Escribe Mariano Soria

Como venimos denunciando, el Frente Progresista instaló en Santa Fe un sistema electoral con un piso más proscriptivo aun que el de las PASO nacionales, que favorece el vuelco de millones de pesos a los grandes partidos patronales. El sistema de la boleta única ha generado que incluso se habiliten decenas de listas “fantasma” para las PASO, de grupos que no tienen otra actividad política que poner un “casillero” en dicha boleta y así favorecer a la confusión. Por todo eso el eje de la agitación electoral del Frente de Izquierda fue denunciar el piso de los 40.000 votos y pedir el voto democrático para superarlo.

Como ya había pasado en las elecciones provinciales de semanas pasadas, acá también se desbarrancó Cambiemos. El Frente Progresista quedó posicionado con Bonfatti para retener la provincia, aunque se avecina una creciente polarización con Perotti (PJ) –que derrotó a Bielsa–. El hundimiento electoral de Corral (Cambiemos) incluso deja abierta la posibilidad de que puedan perder la intendencia de Santa Fe a manos del Frente Progresista. También en Rosario este último tiene chances de retener la intendencia, aunque en la interna se impuso Javkin (de origen radical y con un paso posterior por ARI-Coalición Cívica de Carrió).

Lamentablemente el esfuerzo militante no fue suficiente para superar el piso en las categorías de gobernador, diputados provinciales, intendente y concejales de Rosario o Santa Fe. Con una elección polarizada por el Frente Progresista, el peronismo y Cambiemos y con una bronca popular expresada en la baja participación electoral y el masivo voto en blanco y nulo (que fue segunda fuerza en categorías como diputados provinciales), el Frente de Izquierda solo pudo derrotar la proscripción del sistema electoral santafesino en unos pocos casos. Así es como lo logramos con la candidatura a senador por Rosario, encabezada por Daniela Vergara, y en concejales de Villa Gobernador Gálvez, con Juan José Gauna, ambos referentes de Izquierda Socialista. También superamos la proscripción en la categoría intendente de Villa Gobernador Gálvez, con Javier Monzón (PTS), así como en senadores del departamento de Iriondo con Liliana Alcine (PO) y en concejales de Capitán Bermúdez con Gustavo Fenoy (PO).

En la provincia de Santa Fe el FIT tiene que enfrentar también la confusión que genera la existencia de otros sectores con figuras de un peso electoral importante que son vistas equivocadamente por algunos sectores como de “izquierda”. Tal fue el caso de la lista de centroizquierda encabezada por el periodista y diputado provincial Carlos Del Frade y los concejales Juan Monteverde y Caren Tepp, del partido Ciudad Futura, del que forman parte también el PCR y otros grupos. Esta lista no presentó candidato a gobernador en un guiño a la lista de Bielsa en la interna peronista. También se presentó buscando ocupar un espacio a la “izquierda” del Frente Progresista el diputado Giustiniani, con un sector disidente del PS.

Desde el FIT seguiremos impulsando una campaña unitaria hacia las generales del 16 de junio en los cargos que superaron el piso, denunciando al Frente Progresista de Bonfatti-Lifschitz, al PJ de Perotti y a Cambiemos, ya que todos han demostrado estar de acuerdo en mantener las ganancias de las cerealeras, los empresarios y los banqueros, manteniendo salarios de hambre y la vía libre para los despidos y el trabajo en negro. No hay tiempo que perder.

Las mujeres sabemos que cada día es más difícil tener a los chicos listos, comprarles todos los útiles para la escuela, las zapatillas y el guardapolvo. Llevarlos a una salita o al hospital es toda una odisea. Allí los médicos y las enfermeras están exhaustos y no dan abasto. Y ahora, con la crisis económica, todo es peor y mucho más complicado. La leche se fue por las nubes, comprar un alfajor o alguna otra golosina se volvió un lujo. A las mujeres nos toca la peor parte de esta horrible situación cotidiana que vive el conjunto de la clase trabajadora y los sectores populares. 

