Escribe Daniel Vázquez, Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus)

El gobierno de Javier Milei y Patricia Bullrich acaba de dar un paso decisivo en su ofensiva represiva. Con la publicación del Decreto 383/2025 en el Boletín Oficial, se impone un nuevo estatuto para la Policía Federal Argentina (PFA) que implica un salto autoritario sin precedentes desde la vuelta de la “democracia”.

A partir de ahora, la PFA ya no será una fuerza de seguridad pública ni judicial. Su nueva misión será reprimir según los lineamientos del gobierno ultraderechista. Se habilita a la policía a realizar tareas de inteligencia criminal, acceder a bases de datos públicas y privadas, crear sus propios sistemas de información, detener sin orden judicial, requisar pertenencias en manifestaciones y actuar incluso sin delito flagrante. Es decir, se legaliza la represión preventiva.

Una de las medidas más escandalosas del decreto es la habilitación a revisar redes sociales sin control judicial, detener personas por sus publicaciones o su actividad digital, y proceder a arrestos basados en la mera apariencia o vestimenta. En contextos de protesta, la policía podrá requisar bolsos y vehículos, detener por sospechas infundadas y esgrimir sus armas sin que medie una amenaza real, habilitando una práctica abiertamente intimidatoria.

Esta resolución profundiza el carácter represivo del régimen que está impulsando La Libertad Avanza: se arrasan garantías básicas, se violan derechos elementales y se consolida una fuerza autónoma, armada, sin controles y con poder para perseguir selectivamente a los sectores que enfrenten el ajuste.

No estamos ante una medida aislada, sino frente a una política integral de blindaje represivo para sostener un modelo de saqueo y exclusión. La represión cotidiana, el aumento del gatillo fácil, las detenciones arbitrarias y la criminalización de la protesta social ya no son excesos, son políticas del gobierno.

Frente a esta avanzada, urge la más amplia unidad de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas para enfrentar este decreto autoritario y defender las libertades democráticas del pueblo trabajador.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional Izquierda Socialista/FIT Unidad

Banfield alzó la voz al enterarse de que, oculto bajo el manto de la impunidad, vive entre sus vecinas y vecinos el genocida y ex integrante de la Triple A, Julio Yessi. Decenas de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos nos hicimos presentes el viernes 13 de junio para escrachar su casa y exigir la reapertura de las causas judiciales vinculadas a la Triple A.

Yessi es uno de los responsables directos de la Masacre de Pacheco, que ocurrió el 29 de mayo de 1974. En ese hecho fueron secuestrados y fusilados tres militantes del glorioso Partido Socialista de los Trabajadores (PST), nuestro partido antecesor, que se forjó en la clandestinidad y bajo el genocidio de Estado. Nuestros caídos en Pacheco fueron Mario Zida, Antonio Moses y Oscar Meza. Las tres compañeras que también fueron secuestradas durante ese operativo fueron liberadas horas después.

Según testigos, Yessi fue identificado como partícipe activo del ataque. Sin embargo, la Justicia Federal (a través de un fallo dictado por el tribunal conformado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens) le garantizó impunidad. Su figura también está asociada a la represión en espacios universitarios, como en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde en 1974 fue asesinado Pedro H. Hansen, dirigente estudiantil que encabezaba la resistencia contra el rector impuesto por el gobierno.

La Alianza Anticomunista Argentina fue una organización parapolicial fascista que actuó entre 1973 y 1976 con el amparo del Ministerio de Bienestar Social, dirigido por José López Rega, mano derecha de Isabel Perón. Su accionar fue la antesala del terrorismo de Estado que se instauró con la última dictadura militar iniciada en 1976. El PST, del cual nos sentimos orgullosos y cuyo legado continuamos, sufrió la desaparición forzada de más de 100 compañeras y compañeros.

Desde Izquierda Socialista y Frente de Abogadxs por los Derechos Humanos y el Socialismo (Fadhus) nos hicimos presentes con una nutrida columna que, al finalizar la movilización y bajo la lluvia, se despidió gritando: “A los caídos no los vamos a olvidar, en cada lucha ellos están y con un mundo socialista volverán”. Contra la impunidad de ayer y de hoy, por las y los 30 mil, y frente a este gobierno negacionista de Javier Milei, seguiremos peleando por la reapertura de las causas judiciales y de los archivos comprendidos entre 1974 y 1983, y por cárcel común y perpetua para los genocidas. ¡Mario, Antonio y Oscar, presentes!

