En Córdoba, como en el resto del país, miles se movilizaron exigiendo al gobierno nacional y de la provincia, que se hagan responsables de la atención, asistencia y acompañamiento de las víctimas de violencia, que destine presupuesto y políticas públicsa contra la violencia machista. Pero el cambio de gobierno en la provincia no solo no respondió ni se responsabilizó de esto, sino que contestó con despidos a las y los profesionales en áreas tan sensibles como es la Dirección de Violencia Familiar y la Secretaría de Trata.

Ya veníamos denunciando la escasa política pública respecto a los temas de violencia que se sufren en nuestra provincia y la complicidad de la justicia patriarcal que deja sueltos a femicidas, violadores y violentos. Parte de esto siempre fue la precarización laboral de las y los profesionales. De las aproximadamente 70 personas que trabajan en la Dirección de Violencia provincial, solo 5 son personal de planta permanente. El resto tienen contratos basuras o becas con salarios insuficientes por lo que, al desgate laboral producto de trabajar con casos extremos de vulnerabilidad social, hay que sumarle la violencia de la precarización laboral del propio Estado. Por ejemplo, nos encontramos con el absurdo de 900 mujeres víctimas de violencia con botones antipático y 2 profesionales para atenderlas con contratos precarios. De más está recordar que en la mayoría de los casos, las personas que trabajan en estas condiciones son mujeres.

En Córdoba como en todo el país seguimos reclamando basta de despidos. No al desmantelamiento de los programas dirigidos a las mujeres. Basta de precarización laboral y por aumento de presupuesto para el cumplimiento de la ley nacional 26.845 de erradicación de las violencias contra las mujeres.