Escribe Mercedes Trimarchi Diputada electa Izquierda Socialista/FIT

De acuerdo con los últimos datos del Indec, la pobreza alcanza al 32% de la población argentina. Y en el último semestre de 2018 hubo un millón trescientos mil nuevos pobres, donde la mayoría son mujeres. A este fenómeno se lo denomina “feminización de la pobreza” y se da no solo en la Argentina sino en todo el planeta. El informe de la ONG británica Oxfam (18/1/2019) estima que los varones poseen un 50% más de la riqueza mundial que las mujeres y controlan el 86% de las empresas. 

Tenemos los peores salarios y empleos. Estamos en los trabajos peor pagos, como salud, educación, limpieza y demás tareas de cuidado. Sufrimos maltrato, acoso y discriminación laboral, además de ser las primeras despedidas en tiempos de ajuste. Y para las mujeres jóvenes es peor aún, porque en ellas la tasa de desocupación es de 21,5%, una de cada cinco no tiene trabajo. 

Además, nos pagan menos en las fábricas y oficinas que a los varones. En la Argentina la brecha salarial llega a 27,5%. Es decir, que las mujeres tenemos que trabajar un año y tres meses para ganar lo mismo que los varones obtienen en un año. Por eso, una de las demandas del movimiento de mujeres, además de pelear contra los despidos y por aumento salarial con el conjunto de los trabajadores, es la pelea por la igualdad salarial y por el acceso a todas las categorías de trabajo sin ningún tipo de discriminación.

Deuda, FMI y presupuesto 2019

El acuerdo con el FMI, que se refleja en el presupuesto que votaron todos los legisladores de los partidos patronales para pagar la usurera deuda externa, es un pacto a la medida de los acreedores externos. Los datos duros dicen que el 82 % del presupuesto nacional se va a pagar solo los intereses de la deuda externa. Y lo peor es que este monto equivale a cuatro veces el gasto en salud y dos veces el de educación, algo que también trae consecuencias para nosotras. Porque cuando los servicios públicos no funcionan adecuadamente, somos  las mujeres las que le dedicamos más horas a cuidar a los familiares enfermos, o cuando no hay vacantes en las escuelas nos tenemos que quedar con los chicos en la casa. Por ejemplo, solo en la ciudad de Buenos Aires se estima que hubo un aumento de 30% de personas que asisten al sistema de salud público y, como no se aumentaron los recursos, hoy los hospitales están totalmente colapsados. 

Desde Isadora e Izquierda Socialista somos parte de esta lucha contra las políticas de ajuste de Macri y de todos los gobernadores y exigimos que se deje de pagar la ilegítima deuda externa para que esa plata vaya a trabajo, salud, educación y políticas públicas que combatan la violencia de género. Te invitamos a que te sumes a Isadora y que demos juntas esta pelea. 

Escribe Blanca López Diputada electa por Izquierda Socialista/FIT en Neuquén

El lunes 29 de abril llevé la solidaridad de mi partido a los tres obreros petroleros enjuiciados en los tribunales de Caleta Olivia. Los procesan porque hace cuatro años se manifestaron en una  huelga ante el despido de un compañero pidiendo su reincorporación instalándose al frente de la empresa Bacsa. La policía reprimió y la fiscalía ordenó la detención de los tres delegados que permanecieron tres meses presos en cárcel de máxima seguridad. En el curso del mes de abril les tomaron declaración a los testigos ofrecidos por la defensa de los compañeros y por la fiscalía. De sus declaraciones surgió claramente que se trata de una causa armada para amedrentar a todos los trabajadores que se movilizan y pelean por sus derechos.