Escribe Pilar Barbas, dirigenta de Juventud de Izquierda Socialista/FIT Unidad

La persecución a la familia Oesterheld fue uno de los episodios más atroces y dolorosos que evidencian el verdadero alcance del horror que desató el terrorismo de Estado en nuestro país durante la última dictadura militar. El 27 de abril de 1977, Héctor Germán Oesterheld fue secuestrado por las Fuerzas Armadas en la ciudad de La Plata. Para ese momento, su familia ya había sido brutalmente golpeada: sus cuatro hijas, Diana (24), Estela (25), Beatriz (19) y Marina (18), todas militantes políticas, habían sido previamente desaparecidas y asesinadas. Dos de ellas, Diana y Marina, estaban embarazadas al momento de su secuestro, lo que añade una dimensión aún más cruel al crimen cometido por la dictadura.

Oesterheld fue perseguido no solo por su militancia en Montoneros, sino también por el contenido político de su obra, que incomodaba a los poderes de turno. Su biografía del Che Guevara, su reinterpretación cada vez más comprometida de El Eternauta (una historieta que con el paso del tiempo se transformó en una metáfora de la resistencia frente al autoritarismo) y su inquebrantable defensa de las luchas populares, lo convirtieron en un blanco directo del aparato represivo.

Él era un militante que eligió narrar desde el lugar de los oprimidos; escribió y militó con la convicción de que la palabra podía ser también una forma de lucha. Esa elección fue lo que selló su destino y el de su familia.

Hoy, recuperar su figura tiene un doble valor. Por un lado, permite disputar el sentido de la memoria frente al avance del negacionismo que promueve el gobierno de Javier Milei, que desprecia a las víctimas del terrorismo de Estado y busca relativizar los crímenes de la dictadura. Por otro lado, pone nuevamente en el centro la necesidad urgente de encontrar a lxs nietxs apropiadas. La semana del estreno de la serie, las llamadas a Abuelas de Plaza de Mayo se sextuplicaron. Un dato tan conmovedor como potente: visibilizar estas historias no es solo un acto cultural, es una herramienta concreta para la búsqueda de verdad y justicia.

Por eso aún reclamamos la apertura de todos los archivos de la dictadura. No se trata sólo de memoria, sino de encontrar a lxs nietxs, incluyendo los de Oesterheld.

Escribe Adolfo Santos

El video exhibido por el gobierno de Milei para referirse al golpe del 24 de marzo de 1976, es una verdadera farsa. Presentado por Agustín Laje, un personaje reaccionario, homofóbico y misógino, propone contar “la historia completa”. Durante veinte minutos borra la verdad histórica para tratar de imponer un relato negacionista que justifique el genocidio perpetrado por la última dictadura.

Con un relato maniqueista, Agustín Laje intenta justificar el golpe del 24 de marzo de 1976 describiendo un proceso de “guerra revolucionaria” organizada por grupos guerrilleros, durante los años ‘70, para instaurar un gobierno comunista en el país. Esos hechos habrían obligado a las fuerzas armadas a actuar para impedirlo. Para darle veracidad a su relato, exagera al extremo el poder político, numérico y militar de los grupos armados de la época. Su relato es una mentira. La irrupción militar, instaurando el terrorismo de Estado, no fue para impedir un probable gobierno comunista. Apoyado por el imperialismo, los militares tomaron el poder para imponer a sangre y fuego un programa económico de saqueo y sumisión al servicio de los grandes empresarios y las multinacionales que el gobierno de Isabel Martínez de Perón, era incapaz de aplicar.

Un golpe contra el ascenso obrero y popular

El golpe cívico militar eclesiástico del 24 de marzo de 1976, se impuso para derrotar un proceso de luchas y ascenso del movimiento obrero y popular que se había iniciado en 1969 con el Cordobazo. La vuelta del general Perón y su triunfo electoral en 1973, no consiguieron controlar a la clase trabajadora y disciplinarla detrás de su líder. El Pacto Social implementado por Perón y su ministro José Gelbard en acuerdo con los empresarios y la CGT, no conseguía calmar las aguas y las luchas se incrementaron con grandes huelgas, ocupaciones de fábricas, movilizaciones estudiantiles y un cúmulo de exigencias al gobierno peronista que no satisfacía las expectativas generadas con la vuelta del General.

En ese marco, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST), bajo la dirección de Nahuel Moreno, fue la única alternativa independiente frente al peronismo en las elecciones de 1973. Con un programa clasista y revolucionario, llamaba a luchar por un gobierno obrero y popular en vías al socialismo y se fortalecía participando con audacia de las luchas en curso e integrando cuerpos de delegados y comisiones internas, verdaderos bastiones de organización y resistencia de las y los trabajadores. Desde esa trinchera insistió en fortalecer las luchas llamando a unificarlas a través de coordinadoras que impulsen una nueva alternativa frente al gobierno peronista y a una burocracia sindical convertida en correa de transmisión oficialista. En ese proceso, el PST tuvo numerosos detenidos y sufrió el asesinato de trece compañeros a manos de la Triple A, una organización paramilitar integrada por sectores de la burocracia sindical y miembros de la ultraderecha del gobierno peronista.


