Escribe José Castillo

Mientras afuera del Congreso se desataba la represión, el gobierno se apuraba para lograr la aprobación del proyecto de presupuesto en la Cámara de Diputados. La urgencia se debía a que este viernes se reúne el directorio del FMI y Macri debe llegar con los “deberes” hechos.

El peronismo, una vez más, cumple el rol de sumarle los votos que necesita Cambiemos para que el proyecto de presupuesto 2019 sea aprobado. No nos debe llamar la atención. Es lo mismo que han venido haciendo desde el mismísimo comienzo del gobierno de Macri. Así fue que, en su momento, Cambiemos logró aprobar el pago a los fondos buitres, los presupuestos 2017 y 2018 o el ajuste contra los jubilados de diciembre pasado.

En este caso, el apoyo de la oposición peronista era una exigencia del propio FMI. Por eso Macri acordó previamente con los gobernadores, que ya no solamente ajustaban en sus propias provincias, sino que firmaron acompañar el acuerdo con el Fondo.
Por supuesto que el gobierno no necesitaba que todos los bloques en que está dividido el peronismo en el Congreso votaran afirmativamente. Así, tal como pasó otras veces, hubo una “división del trabajo”.
Estuvieron los diputados del peronismo federal, cercano a los gobernadores, que incluso acompañaron con su firma el dictamen de Cambiemos para que llegue al recinto y se pueda hacer la sesión. El miércoles, los legisladores de San Luis dieron la nota de entrada, siendo los que le garantizaron el quórum a Cambiemos para que pudiera dar comienzo a la sesión.

A partir de ese momento comenzó la larga sesión, llena de discursos de todo tipo. Hubo inflamadas intervenciones de muchos diputados, que denunciaron retóricamente el ajuste, mientras ayudaban a que avanzara la sesión y Cambiemos se acercara al objetivo de lograr la aprobación.
Incluso en el momento en que se desató la represión en Plaza Congreso se generó una crisis que obligó a parar la sesión. Se montó un show televisivo de una pelea entre Massot (PRO) y Filmus (Unidad Ciudadana). Posteriormente los bloques peronistas hicieron lo posible por “tranquilizar todo” y que se pudiera continuar con el tratamiento del presupuesto. El propio diputado kirchnerista Agustín Rossi pidió que terminara la represión porque… ¡había que continuar la sesión! Sostuvieron esa posición a pesar incluso de la posición provocadora de Elisa Carrió, que respaldó abiertamente que se atacara a los manifestantes.

A posteriori se escucharon fuertes discursos opositores de los diputados del Frente para la Victoria, del Frente Renovador de Massa y del nuevo interbloque conformado por los ex renovadores Felipe Solá, Daniel Arroyo y Facundo Moyano, junto con el Movimiento Evita y Victoria Donda.
Claro que todos ellos, cuando se les pregunta cuál es la salida, proponen “renegociar” el acuerdo con el Fondo y los pagos de deuda.
Nadie, salvo los diputados del Frente de Izquierda, dijeron lo obvio: que la única salida era repudiar este presupuesto, votarlo en contra y romper con el FMI, dejar de pagar la deuda externa y poner en marcha un programa alternativo de emergencia que priorice las necesidades populares.

Escribe Pablo Almeida, Delegado general ATE Mecon

Una enorme movilización expresó el repudio a la aprobación del presupuesto del FMI. Una vez más la respuesta del gobierno de Macri fue desatar una feroz represión. Lamentablemente, la CGT no se movilizó ni se pronunció frente a esto. Más que nunca, es necesario que la CGT y las CTA llamen al paro general de 48 horas y a un plan de lucha contra el ajuste.

En las semanas previas la bronca venía creciendo desde abajo. Era masivo el repudio al proyecto de presupuesto 2019, que achica todo, salarios, jubilaciones, salud, educación, obra pública y todas las partidas sociales al servicio de aumentar astronómicamente los pagos de deuda externa, tal como exige el FMI.
La CGT, una vez más, jugó un rol central traicionando la lucha. No llamó al paro, lo que hubiera permitido una movilización mucho más masiva. Y, por supuesto, tampoco convocó a marchar. No dijo una palabra durante todo el día, ni siquiera cuando todos los canales de televisión mostraban casi en cadena la brutal represión del gobierno.
Por su parte, Moyano y el Frente Sindical para el Modelo Nacional tuvieron una presencia casi formal. Es que donde verdaderamente se jugaron a movilizar había sido el sábado anterior en la misa de Luján (ver nota en esta página).
Sin embargo, y a pesar de todos estos hechos que buscaron quitarle masividad a la convocatoria, se dio una muy importante jornada de lucha contra el ajuste. Hubo movilizaciones en Buenos Aires y en el interior del país, como Córdoba donde se cortó el puente Centenario desde la mañana.
En Capital, el martes se movilizaron los movimientos sociales, que confluyeron en un acampe frente al Congreso. El miércoles desde temprano estuvieron en la calle los docentes, que cumplían un paro de 24 horas llamado por Ctera, con un fuertísimo impacto en todo el país. Marcharon del Congreso al Palacio Pizzurno, donde se realizó un acto denunciando el ajuste del presupuesto educativo y de ciencia y técnica, el cierre de programas educativos nacionales y el congelamiento del incentivo. Posteriormente la columna de Ctera marchó hacia la 9 de Julio. Lamentablemente, la burocracia de Ctera no confluyó a Plaza Congreso ni planteó continuidad alguna para continuar la pelea.