En la audiencia que participé el lunes pasado se recibieron las declaraciones de dos testigos propatronales y se leyeron los alegatos de la defensa y de la fiscalía que los acusa por el delito de “perjuicio económico”, una figura penal que solo puede ser aplicable a empresarios que vacían su propia empresa y de ninguna manera es un delito que puede encuadrarse a la conducta de trabajadores. También se los acusa de “coacción”, cosa que tampoco es correcta, ya que solo ejercieron el derecho a huelga amparado en la Constitución. Los enjuiciados nunca recibieron el apoyo explícito del sindicato que los agrupa. Sí en cambio en estas últimas audiencias recibieron el apoyo y acompañamiento de los docentes de Adosac y de quienes nos acercamos para fortalecerlos en estos momentos complicados. La próxima semana se leerá la sentencia y tendremos que volver a acompañarlos. Exigimos su inmediata absolución y libertad.

El 9 de abril salió a la luz la noticia de la sanción por parte de la empresa de colectivos Indalo, con catorce días de suspensión al chofer Javier Carreras de la línea 502 de la ciudad de Neuquén. El hecho generó un gran repudio social y fundamentalmente en la comunidad educativa, ya que la sanción se debe a un gesto solidario del chofer para con los niños estudiantes de una escuela de las afuera de la ciudad donde asisten alumnos de las barriadas vecinas.

Desde hace un tiempo la empresa y el municipio, arbitrariamente, cambiaron el recorrido obligando a que los chicos tuvieran que caminar cerca de quince cuadras para llegar al establecimiento educativo por un sector descampado y con riesgos de sufrir robos, violencia y peligros, como efectivamente ocurrieron. La dirección del establecimiento solicitó por nota que se restituya el recorrido anterior, pedido que la empresa ignoró completamente. El trabajador, al enterarse de hechos delictivos, tomó la decisión de cambiar el recorrido para acercarlos a la escuela. La empresa, en vez de convalidar dicha determinación, hizo lo opuesto, sancionando al chofer.

La actitud represiva y persecutoria de la paternal hacia los choferes es un accionar cotidiano en todos los sentidos, ya que los obligan a trabajar sin condiciones laborales adecuadas y prestando un servicio muy deficiente hacia los usuarios, que diariamente manifiestan decenas de denuncias y situaciones de incumplimiento.  Detrás de este gesto del chofer existe un hecho de solidaridad y empatía entre trabajadores y usuarios que ninguna empresa podrá entender, y por esto sanciona a quien muestra preocupación por sus pares.

Desde la banca de Izquierda Socialista/FIT, la diputada Angélica Lagunas llevó la denuncia a la Legislatura y se logró que la sesión plenaria votara una declaración de repudio a la sanción (solo votaron en contra los diputados de Cambiemos) que manifiesta en su artículo 1º su rechazo a la sanción por parte de la empresa Autobuses de Neuquén contra el chofer de la línea 502 de la ciudad de Neuquén. Los restantes artículos exigen de las autoridades competentes, como la Secretaría de Trabajo, que arbitren los medios para quitar la sanción. En el mismo sentido se está impulsando una declaración similar en el Concejo Deliberante de la ciudad por parte de nuestro concejal Manuel Sánchez. A su vez se avecina una pelea legal porque la empresa inició una causa penal contra la diputada por respaldar al chofer.

Corresponsal

El gobierno de Macri quiere bajar la edad de imputabilidad de 16 a 15 años mediante una ley que se debate en el Congreso llamada “nuevo régimen penal juvenil”. Apunta contra niñas, niños y adolescentes a quienes considera peligrosos. Es parte de la política de mano dura de Patricia Bullrich. Nuestros diputados Juan Carlos Giordano y Laura Marrone expusieron en el Congreso repudiándola. Lo mismo hicimos acá en la Legislatura de Córdoba.

Escribe Ezequiel Peressini Legislador de Izquierda Socialista/FIT de Córdoba

Decenas de organizaciones sociales, de derechos humanos, juristas y especialistas en el tema nos plantamos contra esta iniciativa que busca criminalizar a la juventud. Con una campaña demagógica, Macri y sus funcionarios buscan bajar la edad de imputabilidad diciendo que con eso habrá más seguridad. Una mentira total.
Ni siquiera las estadísticas lo acompañan. Solo el 4% de los delitos son cometidos por menores, y de ellos solo el 1% es grave. Quiere decir que los verdaderos delincuentes están en otro lado.

