Escribe José Castillo

Increíblemente, el presidente Macri había dicho apenas un par de días previos que “la inflación estaba bajando”: lo desmintieron los propios datos oficiales. Al 2,9% de enero, le siguió el 3,8% de febrero. La suba de precios del corriente mes de marzo también será altísima, por lo que terminaremos el primer trimestre con valores cercanos a 10%. Estos se sumarán al 47,6% que acumuló la inflación de 2018. Con lo dicho, a nadie le asombra que la plata cada día le alcance menos al trabajador o al jubilado.

¿Porqué suben los precios? El gobierno, increíblemente, sigue con la misma respuesta: “es por la emisión monetaria”. Mentira: hace casi seis meses que han hecho desaparecer el dinero de las calles, ya que, con el objetivo de “que no se les dispare el dólar”, se dedicaron a “secar la plaza”. Traducido para el trabajador corriente: no hay un centavo por ningún lado. Esto se debe a que se incentiva a los bancos a tomar todos los pesos posibles y “encanutarlos” poniéndolos en leliqs (letras del Banco Central), que les garantizan superganancias por arriba del 60% anual.

Pero la inflación no baja. ¡Obviamente: porque los precios suben por otro motivo!

La inflación sube porque el propio gobierno autorizó aumentos siderales de las tarifas de luz, agua, gas, transportes y peajes. Porque, como liberalizó el mercado de combustibles, la suba de las naftas y el gasoil son descomunales. Esta es la mitad de la explicación: para garantizarle sus ganancias a las empresas privatizadas, saquean nuestros bolsillos.

Pero vamos a la otra mitad: también están subiendo los alimentos y todos los productos de primera necesidad (tocador, limpieza, la canasta escolar). Acá tampoco se trata de nada misterioso. Las grandes empresas monopólicas de cada sector envían quincenalmente listas de precios con remarcaciones increíbles y luego las cadenas de hipermercados le agregan “lo suyo”. Se trata, como el lector podrá imaginarse, de un brutal abuso por parte de estos formadores de precios que, a su vez, el gobierno los deja correr. ¿Porqué? El lector lo podrá adivinar por sí mismo: el encargado de controlar todo esto es Miguel Braun, actual secretario de Política Económica (de hecho, el “número dos” del ministerio detrás de Dujovne). Su familia es dueña de La Anónima, una de las mayores cadenas de hipermercados del país, con presencia dominante en toda la Patagonia. ¡El lobo cuidando las ovejas!

Sumémosle a todo esto que la recesión está teniendo otro efecto terrible: la ola de despidos y suspensiones. Prácticamente todas las automotrices están con suspensiones de turnos o en algunos casos de todo su personal. Diariamente nos enteramos de empresas que cierran o despiden. Incluso, para ahorrarse costos, lo hacen grandes firmas que “aprovechan la bolada” para sacarse gente de encima, tal es el caso de Fate, que formando parte del grupo Madanes, con las superganancias que obtiene vía el aluminio de Aluar no tiene excusas para aducir pérdidas.

El gobierno se justifica diciendo que el único plan posible, es el acordado con el Fondo Monetario. Los trabajadores tenemos que oponerle otra política para la emergencia. Primero y principal: necesitamos un aumento de emergencia de salarios y jubilaciones para recuperar todo lo que ya nos comió la inflación. ¡Nadie debe ganar menos que el costo de la canasta familiar, hoy en 30.000 pesos! Y de ahí en adelante, debe haber reajustes salariales mensuales acordes al alza inflacionaria.

Tenemos, efectivamente, que parar la carestía. Hay que fijar inmediatamente precios máximos a los productos de la canasta familiar. Y obligar a las empresas y a los supermercados a respetarlos, bajo severas sanciones: que todo aquel que viole esta disposición acaparando o escondiendo los productos sea fuertemente sancionado, con multas, clausuras o expropiaciones.

Hay que parar los tarifazos, y retrotraerlos. Tenemos que terminar con este juego donde las privatizadas, mientras por un lado saquean nuestros recursos como el gas o el petróleo, por el otro, brindan pésimos servicios y a cambio reciben cuantiosos subsidios y cada día hacen más caja con tarifas impagables. La salida es reestatizar todas las privatizadas y ponerlas a funcionar bajo gestión de sus propios trabajadores de usuarios.

Es fundamental parar ya mismo la ola de suspensiones y despidos, prohibiéndolos por ley y expropiando a toda empresa que viole esta disposición o cierre su establecimiento, procediendo a expropiarlo y entregándoselo para su gestión a sus trabajadores.

