La sola pregunta divide aguas. El gobierno anterior y los organismos de derechos humanos afines a él dicen que sí. Desde la izquierda, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ), decimos que no.

Comprendemos que ante el gobierno represor de Macri o las barbaridades de los gobiernos anteriores sobre el tema (Obediencia Debida, indultos, asesinatos de luchadores como Carlos Fuentealba) el kirchnerismo aparezca como “algo distinto”. Pero durante los doce años de su gobierno se demostró que, más allá de su doble discurso, se violaron los derechos humanos.

Con el respeto que nos mereció Hebe de Bonafini durante décadas de lucha contra la dictadura, ante la asunción de Néstor Kirchner dijo “el enemigo ya no está en la Casa Rosada”. Con esto archivó las marchas de la resistencia y empezó a apoyar al gobierno kirchnerista. Lo mismo hizo Estela de Carlotto. En cambio, el EMVyJ mantuvo su independencia, ganándose el respeto y la autoridad por denunciar cada uno de los hechos aberrantes que se dieron durante el gobierno anterior.

El kirchnerismo se quiso apropiar de la bandera histórica de lucha por los derechos humanos. Hasta quiso simular que la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fue obra suya, no de la heroica lucha de varias generaciones que la impusieron en el Congreso a través de un proyecto que había presentado la izquierda.

El gobierno kirchnerista que simbólicamente descolgó el cuadro del genocida Videla fue el que luego terminó encumbrando al represor César Milani, el primer jefe del Ejército que venía del escalafón Inteligencia. Esto fue para empalmar con el famoso Proyecto X de la Gendarmería, comandada por Berni y la ex ministra Garré, un plan para espiar y reprimir las luchas obreras y populares.

En el medio de esto la desaparición de Julio López fue emblemática. El testigo más importante en la causa Etchecolatz fue desaparecido cuando iba a ir a declarar y nunca más se supo de él. Aníbal Fernández dijo en su momento que podría estar “extraviado” o “con su tía tomando mate”, todo para encubrir un aparato represivo intacto que nunca se desmanteló.

A poco de asumir, con el 54% de los votos, lo primero que mandó a hacer votar Cristina Kirchner fue la Ley Antiterrorista, impuesta por el imperialismo, para simular que se combatía “al terrorismo” cuando se terminó aplicando contra luchadores antimineros o periodistas opositores.
Tampoco podemos olvidar que el kirchnerismo siempre se negó a aprobar la ley de desprocesamiento de los más de 6.000 luchadores sociales, criminalizó la protesta social, persiguió a los petroleros de Las Heras en lucha contra el impuesto a las ganancias, tildó a los docentes de “vagos” por su lucha en defensa de la educación pública, calificó a los paros generales como “de derecha” y metió preso al Pollo Sobrero acusándolo falsamente de “quemar trenes” para perseguir a los luchadores y como una manera de “compensar” el encarcelamiento del burócrata José Pedraza, de la Unión Ferroviaria, sentenciado por ser el autor intelectual del cobarde asesinato de Mariano Ferreyra.

Y si hablamos de dictadura, debemos recordar la deuda externa que se implementó con 30.000 desaparecidos y el kirchnerismo pagó. Luego de que el Argentinazo impuso el no pago, el kirchnerismo lo reanudó, pagando 200.000 millones de dólares al contado con el verso de que nos estábamos “desendeudando”, cuando lo cierto es que quedó otra cifra similar como parte de una deuda ilegítima, fraudulenta y usurera que venía de la época de Videla y Martínez de Hoz.

Ahora Cristina montó la trampa de la “unidad con los pañuelos celestes” dándole la espalda a miles de mujeres y jóvenes que se movilizan por el derecho al aborto. Un pacto con la misma iglesia retrógrada que bendecía las torturas e impidió junto a los diputados y senadores patronales que el aborto seguro y gratuito sea ley.

Desde hace muchos años el peronismo kirchnerista ha dividido las marchas unitarias de cada 24 de marzo. Por eso hay dos marchas, una que llama a seguir luchando contra la impunidad de ayer y de hoy bajo todos los gobiernos convocada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia que reúne a más de trescientas organizaciones políticas y sociales, y la otra, la que quiere seguir encubriendo lo que ocurrió con el gobierno anterior. Este 24 vení con las columnas del EMVyJ y la izquierda. J.C.G.

Escribe Martín Fú

La familia de los Macri son uno de los grupos empresarios más poderosos del país. Franco Macri, inmigrante italiano llegado en 1949 no tardó mucho tiempo en tejer y aceitar sus relaciones con los gobernantes de turno.

