debe ser equivalente al 6% del PBI. Pero nunca se llegó a esa cifra, ni en la gestión de Cristina Kirchner, pese a que decía que lo estaba cumpliendo. Ese 6% sería hoy, si se cumpliera, aún insuficiente para las necesidades mínimas de funcionamiento del sistema educativo y de los salarios docentes e infraestructura escolar.

Pero hace años que el presupuesto educativo viene disminuyendo en términos reales. Entre 2016 y 2020 hubo una caída del 34%. El presupuesto educativo 2020 corresponde tan solo al 5,1% del total del presupuesto del país. Del magro presupuesto existente para educación, el 76% corresponde al sistema universitario. Según la ley de educación técnica sancionada durante el kirchnerismo, el presupuesto para esa rama debería llegar al 0,20% del total, pero en 2020 es solo del 0,10%.

Las reformas educativas de los 90, mantenidas por los gobiernos subsiguientes, transfirieron la mayor parte del financiamiento del estado nacional hacia las provincias, lo que genera, a su vez, desigualdades en el financiamiento por provincia. Esto se puede medir teniendo en cuenta el gasto presupuestario por alumno. Por cada peso que se invierte por alumno en CABA, se invierten 0,25 en Formosa, por la diferencia de recursos entre una y otra provincia.

Además del desfinanciamiento, los gobiernos, orientados por el FMI, usan otra herramienta para deslindar al estado de la responsabilidad de garantizar el funcionamiento del sistema educativo: la privatización. Esta política implica distintos ataques a la educación pública, estatal y gratuita:  avanza en privatizar todos los sectores posibles del sistema educativo, limpieza, seguridad, mantenimiento, cursos, formación, programas educativos no conveniados, etc. Se profundiza la instalación de servicios educativos privados en todos los niveles (antes de la ley menemista no eran aceptados), mientras se recorta el presupuesto para la educación pública con graves falencias de infraestructura y falta de personal. En el año 2018 la matricula privada representaba el 32,9% de la matricula nacional en nivel inicial, y en CABA, por primera vez la matricula privada superó a la estatal.

En el marco de la profunda crisis educativa que atraviesa el país, rechazamos rotundamente la política de subsidios estatales a la educación privada. En el caso de las escuelas confesionales, que representan la mayoría dentro del ámbito privado, el subsidio llega al 50% de la matrícula. A las privadas no confesionales, de forma solapada también se las subsidia. Frente a la posibilidad del cierre de estas escuelas ante la crisis económica, reclamamos que el estado las estatice de forma inmediata, garantizando la continuidad laboral de los docentes y la continuidad pedagógica de los estudiantes.

En este marco de una gran avanzada de la privatización, dos de los niveles más afectados han sido el nivel terciario y el inicial, dos puntas fundamentales del sistema educativo.

La fragmentación y la desigualdad son muy profundas. Existen escuelas públicas pobres y escuelas privadas con recursos. En el nivel inicial los gobiernos no invierten y permiten que la falta de jardines maternales para niños desde los 45 días, sean cubiertos por jardines privados, que cumplen esa función social que debería garantizar el estado. Jardines emparentados, además, con la necesidad de igualdad para las mujeres para ir trabajar. Y, a partir de los 4 y 5 años, por ley los niños deben asistir de manera obligatoria a la educación. Desde Docentes en Marcha impulsamos una única educación estatal, pública, gratuita, científica, con perspectiva de género y no dogmática, sin darle cabida al negocio de la educación privada, que atenta contra el derecho social a la educación estatal y gratuita.

En este marco de crisis del nivel inicial, miles de maestras jardineras están desempleadas o casi desempleadas y precarizadas salarialmente. Además, nosotros proponemos que los jardines privados, con dueños o “cooperativas”, dentro de empleados de comercio o entidades religiosas, se estaticen y sean parte del sistema educativo estatal público y gratuito. Y que se garanticen, al pasar al estado, los derechos laborales de sus docentes.

RESOLUCIONES COMISION 2: Financiamiento, privatización, nivel inicial

No al pago de la deuda externa. Plata para educación y salud pública, salario, jubilación y vivienda.

- Aumento presupuestario equivalente al 10%del PBI o al 25% del presupuesto nacional en base al no pago de la deuda externa y un fuerte impuesto a las grandes empresas.

Basta de desigualdad educativas y presupuestaria entre las provincias. Renacionalización del sistema educativo y del financiamiento del mismo.

- Basta de subsidios a la educación privada. Separación de la iglesia y el estado.

-Estatización de toda escuela privada que cierre o despida, garantizando la continuidad laboral de los docentes y pedagógica de los estudiantes. Ningún docente despedido. Respeto de los derechos laborales adquiridos.

-Universalización del nivel inicial público estatal. Creación de todos los cargos necesarios. Construcción de las aulas y edificios propios

Presupuesto para acondicionar todos los edificios escolares en el marco de la pandemia.

Defensa de los derechos laborales de todos/as trabajadores docentes que trabajan en educación privada. No a la discriminación por raza, religión o género.

- libertad de organización sindical para las, les y los trabajadores docentes. No a la persecución patronal por luchar.

- no a la política de SADOP que acuerda con los gobiernos y las patronales avalando los ajuste sobre los derechos laborales.

Que se garantice la obligatoriedad de 3, 4 y 5 años. Creación de todos los cargos necesarios. Construcción de las aulas y edificios propios. Provisión de los recursos lúdicos necesarios.

Creación de jardines maternos-parentales en todos los turnos, incluyendo vespertino de 45 días a 2 años para el acceso laboral de las mujeres y de las/les y los estudiantes.