Por supuesto, todas estas medidas sólo serán posibles si empezamos por lo más básico: romper el acuerdo con el FMI, dejar inmediatamente de pagar la deuda externa, nacionalizar la banca y el comercio exterior, para terminar con la fuga de capitales, y poner todos esos recursos al servicio de las más básicas necesidades populares de trabajo, salud, educación y vivienda.

Escribe José Castillo

En estos días llegará una nueva cuota del crédito acordado con el FMI que tiene como contrapartida el feroz plan de ajuste que todos estamos sufriendo. Después de la auditoría a que fuimos sometidos las semanas pasadas, el organismo avaló la entrega de una nueva cuota de 10.870 millones de dólares, no sin antes advertir que “vamos bien”, pero hay que “ajustar más el gasto”.

Así, cuota tras cuota, la Argentina va recibiendo los 50.000 millones de dólares del préstamo que habrá que devolver en los próximos tres años junto con el resto de los vencimientos de deuda externa, conformando una montaña impagable de 150.000 millones de dólares.

¿Para que viene la plata del Fondo? ¿Acaso son fondos frescos que pueden ser aplicados a resolver alguna necesidad popular, como salud, educación o planes de obras públicas para generar trabajo? Nada de eso. El acuerdo con el FMI es clarísimo: todo ese dinero no puede tocarse. Está destinado exclusivamente a pagarle a los acreedores privados de deuda externa.

Sin embargo, el ministro Dujovne en estos días logró una excepción. Después de ir y mendigarle mucho a la jefa del Fondo, Christine Lagarde -lo que muestra de paso quién manda en la política económica argentina- consiguió que el FMI autorizara a usar 9.600 millones de dólares para otros fines.
¿Es que ahora sí, aunque sea, habrá algo de esa plata del Fondo para aplicar a alguna política social? Nada de eso. La autorización es para usar esos fondos para intentar evitar alguna corrida cambiaria. O sea, se los podrá vender a los especuladores (a cuentagotas diarias) para tratar de “tener el dólar”, si no llega a alcanzar como única medida las super-tasas de las leliqs que les estamos regalando a los bancos.

En síntesis: la hipoteca que tenemos con el FMI tenía un único destino, los pulpos acreedores. Ahora tiene dos: se sumaron otros pulpos, los banqueros y fondos extranjeros que especulan con el dólar. En muchos casos, son las mismas personas. Nada, absolutamente nada positivo queda de todo esto para los trabajadores y los sectores populares.

Escribe Mónica Schlotthauer • Diputada nacional de Izquierda Socialista/FIT y delegada del Sarmiento

La neglicencia empresarial se cobró una nueva víctima. Un trabajador ferroviario murió por ser obligado a trabajar sin los implementos de seguridad que exige la ley. Los ferroviarios del Sarmiento decretaron inmediatamente un paro de 24 horas.

Sebastián Carranza, operario del área Telecomunicaciones del ferrocarril Sarmiento, murió a las 23 horas del lunes 18 por culpa de la inseguridad laboral. Cedió un techo y cayó varios metros. “Me quedo un par de horas porque con la nena hay muchos gastos”, había dicho Sebastián y se quedó trabajando horas extras. Se encontraba colocando cámaras de seguridad sin las mínimas condiciones de seguridad laboral: estaba trabajando sin arneses, ni ligas para sostenerse y a oscuras. Sus compañeros lo trasladaron a los bomberos de Morón. No pudieron salvarlo. Sebastián tenía 30 años, una hija de un año y una joven esposa que ahora quedan sin sostén ni consuelo. Se trata de una nueva muerte evitable, responsabilidad de la empresa Trenes Argentinos S.A. a través de su presidente Marcelo Orfila y sus gerentes cómplices, que no respetan la ley laboral, ni la de seguridad e higiene, los protocolos de seguridad, y pretenden precarizar más las condiciones de trabajo.

Los ferroviarios del Sarmiento hace años que venimos reclamando ante estas negligencias de la empresa. La gerencia macrista en vez de dar una respuesta ante nuestros reclamos se dedica a aplicar sanciones y suspensiones a los trabajadores, mientras sigue recortando personal. Esto les pasó a los banderilleros que por denunciar fallas en los señalamientos fueron notificados de futuras suspensiones. Esto no es nuevo: es lo mismo que nos hacía el kirchnerismo cuando denunciábamos la desidia ferroviaria que lamentablemente llevó a la masacre evitable de Once con 52 muertos y 800 heridos.

Macri se la pasa hablando de “inseguridad” pero los directivos de la empresa que responden a su gobierno en el ferrocarril, viola permanentemente la seguridad laboral. La gerencia que responde a Cambiemos maneja el ferrocarril como si fuera una empresa privada, cuando se trata de un servicio público esencial. La burocracia de la Verde en la Unión Ferroviaria, por su parte, en vez de evitar estos atropellos firmó un convenio a la baja quitándonos conquistas.