Casado con Alicia Blanco Villegas, hija de una familia de la aristocracia agrícola-ganadera de la provincia de Buenos Aires, rápidamente pasó de los negocios del campo y la exportación de carne, a ser en la década del ´70 uno de los principales contratistas del Estado. Con Onganía y Perón el grupo Macri obtuvo los primeros contratos con el Estado, la construcción de viviendas, plantas industriales, centrales eléctricas, etcétera.
Pero fue en el periodo 1976-1983 en donde el conglomerado de empresas, bajo el nombre Socma explotó en dimensión y en sus relaciones con el poder. El grupo sumó a sus negocios FIAT-Sevel, explotación petrolera (concesiones de YPF), bancos (Banco de Italia), recolección de residuos (Manliba, en acuerdo con el brigadier Cacciatore), Yaciretá y otras centrales hidroeléctricas, puentes (Posadas-Encarnación), entre otras grandes obras, sólo reservadas a un estrecho club de empresas con fuertes relaciones con la Junta Militar. La frutilla del postre fue la condonación de la deuda del grupo gracias a los oficios de Domingo Cavallo, en ese momento al mando del Banco Central, quien estatizó 700 millones de dólares de deuda de los Macri y, además, facilitó que los empresarios amigos de los militares pudieran “dibujar” y así licuar sus deudas: FATE (en asociación con Madanes) por 225.562.000, Socma por 148.578.000 y Fiat-Sevel por 170.578.000 de dólares. Los Macri pasaron de tener siete empresas en 1976 a cuarenta y siete en 1983. Los números hablan por sí solos.

Escribe Juliana García

En febrero de 2009, Juliana García encontró a su hermana que había sido apropiada por un suboficial de inteligencia en 1977. Actualmente son 128 los nietos restituidos pero se estima que fueron cerca de 500 los que nacieron en cautiverio. Al respecto, Juliana dice: “La búsqueda por encontrarlos es urgente y es ahora. Cada día que pasa, es un día más que la persona apropiada vive en una total mentira, sin conocer su identidad. Además, las abuelas, los tíos, las familias que los buscan, están muy grandes porque pasó mucho tiempo y eso es desesperante. La apropiación de bebes fue parte del terrorismo de estado que llevó adelante la última dictadura. El 24M marchamos para que se termine la impunidad. Por los 30.000 desaparecidos y por los nietos que faltan”.

Escribe Martín Fú

Desde 1974, con Perón en el poder, el PST venía siendo perseguido por las bandas paramilitares de la Triple A. El golpe de 1976 significó un salto cualitativo en el genocidio perpetrado por la Junta Militar. La profundización de la represión y proscripción del PST forzó el pase a la clandestinidad de nuestro partido antecesor. Tomando el decreto 261/75 del 5 de febrero de 1975 (promulgado por el gobierno de Isabel), conocido como “de aniquilamiento de la subversión”, la Junta podía secuestrar, torturar y asesinar cualquier “elemento” que consideraran “delincuente terrorista”.

En la clandestinidad el PST continuó interviniendo en la lucha de clases con el objetivo de derribar a la dictadura militar junto con la clase trabajadora y sectores populares.

El partido siguió adelante, editando el periódico en la clandestinidad. La distribución fue adaptándose a esa situación, y nuestra prensa se hacía envuelta en paquetes de cigarrillos o de yerba, de esa manera se llevaba nuestra política a fábricas, universidades y barrios. Además, casamientos, cumpleaños y distintos eventos sociales servían como excusa para plenarios, reuniones o hasta congresos partidarios. La clandestinidad no hizo mermar nuestra militancia. Las huelgas de Luz y Fuerza, de ferroviarios, de los metalúrgicos, del Smata, de los portuarios, bancarios y tantas otras tuvieron al PST interviniendo desde adentro, organizando a los trabajadores o desde afuera, llevando nuestra solidaridad para que triunfen.

El carácter genocida y proimperialista de la dictadura era eje de nuestras denuncias, luchando junto a los familiares de los desaparecidos, coordinando acciones con los organismos de derechos humanos, reclamando y defendiendo a los presos políticos. Nuestro partido tuvo más de cien compañeros desaparecidos, otros tantos tuvieron que sufrir las torturas y el exilio.

Hoy, desde Izquierda Socialista continuamos la senda del glorioso PST, levantando las banderas de nuestra militancia y de los compañeros que ya no están. La pelea sigue siendo la misma, la construcción de un partido revolucionario, que luche por un gobierno de los trabajadores, socialista e internacionalista.

Ana María Martínez

Ana María fue militante del PST, obrera fabril, se reclamaba feminista y había sufrido la persecución en su Mar del Plata natal. Es por ello que el PST la reubicó en el norte del conurbano bonaerense. Estando embarazada de tres meses y trabajando en una fábrica de Munro, fue secuestrada por una patota en su casa de Villa de Mayo el 4 de febrero de 1982. Una semana después su cuerpo apareció en Dique Luján con signos de haber sido fusilada. Este 24 de marzo tendremos un motivo más para marchar y recordar a todos nuestros compañeros, luego de que tras años de movilización y organización, lográramos la primera condena a perpetua a dos genocidas por el asesinato. El general Norberto Apa y el teniente coronel Pascual Muñoz fueron condenados en diciembre de 2018, 36 años después del asesinato a cadena perpetua por su cobarde crímen. Esto lo logramos, organizados en la Comisión Ana María Martinez, durante años movilizados exigiendo justicia, recabando pruebas, marchando a tribunales, dando charlas, coordinando con otras comisiones de derechos humanos, usando las bancas obreras del Frente de Izquierda para denunciar la impunidad. Y vamos a seguir hasta que el último responsable sea condenado. Porque no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos con los genocidas, seguimos levantando bien en alto la bandera de Ana María y de todos nuestros compañeros caídos.