La tapa del 5 de julio de 1975 de Avanzada Socialista muestra que el centro de la escena en los ‘70 lo ocupaban las luchas de la clase trabajadora

En ese escenario también actuaba la guerrilla de Montoneros y el PRT/ERP. Ambos sectores tenían una posición diferente a la del PST, fundamentalmente porque no tenían una política de independencia de clase. Siendo parte del peronismo, Montoneros defendía la conciliación de clases con sectores de la burguesía, militó por el triunfo de Cámpora-Solano Lima y Perón-Isabel y apoyaba el proyecto económico del gobierno que nada tenía que ver con “la patria socialista” que decían defender. Rechazados por Perón, en 1974 pasaron a la clandestinidad aislandose de los sectores sindicales que dirigían, concretando acciones foquistas que solo servían para confundir y exacerbar la represión. “Estas acciones guerrilleras además de su absoluta inutilidad, desde el punto de vista de la revolución, que sus autores dicen querer, se han convertido en un argumento valiosísimo para imponer la legislación más represiva, para perseguir a la vanguardia obrera, y para la actividad criminal de las bandas de ultraderecha”. Avanzada Socialista Nº182 (20-03-76)

Es claro que el golpe de Estado de 1976, no fue para impedir un supuesto “ataque direccionado desde el extranjero, con apoyo cubano ideológico, logístico, económico y militar”. Las acciones guerrilleras fueron parte de la realidad de una época convulsionada, pero nunca amenazaron el poder de la burguesía y mucho menos la posibilidad de instalar una “Patria Socialista”. La verdadera protagonista de los ‘70, que preocupaba al gobierno y los patrones, fue la clase trabajadora con sus luchas y movilizaciones que el peronismo y su brazo sindical burocrático, no conseguían controlar. Por eso los grandes empresarios apoyaron el golpe y, en muchos casos, fueron cómplices. Ex directivos de la multinacional Ford fueron condenados como “partícipes necesarios”, acusados de crímenes de lesa humanidad junto a la dictadura por los secuestros y torturas de 24 trabajadores de esa empresa en el año 1976.

El objetivo del golpe fue abortar un proceso de ascenso obrero y popular que, con sus reclamos, ponía en jaque al sistema explotador capitalista y amenazaba generar una nueva dirección. Derrotados los planes económicos de ajuste de Celestino Rodrigo y Emilio Mondelli, el gobierno peronista, muerto Perón, con Isabel Martínez a la cabeza, ya no le era útil a la gran patronal ni al imperialismo y lo desecharon. Mediante una criminal represión militar, impusieron un nuevo modelo económico de entrega y sumisión de la mano del ministro Alfredo Martínez de Hoz. Junto con eso, cometieron un genocidio, que se cobraría la vida de 30 mil detenidos desaparecidos, con el objetivo de eliminar a una heroica y poderosa vanguardia que se proponía construir una alternativa de dirección independiente, entre ellos, los mas de 100 compañeras y compañeros asesinados de nuestro glorioso PST.

Adoptando la premisa de Joseph Goebbels, mano derecha de Adolfo Hitler: “Miente, miente, que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”, Laje, y el gobierno ultraderechista de Javier Milei que representa, quieren cambiar la historia. Les resultará difícil. Transcurrido casi medio siglo, cada 24 de Marzo multitudes por todo el país salen a repudiar el golpe genocida y a exigir el juzgamiento y prisión de todos los responsables de ese crimen de lesa humanidad. Es una discusión resuelta: fue terrorismo de Estado. El nivel de conciencia alcanzado sobre la verdad de esos hechos no puede volver atrás. Por eso nos sumamos a combatir las mentiras vertidas por el gobierno y sus agentes, disfrazada de “batalla cultural”.

Escribe Adolfo Santos

El negacionismo de Agustín Laje reaparece en el video oficial del Gobierno cuando se refiere al número de detenidos desaparecidos. Ante la imposibilidad de negar los crímenes de la dictadura, muchos optaron por “minimizar” el genocidio. Su argumento es que “no fueron 30.000”. Recurren sólo a las listas de denuncia de la Conadep de 1983 (8.961), o las presentadas a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en 1979 (5.580 denuncias). Pero fueron miles los que en esos momentos no pudieron presentar denuncia alguna.

Insospechada de ser de izquierda o comunista, La Nación del 24/03/06, publica estos datos: “Nuevos documentos desclasificados en los Estados Unidos muestran que los militares reconocieron haber matado o hecho desaparecer unas 22 mil personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún faltaban cinco años para el regreso de la democracia”
¡Basta de mentiras! ¡Son 30.000!