El gobierno y la oposición patronal están por bajar la edad

El gobierno dice que es necesario modificar el decreto aberrante que viene de la dictadura. Pero lo van a cambiar para peor, bajando la edad de imputabilidad y fijando penas más altas para los menores.
Todos los gobiernos “democráticos” sostuvieron ese decreto durante décadas y ahora todos coinciden en bajar la edad. En 2009, el kirchnerista Scioli promovió bajar la edad a 14 años. La ley se aprobó en el Senado y fue defendida por Cristina Kirchner diciendo que era “una adecuación a los tiempos que corren”. Massa también acuerda con bajar la edad a 14 años.
Se argumenta que otros países la bajaron aún más, a 12 años en Brasil, a 13 en Nicaragua y a 14 en Chile. Pero lo que no dicen es que en esos países aumentó la criminalización hacia los pibes y no bajó la inseguridad.

La mano dura fracasó

Las organizaciones que trabajan con menores se han manifestado en contra porque viola los derechos de niñas, niños y adolescentes. Luis Pedernera (Comité de los Derechos del Niño de la ONU), recomienda no reducir la edad de imputabilidad y no aumentar las penas. Unicef advirtió que el sistema penal juvenil “no puede utilizarse como respuesta tardía a las fallas en la protección de los derechos de niños y jóvenes”. (La Nación, 29/4).

La política de mano dura nunca trajo seguridad. Desde 1983 subieron las penas máximas de 25 a 50 años y el delito creció 400%. Si a esto le agregamos que (según Correpi) se asesina una persona cada 23 horas en manos del gatillo fácil, donde el 50% de las víctimas son jóvenes, el cuadro es desolador.

Combatir el hambre y las mafias, no a los menores

El titular de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años de la Defensoría General de la Nación, Gustavo Gallo, señaló que “el 98% de los 667 pibes que defendí en 2016 tenía derechos básicos insatisfechos, estaban en situación de calle y no se alimentaban bien”.
En provincia de Buenos Aires las partidas presupuestarias para los menores son 29 veces más bajas que las destinadas para las fuerzas represivas. Y en la Córdoba de Schiaretti hay más policías que maestras.
El mismo gobierno que hunde en la pobreza al 48% de niños impidiéndoles acceso a sus derechos básicos, ahora solo les ofrece el encierro represivo.

Los más chicos no son un peligro, están en peligro por el ajuste de Macri, que destina un millón de pesos por minuto para la deuda externa mientras recorta y vacía los programas socioeducativos.
Mientras los grandes delincuentes de guante blanco como Calcaterra o Paolo Rocca (Techint) fueron sobreseídos, hay represores de la dictadura en funciones, como el fiscal general Fernández Garello en Mar del Plata, o el intendente de Cambiemos de Paraná, que está ligado al narco, se quiere apuntar contra los jóvenes.

Para combatir la inseguridad se necesita combatir a las mafias que trafican con el delito, donde están implicados el gobierno, políticos patronales, comisarios y jueces. Y hay que terminar con este plan económico al servicio del FMI, caldo de cultivo de la violencia. Se necesita presupuesto para los programas que protegen a niñas, niños y adolescentes, para garantizarles alimentos, vivienda, salario y trabajo para ellos y sus familias. Es la única manera para que los menores y adolescentes no sean empujados a ser carne de cañón del narcotráfico, las bancas delictivas o el delito callejero.

Llamamos a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos a sostener la movilización para derrotar este intento represivo y no permitir que el gobierno de la mano de la oposición patronal apruebe este proyecto que viola los derechos más elementales de los más chicos, criminaliza a la juventud y fortalece al podrido aparato represivo.