Escribe Jorge Adaro, Secretario general de Ademys

Comenzamos otro año de lucha, con tres días de paro nacional docente con altísima adhesión el 6, 7 y 8 de marzo y una importante movilización a Plaza de Mayo. Y, mientras la burocracia kirchnerista de Ctera decidió que volvamos a las aulas sin nada, otras provincias como Santa Cruz, Chaco, Salta, siguieron de paro. En Salta una verdadera rebelión está derrotando el plan de ajuste de Urtubey.

Lo que prima en las escuelas es la enorme bronca contra el ajuste del gobierno de Macri, el FMI y los gobernadores. El salario no alcanza. Las escuelas siguen en pésimo estado, faltan docentes, aulas y escuelas. Situación que se agravó porque se suman cientos de miles de pibes que iban a escuelas privadas y regresan a la pública. Y el gobierno sigue recortando el cupo de comida para desayunos, meriendas y almuerzos en las escuelas. Crece la miseria y el ausentismo de los chicos. Macri y los gobernadores repiten que “plata no hay”, que “hay que llegar al déficit cero comprometido con el FMI” y achicar aún más el presupuesto educativo, incluso tratando de cerrar escuelas, cursos y docentes.

Ante este brutal ataque a la docencia y a la educación pública, se requiere una respuesta acorde, una lucha firme y consecuente, para frenarlo y lograr que la plata que va a la deuda externa, el FMI y los subsidios a la educación privada, vaya para salarios y educación.

Hay que hacer como Salta 

Luego del paro nacional, los docentes salteños desoyeron a los burócratas de ADP-Ctera, UDA, AMET, Sadop, que firmaron un acuerdo con Urtubey de un 23% de aumento, cuando en todo el 2018 sólo habían recibido un 10%. “Fue el mejor acuerdo posible, por la situación de la provincia” dijeron.
Harta de tantas traiciones, la docencia se autoconvocó, eligiendo delegados por escuelas y por turnos, realizaron asambleas en cada localidad, votaron mandatos y sus representantes se unieron provincialmente en asambleas masivas, de miles, donde definieron largar un paro por tiempo indeterminado por fuera de los sindicatos burocráticos. Hicieron movilizaciones multitudinarias provinciales y locales, cortes de ruta, actos, incluso echando de ellos a personajes nefastos y oportunistas como el diputado Olmedo.  Y, luego de recibir varias ofertas “superadoras”, en asamblea aprobaron aceptar un aumento del 40% en tres cuotas, más 5.000 pesos de bonificación. Este verdadero triunfo contra el ajuste de Urtubey (y la complicidad de las burocracias) se vio confirmado en que, al momento de cerrar este artículo y cuando la docencia festejó y volvió a las escuelas,  gobierno y burocracia quieren cuestionarlo porque “no podemos dejar el precedente de firmarlo con autoconvocados sin personería gremial”. Si Urtubey niega el propio acuerdo que firmó, la docencia volverá a las calles.
 
Ctera y los gremios provinciales deben retomar el plan de lucha ya

Los dirigentes de Ctera (Alesso, Baradel, López, Monserrat, etcétera) vuelven a replegarse, sin un plan de lucha como la mayoría  de la docencia exigía. Y plantean que la salida es votar a Cristina en octubre. Sabíamos que no alcanzaría sólo con 72 horas para derrotar la política salarial de ajuste de Macri y los gobernadores. Es necesario continuar la pelea para obligarlos a reconocer lo perdido en el 2018 y romper el techo del 23%. Salta coloca el monto del 2019 en un 40%, y cláusula gatillo automática si la inflación lo supera. ¡Hay que exigir en Ctera y en todos los gremios docentes hacer como en Salta! Y en octubre, contra Cambiemos, la salida es votar al Frente de Izquierda, no al kirchnerismo ni a otra variante del peronismo, que hoy nos ajustan brutalmente en Santa Cruz y en otras provincias que gobiernan.

En Santa Cruz hay un plan de lucha por salarios, contra el presentismo,  los ofrecimientos con listados truchos, las sanciones a representantes docentes de las Juntas.  En el Chaco están hace 3 semanas en huelga, con grandes  movilizaciones en toda la provincia. ¡El Gobierno del peronista Peppo ofreció un 22%, luego de tener en todo el 2018 sólo un 10% de aumento!

Ante el desentendimiento de la Ctera, este lunes 19, el sindicalismo docente combativo, encabezado por Ademys y los Suteba Multicolores, marchó en CABA a la Casa de la provincia de Chaco para apoyar y exigirle a la Ctera  el paro nacional y plan de lucha. Debemos profundizar la coordinación provincial allí donde se pueda (como con los Suteba Multicolores en Buenos Aires) y la coordinación nacional, como insistimos desde Ademys.