También hubo paro de ATE, que aportó importantes columnas que se dirigieron a la Plaza Congreso.
A partir del mediodía decenas de miles de trabajadores se fueron acercando, hasta que todas las zonas aledañas al Congreso estuvieron cubiertas de manifestantes. Muchos más se hubieran sumado en las horas siguientes si no se desataba la feroz represión. Millones más lo siguieron por televisión, indignados por lo que se votaba adentro del Congreso y por lo que sucedía afuera.
El sindicalismo combativo, que venía convocando desde hacía varios días, aportó una importante columna. Estuvieron presentes los ferroviarios del Sarmiento con el Pollo Sobrero y el resto del cuerpo de delegados, trabajadores del Sutna, médicos de la Cicop, docentes de Ademys, los Suteba Multicolor, Amsafe Rosario, AGD-UBA, entre otros. Marcharon las CTA, los bancarios y otros gremios. Los movimientos sociales aportaron fuertes contingentes de compañeros. El FIT, al igual que el resto de las fuerzas de izquierda, ocupó un importante espacio frente al Parlamento.

Feroz represión y cacería de manifestantes

Ya desde el día anterior, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich había comenzado la provocación anunciando que “había anarquistas que llamaban a quemar el Congreso”. Cuando los primeros grupos empezaron a llegar se conocieron denuncias de que, misteriosamente, se encontraron “bolsas de restos de materiales de la construcción”, evidentemente colocados por los servicios de inteligencia en las calles.

Después del mediodía comenzó la represión, que rápidamente se transformó en una auténtica cacería sobre todas las columnas. Lo hicieron con camiones hidrantes, disparando gases lacrimógenos y balas de goma. Grupos de motociclistas de la policía atacaron a decenas de cuadras a trabajadores que se estaban retirando, e incluso “cazando” y deteniendo a casi treinta manifestantes, entre ellos dirigentes de Astilleros, de Télam, del Suteba Ensenada, ATE y de movimientos sociales como la Garganta Poderosa, de los que exigimos su inmediata liberación.
La situación fue tan grave que terminó generando una crisis dentro del propio recinto del Congreso. El jefe de la bancada de PRO en Diputados, Emilio Monzó, tuvo que aceptar que se llamara a un cuarto intermedio en la sesión y decir que “hemos decidido terminar con esta situación (la represión) y garantizar el derecho de manifestarse de la gente. Nos van a enviar el listado de los detenidos”, reconociendo explícitamente lo brutal y descontrolada de la represión que estaba llevando adelante el gobierno.

¿Cómo la seguimos?

La represión sólo generó que aumentara más aún la bronca. La CGT, el gran ausente en la plaza, tampoco dijo una palabra en todo el día, ni sobre el propio presupuesto ni acerca de la represión.
Toda esta indignación y la fuerza de la movilización que vimos en Plaza Congreso ahora se tiene que transformar, más que nunca, en organización para seguir peleando. Tenemos que discutirlo con los compañeros en cada lugar de trabajo, hacer asambleas allá donde sea posible y sacar pronunciamientos de los cuerpos de delegados, exigiéndole a la burocracia de la CGT, a Moyano y el Frente Sindical para el Modelo Nacional y a las CTA que se convoque a un paro general de 48 horas, con movilización a Plaza de Mayo y un plan de lucha contra el ajuste de Macri, los gobernadores y el FMI.

Escribe Gustavo Coppa

Los días 30 y 31 de octubre se desarrollarán las elecciones de centro de estudiantes en el ISFD N°55 de Escobar. Desde la lista Estudiantes en Marcha (Izquierda Socialista + Independientes) venimos dando la pelea hace más de un año y medio para que se realicen las elecciones y lograr un centro democrático, independiente y que luche en defensa de la educación pública y los derechos estudiantiles.