La respuesta de los ferroviarios del Sarmiento fue automática: desde el cuerpo de delegados declaramos un paro de 24 horas a partir de las cero horas del 20 de marzo, exigiendo seguridad laboral y justicia ante el crimen cometido por la patronal contra Sebastián. Con el compromiso de seguir luchando por la reestatización de todo el sistema ferroviario para que bajo control de trabajadores y usuarios, se brinde un servicio eficiente, garantizando en primer lugar plena seguridad para sus trabajadores, y también para los propios usuarios.
 

Escribe César Baudino.

La Coordinadora de Organizaciones Ambientalistas por una Vida sin Agrotóxicos en la provincia de Entre Ríos se denomina “Basta es Basta”. En ella participamos integrantes del Colectivo de Trabajadores Por la Ventana desde sus inicios junto a un centenar de grupos ambientalistas de toda la geografía provincial. Entre Ríos es uno de los territorios más expuesto a las fumigaciones de cultivos transgénicos con consecuencias ambientales irreversibles.

En 2018 el Foro Ecologista de Paraná, junto a otras organizaciones presentó en la justicia una demanda respecto a las fumigaciones cercanas a las escuelas. Se logró un fallo que, aunque no sea de fondo, significó un gran paso adelante, prohibiendo fumigaciones cercanas a las escuelas, las terrestres a 1.000 metros y las aéreas a 3.000.

Esto provocó la reacción inmediata de las corporaciones del agro amenazando con cortes de ruta, con perder miles de hectáreas para la producción. Con su poder de lobby lograron del gobierno de Bordet, cómplice de la muerte, un decreto reduciendo las distancias. Así, hoy hay un conflicto de poderes entre el fallo judicial firme más protector y el decreto del poder ejecutivo reduciendo y exponiendo a la población a los agrotóxicos pasando por encima el falo precautorio.

Desde la coordinadora “Basta es Basta” hicimos una presentación pidiendo la nulidad del decreto. Tal es la potencia de la coordinadora que el gobierno tuvo que convocarnos en conjunto con los sectores del agronegocio a trabajar una propuesta de transición hacia la agroecología. Sabemos que es para dilatar e insistir con las “buenas prácticas agrícolas”. Por lo pronto al secretario de Agricultura de la provincia lo hicieron renunciar porque se había mostrado más permeable a las demandas de las organizaciones ambientales. Por eso seguimos movilizándonos todos los martes frente a la casa de gobierno. Ya llevamos realizada 62 rondas, y no pararemos hasta que Entre Ríos esté libre de agrotóxicos.

En el marco de las elecciones del 12 de Mayo, se presentó el Frente de Izquierda en la provincia, como alianza entre Izquierda Socialista y el Partido Obrero. Carolina Goycochea, Horacio Pavón, Emilia Molina y Carina Millicay de Capital, Fabián Torres y Eugenia Galleguillo de Chilecito, encabezarán las listas de los candidatos de Izquierda Socialista en el FIT, junto con Pedro Carrizo, Claudia Baigorria y Daniel Iñigo, del Partido Obrero.

Se trata de unas elecciones en que el actual gobernador peronista Sergio Casas busca su re-reelección, apoyado en una “consulta popular” trucha que modificó la constitución provincial que lo impide, citada en plena vacaciones donde votó menos del 35% del padrón y que aún espera la aprobación de la Corte Suprema. La oposición patronal tendrá como principal referente al radical Julio Martínez.

Ambos, Casas y Martínez, seguirán con el ajuste contra los trabajadores, ya que representan a las fuerzas políticas que lo llevan adelante, sea a nivel provincia o nacional.

Pero además, estas elecciones muestran un verdadero cambalache de alianzas entre fuerzas políticas. Así se mezclan peronistas con radicales, contra otros radicales y peronistas. ¡el Movimiento Evita, que a nivel nacional se referencia en el kirchnerismo, aquí va aliado con el PRO! Más claramente que nunca, votar a cualquiera de ellos es votar para que siga el ajuste de Macri, Casas y el FMI.

Por eso el Frente de Izquierda en La Rioja es el único voto válido para los trabajadores, las mujeres, los jóvenes, los desocupados, los docentes, los jubilados y todos los perjudicados por este brutal ajuste. Votar al FIT es darle continuidad a la lucha también en las elecciones, votando a quienes día a día están al frente de las movilizaciones y darles la espalda a los candidatos que cotidianamente rechazan y combaten los reclamos populares.