La lista la encabeza Daiana Rodríguez Barrios, una compañera luchadora, feminista de Isadora y de Izquierda Socialista, junto a compañeras y compañeros que por primera se presentan a elecciones, pero nos reconocen porque venimos dando pelea contra el ajuste en la educación de Macri, Vidal y el FMI.

Se realizaron las elecciones nacionales y seccionales de la UTA, el gremio de los choferes de colectivos. A nivel nacional corrió una sola lista encabezada por Roberto Fernández, uno de los popes de la burocracia sindical que ha firmado un acuerdo salarial a la baja que recién termina en marzo, y hasta el momento no solicita la reapertura de la paritaria ni nueva negociación salarial.

A nivel nacional había tres listas opositoras que fueron “cayendo” una a una. En la seccional participaron dos listas, la oficialista y la lista de oposición que presentó la Agrupación 10 de Enero=Democracia Sindical que pudo superar varias exigencias proscriptivas, como por ejemplo que debieron certificar la firma ante escribano no sólo los candidatos sino también los treinta miembros de la agrupación. Triunfó esta lista opositora ganando en tres de las cuatro urnas, donde se destaca la urna de Indalo, la empresa que presta el transporte en la ciudad Capital y alrededores y que concentra más del 50% del padrón.

La ganadora es una lista unitaria de oposición a la que apoyamos desde Izquierda Socialista, con candidatos de distintas opiniones políticas que se unieron bajo el lema “Queremos un sindicato para los trabajadores y no para beneficio de los dirigentes y sus amigos” y “de puertas abiertas, que permita la democracia sindical y que no te cierren las puertas por pensar distinto”. También se comprometieron a “impulsar y capacitar el cuerpo de delegados para frenar los despidos y el trabajo en negro”. La encabezan Javier Soto como secretario general y Claudio Coronel, adjunto. Asumirán el 3 de enero.

Escribe Gabriel Massa

Por no pagar lo que debían al Estado por la concesión del Correo Argentino entre 2001 y 2003 los Macri acumularon una deuda de 300 millones de pesos. Por los intereses y actualizaciones desde entonces la deuda sumaba el año pasado más de 4.000 millones.

El propio gobierno de Cambiemos (con pleno conocimiento del presidente) negoció con representantes del Grupo Macri en 2016 un acuerdo por el que se le hacía una quita de 99% a su deuda. El 1% restante se pagaría en quince cuotas con un interés anual de 7%… hasta el año 2030. Esto provocó en su momento un enorme escándalo nacional y una denuncia de la fiscal Gabriela Boquín, que terminó obligando a anular el acuerdo.

Ante las repercusiones y repudios el gobierno se vio obligado a iniciar una investigación administrativa. La investigación fue realizada por la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro de la Nación, que publicaron resoluciones donde afirman la “inexistencia de irregularidades en el acuerdo entre el Gobierno y el Correo” y la “inexistencia de perjuicio fiscal y de irregularidad administrativa imputable a agente alguno”. Cumplida esta formalidad, la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete Marcos Peña publicaron un decreto por el que dieron por terminada la investigación administrativa, tras estas dos resoluciones de dos organismos del Estado controlados por el macrismo.

Mientras tanto la cuestión sigue en la Justicia. Desde fines del año pasado está en manos del juzgado federal del juez Ariel Lijo, que lleva adelante una causa penal en la que está involucrado Macri, el ex titular del Ministerio de Comunicaciones Oscar Aguad y otros funcionarios que intervinieron en el acuerdo. El juez tenía un plazo legal de cinco días para expedirse, pero hasta ahora no sacó ninguna resolución.

Por otro lado, el Grupo Macri reclama el pago de una indemnización de 2.300 millones de pesos más intereses por supuestos perjuicios que sufrió al ser expropiado el Correo por el gobierno de Néstor Kirchner. Es decir, pretende que el Estado le pague tanto o más de lo que debe por el Correo.
Todo esto demuestra que la pretensión de que el gobierno de Cambiemos lucha contra la corrupción de políticos, jueces y empresarios es puro cuento. Macri encabeza una camarilla de empresarios tan corruptos y ladrones como los Kirchner. Y maneja a la Justicia y los jueces a su antojo tal como lo hizo el gobierno de Néstor y Cristina.

El Correo es un caso más de corrupción, que involucra directamente a la familia del presidente. Tal como venimos sosteniendo desde Izquierda Socialista y el Frente de Izquierda, todos los corruptos deben ir presos y devolver lo robado. Esto vale también para el Grupo Macri, que hizo su fortuna saqueando al Estado con la obra pública y negociados como el del Correo.